¿Qué une los “protocolos de la vergüenza” de 2020 en las residencias y los audios del Hospital de Torrejón?

Es una misma lógica: cuando el modelo de gestión pone por delante el ahorro y el beneficio, la respuesta sanitaria deja de guiarse por la necesidad clínica y pasa a seleccionar a quién se atiende según su “rentabilidad”. En Madrid, eso ha significado primero dejar morir a miles de mayores sin trasladarlos al hospital y, ahora, diseñar hospitales públicos de gestión privada que rechazan pacientes complejos porque “gastan demasiado”. 

El Hospital Universitario de Torrejón es un hospital público con gestión privada mediante concesión, cuya empresa gestora cobra un canon per cápita: cada euro que no se gasta en el paciente aumenta el margen de la empresa. En audios atribuidos al CEO de Ribera Salud, este insta a “desandar el camino” de reducción de listas, aumentar la demora y rechazar procesos “no rentables” para mejorar el EBITDA (el beneficio operativo de una empresa antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en varios millones, lo que en la práctica significa filtrar y evitar pacientes y procedimientos de alto coste. 

En las residencias se seleccionó a quién no se trasladaba al hospital en función de edad, dependencia y deterioro, no del beneficio clínico esperable, con un sesgo claro contra los más frágiles. En Torrejón, el incentivo contractual per cápita y las instrucciones internas empujan a seleccionar pacientes según gasto previsto (procedimientos caros, pacientes complejos, fármacos costosos), desplazando la prioridad desde la necesidad sanitaria hacia la contención de costes y la mejora del beneficio privado.

Ambos episodios ocurren bajo un mismo gobierno autonómico y un mismo marco ideológico que ha expandido la gestión privada de centros públicos, con contratos largos, poco transparentes y un fuerte desequilibrio entre el poder de la Administración y el de las concesionarias. La casi ausencia de consecuencias políticas y penales durante años (protocolos que afloran en los juzgados al borde de la prescripción, directivos que se defienden alegando “audios editados” mientras siguen vigentes los mismos incentivos contractuales) configura una auténtica “arquitectura de la impunidad” donde el mensaje implícito es que, si la rentabilidad mejora, las vulneraciones de derechos se toleran.  

En 2020 el racionamiento fue brutal y explícito: se prohibió de facto el acceso hospitalario de miles de mayores por ser viejos, dependientes y “poco recuperables”. Hoy el racionamiento es más técnico y encubierto: se desplazan listas de espera, se rechazan procesos y se configuran contratos que premian no gastar en los pacientes que más lo necesitan, todo ello en hospitales que siguen llamándose “públicos”. El resultado es el mismo hilo ético: un sistema que, en lugar de proteger más a quien más riesgo tiene, coloca a los pacientes frágiles y caros en la diana de los recortes y convierte la desigualdad sanitaria en un efecto colateral aceptable del negocio.

Fanatismo de carné

Morir antes de votar a un rojo, sí; pero también antes de reconocer que tu lealtad política vale más que tu vida, la de tus hijos y la de tus padres.

Hay quien se tatuaría las siglas de su partido en la frente antes que aceptar que lo que vota mata, empobrece y abandona a la gente común en una urgencia, en una UCI o en la puerta de un hospital. 

Prefieren morir fieles a un logo que vivir con la incomodidad de pensar por su cuenta, aunque eso signifique convertirse en simple mercancía para quienes han convertido la sanidad y los servicios básicos en negocio.

No es fidelidad, es servidumbre voluntaria: seguir defendiendo a incompetentes y corruptos mientras se acumulan las listas de espera, las muertes evitables y el deterioro de todo lo que debería protegernos. Esa ceguera identitaria, esa adhesión irracional a unas siglas, se parece demasiado a una secta como para seguir llamándola “voto fiel”.

