Manda pelotas cómo funciona este circo que tienen montado. Es una vergüenza. Que la Agencia Valenciana Antifraude investigue y denuncie al excomisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, por supuestamente haber presentado un título universitario falso en su expediente, sin informarle ni darle audiencia, como exige la propia ley de la agencia., no puede tener un nombre diferente al de cacería.
La investigación, que comenzó tras una denuncia anónima, para variar, se realizó en menos de un mes —del 9 de abril al 7 de mayo de 2025— y también involucró a dos funcionarios de la Diputación de Valencia, quienes habrían avalado la documentación de manera negligente.
Lo que se han pasado por el forro de sus caprichos es que según estipula el artículo 10 de la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude, la persona investigada debe ser informada y tener la oportunidad de defenderse y presentar alegaciones antes de que se adopten conclusiones personalizadas. Sin embargo, ni Ángel Batalla ni los funcionarios fueron notificados ni escuchados durante el proceso. Solo al finalizar la investigación, el 7 de mayo, la agencia solicitó un informe para justificar el secreto de la causa y remitir el caso a la Diputación de Valencia, que posteriormente denunció los hechos a la Fiscalía y abrió un proceso para recuperar el dinero presuntamente cobrado irregularmente. Ángel Batalla dimitió 36 horas después de que el caso saliera publicado en los medios.
El informe de Antifraude concluyó que el título era “presumiblemente falso” y señaló posibles delitos administrativos y penales, además de la negligencia de los responsables de recursos humanos. A pesar de que la ley permite investigaciones secretas, la agencia debe garantizar el derecho de defensa y audiencia “en diferido”, pero esto no ocurrió en la práctica. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción está estudiando el caso y tendrá que oír a los implicados antes de proseguir. Dicho de otra manera, muerto el burro la cebada al rabo.
La rapidez del procedimiento y la vulneración del derecho de audiencia demuestran la falta de garantías y transparencia, puesto que la investigación sobre Ángel Batalla se resolvió en pocos días, a diferencia de otros casos similares investigados por la agencia que siguen durmiendo el sueño de los justos.
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