En Castilla-La Mancha, durante 2025, se ha producido un preocupante aumento de agresiones físicas y verbales contra personas LGTBI+, acorde con la tendencia nacional. Más de una cuarta parte de las agresiones registradas tienen lugar en espacios públicos, y el riesgo de ataques es especialmente alto en municipios pequeños o zonas rurales de la región. Casos recientes han sido denunciados públicamente en localidades de Ciudad Real y Toledo. Las personas más expuestas son jóvenes (principalmente de 25 a 34 años), las personas trans y aquellas con menos recursos. El informe ‘Estado del Odio’, elaborado para la Federación Estatal LGTBI+, señala que en municipios de menos de 10.000 habitantes de Castilla-La Mancha, el porcentaje de acoso alcanza el 26,4% y el de agresiones físicas o verbales supera el 20%.
Hoy veía en los informativos, imágenes bochornosas y de miseria moral. En una playa de Granada, un grupo de bañistas persiguió y retuvo por la fuerza a migrantes exhaustos tras llegar en lancha. Esta respuesta ciudadana refleja un repunte de la xenofobia y la influencia de discursos extremos, alejándose de antiguas reacciones solidarias hacia quienes arriesgan la vida cruzando el mar. La escena evidencia el clima de polarización en torno a la inmigración en España y la normalización de conductas de rechazo y hostilidad.
En la España contemporánea, la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones son valores fundamentales, pero esto no exime a la sociedad de la responsabilidad de evitar que dichas libertades se usen para herir los sentimientos ajenos. Cada día, se pueden observar en distintos ámbitos, desde las redes sociales hasta la conversación cotidiana, comentarios o actitudes que atentan contra los sentimientos de los demás. Estos delitos contra los sentimientos pueden estar dirigidos a cuestiones religiosas, culturales, ideológicas, o, como es especialmente sangrante, a la orientación sexual de las personas.
En Castilla-La Mancha, la reflexión sobre los delitos contra los sentimientos y los discursos de odio hacia el colectivo LGTBI+ no puede sino ligarse al esfuerzo institucional que se está llevando a cabo en los últimos años. A pesar de los avances logrados, con una legislación específica, como la Ley 5/2022 de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI que garantiza la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos de la vida social, educativa, laboral y cultural, la realidad cotidiana aún muestra actitudes y expresiones de desprecio, especialmente en zonas rurales o en contextos públicos y digitales.
La manifestación pública del asco ante las prácticas homosexuales tiene consecuencias profundas. No solo hiere individualmente, sino que contribuye a mantener un clima social de intolerancia y discriminación, y muchas veces está en la raíz del acoso escolar, laboral o social. Estas manifestaciones públicas de rechazo o asco ante la diversidad sexual no solo vulneran derechos, sino que propician entornos donde la intolerancia y el sufrimiento ajeno perviven bajo el amparo de falsos debates sobre libertad de expresión. Estas actitudes, aunque muchas veces amparadas en la libertad de expresión o disfrazadas de opiniones “personales”, pueden llegar a constituir delitos de odio en el marco legal español cuando implican incitación a la discriminación o a la violencia.
La misma situación encuentra eco en otros frentes de vulnerabilidad social, como el racismo y la xenofobia, fenómenos que siguen presentes en la región. Distintos organismos, asociaciones y proyectos están trabajando con especial intensidad, sobre todo entre la población joven, para detectar y desactivar los discursos normalizados de odio y exclusión, ya sea contra las prácticas homosexuales, la identidad de género, el origen étnico o el hecho migratorio. Iniciativas como “Desactiva el racismo y la xenofobia” y actividades impulsadas por entidades como Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha buscan precisamente generar espacios de reflexión, sensibilización y convivencia, convencidos de que la discriminación y el odio, cualquiera que sea su víctima, deterioran la cohesión social y lesionan la dignidad humana.
No obstante, los datos y las movilizaciones también revelan que estos delitos y expresiones discriminatorias se producen y, en ocasiones, se ven alentados por discursos políticos que buscan rédito en la polarización, el miedo y la desinformación. Ante ello, resulta fundamental la reacción tanto de las instituciones como de la ciudadanía para rechazar la normalización del insulto y el odio, y promover activamente la integración, el respeto y la empatía.
En Castilla-La Mancha el verdadero reto continúa siendo la batalla diaria contra los discursos y actitudes que niegan la igualdad de derechos y el respeto, ya afecten a la orientación sexual, al origen o al color de piel. La lucha contra la LGTBIfobia, el racismo y la xenofobia es, en última instancia, un compromiso de toda la sociedad castellanomanchega para ser, de verdad, tierra de derechos y dignidad para todas las personas. No se debe exigir al legislador que actué, cuando no somos capaces de empezar nosotros cómo sociedad a actuar en nuestro día a día. Es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad que todos tenemos, no solo de respetar la diversidad, sino de intervenir, aunque solo sea con palabras de apoyo o rechazo, cuando presenciamos expresiones que agreden los sentimientos y la dignidad de otras personas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario