jueves, 31 de julio de 2025

Indignante

La postura del director xeral de loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta de Galicia, Roberto Barba, despreciando la prevención de los asesinatos machistas y diciendo que el motivo de muchos es que las mujeres rompen la pareja, es provocador por darle la espalda a todas las víctimas y perpetuar la impunidad de los agresores.

El manejo de la violencia machista por parte de la Xunta es indignante, inadmisible y merece el mayor rechazo y repulsa. No hay excusa política ni ideológica posible para retroceder y volver a culpar a las mujeres por las agresiones y asesinatos que sufren. El único camino honesto y eficaz es la prevención, la protección y la acción feminista decidida: todo lo demás es complicidad y violencia institucional.

Con lo de moda que se ha puesto pedir dimisiones de políticos, señor Rueda en cesar a este animal de bellota ya está tardando.

¿Has tomado algo o es que eres así?

Y además del PP judicial tenemos la comparecencia del genio de Génova, 13, recién salido de la lámpara maravillosa. 

La comparecencia de Alberto Núñez Feijoo para valorar el curso político ha sido un ejemplo paradigmático del uso de un lenguaje inquisitorial, crispante y carente de sustento jurídico, que solo contribuye a degradar el debate público en España.

Desde el inicio, Feijoo ha optado por la descalificación personal, recurriendo a expresiones como “presidente sin límite moral” y acusando a Sánchez de “hurtar a España el verdadero equilibrio” del año político. No se trata únicamente de una opinión política dura, sino de una construcción discursiva hiperbólica y desbordada, rayando el insulto y la insinuación soez, al hacer alusiones directas a presuntos vínculos familiares del presidente con la prostitución y al afirmar que el PSOE “ha abandonado a las mujeres” y que “el sanchismo es machismo”.

Feijoo encadena acusación sin prueba ni concreción jurídica: habla de decadencia, escándalos y cesiones en el Ejecutivo, de convertir España en un Estado fallido y llega a afirmar que el actual gobierno pone en riesgo la seguridad y la cohesión internacional de España. Son ataques sustentados en generalidades o en investigaciones abiertas, pero convertidos en auténticas sentencias morales antes de que los tribunales, si proceden, hayan podido pronunciarse. Esta estrategia de denuncia continua, siempre acompañada de evocaciones a la corrupción y de comparaciones históricas desmesuradas, carece de la mínima prudencia y respeto institucional exigible a quien aspira a presidir un país democrático.

Su uso de metáforas y afirmaciones desmedidas, como que Sánchez quiere convertir España en un Estado fallido, que su Gobierno arrebata la esperanza a una generación o que ha convivido con prostíbulos en su unidad familiar, pagados con dinero público, solo introduce confusión y crispación social, sin aportar ni un solo argumento jurídico sólido. No existe correlato legal o sentencia firme que justifique tales imputaciones en los términos expuestos; se recurre así al efecto mediático ya la sospecha infundada para suplir la falta de pruebas y de rutas jurídicas plausibles. Hacerlo alguien en estado de embriaguez en la barra de un bar, puede ser rechazable pero comprensible. Que lo haga el representante del partido que quiere ser gobierno es impresentable.

A mayor abundancia, en el discurso Feijoo usa un lenguaje polarizador y excluyente, dirigido más a alimentar el enfrentamiento que a construir políticas alternativas. Sus afirmaciones sobre jóvenes, mujeres y seguridad carecen de soporte empírico; sus datos sobre la economía y el bienestar son parciales cuando no falsos y no compensan la retórica inflamatoria predominante.

La intervención de Feijoo revela una peligrosa deriva en el uso del lenguaje político: el abandono de la crítica fundada y su opción siempre por el exabrupto, la hipérbole y la acusación sin pruebas. Esta actitud no solo erosiona la credibilidad de las instituciones sino que, además, empobrece el debate democrático y social.

Como diría Mota, no es cretino y mala gente un día., es cretino y mala gente pa siempre.


NO VAN A PARAR HASTA QUE NO ASOLEN EL PAÍS

El juez Hurtado pregunta a las partes si debe suspender de su cargo al Fiscal General del Estado.

La impresión es que, como no consiguen que el fiscal dimita, y nadie lo puede cesar, el juez ha decidido hacer piruetas jurídicas para colgarse la medalla, más o menos como Peinado en el caso de la mujer del presidente. Todo vale por tierra mar y aire para ver felices a Feijoo y Abascal.

El problema que tiene su señoría para conseguir ese fin perseguido, que es más político que jurídico, es que su actuación debe fundamentarse en la regulación específica de la Fiscalía y los límites legales que afectan a este cargo. 

Un amigo profesor en derecho me argumenta lo siguiente:

Fundamentos jurídicos para justificar, o no, la suspensión:

El Reglamento del Ministerio Fiscal (art. 145) prevé la suspensión cautelar de fiscales procesados una vez se abre juicio oral, pero la competencia para acordar esta suspensión corresponde al propio fiscal general del Estado, no a un juez.

En el caso de García Ortiz, esa normativa no es directamente aplicable porque la situación de servicios especiales que implica su nombramiento político como fiscal general le sitúa fuera de la carrera activa y “el estatuto no prevé expresamente la suspensión del fiscal general por procesamiento”.

Si bien la acusación popular (APIF) sostiene que toda la normativa de suspensión aplicable a fiscales debería alcanzar también al fiscal general, existen sólidos argumentos doctrinales y de la propia Fiscalía General del Estado que niegan esa interpretación, señalando que el legislador no contempla esta hipótesis y que, por tanto, es inoperativa.

