LAICISMO VERSUS FANATISMO

El pasado lunes doce, tuve la oportunidad de asistir a la primera de las conferencias de la V Semana Laicista que se celebra esta semana en el Ateneo de Albacete, impartida por Matilde Fernandez, actualmente Vicepresidenta de ACNUR en España. Poca asistencia para aprender sobre algo que afecta a todos. Ideas para  reflexionar en un tiempo en el que la intolerancia religiosa ha teñido de sangre las calles de París.

Contenidos concretos: feminismo, libre pensamiento, igualdad, masonería. Análisis general del papel desempeñado por el laicismo en la historia y que tiene hoy. Para la RAE "laicismo" es "Independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa"; "laico" es "Independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Estado laico".

La idea de laicismo como una corriente de pensamiento que busca que la sociedad se organice de forma aconfesional, o completamente ajena a las confesiones religiosas. Me gusta más esta definición, porque la independencia de los individuos me parece hoy cuestionable por la capacidad de influencia de los medios de comunicación.

Su importancia, garantizar los derechos de las personas en igualdad, para participar en la vida política y social. Sin creencias religiosas, la libertad adquiere su más amplia interpretación. Cada individuo debe ser libre de creer o no creer, aunque las legislaciones de estados como el nuestro, muestran un empeño gubernamental por el retorno al catolicismo. ¿Qué decir de los fanatismos religiosos?

Laicismo no es solo una oposición a cualquier tipo de intromisión religiosa en la política, sino fundamentalmente a la injerencia de las religiones en los modelos educativos, porque al existir, esa intromisión supondrá un mecanismo de retroalimentación de las confesiones religiosas. Educar en libertad es enseñar a la resolución de los problemas en cualquier materia. La ciencia solo progresa a base de evidencias y las confesiones religiosas no las dan, quizás por eso la ciencia suele ir vinculada al pensamiento  agnóstico.

Laicismo no es prohibir a la gente que sea católica, protestante, musulmana, hinduista, o lo que le dé la gana, sino una cuestión de que esas confesiones se ejerzan dentro de la libertad de los individuos sin la intervención ni el apoyo de las administraciones. Tampoco es una manera de anticlericalismo, ni una postura antirreligiosa.

Nuestra Constitución declara al estado español aconfesional, pero no laico. Y aunque la Carta Magna no toma partido, si lo hacen los poderes del Estado. El Estado ni es creyente ni ateo en sí mismo, y libertad religiosa y confesión religiosa son derechos de la persona. El Estado es neutral según el artículo. 16.3 de la Constitución, y lo que debe es garantizar a los individuos la libertad para que crean lo que quieran, porque la religión pertenece al ámbito de lo privado.

El problema existente es que gobierno y medios de comunicación influyen de manera descarada, obedeciendo al dictado de los gobernantes y las empresas propietarias de esos medios. En un país como el nuestro donde no existe la blasfemia como delito, sin embargo el artículo 525 del Código Penal hace referencia a aquellas manifestaciones que "hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna", y expresa que las ofensas públicas a "los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa" pueden incurrir en penas de multa de ocho a doce meses. ¿Dónde queda esa neutralidad constitucional?

Tenemos todo el camino por andar en esta materia en nuestro país. El cierre de la conferencia se hizo con esta frase de  la profesora Celia Amorós “Libertad para las personas, Igualdad para las sociedades, y Fraternidad para la humanidad”. Todo un pronunciamiento contra los fanatismos.

ELECTORALISMO CON LOS DEPENDIENTES

El IMSERSO ha hecho públicas sus estadísticas, actualizadas a 30 de noviembre de 2014. En ellas se concreta que en España son 167.869 las personas dependientes que se encuentran en lista de espera,  y que la cuarta parte de las que han causado baja en el Sistema de Dependencia, lo han hecho sin llegar a percibir ninguna prestación a las que tenían derecho tras ser evaluada su situación, y que por primera vez, de un año a otro, hay trece mil personas menos incluidas pese al envejecimiento de la población. Con esos datos oficiales, solo se puede concluir que a nivel estatal, este sistema no funciona.

El Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (SAAD) que iba a ser el cuarto pilar del estado del bienestar, nació tarde y sin recursos. Se hizo tarde porque debió plantearse a la llegada socialista al gobierno, en lugar de hacerlo a mediados de la segunda legislatura, que imposibilitó su consolidación. Y sobre todo no se garantizó la financiación que le hubiera hecho resistente a los recortes. No vale la excusa de falta de recursos, sino de voluntad política, porque para otros asuntos si se dispuso de ellos.

Los recortes del PP llegaron a sanidad, educación y pensiones, pero estos tres pilares resistieron, podían recortarlos pero era inimaginable eliminarlos. Pero sobre el SAAD el ministerio de Ana Mato decidió de un plumazo que no se podía financiar, y que se debía seguir atendiendo desde la caridad y los apoyos familiares.

Como en otras materias, el laboratorio de experimentación elegido para aplicar recortes fue Castilla La Mancha. Pese a ser la que más recortes ha realizado en esta materia, el gobierno regional se obstina en afirmar que ha reducido a la mitad el listado de quienes esperan recibir una prestación en el último semestre de 2014, y que esta es la región en la que más profesionalizado está el sistema de dependencia. Esta información, choca frontalmente con lo que se manifiesta por los colectivos de afectados.

La llamada Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Castilla La Mancha, reguladora de esta materia, pese a que fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, en su aplicación ha recibido críticas de los sindicatos y diferentes colectivos como el de los trabajadores sociales. Es un lavado de cara del papel desempeñado en esta materia por el gobierno regional para a las elecciones.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia regional, que agrupa a más de cuatro mil familias, afirma que en la región, más de diez mil beneficiarios han dejado de serlo; que ya no perciben ninguna prestación de las que antes percibían más de dos mil ochocientas personas; o que casi ocho mil dependientes tienen el derecho reconocido, pero siguen sin recibir ninguna prestación.

Las cifras hablan por sí solas. Desde que Cospedal llegó al gobierno, han fallecido cuatro mil personas que teniendo el derecho reconocido no han llegado a recibir ninguna prestación; han aumentado las valoraciones que resuelven indicando que carecen de derecho a prestación, siendo más personas sin derecho, que a las que se les reconoce, como si se solicitará por gusto; hay casi seis mil personas que eran grandes dependientes en la primera valoración y que han dejado de serlo en las revisiones. Este último hecho, realmente casi milagroso, se ha dado con relativa frecuencia en muchos pueblos de nuestra provincia.

Pero la situación más grave que tenemos hoy en Albacete y en Castilla la Mancha, es el problema de los grandes dependientes, que tenían una prestación económica y eran generalmente atendidos por sus familiares, y a los que ahora se les ha retirado esa prestación dineraria. La solución que se les ofrece desde la Junta, es sustituir la prestación que recibían por una o varias horas de ayuda a domicilio a través de servicios municipales, que la provincia de Albacete presta el Consorcio de Servicios Sociales de la Diputación.

Pero esta solución es cuestionable, puesto que algunos Ayuntamientos no pueden atender esa demanda de horas al carecer de auxiliares de Ayuda a Domicilio suficientes para atender la demanda. De no encontrar solución a esto, la respuesta, como en otras materias, será recurrir a empresas privadas para prestarles el servicio.

Es cierto que se han reducido las listas de espera, como afirma el gobierno regional, pero simplemente por el fallecimiento de muchos dependientes de edad elevada o enfermedades terminales, y nunca por una buena gestión del sistema por su parte. La proximidad electoral permite toda clase de lecturas a los datos, pero las necesidades de los dependientes son necesidades de personas, y no números sujetos a interpretación.

EL SIGNIFICADO DE QUE MONAGO SE VAYA DE ROSITAS

La noticia de que la Fiscalía del Supremo archiva la querella por los viajes de Monago, supone un acto de fomento de la corrupción en toda regla, porque aquí queda demostrado que el mal uso de lo público puede quedar impune. En cualquier país de la Europa a la que pertenecemos, este señor llevaría semanas dimitido simplemente por razones de higiene democrática, sin necesidad de intervención del poder judicial.

Con el archivo de la querella, él se va (por ahora) de rositas de un asunto turbio. Por parte de la justicia se nos está afirmando que los senadores no tienen por qué rendir cuentas de sus gastos, que se pueden pagar sus viajes privados con nuestro dinero dando igual si van a ver a su amante o a dar un mitin de su partido (que no del Senado de España). Según la Fiscalía esto podrá ser legal, pero éticamente es impresentable, y una afrenta a los ciudadanos que soportamos los recortes en los derechos por parte precisamente de esos senadores. Es sencillamente un fallo vergonzoso.

