Tensiones internas dentro del PSOE, particularmente entre la dirección federal y varios dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha. Estos últimos, incluyendo miembros del Gobierno de Emiliano García-Page, han lanzado duras críticas hacia Pedro Sánchez y la dirección del partido a raíz de los recientes casos de acoso y mala gestión interna, especialmente el caso Salazar.
Entre esas declaraciones la más contundentes, la de Sara Simón, consejera de Igualdad castellanomanchega, que cuestiona la legitimidad de las primarias en las que Sánchez fue elegido secretario general, insinuando irregularidades censales sin aportar pruebas.
Las declaraciones reflejan una ruptura del tono interno, con acusaciones graves, desconfianza hacia la dirección federal y un desafío explícito a la autoridad del secretario general.
Lo que hemos escuchado a estos responsables del PSOE de Castilla-La Mancha no solo es injusto, sino profundamente irresponsable. Quien se atreve a manchar la integridad de un proceso democrático, como las primarias en las que la militancia eligió de forma libre y transparente a Pedro Sánchez, sin una sola prueba, lo que hace no es defender a su partido, sino ponerlo en riesgo. Y quien actúa así, sabiendo el momento político delicado que vive su partido, está jugando objetivamente a favor de quienes desean destruir al proyecto socialista, no a reformarlo.
Resulta intolerable que desde dentro se utilicen los casos de acoso sexual, que merecen toda la condena y la máxima firmeza, como arma arrojadiza contra la dirección federal. Confundir la lucha por la igualdad con ataques personales o insinuaciones infundadas es una falta de respeto a las víctimas y a los valores que el PSOE ha defendido durante más de ciento cuarenta años. Quienes pretenden hacer oposición interna aprovechando el dolor ajeno deberían revisar su compromiso con el socialismo.
Decir que unos censos se “inflaron” sin aportar una prueba, y después reconocer públicamente que no se tienen pruebas, es una irresponsabilidad política y moral. La dirección federal no debería permitir que se manche el honor de miles de militantes que participaron limpia y democráticamente en aquel proceso. Ni tolerar campañas de descrédito desde dentro, ni maniobras para socavar la autoridad democrática de un secretario general. Lo que está en juego es la credibilidad del PSOE, y su dirección debería actuar con la misma contundencia frente a la corrupción que frente a la deslealtad.
Ni el PSOE ni ninguna organización, necesitan a quienes siembran cizaña, sino a quienes construyen, quienes suman y quienes respetan las reglas del juego. Las denuncias por acoso deben ser tratadas con la seriedad y la transparencia que merecen, pero la política de tierra quemada no puede tener cabida en ese partido. Si alguien confunde su cargo institucional con un salvoconducto para erosionar a la dirección federal, se estará equivocando. No puede el PSOE tolerar ni medias verdades, ni ataques velados, ni discursos que alimenten la narrativa de la derecha.
Que el PSOE deba demostrar que sabe limpiarse, regenerarse y avanzar no está reñido con la lealtad. Pero debe hacerlo con firmeza, con hechos y con unidad. No con ruido, ni con titulares, ni con declaraciones de quienes parecen más interesados en romper que en construir.
Algunos cada vez estamos más convencidos de haber acertado al dejar la militancia, porque en ese partido es necesaria más autocrítica, pero su principal problema es que hay exceso de deslealtad y mucho ombliguismo.