La causa de suspensión cautelar tampoco resulta extensible por analogía de las normas referidas a jueces y magistrados, ya que el ordenamiento diferencia entre ambos colectivos y reserva la aplicación supletoria solo para supuestos de “ausencia de regulación expresa”, lo que aquí no se da: existe regulación específica, aunque no prevea la suspensión del fiscal general tras la apertura de juicio oral.

Además, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (art. 31) contempla motivos de cese para el fiscal general que sí podrían operar: renuncia propia, incompatibilidad, incapacidad, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cese del Gobierno que hizo la propuesta. 

Ninguno de estos motivos contempla expresamente la suspensión cautelar por procesamiento penal.

Razones jurídicas concretas que puede alegar el juez Hurtado:

Falta de competencia legal para que un juez acuerde directamente la suspensión del fiscal general del Estado; el propio Reglamento atribuye esa competencia al fiscal general respecto a los demás fiscales, y respecto al fiscal general la normativa no contiene previsión expresa.

Principio de legalidad y reserva de ley , que impide la interpretación extensiva o analógica en materia restrictiva de derechos o prerrogativas personales de quien ostenta la máxima jefatura del Ministerio Fiscal.

Diferentes estatutos jurídicos del fiscal general frente a los fiscales de carrera: mientras aquellos quedan sujetos a la suspensión automática en caso de juicio oral, el fiscal general, al estar en servicios especiales y en un puesto político, no tiene previsto ese mecanismo para su carga actual.

Presunción de inocencia y excepcionalidad de la medida : la suspensión cautelar de un alto cargo solo puede fundarse en un precepto expreso, habida cuenta de sus implicaciones institucionales y personales.

Falta de vacío legal que permite acudir supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues existe regulación expresa en el Estatuto y Reglamento de la Fiscalía.

La actuación del juez Hurtado encuentra respaldo principalmente jurídico en la carencia de habilitación legal para suspender cautelarmente al fiscal general tras la apertura de juicio oral, y así lo han afirmado tanto la fiscalía general como diversos expertos y catedráticos en Derecho. 

La única vía legalmente prevista para el cese o suspensión del fiscal general son las causas expresas del Estatuto, ninguna de las cuales concurriría automática o necesariamente por el mero procesamiento penal.  

Claro que para este asunto parece que lo de menos son los fundamentos jurídicos, quieren cargárselo sí o sí en cumplimiento de la nueva doctrina jurídica P’alante y Padentro, que es la que practican desde que el novio de España se transformó en chori mascarillero.

Estado de derecho por Estado de indicio

La derecha política y mediática en España tiende a considerar los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como si fueran auténticas sentencias condenatorias ya firmes , cuando en realidad solo constituyen documentos policiales de investigación sujetos a posterior valoración judicial. Esta actitud demuestra un tratamiento tendencioso y precipitado del proceso penal, ignorando la diferencia fundamental entre una investigación policial y una condena judicial firme, que solo puede emitir un juez y siempre tras agotar las garantías procesales.

La utilización del informe de la UCO como arma política es evidente en la cobertura de escándalos recientes: ante la aparición de un informe con “consistentes indicios” de delito contra figuras del gobierno o de la izquierda en general, diversos actores de la derecha dan por hecho la culpabilidad, magnificando su contenido en medios y en su discurso público, hasta el punto de que vemos como algunos sectores conocieron esos informes antes de su publicación oficial. Se ha llegado a hablar de “demoledores informes” que “señalan” delitos y desencadenan campañas mediáticas en las que el matiz entre indicio de delito y condena judicial se diluyen interesadamente. El procedimiento habitual que siguen es muy fácil: primero es la filtración o acceso a un informe policial, luego realizan la amplificación mediática, y luego hacen una presentación pública de los “señalados” poco menos que como delincuentes convictos.

Este modo de proceder revela una ignorancia finida, o, peor aún, una instrumentalización deliberada de las garantías que tenemos por vivir en un Estado de derecho. Para mostrar un botón: el informe de la UCO que implica, a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García señalan “indicios” de delito, pero remite la responsabilidad última al juez, quien debe valorar pruebas, escuchar alegatos y dictar sentencia. Transformar el informe policial en sentencia pública es una estrategia de desgaste político, no una búsqueda rigurosa de la verdad judicial.

Paradójicamente a esa forma de actuar con la izquierda, la propia derecha mediática ha criticado la validez de informes de la Guardia Civil cuando afecta a sus figuras afines, descalificándolos o tildando de “motivos políticos” sus conclusiones. Por tanto, su respeto por el informe policial como “verdad judicial” es más bien selectivo y oportunista: vale cuando incrimina al adversario, pero se contempla con lupa cuando apunta a los propios.

Un factor agravante es que muchos medios afines presentan la apertura de una investigación o la mera inclusión en un informe como sinónimo de culpabilidad, torciendo el principio de presunción de inocencia. En la cultura política española esto no es nuevo, se les nota de que ideología son herederos y seguidores: ya durante el régimen franquista, la instrucción policial y las sentencias en consejos de guerra iban de la mano y eran ejecutadas sin apenas intermediación judicial real. La inquietante reminiscencia es que, en pleno siglo XXI, ciertas inercias autoritarias persisten: para una parte del espectro político, los informes policiales tienen valor de sentencia y la opinión pública se maneja como un tribunal sumarísimo.