Dejando al protagonista Monago a un lado,  e intentando mirar el cesto en lugar de la manzana podrida, el fallo de la fiscalía lo que está cuestionando es el papel que hasta ahora han desempeñado los partidos en nuestro sistema político, y especialmente el de los dos que han ejercido responsabilidades de gobierno. Por acción o por omisión, el fallo viene a demostrar la connivencia de los partidos para que no exista una total transparencia de los gastos de sus señorías (viajes, ayuda de vivienda en Madrid, etc.).

Algunos verán una decisión partidista porque al Fiscal del Estado le nombra el Gobierno. Pero quien pierde es la justicia por estas actuaciones, por si no ha sido suficiente desgaste para el ministerio fiscal el  actuar como defensor con la Infanta, ahora también lo hace cuando se trata de asuntos que afectan al PP. Nadie creerá en la independencia de la fiscalía, y resulta Imposible creer que el PP pueda actuar contra la corrupción. Lo peor de todo es que la factura de esta actuación, se la pasaran los ciudadanos al poder judicial, y con él a todo el sistema político.

Ahora viene la reforma de reglamentos, y aunque llegan tarde, mejor tarde que nunca. Deben regular los viajes de todos los diputados y senadores, pero desde luego no pueden hacerlo a medias como han hecho PP y PSOE, aunque el segundo se comprometa a ampliar la información que le afecta periódicamente. O lo hacen de verdad, o hacen imposible creer que tienen intención de cambiar. Así los ciudadanos seguiremos pensando que la justicia sirve solo a la clase política, y que usa dos varas de medir. Es un insulto.

Si la justicia está politizada, no es que los políticos sean inocentes, es que no quieren que exista separación de poderes. Es otra manera (una más sutil), de poner el ventilador y, sin quererlo, de llenar las urnas de votos a PODEMOS. En época electoral, no vale con pedir perdón con la técnica de Aguirre.

Volviendo a Monago, sin redundar en lo consabido de que una cosa es la responsabilidad penal y otra la política, hay que formularle le la pregunta del millón (nunca mejor dicho) ¿para cuándo deja lo de devolver el dinero?

A propósito de lo ocurrido hoy en París, NO A LA INTOLERANCIA

Me siento consternado por lo que todo apunta a que se trata de un ataque de odio por parte de unos fanáticos religiosos. Quiero ser prudente, porque aún es pronto para afirmar que es así, y no quisiera emitir juicios de valor de forma gratuita. Si está confirmado que hay una masacre, pero no aventuremos teorías hasta que se conozcan todos los detalles.

Es el momento de la prudencia porque habrá quienes aprovechen este hecho para manifestar su odio al diferente, y para descomponer, aún más, el sistema de sociedad hipócrita en el que vivimos. Todos somos las víctimas de esa gentuza disfrazada de defensores a ultranza de las religiones, cuando en realidad solo son grupos de poder. Es un acto de puro fascismo, que dará alas al fascismo europeo. La religión es solo una excusa para la barbarie, y la forma más antigua usada por el hombre para medrar por el poder.

Ya nos tocó en Madrid y en Londres, y ahora le ha tocado a Francia, el país de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Hoy estos tres derechos han sido pisoteados. Algo se debe estar haciendo mal en ese país, donde muchos jóvenes de los barrios de las afueras de las grandes ciudades, acaban siendo carne de cañón, de los extremismos, de la delincuencia y del fanatismo. El fanatismo solo se puede nutrir de la ignorancia, el odio, y la miseria social.

Si se confirma la vinculación del islamismo con el atentado, será paradójicamente la extrema derecha francesa, esa que siempre apoyó al extremismo islámico fuera de territorio francés, la que electoralmente será más favorecida por lo ocurrido hoy. Por el contrario, a quien más daño le hará será a la gran mayoría musulmana respetuosa. Seguro que escucharemos que aprovecharan la sangre para exigir recortes a las libertades de las personas por su condición o raza.

Para poner a cada cual en su lugar, sería positivo que la comunidad musulmana que reside en toda Europa se manifestara de manera contundente contra estos asesinatos. Cuanto antes mejor, para callar esas bocas interesadas.

Parece claro que se trata de un atentado contra la prensa. La libertad de prensa y de expresión en el mundo, empiezan a costar un alto precio, pero siguen siendo fundamentales en nuestras sociedades democráticas. Esa libertad la mutilan quienes fomentan el racismo, la xenofobia y la falta de respeto a opiniones diferentes, porque con ello justifican la intolerancia y el fundamentalismo.

