Polémica gestión de la Junta de Castilla y León durante la oleada de incendios más grave de lo que va de siglo en España. Ahora nos enteramos que, ocho días después de declarados los fuegos, la Dirección de Patrimonio Natural y Política Forestal de CyL, decidió pedir de forma “urgente” que se reincorporara el personal que estaba de descanso o vacaciones, después de llevar dos semanas escuchándoles exigir al gobierno del Estado que enviara más recursos , pero sin declarar la emergencia 3 porque entonces debían ceder el mando operativo, dicho de otra forma, jugando a ser el perro del hortelano, que ni come ni deja. Conocer esta circunstancia ha generado gran indignación entre los equipos ya exhaustos, puesto que prácticamente no había personal disponible libre de servicio durante esos días.
Si se revisan las declaraciones de muchos ciudadanos y miembros de esos equipos, está muy claro que todo el operativo ha estado marcado por el cansancio, la falta de previsión y descoordinación. Un ejemplo de eso es como el Ejército llegó a instalar bases logísticas en Bembibre y Cistierna con capacidad para dar relevo a los brigadistas, pero estas permanecieron vacías, lo que provocó malestar en los mandos militares.
Mientras tanto, el presidente de la Junta, defendió que el operativo era “suficiente” y que los acuerdos alcanzados tras la tragedia de 2022 habían funcionado en años posteriores “ Pero las críticas de vecinos, brigadistas y oposición han sido intensas. En León se produjeron protestas reclamando las dimisiones de Mañueco, el consejero Quiñones y Arranz, principal arquitecto del modelo de extinción privatizado y temporal que está vigente desde 2007.
Tratan de que no se sepa que paralelamente, el Gobierno central desplegó más de la mitad de sus medios estatales en Castilla y León en los días más críticos, con 149 intervenciones aéreas en lo que va de año, lo que pone de relieve la magnitud de la catástrofe.
Pero esa realidad que demuestran los datos no parece ser aceptada por los dirigentes del PP nacional, y de las comunidades autónomas afectadas por los fuegos, que se han empeñado en seguir al pie de la letra el manual "Mazón", que consiste en pedir, mentir y echar la culpa de todo al gobierno central.
El PP ha salido en defensa de la Junta de Castilla y León tras la polémica por la no utilización de medios logísticos instalados por el Ejército y la portavoz popular en el Senado, ha justificado lo ocurrido alegando retrasos en la llegada de recursos solicitados por Mañueco y responsabilizando al Gobierno central de la gestión tardía y deficiente. Sin embargo, las bases militares sí fueron reclamadas por la propia Junta, aunque se quedaron vacías, lo que ya he dicho que provocó malestar en los mandos del Ejército, y el Ejecutivo autonómico ha acabado disculpándose. La portavoz defendió también que las decisiones sobre medios no las toman los presidentes sino los técnicos, y acusó al Gobierno Sánchez de infrautilizar fondos europeos para prevención de incendios y de haber reaccionado “tarde y mal”.
El PP repite su estrategia: culpar al Gobierno central para así intentar eximir de responsabilidad a sus presidentes autonómicos, mientras opositores y afectados cuestionan la tardanza y la insuficiencia de la respuesta inicial de la Junta. Pero no se quedaran ahí, sino que el PP solicitará comparecencias extraordinarias en el Senado de varios ministros para dar explicaciones sobre el operativo estatal.
La directora de Protección Civil, ante las críticas del PP sobre la gestión de la ola de incendios de agosto, defiende la actuación del organismo estatal, asegurando que se actuó con anticipación y que existen informes y datos que lo prueban, frente a quienes tratan de “reescribir la historia”. Por ejemplo, el 15 de agosto se pidió a las comunidades información sobre medios aéreos disponibles para poder redistribuirlos a las más afectadas (Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia), porque las CCAA tienen la responsabilidad de anticiparse en su propia gestión y además a ese retraso, se ha sumado la falta de coordinación en algunos territorios.
Son las comunidades quienes deciden activar a los voluntarios de protección civil y que las medidas estructurales, como la formación de personal en zonas de riesgo, deben adoptarse en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil.
Y la última acaba de conocerse: Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno.
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