En realidad, lo que demuestra es una concepción alarmantemente simple y extraprocesal de la justicia. Don Feijoo, don Tellado y la compañera han sustituido el Estado de derecho por el Estado del indicio, pero solo cuando les conviene políticamente. ¿Para qué jueces, para qué garantías, para qué prudencia, si el titular “la UCO acusa” basta para condenar en la plaza pública? Ese atajo no es justicia ni información: es propaganda y el linchamiento moderno, que ya no solo hacen con la migración, ahora ya es válido paar todo el que no sea de su cuerda.

Buen jueves.

¡Mia tú que bien¡


Vaya que sí. Page ha decidido que el mejor lugar para exigir la dimisión del Fiscal General no es el Parlamento, ni una rueda de prensa... ¡sino el plató de El Hormiguero! 

A este paso, el próximo Consejo de Ministros lo hacemos con Trancas y Barrancas, y los fallos judiciales nos los explica Marron con experimentos. Lo bueno es que, al menos, cuando se pida respeto por los jueces en una televisión de entretenimiento, uno puede acompañarlo con risas enlatadas y una demostración de ciencia.

¡La política española, siempre innovando formatos! Fuensalida a la cabeza de las genialidades.


EL QUE MONTÓ UN POLLO POR UN AUDIO SOBRE DOS VOTOS


Un audio publicado revela que el comisario Villarejo contó al exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, que en las elecciones gallegas de 2012 Feijoo recurrió a las "cloacas del Estado" para perjudicar la candidatura rival de Mario Conde. Según la grabación, el encargo vino de altos cargos del PP y del Ministerio de Interior poco después de la llegada al poder de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. 

Villarejo explica que intervino en la elaboración y difusión de un reportaje negativo, así como en la generación de informes policiales y fiscales para dañar la imagen de Conde, lo cual favoreció la candidatura de Feijoo, entonces presidente autonómico y considerado sucesor de Rajoy. También se menciona la participación de otros comisarios y el uso de recursos judiciales y mediáticos para garantizar el éxito electoral del PP en Galicia, logrando que Feijoo obtuviera una amplia victoria en 2012.

El PP y la Caja B: ¿Mafia o democracia? Mafia pura y dura.

En uno de los episodios más inquietantes de la política reciente en España, la gestión del caso de la financiación irregular del Partido Popular (PP) revela dinámicas que podrían asemejarse a las de una auténtica banda mafiosa incrustada en las instituciones. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibió de manera anticipada y por vías informales un escrito clave elaborado por la Fiscalía Anticorrupción sobre la denominada "caja B" del PP, incluso antes de que este llegara al juez Pablo Ruz y a las partes judiciales.

Cinco semanas antes de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaran las acusaciones—que finalmente dejaron fuera al PP del delito fiscal bajo la discutible teoría de que el dinero negro no paga impuestos—la Agencia Tributaria, dominada por colaboradores cercanos a Montoro, apoyó esa exoneración con informes favorables. Estas actuaciones, según la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, podrían haber constituido un delito de obstrucción a la justicia al revelar información secreta, acción regulada en el artículo 466 del Código Penal.

El caso adquiere tintes aún más oscuros cuando se conoce que Antonio Romeral, el fiscal que redactó el escrito filtrado en 2015, llegó a ser el número dos en la Fiscalía Anticorrupción y quien supervisa la actuación de la fiscal del caso Montoro, demostrando una preocupante continuidad y control interno. La fiscal Cerdá se enfrentó a la mayoría de sus colegas al intentar abrir nuevas vías de investigación: solo cuatro la apoyaron frente a dieciocho que votaron por cerrar filas y bloquear avances.

Correos incautados demuestran que Montoro monitorizó detenidamente el trabajo de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en este asunto, a pesar de que debían dar cuentas únicamente al juez instructor. Todo ello condujo a un enfrentamiento institucional entre la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, por un lado, y el propio juez y las acusaciones populares por otro, ante la sospecha evidente de parcialidad para proteger al PP. 

Finalmente, el partido fue condenado únicamente como responsable civil subsidiario, una sanción menor frente a la gravedad de los hechos examinados. A pesar de los intentos del PSOE por que el Tribunal Supremo revisara esta exoneración fiscal, su recurso no fue admitido por cuestiones de forma, perpetuando la impresión de impunidad.

Los hechos expuestos apuntan a que el PP no solo se benefició del poder institucional sino que utilizó todos los resortes del Estado para proteger a sus propios miembros, en una estrategia coordinada, opaca y con claros rasgos de estructura mafiosa, más preocupada por la autoprotección y el silencio que por el cumplimiento de la ley.

ULTRADERECHA

El creciente atractivo de la ultraderecha entre los jóvenes, especialmente varones, en Europa y España, está ahí. Aunque no se trata de una “moda” superficial, si existe una normalización de estas posiciones en entornos juveniles, sobre todo digitales.

Los factores clave que explican este auge son que la ultraderecha aparece como una opción disruptiva frente al sistema y lo políticamente correcto; que muchos jóvenes ven  su futuro con incertidumbre, lo que los hace más receptivos a discursos rupturistas; que plataformas como YouTube o X son canales clave para la difusión y normalización de ideas ultras; que existe una brecha de género y antifeminismo y son principalmente los hombres jóvenes quienes simpatizan con estas ideas, a menudo por percepciones de pérdida de privilegios; las narrativas emocionales e identitarias que utilizan en las que apelan al miedo, la ira o la inseguridad, ofreciendo identidad grupal y pertenencia.

Se necesita un enfoque integral y preventivo para combatirlo, que combine educación crítica, intervención en redes, políticas sociales inclusivas y trabajo comunitario. Pero es un fenómeno preocupante al que se debe estar atentos, más incluso por las familias que por las administraciones, porque serán ellas las que habrán de afrontar en primer término los problemas que esa mentalidad puede generar en la convivencia tanto dentro del hogar cómo fuera.

Si creen que la ultraderecha es la solución a los problemas de nuestro país, o creen que son limpios y puros, deberían saber que no es así, que mienten más que hablan. El Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox, los que no son corruptos,  en tres ocasiones recientes por irregularidades en su financiación. La última multa, de 50,000 euros, se debe a la aceptación de donaciones finalistas en 2020, considerada una infracción muy grave según la Ley de Financiación de Partidos. Previamente, en abril, Vox fue multado con 862,000 euros por recibir donaciones en efectivo no identificadas entre 2018 y 2020, realizadas mediante depósitos en cajeros. Vox ha anunciado que recurrirá esta sanción ante el Tribunal Supremo. En julio del año anterior, el partido ya había recibido otra multa de 233,324 euros por donaciones irregulares en 2018 y 2019. 

No hay más ciego que el que no quiere ver.

También el Supremo

Y hoy no solo ha sido la jueza de la Dana quien ha puesto en su sitio a la UCO por su informe. También lo ha hecho el Supremo con los que quieren responsabilizar al gobierno para salvar a Mazón.

Indignante y profundamente irresponsable fue la actitud de quienes, en plena tragedia causada por la DANA en Valencia, han tratado de convertir el dolor de las víctimas en un arma partidista, presentando querellas y denuncias huecas contra el gobierno del Estado sin un solo fundamento jurídico. Hoy, el Tribunal Supremo lo ha dejado claro: los hechos por los que se acusaba al presidente y a varios ministros “no son constitutivos de delito”, y las acciones judiciales presentadas carecen de la más mínima concreción, basándose en imputaciones abstractas y carentes de relación causal con posibles delitos.

 Por muchas manos limpias que tengan y que quieran hacerse oír, es especialmente grave que se pretenda utilizar el derecho penal para castigar decisiones políticas con las que no se está de acuerdo, distorsionando la naturaleza de la justicia y enturbiando el debate democrático. En esto el PP parece que quiere doctorarse. 

Deberían enterarse de una puñetera vez que no todo lo que se considera un fallo o una gestión deficiente puede convertirse, por arte de magia, en delito. El Supremo lo explica de manera rotunda: la toma de decisiones discrecionales de un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal. Pretender lo contrario es, simplemente, una falacia y un desprecio absoluto por el Estado de derecho.

Estas denuncias, además de malgastar recursos judiciales y de distraer la atención pública, exponen una alarmante falta de rigor y una tendencia a la politización tóxica de la justicia. Empañan el dolor real de una tragedia con 228  muertos y daños incalculables, desviando el foco de las verdaderas soluciones que requieren las víctimas para tratar de sacar rédito político. Todo ello, sin ninguna prueba concreta, sin hechos realmente imputables, sólo furia, ruido y oportunismo.

La justicia española, por fortuna, ha actuado con firmeza y ha desenmascarado la inconsistencia y el carácter puramente mediático y disruptivo de estas querellas. Queda demostrado que instrumentalizar los tribunales para atacar adversarios políticos sin pruebas, valiéndose de la tragedia ajena, es un acto profundamente despreciable, indigno de una democracia madura y respetuosa del dolor ciudadano.


¿De qué van?

El informe de la Guardia Civil sobre la gestión de la DANA merece una crítica contundente y fundamentada a la luz de la providencia judicial conocida hoy. 

La jueza habla de hechos constatados:

Extralimitación y falta de rigor profesional: La jueza acusa a la Guardia Civil de ir mucho más allá de su mandato al redactar un informe que no sólo no se limitó a la cronología solicitada, sino que entró a valorar, sin competencia ni fundamento jurídico, supuestas negligencias y omisiones de organismos como la CHJ y Aemet. Ese análisis —según recuerda tajantemente el auto— es una función exclusivamente jurisdiccional , no policial.

Desconocimiento u omisión de pruebas ya incorporadas: El informe ignora deliberadamente numerosas pruebas objetivas recabadas en la causa, incluyendo los 24 avisos enviados por la CHJ al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y la activación documentada de la alerta hidrológica en el barranco del Poyo. Esta omisión revistó máxima gravedad en un contexto donde la información técnica estaba accesible y validada judicialmente.

Base fáctica errónea y teoría desacreditada: La magistrada califica el informe de “erróneo” en sus consideraciones al sostener una tesis —la del apagón informativo— que estaba ya descartada judicialmente y ampliamente superada gracias a testimonios y documentación aportada por Aemet, CHJ y numerosos testigos, quienes atestiguaron la existencia y suficiencia de los avisos.

Informe incompleto y parcial: El documento policial apenas referencia comunicaciones relevantes entre Aemet y los servicios de emergencia (112), omite los numerosos avisos previos detectados por los medios y la cancelación de clases universitarias ante la evidencia del riesgo meteorológico. Además, ignora casi 200 avisos pluviométricos constatados por la CHJ conforme a los protocolos vigentes.