Pueden morir en la puerta de un hospital porque el modelo que tanto aplauden trocea la sanidad, la privatiza por la puerta de atrás y convierte cada retraso en una sentencia de muerte perfectamente evitable. 

Pueden tragarse años de recortes que se traducen en miles de muertes evitables, y aun así seguir repitiendo que “no hay dinero” mientras sus líderes blindan beneficios privados con dinero público.

Pueden aceptar que sus padres mueran en una residencia sin derivación al hospital, porque “total, ya estaban mayores”, mientras el sistema ahorra camas, personal y cuidados a costa de vidas concretas con nombres y apellidos. 

Y pueden tragarse en silencio los efectos de cada negligencia política, desde cribados que no se comunican hasta alertas que no se envían, siempre que el responsable lleve su color en la papeleta.

Esa obediencia ciega no es neutral: tiene consecuencias tan tangibles como una metástasis detectada tarde, una neumonía sin atender a tiempo o una ambulancia que nunca llega porque se decidió “optimizar recursos”. Cuando se rompe la sanidad pública y se vacía la atención primaria, las estadísticas de mortalidad evitable suben, y detrás de cada número hay alguien que confió más en un partido que en los datos.

Seguir votando como si nada no es solo ceguera, es complicidad con un modelo que ya ha demostrado, con cifras en la mano, que privatizar y recortar mata. 

Llegados a este punto, lo honesto sería admitirlo: hay quien prefiere morir antes que traicionar su bandera partidaria, aunque sea su propia bandera la que lo empuja al precipicio.

Para los que aún niegan que hubo protocolos en las residencias

Para los que aún niegan que hubo protocolos en las residencias de no traslado a hospitales por COVID. Con esta noticia igual hasta ven aquello normal

“La dirección del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público que gestiona la empresa Ribera Salud, modificó el funcionamiento de las Urgencias para que se atendiera antes a los pacientes leves, que se evitara subir a enfermos a las plantas de medicina interna y llegó a dar órdenes verbales para que los pacientes graves fueran reasignados como leves y se les atendiera con rapidez pero sin los “mínimos de calidad y seguridad”.

Es impresionante el silencio de los "principales" medios de comunicación del país sobre este asunto. Debe parecerles mucho mas grave que Begoña se haya tirado un pedo en la guardería o que el hermano de Sánchez haya desafinado en un concierto. Es evidente que se han convertido en los cómplices necesarios en todos estos manejos turbios.

¿Se ha preguntado España qué quiere ser de mayor? Polarización, populismo, vivienda, desigualdad, diversidad...

La sociedad española actual está viviendo una mezcla tensionada de avances indiscutibles en derechos y diversidad con una sensación creciente de bloqueo vital, polarización y desgaste democrático. Bajo una superficie de aparente modernidad y tolerancia, se combinan vidas en precario, vivienda inalcanzable para gran parte de la juventud y un clima público donde hacer matizaciones a las grandes proclamas histriónicas de algunos lideres y lideresas parece haber dejado de estar de moda.

Hemos consolidado una cultura de la apariencia, la cultura del envase que olvida el contenido, muy alimentada por redes sociales, donde importa más parecer sensible, leído o comprometido que asumir las consecuencias incómodas de esas lecturas y compromisos en nuestra vida cotidiana. En el debate público predomina una dicotomía, un esquema binario de “conmigo o contra mí” que reduce la complejidad a bandos morales, penaliza las dudas y las indecisiones, y convierte el espacio común en un campo de batalla de identidades. 

Esta lógica empobrece la conversación democrática: el desacuerdo deja de ser una oportunidad para aprender y se convierte en una amenaza a la propia identidad. Eso explica que haya más ruido político que reflexión, más consignas que argumentos y más fidelidades emotivas que un proyecto de país. Son datos de estudios, los que nos dicen que la polarización afectiva ha crecido de forma sostenida en los últimos años en España, con una mayoría ciudadana que percibe más crispación que hace unos años. Ese clima favorece una política concebida como espectáculo de bloques enfrentados, donde el objetivo principal es movilizar a los ya convencidos y deslegitimar al adversario, no construir acuerdos básicos. 