Nunca existen motivos para matar, ni políticos, ni religiosos. Si independientemente de creencias, entre todos no somos capaces de cambiar nuestras formas de relación en el viejo continente, se acabó la Europa donde se pueda libremente criticar todo lo que no nos guste. La idea es simple: NO A LA INTOLERANCIA.

OPTIMISMO INDECENTE

Desde ahora y hasta las Elecciones Municipales, y con mayor intensidad hasta  las Generales, leeremos, escucharemos y veremos los auténticos milagros y prodigios de quienes nos gobiernan. Luego, si consiguen garantizarse otros cuatro años de poltrona, ya investidos del respaldo popular, sacaran del bolsillo nuevas reformas estructurales, imprescindibles para sostener nuestra economía, que para entonces ya podrá volver a calificarse de precaria para que puedan ejercer de salvadores de la patria. Hasta ese momento todo serán buenas noticias para los sufridos españoles.

Un avance de este nuevo “España va bien” ha sido el optimismo gubernamental ante las cifras finales del desempleo en 2014. Es de bien nacidos felicitarse por la caída del paro en 253.600 personas durante el pasado año (un descenso del 5,39% desde 1999), y también por el incremento del número de cotizantes a la Seguridad Social. Pero no lo es engañarnos con que esos datos significan que ha llegado la recuperación mediante un desenfrenado optimismo del gobierno. No lo son para un país, donde sí revisamos lo que los trabajadores  hemos perdido desde el inicio de la crisis hasta hoy, un gobierno decente en lugar de mostrarse optimista debería llorar de pena.

El optimismo actual solo lo muestran en el Gobierno y sus alrededores, porque la gran mayoría de los españoles no sentimos optimismo. Ver que continuamos con el mismo modelo productivo que teníamos antes de empezar la crisis, y que nuestra deuda pública no ha parado de crecer desde entonces, no es para serlo. Las cifras de desempleo, pueden ser motivo de esperanza, pero no de optimismo, salvo que se oculte su talón de Aquiles, que son la temporalidad y la baja calidad del empleo creado.

Hemos creado empleo, pero el generado es precario, y de los 16,7 millones de contratos firmados el pasado año, solo 1,3 fueron contratos indefinidos. Acabamos 2014 con un total de 4,44 millones de parados, de los que algo más de dos millones podemos considerarlos como consecuencia de la crisis. Un gobierno responsable, debería dar su previsión de si es posible recolocarlos y decirnos como piensa hacerlo. Este ya lanza campanas al vuelo, como si el problema estuviese en vías de solución, sabiendo que no.

Otro análisis que no soportan estas cifras es hacerlo mirando al futuro del país. Tenemos casi 400.000 jóvenes en paro, pese a que casi medio millón que se han marchado y otros muchos han dejado de buscar empleo por desanimo Su situación es muy grave puesto que los empleos a los que pueden acceder son temporales, justificado esto por la falta de practica y experiencia que les exigen las empresas, y de las que forzosamente carecen. Su esperanza de alcanzar un día las cotizaciones suficientes para acceder a una pensión, cada mes que pasa se tornan más remotas.

Y que decir si vemos estas cifras en base a la calidad del empleo generado. Es cierto que en 2014 se han firmado 1,3 millones de contratos indefinidos, pero solo dos tercios de esos, lo son a tiempo completo. Además, los que se han firmado fueron en sectores vinculados en gran medida al turismo, como son comercio y hostelería, donde todos sabemos que el empleo es obligatoriamente inestable y donde los salarios son bastante precarios, como denuncian los sindicatos. ¿Es ese el nuevo modelo productivo que quieren implantar? ¿Piensa el gobierno que siempre viviremos de servir a los turistas?

El otro motivo de optimismo gubernamental son las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Si las analizamos veremos que se ha registrado un crecimiento este año, y todo incremento en la afiliación es en si mismo positivo. Es cierto que los 16,77 millones de afiliados que tiene hoy la Seguridad Social superan en cuatrocientos mil a los que había hace un año, pero siguen muy lejos de los 17,2 millones que había afiliados en diciembre de 2011 cuando el PP llegó al gobierno. Pero no se nos dice que es lo negativo que debe estar ocurriendo en la Seguridad Social, para que un mes sí y otro también, el Gobierno recurra al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones. ¿Y si fuera parte de una estrategia política?