Intrusión en competencias judiciales y daño al proceso: La Guardia Civil incurre en una suerte de “investigación paralela” que, según la jueza, carece de todo respaldo y sólo sirve para perturbar las diligencias, desplazando el foco de las cuestiones realmente probadas y ya resultados por la Audiencia Provincial de Valencia.

En definitiva, el informe no sólo es insatisfactorio desde el punto de vista técnico y legal, sino que constituye un grave precedente institucional al cuestionar el rigor de la investigación penal y menospreciar la exhaustiva labor de recopilación probatoria realizada en sede judicial. Su elaboración, marcada por omisiones selectivas y valoraciones para las que no tiene competencia, afecta a la credibilidad y la imparcialidad exigibles a la Policía Judicial en un Estado de Derecho.

La gravedad y la unanimidad de la crítica judicial no dejan espacio a equívocos: la actuación de la Guardia Civil en este procedimiento es, a la luz de la resolución de la jueza, un ejemplo palmario de lo que no puede permitirse en una investigación de alta sensibilidad institucional.

Parece lógico que nos preguntemos ¿pero de qué van?


"Viva la muerte, muera la inteligencia"

La frase del título es una proclama grotesca, rechazada durante décadas, pero que hoy, con matices renovados, parece encontrar de nuevo eco en los discursos y actuaciones públicas en los que la mentira no solo se tolera, sino que se premia. Fue pronunciada por alguien despreciable, el general Millán Astray en una época en la que los límites entre la verdad y la mentira se desdibujan con alarmante facilidad. La pronunció hace casi un siglo, y resulta alarmante que sea aplicable hoy.

Premiamos al delincuente. El reciente caso de Noelia Núñez, por su falta de honestidad, ha encendido el debate sobre la ética en la vida pública y el papel de los medios de comunicación. Ahora algunos intentan vestirnos su salida de dignidad y responsabilidad institucional. Pero no puedo tragarme ese sapo, porque su “presunta dimisión” no es más que parte del  populismo impune, porque fue despedida, y nada de que se fue voluntariamente.

Pero la falsedad, la incompetencia y la falta de honestidad de Núñez, como tantas otras veces, ha encontrado rápidamente su reubicación, con visibilidad y como altavoz de un relato que mezcla victimismo, polarización y espectáculo. No es un fenómeno nuevo, pero empieza a ser un patrón social de esta España nuestra, en la que ni el descrédito público, ni la evidencia de errores o faltas parecen representar un lastre para quienes caen en estas prácticas. Incluso son contratados por medios de comunicación para ejercer como opinadores, aunque sus antecedentes cuestionen su legitimidad.

La política convierte la mentira en una herramienta, y los medios la financian o encubren según convenga al relato predominante, y al hacerlo adelgazan aún más la delgada línea existente entre información y propaganda. La situación de los medios de comunicación, en particular aquellos financiados o alineados con partidos políticos, no escapa a esta lógica.

Los medios de comunicación, en vez de centrarse en la búsqueda de la verdad o de servir con independencia a sus audiencias, la mayoría se entregan al espectáculo, a las campañas ideológicas, e incluso alguno al acoso mediático. No puede llamarse periodista el que persigue a personas por la calle para exponerlas al escarnio público. Tampoco lo es revelar conversaciones personales sin valor informativo real, ni invadir la vida privada sin cumplir con principios mínimos de ética y respeto.

Pero el problema no es el servilismo a los intereses del dueño del medio, sino que  buena parte del público, guiado por discursos populistas y radicales, ha sido convencido de que ese espectáculo violento, amarillista, que han convertido en lo que llamamos circo mediático, es el auténtico y verdadero periodismo, el periodismo valiente y auténtico. Esta es una verdad distorsionada, pero no cómo un hecho aislado, sino cómo parte de una estrategia que persigue terminar con cualquier noción de verdad compartida, haciendo que todo sea relativo.

Hoy, cualquier afirmación puede parecer válida si se repite lo suficiente en una televisión, red social o tertulia política. Muchos comentan que si lo hace la derecha, lo mismo debe hacerlo la izquierda, pero a la izquierda debe frenarla la ética, la  diferencia esencial entre izquierda y derecha es la integridad. La izquierda, si lo es, ni miente, ni roba, y no puede tomar al electorado cómo si se tratase de un rebaño de borregos. 

Una izquierda del siglo XXI debe construir un proyecto político real, que supere las divisiones internas, que destierre las luchas por la poltrona, que busque la unidad en causas concretas: la vivienda, la lucha contra la corrupción, la crisis climática, los derechos LGTBI, la emergencia social, etc. Solo la unidad de la izquierda puede otorgar la fuerza electoral suficiente que permitiría aprobar leyes efectivas para combatir estos problemas.

Pero hoy, en plena desinformación y cinismo, el primer paso consiste en volver a identificar qué es verdad y qué no. Qué es información y qué es propaganda. Qué es periodismo, y qué es simplemente espectáculo. Luego se podrán exigir responsabilidades políticas, judiciales y mediáticas. Si “muere la inteligencia” y sobrevive la mentira, lo que perdemos no es solo la calidad democrática, estaremos empezando a perder la posibilidad de entendernos, y sin entendimiento no podremos hacer un país donde convivir sea prioritario.


¿HASTA CUANDO HAY QUE VOMITAR PARA QUE OCCIDENTE DIGA BASTA YA?

La catástrofe que Israel, bajo el mando de Netanyahu, ha desatado en Gaza es una atrocidad de dimensiones históricas que clama por un reproche absoluto, no solo hacia el propio régimen israelí sino también a quienes, en Occidente y con Estados Unidos a la cabeza le han brindado cobertura, armas, impunidad y, lo que es incluso más inaceptable, silencio cómplice ante el sufrimiento de cientos de miles de palestinos.

Los hechos son incontestables: más de 60,000 personas han muerto desde el 7 de octubre de 2023, la mayor parte civiles, mujeres y niños incluidos, víctimas de bombardeos indiscriminados y un asedio despiadado que ha reducido Gaza a escombros. El informe de Amnistía Internacional, los análisis de ONG israelíes como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, e incluso las Naciones Unidas, han calificado ya esta destrucción sistemática como genocidio de acuerdo a los estándares internacionales: “una destrucción deliberada y sistemática de la sociedad palestina en la Franja de Gaza”.

Y mientras la maquinaria militar tala la vida de toda una generación palestina con armas suministradas principalmente por EE UU, el asedio económico y el bloqueo israelí provocan, ante la pasividad del mundo, una pesadilla de hambre y desnutrición para los supervivientes. Hoy, niños palestinos mueren de inanición porque el acceso de alimentos y ayuda es bloqueado de manera consciente y planificada, hasta el punto de que la OMS ha calificado la situación de “hambruna masiva provocada” y ha denunciado que más de un centenar de niños han muerto literalmente por hambre en las últimas semanas, y muchos más están al borde de la muerte.

La actitud de Netanyahu es la de quien actúa con total impunidad, convencido de que ningún alto el fuego ni denuncia internacional tendrá respuesta real. Sin embargo, esta impunidad le ha sido conferida y protegida por la inacción, cuando no el apoyo directo, de Estados Unidos, que no solo ha suministrado el grueso del armamento empleado para arrasar Gaza sino que, además, ha vetado en la ONU toda resolución efectiva y ha continuado presentando el asedio como un asunto de autodefensa ante el “terrorismo”. El resto de Occidente, con unas pocas excepciones, se limita a mirar para otro lado mientras utiliza una retórica tibia de “preocupación” y “equilibrio” que de nada sirve frente al horror diario que soporta el pueblo palestino. Esta cobardía y complicidad, esta indiferencia disfrazada de realismo diplomático, solo alimenta la maquinaria criminal y genocida, y también legitima los crímenes que hoy se están cometiendo.

Cada día que pasa sin que la comunidad internacional imponga sanciones reales y detenga el flujo de armas o ejerza presión efectiva sobre Netanyahu y sus aliados, el horror y el genocidio continúan, y con ello la mancha de vergüenza y responsabilidad histórica—en las manos de Estados Unidos y los países occidentales no hace sino crecer. 

La historia recordará a los verdugos, pero tampoco absolverá a los cómplices pasivos de esta barbarie, y España debe salvaguardar su sitio en la historia para que nuestras próximas generaciones no se avergüencen .


martes, 29 de julio de 2025

YA ESTÁ IMPUTADO EL FISCAL GENERAL, ¡VIVA EL NOVIO DE ESPAÑA!

Lo comentaba en mi anterior post que iban a imputar al fiscal general para evitar que la opinión pública siguiera fijándose en las maniobras de Montoro, ministro del PP.
Ya se ha procedido a emitir su informe favorable al procesamiento, por parte de la Sala del Supremo por mayoría.
Leyendo bastantes comentarios al respecto de este asunto, os resumo los argumentos más débiles del informe del Tribunal Supremo favorable a la imputación y juicio del fiscal general del Estado que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
• Varios juristas y analistas han señalado que los indicios de delito presentados son extraordinariamente débiles. El Supremo parece confundir dos tipos de información: la información reservada sobre la investigación penal y la relativa a negociaciones entre fiscales y abogados. Mientras la primera requiere un alto grado de confidencialidad, la segunda no debería considerarse secreta en la misma medida, siendo en muchos casos deseable una mayor transparencia en las negociaciones previas al proceso penal. Esto cuestiona la tipicidad penal de la conducta imputada en cuanto a revelación de secretos.
• Un magistrado emérito del propio Supremo ha criticado que la instrucción se ha basado en un enfoque unidireccional, centrado únicamente en la hipótesis de imputación, sin explorar vías alternativas o exculpatorias. Se señala asimismo la falta de justificación para la adopción de medidas de gran impacto institucional, como el registro de despachos de fiscales, decisiones consideradas excesivas y poco fundamentadas a la luz de la gravedad del asunto.
• El auto del Supremo reconoce que resulta difícil deslindar el perjuicio efectivo causado al derecho de defensa o a la presunción de inocencia del particular involucrado como consecuencia de la publicación de la nota informativa. Pese a ello, se admite de forma indiciaria la existencia de daño sin concretar con rigor en qué consiste dicho perjuicio y cómo excedería el interés público de aclarar informaciones tergiversadas previamente difundidas en medios de comunicación.
• El caso parte de una querella de acción popular, lo cual es visto en parte de la doctrina como una anomalía del sistema penal español, susceptible de instrumentalizaciones políticas. Se cuestiona que casos tan graves y con evidente carga institucional puedan abrirse tan solo por iniciativa popular, sin una acción clara del Ministerio Fiscal, lo que pone en entredicho el rigor y el control democrático del proceso.
• Tanto la Fiscalía como reconocidos juristas han alertado sobre la falta de garantías procesales y constitucionales en la instrucción, destacando la influencia del contexto mediático y el riesgo de juicios paralelos que afectan tanto a la imparcialidad del proceso como a la presunción de inocencia del investigado.
Estos puntos son los más cuestionados por juristas y analistas, y evidencia debilidades jurídicas, de fondo y forma, del informe del Supremo que avala la imputación y enjuiciamiento del fiscal general del Estado.
Las consecuencias de esta decisión no solo afectan al fiscal general, sino que esto va a contribuir a una mayor indignación y polarización social por si hay poca aún. Cada vez es más difícil no pensar en un plan progresivo del PP para controlar el sistema judicial: primero contra la fiscalía general, luego contra la esposa del presidente del Gobierno, y más adelante conseguir absolver a Alberto Quirón y Montoro y los suyos.
Si esto sucede, quedará probado que estamos ante jueces de juguete, algunos incluso corruptos, pero sobre todo estaremos asistiendo a la degradación de las instituciones por intereses partidistas. ¿Se puede creer en la independencia judicial? ¿Existe una politización de la justicia, ya sea por injerencias del Gobierno o por la consolidación del control de magistrados conservadores en puestos clave? ¿Existe una impunidad promovida desde el propio poder judicial?
Las respuestas os corresponden a cada uno de nosotros, pero no se puede negar que se percibe frustración ante decisiones que aparentan favorecer a individuos afines al poder político conservador, y eso parece confirmar una supuesta cadena de control institucional, sin imparcialidad y con un papel claro dentro de una estrategia política más amplia.
El gobierno parece ser progresista, pero somos muchos los ciudadanos que nos sentimos traicionados por decisiones como la supuesta cesión de la presidencia de la sala penal del Tribunal Supremo a la derecha, porque es una claudicación o una estrategia débil por parte del Gobierno.