Y ahí, la izquierda lleva todas las de perder el relato, porque en este contexto, parte de la izquierda corre el riesgo de refugiarse en gestos y símbolos mientras deja sin respuestas convincentes cuestiones materiales que definen la vida de las mayorías. Y parte de la derecha explota el cansancio y el miedo, prometiendo simplicidad ante problemas complejos y señalando chivos expiatorios allí donde harían falta reformas estructurales. El modelo sanitario es un ejemplo de esto en esta semana.

El acceso a la vivienda se ha convertido en la verdadera prueba de realidad de la sociedad española: buena parte de los jóvenes, incluso con formación, no puede iniciar un proyecto vital independiente sin depender de la familia o endeudarse de por vida. Informes recientes muestran que solo una minoría de menores de 35 años que intentan comprar o alquilar logran su objetivo, mientras los precios suben mucho más que los salarios y el esfuerzo necesario supera con creces el umbral razonable de ingresos. 

No puede haber discurso serio sobre igualdad de oportunidades si la vivienda se mantiene como un privilegio hereditario más que como un derecho efectivamente garantizado. Ninguna fuerza política podrá ganar estabilidad social duradera si no aborda de forma creíble la cuestión habitacional, con parque público suficiente, regulación eficaz y redistribución intergeneracional. 

En la conversación pública española se ha confundido a menudo ser “progre” con ser de izquierdas, reduciendo el proyecto emancipador a estilos de vida, lenguaje y símbolos, sin anclaje material. Una izquierda que renuncia a priorizar salario, vivienda, servicios públicos y fiscalidad justa no es una izquierda, y corre el riesgo de dejar el terreno del malestar económico a fuerzas que lo capitalizan en clave reaccionaria.

Eso no significa regresar a un viejo obrerismo, en muchas ocasiones ciego ante la opresión por género, raza o diversidad, sino intentar integrar la agenda material y la agenda de derechos en un mismo horizonte de igualdad real. Hoy, una propuesta transformadora que no incorpore de manera seria la diversidad humana, étnica y de género no solo es injusta, también es políticamente miope e incapaz de hablar a la sociedad que ya existe. 

España es hoy un país profundamente diverso: la población de origen migrante y afro descendiente crece y forma parte estructural del tejido social, económico y cultural. Entre la juventud, frente a lo que muchos nos cuentan de que toda la juventud es de pensamiento ultraderechista, las encuestas muestran actitudes mayoritariamente favorables hacia la mezcla étnica y la convivencia, lo que indica que la España real va por delante de muchos marcos políticos y mediáticos. Sin embargo, esa normalización convive con discriminaciones persistentes en el acceso a la vivienda, el empleo y el trato institucional, como documentan los estudios sobre racismo en España. Urge abordar la diversidad cultural y étnica con decisión y sin complejos: no como excepción a gestionar, sino como realidad constitutiva del país y como oportunidad para redefinir una identidad común más plural, democrática y compartida. 

De no hacerlo, no habrá buenos tiempos para la lirica.

La privatización de la sanidad pública: una enfermedad contagiosa

Para que se entienda 

La privatización de la sanidad pública: una enfermedad contagiosa 

¿Cómo se hace crecer la sanidad privada? 

El crecimiento de la sanidad privada se produce por el deterioro de la sanidad pública, para lo que se provoca que esta no funcione y se genere malestar ciudadano y la sensación de desigualdad del ciudadano por no sentirse atendido. 

¿Cuál es el proceso?

Mediante conciertos económicos se derivan pacientes del sistema público al privado, incluidos los hospitales de gestión privada. Primero las CCAA van con cuidado, poco a poco, y los primeros pasos los tenemos como externalizaciones menores, a las que luego les siguen procesos privatizadores más profundos.

