En los últimos años, el término Lawfare se ha consolidado como un concepto candente en la pugna política y judicial. Convencionalmente se le define como el uso ilegítimo o estratégico de los procesos legales con fines de debilitar, inhabilitar o desacreditar a adversarios políticos o figuras públicas. Sin embargo, en estos tiempos de sobre y desinformación, y de hacer virales en las redes las cosas, urge reformular este fenómeno bajo una nueva óptica: em la Lawfare lo que realmente importa, y constituye el arma de destrucción reputacional, no es tanto la sentencia final, sino el tiempo que transcurre desde la denuncia y su difusión mediática hasta que se produce un fallo definitivo.
En el sistema judicial español, la tramitación de una causa penal puede alargarse meses o años, entre la fase de instrucción (12 a 18 meses o más en casos complejos), las vistas, recursos y, en última instancia, la ejecución de la sentencia. Pero para el denunciado, en lo que a su imagen pública y vida privada se refiere, la condena empieza en el momento en que su nombre aparece en una denuncia, aceptada a trámite por un juez y recogida en titulares de los informativos.
Este lapso, que puede abarcar años de apariciones periódicas en informativos, tertulias y redes sociales, genera lo que se denomina pena de telediario, o dicho de otro modo, un juicio paralelo masivo que somete al acusado a la sospecha social, la cancelación profesional y el desgaste personal, aunque posteriormente resulte absuelto o archivada la causa. La naturaleza prolongada del proceso judicial multiplica los impactos públicos y privados de esta pena mediática.
La pena de telediario es realmente un castigo preventivo con independencia de la culpabilidad o inocencia legal. Los medios, guiados por la inmediatez, por convertir todo en espectáculo, y por la competencia informativa entre ellos, amplifican las acusaciones que todavía no han sido judicialmente probadas, facilitando así que se produzca una condena social anticipada que resulta difícil revertir, incluso en caso de absolución definitiva.
Esta dinámica generada por la presión pública y la agenda mediática trasciende la acción institucional del poder judicial, porque la sentencia absolutoria nunca repara el daño reputacional ya causad. El impacto incluye, en muchos casos, el aislamiento profesional, la destrucción de relaciones personales y la pérdida de confianza social, quedando el acusado marcado en la memoria colectiva más allá del resultado procesal.
Desde esta perspectiva, el Lawfare moderno debería definirse no sólo como el uso político del derecho para neutralizar a adversarios, sino como una estrategia donde el auténtico castigo reside en el periodo de exposición mediática y social al que se ve sometido el denunciado. El proceso judicial deja de ser un camino hacia la verdad y la justicia, para convertirse en un instrumento de desgaste por la vía del linchamiento social sostenido por el tiempo. El verdadero poder de la acusación reside en la penalización previa que recae sobre el acusado durante todo el proceso.
Da igual culpable o inocente, el tiempo de exposición es ya, en sí mismo, la peor condena y en muchos casos la más temida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario