En España, la percepción de que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad no actúan del mismo modo con todos los ciudadanos ha alcanzado una nueva dimensión con la reciente evolución del caso Montoro. La investigación, que lleva más de siete años activa, pone en evidencia obstáculos estructurales y resistencias internas que han impedido esclarecer completamente las acusaciones contra el que fuera todopoderoso ministro de Hacienda durante el gobierno del PP. Existen unos datos extraídos del sumario que nos hacen concluir que la igualdad ante la ley se convierte en un espejismo cuando se trata de los poderosos.
El sumario judicial contra Equipo Económico, la consultora fundada por Montoro y uno de sus principales vínculos con el poder político y empresarial, se ha visto obstaculizado por múltiples factores: enfrentamientos en la Fiscalía Anticorrupción, pasividad de la UCO y decisiones judiciales que han frenado las pesquisas más comprometedoras. La fiscal responsable del caso denunció la falta de colaboración de la Guardia Civil y la oposición abierta de sus superiores para profundizar en el uso de información confidencial, señalando posibles delitos de revelación de secretos y obstrucción a la justicia.
Los correos electrónicos incautados por los Mossos d’Esquadra revelaron no solo acciones a favor de empresas gasísticas, sino también un flujo privilegiado de datos reservados hacia Montoro sobre adversarios políticos y periodistas críticos. Sin embargo, la investigación sobre el uso de esa información en beneficio propio fue abortada por una decisión colegiada de fiscales, cerrando la puerta a posibles responsabilidades penales. El propio sumario recoge cómo la fiscal fue sancionada por intentar impulsar la causa más allá de lo autorizado.
Se consolida una narrativa de desconfianza profunda hacia las instituciones. Es difícil no tener la percepción de que existe una corrupción estructural y extendida en las altas esferas políticas y administrativas. Es bastante grave la desconfianza hacia la actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acusada de inacción selectiva y encubrimiento, lo que hace prevalecer el convencimiento de que los altos cargos reciben un trato privilegiado frente a la ley. El rechazo de pruebas clave por defectos formales es una puerta abierta a la impunidad. El asunto obliga a creer en la existencia de redes ocultas que manipulan expedientes e investigaciones dentro de la Administración.
Y luego hay otros aspectos que no resultan menores cómo la sensación de que existe una protección interna entre fiscales, jueces y agentes. Esto invita a sospechar en la persistencia de un sistema que sigue arrastrando vicios e ideologías autoritarias, lo que conlleva a un sentimiento de impotencia ante la dificultad de regenerar el sistema desde la base, y a asumir que los grandes intereses económicos están alineados para protegerse mutuamente.
Necesitamos un verdadero cambio que garantice igualdad, control democrático y saneamiento institucional. Porque en este contexto, el caso Montoro se convierte en un emblema más de la desigualdad, y nos recuerda que la regeneración democrática y la limpieza institucional siguen siendo tareas pendientes que requieren algo más que simples declaraciones de intención. Que el PP utilice el informe GRECO para pedir la dimisión del presidente, es para recordarles que la decencia bien entendida empieza siempre por uno mismo, y que su gestión al frente de diferentes gobiernos de nuestro país también está siendo valorada en ese informe.
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