Y luego está la opinión del juez del Supremo que ha emitido un voto particular, Andrés Palomo, que ha criticado duramente la decisión de su compañero Ángel Hurtado de mantener la acusación contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo relacionado con el caso de la pareja de Ayuso.
Palomo, en su voto particular, defiende que debía haberse archivado la causa contra García Ortiz, igual que se hizo con la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, porque no existen pruebas suficientes para incriminarlo. Considera que la información ya era conocida por varias personas, incluyendo periodistas y colaboradores cercanos a Ayuso, antes de que el fiscal general tuviera acceso al correo. De hecho, destaca que, según testigos y periodistas, la filtración ocurrió previamente, y que el propio jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió parte de esta información antes que la Fiscalía. Critica también que Hurtado haya ignorado testimonios y pruebas de descargo que señalaban esta falta de implicación directa del fiscal general.
El juez discrepante recrimina además que la investigación de la Guardia Civil se centrara solo en los fiscales sin considerar que numerosas personas habían accedido al correo y que los medios ya publicaban fragmentos del mismo. Finalmente, Palomo critica que se sospeche del fiscal por borrar mensajes de su móvil, recordando que su cargo no implica una mayor exigencia que la de cualquier otro investigado y que es la acusación quien debe probar su culpabilidad.
En resumen, Palomo sostiene que la causa contra el fiscal general carece de fundamentos sólidos y que no existen pruebas directas que lo vinculen con la filtración, por lo que debía haberse archivado.
Después de todo esto, que dimita el Fiscal General a mi modo de ver sería un error imperdonable.

“Todos los caminos del PP conducen a Montoro”

Pero iniciemos el camino por el final, por Feijoo. Caracterizado por sus ataques reiterados a la corrupción del oponente, Feijoo ha hecho de la denuncia de la corrupción del PSOE y del gobierno de Sánchez uno de sus ejes discursivos principales, calificando su gestión de “vergüenza, mordidas y audios” y prometiendo “sanar la democracia” y realizar una “limpieza total” si su partido accede al Gobierno. Sin embargo, en estas intervenciones ignora o evita referirse a los numerosos casos que han afectado al PP, especialmente durante su propia etapa en la Xunta de Galicia.

Ya sabemos que en su curriculum no figura un máster en flexibilidad ideológica e incoherencias, pero lo tiene cum laude. Feijoo ha variado posiciones según la coyuntura, criticando, por ejemplo, los pactos con independentistas por parte del PSOE pero explorando él mismo la abstención de partidos como Junts o adaptando su discurso según la necesidad de apoyos. Condenó en el pasado las alianzas con la extrema derecha y los “préstamos” de diputados, prácticas que luego terminó asumiendo o permitiendo en su partido.

Los ejemplos de denuncias y casos durante su gestión en Galicia son diversos. Desde contratos y nepotismo en el entorno familiar cómo hemos visto en diversos reportajes y denuncias políticas han puesto el foco en adjudicaciones millonarias y contratos menores sin concurso público a empresas ligadas al entorno familiar de Feijoo, en especial a su hermana, su prima, y directivos relacionados con su círculo personal. Entre 2018 y 2024, más de 31 millones de euros fueron adjudicados a empresas ligadas a este entorno, utilizando fórmulas que permitieron la concesión directa de contratos.

Ha sido un maestro en poner frenos sistemáticos a la transparencia y la investigación. Así ocurrió cuando Feijoo y su mayoría parlamentaria bloquearon en repetidas ocasiones comisiones de investigación sobre estos contratos y sobrecostes, como el del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo o el de la empresa Eulen (donde su hermana es directiva), a pesar de la insistencia de la oposición para profundizar en las irregularidades.