¿Cómo se hace posible lo anterior? 

Para que esto se vea cómo algo necesario, lo primero es conseguir deteriorar el sistema público (nada mejor para hacerlo que recortándole recursos); luego, cómo no los gastamos en lo público, se produce el trasvase de esos recursos recortados al sector privado; a esto le añadimos (para hacernos verlo necesario), el aumento de las listas de espera; luego le ponemos unas gotas de pérdida de calidad asistencial en lo público por esa falta de recursos; y al final conseguimos el objetivo: la sensación ciudadana de una desigualdad sanitaria entre público y privado (en el publico la silla y en el privado el sofá). 

¿Le llamamos privatización? 

No. Para que nadie se mosquee por llamar a esto por su nombre “privatización”, al proceso se le llama “colaboración público-privada”, y por si aún con eso no se nos convence, se nos permite la “libre elección” de hospital, con lo que el hospital al que vas gana más, y el que te corresponde no pierde, porque sigue cobrando lo mismo.

¿Esto es una cuestión de formas de mejor gestión? 

No. Esto es simplemente la aplicación de una ideológica neoliberal, que solo es posible si se permite la connivencia entre poder político y empresas privadas, y si es necesario (cómo en algunos casos) de la corrupción, da igual en A o en B. 

¿Por qué ocurre esto? 

Pues porque se vota a partidos que promueven ese modelo de privatización, ante la pasividad ciudadana y la no defensa de la sanidad pública por parte de gobiernos (da igual el signo) que no se atreven ni a cuestionar la situación.

¿Cuál es la consecuencia? 

El final del proceso es un sistema sanitario inviable donde no existe la equidad, donde la sanidad pública queda relegada a los sectores más pobres y donde se incrementa la mortalidad, cómo ha quedado demostrado con lo que ha sucedido en el Reino Unido donde esto se hizo exactamente cómo ahora aquí.  

¿Cómo solucionarlo? 

La única solución es no tener gobiernos privatizadores ( y eso lo decides con tu voto), y movilizándote a diario para impedirlo  y exigiendo una sanidad pública de calidad, con financiación suficiente y blindada frente a intentos privatización. 

La privatización de la sanidad pública es una enfermedad contagiosa que solo la puedes frenar tú con tu voto. Si prefieres el modelo en el que antes que paciente eres un cliente, también lo puedes permitir con tu voto.

Castilla-La Mancha ante el espejo de los antibióticos

“Cada antibiótico que se prescribe 'por si acaso' alimenta una factura futura que pagarán precisamente los más frágiles: ancianos pluripatológicos, pacientes inmunodeprimidos o ingresados en unidades de críticos”

Como médico de familia, el dato de que el consumo de antibióticos en España haya descendido un 13,8% en salud humana desde el inicio del Plan nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) es, sin duda, una buena noticia.

Habla de un sistema que, al menos en parte, ha sido capaz de escucharse a sí mismo, revisar sus prácticas y corregir excesos que durante años se normalizaron tanto en la consulta como en la calle. Pero cuando uno trabaja en Castilla-La Mancha, en áreas rurales donde la presión asistencial se mezcla con la proximidad social, estos porcentajes adquieren matices que no conviene olvidar.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recordaba recientemente que la lucha frente a la resistencia antimicrobiana exige una visión integral, colaborativa y sostenible, y esa frase encaja especialmente bien con la realidad de nuestra comunidad.

Prescribir antibióticos 'por si acaso'

Castilla-La Mancha es un territorio extenso, envejecido y disperso, donde la continuidad asistencial depende tanto de las decisiones de un gran hospital como del juicio clínico de un único médico en un consultorio de pueblo. En este contexto, cada antibiótico que se prescribe 'por si acaso' alimenta una factura futura que pagarán precisamente los más frágiles: ancianos pluripatológicos, pacientes inmunodeprimidos o ingresados en unidades de críticos.