Resumiendo este análisis, se puede afirmar que estas cifras muestran que hay más paro que con el anterior gobierno, que el empleo creado es mucho más precario porque hemos pasado de empleo de salario medio a nuevos contratos con salario miserable, que aun creciendo en número el pasado año es menor la cotización global a la Seguridad Social, y que al ser menores los salarios es menor el importe del IRPF. Si sumamos todos estos aspectos, las cuentas no salen ni pueden salir, y la solución que han encontrado para mantener el modelo es tirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Unos y otros, son datos evidentes, pero parece que el gobierno no quiere admitir que la gran mayoría del empleo creado es precario, temporal y parcial, y así socialmente no vamos a mejor sino todo lo contrario. Y cuando se intentan acomodar todas las piezas del puzle en el que se ha convertido nuestro modelo económico, nos desconcierta ver, como pese al mal pronóstico que reflejan estas cifras, el gobierno le dice a Europa que subiremos el IVA ecológico este año y los dos próximos, que recortaremos en las pensiones y en las prestaciones del desempleo, y que a pesar de esto, aumentara el consumo interno (deben pensar que tiraremos de tarjeta de crédito).

Son ya tres años de programa incumplido y falsedades continuadas, y solo los fieles seguidores del partido del gobierno pueden creer que hemos entrado en tiempo de bonanza económica. Los demás debemos prepararnos para el triunfalismo propio de un año electoral, porque ya, la única preocupación del gobierno son los resultados electorales. Seguirán incansables en su objetivo de engañarnos continuamente y en considerarnos imbéciles que se tragan carros y carretas, salvo que se les demuestre que hoy somos mucho menos tontos de lo que piensan.

Como nada es casual en política, detrás de esta cortina de humo del empleo, me temo que la lógica nos dice, que si a la hucha de las pensiones le quedan cuatro días, pretenden hacernos ver que el actual sistema de pensiones es insostenible. El siguiente paso será convencernos de que la única salida de que alguien tenga en el futuro una pensión, sea trabajador o no, pasa por acogerse a las ofertas de las compañías de seguros y de la banca, y que esa será la única manera de garantizarnos que de mayores habrá un plato en nuestra mesa.

Podemos luchar contra este modelo que tratan de imponernos, aunque puede que por mucho empeñó que pongamos, esta economía globalizada en la que nos movemos, nos acabará enterrando. Rajoy tiene razón en que saldremos de la crisis, pero en las muy precarias condiciones que él está contribuyendo a que desde fuera se nos impongan.

EL GOBIERNO Y LA HEPATITIS C

El asunto más sangrante de este inicio de año 2015 es sin duda la situación que viven los españoles enfermos de hepatitis C. Se estima que en España hay más de setecientas mil personas infectadas de hepatitis C, una enfermedad vírica que se transmite por la sangre y que es la primera causa para precisar de un trasplante hepático. En la provincia de Albacete se declaran entre cinco y diez casos anuales, aunque la cifra de infectados se reconoce que es superior, y en Castilla La Mancha precisan de tratamiento más de dos mil pacientes.

Los últimos meses esta enfermedad ocupa la primera plana de los medios de comunicación, al no poder disponer los pacientes de un nuevo tratamiento que ha conseguido resultados muy positivos en los ensayos realizados antes de su comercialización. Es un asunto que debería llevar meses resuelto si el gobierno hubiese actuado pensando en los ciudadanos, pero parece que debe calificarlo como un asunto menor frente a otros, por no tener una respuesta rápida del ejecutivo. Resuelto, porque no hay ninguna justificación económica para la perdida de una vida, y menos en un país con recursos económicos para afrontar este problema, y por un gobierno que se jacta de ser un defensor de la vida.

Se debe garantizar el acceso de los, según las sociedades médicas, treinta mil pacientes graves que hay en nuestro país, a que dispongan de este último tratamiento y evitar así la desigualdad existente entre pacientes dependiendo de que vivan en una u otra Comunidad Autónoma. No parece de recibo que hablemos de un medicamento que está disponible dentro de los que se financian por el Sistema Nacional de Salud, y a la vez, ver como ese sistema no es capaz de garantizar que los enfermos pueden acceder al mismo cuando lo necesitan y está prescrito por su facultativo.

