Ante el avance de propuestas políticas que abogan por deportaciones masivas y un endurecimiento migratorio, especialmente promovidas por sectores de la derecha y la ultraderecha, España se encuentra ante una encrucijada crítica que puede tener consecuencias devastadoras para su economía y cohesión social.
De aplicarse políticas de expulsión y restricción migratoria, el impacto sería fulminante: la escasez de personal cualificado azotaría sectores claves como la agricultura, la hostelería, la construcción, el transporte y los cuidados. Estos ámbitos, sostenidos en buena parte por manos migrantes, ya enfrentan graves dificultades para cubrir vacantes; en 2024, el país alcanzó un récord de 150,000 ofertas de trabajo sin cubrir, y la gran mayoría, un 88%, pertenecían al sector servicios, seguido por construcción e industria.
¿Quién aceptaría esos empleos? Ni la contundente tasa de paro, que sigue por encima del 10%, está logrando atraer a los trabajadores nacionales a esos puestos. Por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en hostelería corresponde a migrantes, y el campo o los cuidados dependen, casi al completo, de su esfuerzo. Además, los migrantes han ocupado el 90% del nuevo empleo generado desde 2024.
La expulsión masiva significaría compañías funcionando bajo mínimos, incremento de cargas de trabajo para quienes se quedan, y despidos en cascada. El miedo a quedarse sin papeles empujaría a miles a caer en la economía sumergida, lo que supondría menos ingresos para el Estado, mayor precariedad y peores condiciones para todos.
El golpe no sería solo económico: la ruptura de familias, el aumento de la tensión social y el auge de la xenofobia son consecuencias ya vistas en otras sociedades que apostaron por el cierre y la expulsión indiscriminada. Sindicatos y patronal han dado la voz de alarma frente a estos riesgos, y la vulneración de derechos humanos podría acarrear un rechazo internacional sin precedentes.
Adicionalmente, se olvida el mayor reto demográfico de España: el envejecimiento y la falta de relevo generacional. Sin inmigración y con una natalidad en caída libre, cada vez será más difícil sostener el sistema de pensiones, cubrir servicios básicos y mantener viva la economía, condenando a muchos pueblos a la despoblación y el cierre de comercios.
Frente al mito de que “vienen a quitarnos el trabajo”, los datos y la realidad gritan lo contrario: España no encuentra manos suficientes para los empleos que ofrece, y sin migración, el país avanza hacia un escenario de colapso, menos riqueza y menos derechos para todos.
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