En los servicios de asistenciales de Castilla-La Mancha vemos a diario el reverso de la estadística: infecciones por patógenos multirresistentes que prolongan estancias, encarecen tratamientos y, sobre todo, empeoran el pronóstico de pacientes que ya partían con pocas reservas fisiológicas.

La sepsis por bacterias resistentes no es un concepto académico; es el rostro de esa paciente diabética que entra por urgencias con una infección urinaria complicada y que, años atrás, habría respondido en 48 horas a un betalactámico estándar. Hoy, cada vez con más frecuencia, obliga a escalar el tratamiento, a recurrir a fármacos de último recurso y a asumir un riesgo que podría haberse mitigado con una prescripción más prudente desde la atención primaria o en episodios previos.

El descenso global del consumo es un paso, pero en Castilla-La Mancha aún arrastramos inercias difíciles de romper. La cultura de la 'receta rápida' ante un catarro, la presión de la automedicación con restos de tratamientos antiguos, o la sensación de que en los pueblos 'más vale curarse en salud' con antibiótico, siguen presentes en la consulta diaria. Para el clínico hospitalario esto se traduce en ingresos evitables, en cuadros de diarrea por Clostridioides difficile tras usos innecesarios, y en flora hospitalaria cada vez más compleja que condiciona las decisiones empíricas desde el primer minuto.

Explicar por qué no siempre hacen falta

Por eso, las estrategias nacionales solo tienen pleno sentido si se territorializan y se viven en el día a día de Castilla-La Mancha. Los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) hospitalarios han demostrado que se puede optimizar la prescripción, acotar duraciones, revisar tratamientos a las 48-72 horas y formar a los facultativos sin culpabilizar, pero con rigor.

Como médico, la mejor noticia no será solo una nueva bajada porcentual en el consumo global, sino comprobar que en nuestros hospitales de Castilla-La Mancha hay menos camas ocupadas por infecciones que podrían haberse evitado con una prescripción más sensata años atrás

El siguiente paso inaplazable es reforzar la conexión con la atención primaria rural, dotar de tiempo a los médicos de familia para explicar por qué no siempre hace falta un antibiótico, y asegurar que los datos de consumo y resistencias se devuelven a los equipos de cada área de salud de forma transparente y periódica.

Castilla-La Mancha no puede conformarse con aparecer en el promedio nacional de reducción; debe aspirar a ser referencia en el uso prudente de antibióticos en entornos rurales y semirrurales. Eso implica invertir en sistemas de información, en microbiología accesible, en formación continuada y en campañas dirigidas a una población que confía en su médico, pero que necesita entender que decir 'hoy no toca antibiótico' es, muchas veces, la decisión más responsable. Como médico, la mejor noticia no será solo una nueva bajada porcentual en el consumo global, sino comprobar que en nuestros hospitales de Castilla-La Mancha hay menos camas ocupadas por infecciones que podrían haberse evitado con una prescripción más sensata años atrás.

La Gestión Público-Privada de la Sanidad de Madrid y otras CCAA

He elaborado este informe para intentar aclarar lo que hay detrás de esta noticia 

A principios de este diciembre, El País publicó audios de una reunión privada del grupo Ribera Salud, empresa que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (un hospital de titularidad pública en concesión a privados desde 2011). En esa grabación, el CEO de Ribera daba instrucciones claras a sus mandos: aumentar las listas de espera, rechazar pacientes y procedimientos no rentables, y reducir intervenciones complejas para ganar "cuatro o cinco millones" en beneficios extra.

El modelo de concesión administrativa que utiliza la Comunidad de Madrid mantiene la financiación y titularidad públicas, pero cede la prestación del servicio a empresas privadas (Ribera Salud, Grupo Quirón, etc.) durante periodos de 15-20 años.