Desde el punto de vista clínico, debe valorarse que pacientes requieren con urgencia el tratamiento y cuales serían susceptibles de poder esperar, si es que no se dispone de medicación para todos. Lo no justificable es que no se administre el medicamento por estar a la espera de que se cierre la negociación entre Ministerio e industria farmacéutica, mientras los pacientes lo precisan.

En conciencia, debe primar la salud frente a la posibilidad de conseguir ya un abaratamiento del producto, sobre todo si se sabe que en España por no disponer del mismo fallecen diez enfermos diarios. Tampoco es una excusa válida para no facilitar la medicación, que en países como Egipto o India su precio no alcanza los mil euros y aquí alcanza los cincuenta mil, porque al existir allí millones de pacientes, la negociación que pueden plantear esos países no es comparable a la nuestra. Parece lo adecuado que primero curemos a los pacientes y luego discutamos todo lo que sea preciso.

Calificar de caro, no puede basarse solo en el coste total de los treinta mil tratamientos, sin poner en el otro lado de la balanza lo que ya nos suponen económicamente esas  30.000 personas enfermas, que no pueden trabajar, que estarán en situación de baja laboral, cobrando algún tipo de prestación, que requerirán cuidados médicos, etc. Si la cifra global asciende a 750 millones de euros, no se debe pensar que estemos hablando de una cifra disparatada para una sola enfermedad, sino de lo que supone poder tratar a las treinta mil personas que la padecen. Si calculamos que todos los pacientes demandaran al Estado por incumplir su obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud, esa cifra puede resultar irrisoria.

Pero más vergonzoso resulta que el gobierno trate de tapar su falta de diligencia, culpando a las CCAA de ser las responsables de no facilitar el medicamento a los pacientes, porque es el Ministerio quien fija la cartera de medicamentos disponibles, y es el Gobierno quien debe garantizar la financiación autonómica para con ello permitir la equidad en el derecho de acceso a los servicios y tratamientos de salud de los pacientes, con independencia de la región de residencia.

Y no es una preocupación solo entre los pacientes, sino también entre la comunidad científica encargada del tratamiento de estos. Además vuelve a ponerse sobre la mesa otro asunto: el de los medicamentos que no está permitido prescribir en Atención Primaria, cuando científicamente podrían ser prescritos en ese nivel asistencial. Detrás, la mayoría de ocasiones solo hay un motivo económico, sin valorar que se gastan recursos en cosas menos necesarias que la atención sanitaria. En cualquier caso, lo que está pasando es éticamente un disparate bochornoso, porque parece que la vida carece de valor, y lleva a afirmar que el bienestar de los ciudadanos cada vez importa menos a nuestros gobernantes. Mejor dicho, la sensación es que solo importa que cuadren los balances a fin de año.

Necesariamente esta polémica debe hacernos reflexionar sobre cómo se gestiona el dinero de nuestros impuestos. Si es posible rescatar bancos o autopistas, debería poderse rescatar a ciudadanos abocados a una muerte segura si no se les trata. Se necesita acometer una actuación a nivel nacional para dar respuesta a este problema, como le ha propuesto la oposición al gobierno, disponiendo de los recursos para ello. Y como en este tema el gobierno carece de argumentos socio sanitarios y tampoco pueden ser solo los económicos, deberían recordar que estar en política exige valentía y eso se demuestra sabiendo rectificar a tiempo.

Mientras lo hacen o no, está claro que ningún enfermo, ni tampoco los enfermos de Hepatitis C, se merece vivir el calvario que hoy sufren, consecuencia de una gestión de la sanidad similar a la de un negocio, en lugar de la de un derecho constitucional

¿Temes perder tu puesto de trabajo? Con el PP gobernando es imposible

Hacer una entrevista radiofónica a primera hora de la mañana del primer día del año, debe ser algo difícil, porque a cualquiera nos afectaría la pérdida de oxígeno cerebral, tras la noche de fin de año. Parece que De Guindos también es de carne y hueso, y le afectó. Hasta podría decirse por sus declaraciones que De Guindos estaba en el guindo.

Siempre en su línea, cínico, mentiroso e hipócrita. Este señor no cambia de un año a otro. Se mostró convencido de que para un españolito de a pie, no hay nada mejor para empezar 2015, que escuchar a un ministro decirle, que los que trabajamos ya no tenemos miedo a perder el empleo.

Personalmente de este gobierno ya no me creo nada, pero le doy el beneficio de la dudad si se refería a que con la reforma laboral mariana, cuando no te quieren en un sitio, ya  no debes tener miedo a perder el trabajo, ni a que te despidan, sino a que la patada en el trasero no sea muy dolorosa y simplemente te echen, y santas pascuas.

Además de no convencerme, me sonaron sus declaraciones a tomadura de pelo colectiva, y a una falta de respeto a todos nosotros. Porque si algo hemos aprendido de esta crisis, es que ya nadie resulta imprescindible frente a la cuenta de resultados de una empresa, y para eso no hacía falta cenar con uvas y desayunarnos con guindas.

Queriendo ser imparcial, voy a intentar encontrar otros significados o el mensaje subliminal que hay detrás de esas declaraciones. Y lo cierto es que sugieren muy diversas  interpretaciones, desde la primera que sería darle la razón y pensar que quizás no tememos perder el trabajo, porque lo que en realidad nos preocupa es si tenemos expectativa de conseguir uno nuevo si perdemos el actual, hasta negar la mayor, y afirmar que tenemos pánico a que nos despidan.

Puede que se trate de una visión personal, y nos dice que él no tiene miedo a perder su empleo. Está claro que si después de los patinazos económicos que ha cometido, empeñado en la austeridad, sigue de ministro, le resultará difícil pensar que el presidente pueda darle la boleta. O que como los españoles más cercanos que tiene son los miembros del gobierno, y ellos han perdido el miedo a perder (valga la redundancia) el puesto de trabajo, y que tienen  expectativas de futuro en una multinacional, mientras las puertas giratorias sigan funcionando, puede que piense que todos estamos igual que los ministros.

Otra explicación podría ser, es que cinco millones de españoles no tienen empleo y por lo tanto no pueden tener miedo a perderlo. Es lo mismo que le ocurre a De Guindos con la vergüenza, al carecer de ella no puede tener miedo a perderla, como demuestra haciendo esta declaración ante un país con seis millones de desempleados. Para esos cinco millones sí que se ha perdido el miedo a perder el trabajo, porque no lo pueden perder.

Tal vez quiera decirnos, que con el paro existente es casi imposible destruir más empleo, e incluso nos puede estar anunciando la necesidad de una nueva reforma laboral con la que asustar aún más a la clase trabajadora. Con la señora Bañez detrás, seguro que ya disponen de una borrador de nuevas medidas “absolutamente imprescindibles” que nos hagan aceptar condiciones laborales aún más miserables que las que ya han impuesto.

O puede que lo expresado obedezca a un intento de defender lo indefendible y seguir el nuevo año actuando como unos cínicos redomados a los que no les importa que la desvergüenza gubernamental alcance cotas insospechadas. Desde su llegada al gobierno en 2012, cualquiera puede ver que no se hartan de contar mentiras, no se sienten responsables de mantener en sus filas a muchos corruptos, ni de ser los destructores del Estado de bienestar. Viven en su burbuja y no se enteran de la realidad.

Y por último, también sus declaraciones podrían demostrar que cree firmemente el gobierno que la gente se ha acostumbrado a vivir en la incertidumbre. Porque incertidumbre si hay en la calle, entre el miedo a continuar en el paro y el miedo a "encontrar" un trabajo Esto último es tan difícil, que la gente está segura de que, si te contratan, cobraras una mierda, y que no hay diferencia económica con estar parado.

En resumen puede decirse que el optimismo expresado por De Guindos es inversamente proporcional a los resultados que percibimos los ciudadanos de las políticas aplicadas por el gobierno del que es miembro. Y lo más lógico es que sus declaraciones obedezcan a que ahora tocan elecciones y decirnos que con el PP en el próximo mandato se van a crear cinco millones de empleos. Si no dicen expresamente esto, pronto nos lo dirán, aunque para ello tenga que interceder la Virgen del Rocío.

Para el gobierno ha llegado el momento de hacernos olvidar lo que en estos años nos han quitado, y seguro que encontraran la forma de darnos alguna limosna como retenernos menos en la nómina a los que trabajamos para que nos creamos que nos han subido el sueldo, o dar cuatrocientos y pico euros para que los desempleados no mueran de hambre. Y sabiendo que si con eso no nos convencen, siempre pueden volver a utilizar el rancio discurso de la herencia recibida, que tan buen resultado les ha estado dando.

La otra explicación de estas declaraciones, es que nos siguen tomando por gilipollas. Y esta me suena que va a ser la razón verdadera.