Los datos no engañan. El Grupo Quirón ha recibido 5.000 millones de euros en financiación pública en los últimos años, mientras que el presupuesto total de Sanidad de Madrid es de apenas 10.000 millones. Existe un flujo incesante de pacientes de la sanidad pública a la privada y de dinero público hacia empresas privadas, según las propias memorias presupuestarias de la Comunidad de Madrid. El "filón" no está en la sanidad privada per se, sino en la gestión de la sanidad pública: acceso garantizado a fondos públicos con márgenes de ganancia controlados.

Los audios de Ribera Salud dejan clara la lógica operativa: los pacientes son vistos como clientes a seleccionar, no como ciudadanos con derechos. El CEO ordena expresamente: Rechazar procedimientos no rentables; Aumentar listas de espera (lo que le permite cobrar menos por urgencias); Reducir intervenciones complejas (quirúrgicas, oncológicas) que tienen menor margen; Priorizar solo los tratamientos que generan beneficio.

¿Y si te opones? Despedidos los responsables que se opusieron a hacerlo. En una muestra del control autoritario, la empresa despidió a la dirección médica del hospital cuando se opuso a frenar intervenciones y descartar procesos no rentables. Esto evidencia que cuando la razón médica choca con la razón contable, la empresa elige ganar dinero.

Tras la filtración, el CEO de Ribera presentó su dimisión, pero la empresa intentó argumentar que se trataba de una reunión "privada" y que las declaraciones podrían haber sido "alteradas" o "malinterpretadas". Una defensa que es un reconocimiento de culpabilidad.

El Silencio Cómplice de la Consejería de Madrid. La Consejería de Sanidad madrileña afirmó que no ha detectado "ningún incumplimiento" de Ribera Salud respecto a las obligaciones del contrato de concesión. Esta respuesta es devastadora: o bien el contrato permite explícitamente rechazar pacientes para ganar dinero, o bien la administración mira hacia otro lado.

La ministra lo ha denominado explícitamente "corrupción institucional" a este modelo, señalando que requiere connivencia de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Sanidad, y ha apuntado además que la consejera de Sanidad de Madrid proviene del Grupo Quirón, lo que subraya el conflicto de intereses estructural.

Pero no solo pasa en Torrejón. Los datos presupuestarios confirman que: Hay un drenaje continuo de recursos públicos hacia empresas privadas; Se produce una selección de pacientes según rentabilidad: los casos complejos se derivan a la sanidad pública, los rentables quedan en manos privadas; Este es el modelo sistemático en Madrid: parasitación público-privada disfrazada de "colaboración".

Consecuencias para los pacientes. El objetivo explícito de rechazar pacientes es alargar las listas de espera en la sanidad pública y privada, maximizando la presión sobre el sistema y justificando nuevas concesiones. Esto genera: Pacientes esperando meses para operaciones; Cirugías retrasadas por razones de rentabilidad, no médicas; Selección implícita: solo acceso rápido si puedes pagar o si tu caso es suficientemente lucrativo.

Y a esto hay que sumar la falta de transparencia. Ayuso ha defendido públicamente que las concesiones privadas funcionan bien, pero no disponemos de información independiente sobre morbimortalidad, calidad de atención o resultados clínicos comparados con hospitales públicos gestionados directamente. Si no hay información fehaciente, se puede afirmar lo que  se quiera.

El caso Torrejón no es una excepción ni un "malentendido". Es la lógica del modelo de gestión público-privado de la sanidad madrileña funcionando exactamente como está diseñado: transferir fondos públicos a empresas privadas que seleccionan pacientes según rentabilidad, no según necesidad.

La ausencia de reacción del Gobierno de Ayuso y la afirmación de que no hay incumplimientos sugieren que este comportamiento es conocido, tolerado y, en cierta medida, contractualmente permitido. Eso es el verdadero escándalo: no un acto aislado de un CEO, sino un sistema estructuralmente corrupto que ha convertido un derecho fundamental (la salud) en un negocio.