Y sus ejemplos emblemáticos son conocidos: Su relación con el contrabandista condenado Marcial Dorado provocó un gran escándalo mediático y político ya desde el inicio de su etapa como presidente autonómico, aunque Feijoo negó cualquier relación impropia posterior a dichos hechos.

También emblemáticos resultan los contratos a familiares y entorno, con repetidos casos de adjudicación de contratos públicos a familiares de altos cargos de la Xunta durante su mandato, en muchos casos sin concurso y bajo procedimientos “opacos”, como denunció la prensa y la oposición gallega.

Y también está relacionado con casos de corrupción política y tráfico de influencias. Diversos altos cargos y allegados de Feijoo se vieron envueltos en investigaciones y dimisiones por corrupción, como el cabeza de lista Luis Carrera y casos como la operación Pokémon o Campeón, con dimisiones por condenas de tráfico de influencias y fraude fiscal por parte de figuras avaladas por él.

También son conocidas sus respuestas, desmentidos y estrategias. Sabemos que el PP gallego, con el respaldo de Feijoo, ha respondido siempre negando ilegalidad en los procederes de la Xunta, alegando que no existe nada irregular y argumentando que investigar contratos que afectan a familiares es una vía de escape de la oposición para tapar sus propios escándalos. Han defendido la limpieza de los contratos públicos y la “honorabilidad” de los empleados públicos gallegos. No obstante, los movimientos para impedir comisiones de investigación y la acumulación de casos sugieren, al menos, falta de transparencia y conflicto de intereses en el manejo de los recursos públicos durante la era Feijoo en Galicia.

El discurso y la realidad de su gestión se contradicen y el uso de mecanismos para frenar investigaciones, la opacidad en la adjudicación de contratos, y la protección de figuras clave en su círculo han alimentado una narrativa de contradicción entre lo que predica y lo que ha tolerado o ejecutado en la Xunta de Galicia.

Pero sigamos el relato sobre cómo “todos los caminos del PP conducen a Montoro”. El relato adquiere con la figura de Alberto Núñez Feijoo un matiz revelador, porque aunque el líder gallego ha intentado establecer una distancia estratégica respecto al caso Montoro, la red de influencias levantada por el exministro salpica directa o indirectamente la gestión y la estrategia política de Feijoo, tanto como presidente de la Xunta como ahora líder nacional del PP.

Las conexiones Feijoo-Montoro empiezan porque durante los mandatos de Feijoo en la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico adjudicó más de 172.000 € al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro. Este bufete, según el sumario judicial, actuó como intermediario entre empresas privadas y el Ministerio de Hacienda para la elaboración de “leyes a la carta” que favorecieran intereses empresariales. La dimensión de estos servicios todavía está bajo investigación, pero el PSOE exige que Feijoo detalle de inmediato las facturas y los conceptos de esos encargos.

La influencia de equipos de Montoro en la etapa Feijoo está ahí y socialistas y otros partidos señalan que la relación entre la Xunta y Equipo Económico no se limitó a consultas, sino que pudo implicar gestiones para la modificación legislativa en beneficio de ciertas empresas, en ocasiones coincidiendo con hitos electorales clave en Galicia.

Ante la imputación judicial de Montoro y el escándalo mediático resultante, Feijoo ha optado por dos estrategias complementarias. La primera levantar un cortafuegos político, recordando que Montoro “no tiene ninguna vinculación laboral con el PP” actual y defendiendo que ninguno de los 28 imputados en el caso, forma hoy parte de la estructura orgánica del partido; y la segunda el reivindicar que en 30 años de carrera pública “no ha nombrado a nadie implicado en casos de corrupción”, insistiendo en la trazabilidad y transparencia de sus propios nombramientos y gestión, afirmación que hemos visto es falsa.

Sin embargo, la sombra del exministro y su equipo sigue presente en el área económica del PP, y parte de los actuales responsables bajo Feijoo tienen pasado profesional en la órbita del ministerio de Montoro, aunque el líder gallego niega que tengan relación directa con la trama judicial.

La relación entre Feijoo y Montoro no es solo una cuestión administrativa de contratos concretos de la Xunta con el despacho Equipo Económico, sino que revela el modo en que las redes de influencia forjadas en la era Montoro siguen vigentes en la cultura organizativa y en el círculo de confianza del PP bajo el liderazgo de Feijoo. Aunque el actual líder popular ha intentado encapsular el escándalo en el pasado y desvincularse de esas prácticas, la investigación judicial y la presión política sugieren que los vasos comunicantes entre gobierno, partido y lobby privado siguen activos.

Esto refuerza, por tanto, el enfoque de que “todos los caminos del PP conducen no solo a Montoro, sino también a Feijoo”, en la medida en que su etapa gallega y su actual estrategia nacional no han podido ni sabido romper del todo con un modelo de relaciones entre lo público y lo privado cuya máxima expresión es el caso Montoro. 

Ahora nos toca esperar, creo que solo un par de días, a que el PP saque un tema que le sirva como cortina de humo a esta relación Montoro-Feijoo, y que mejor que imputar al fiscal general, a lo que el PP judicial, según el PP politico, ya creen que está tardando.

lunes, 28 de julio de 2025

POLARIZACIÓN MEDIÁTICA


Si se lee uno los comentarios sobre el balance del año que hacen, tanto el gobierno como el presidente del PP, puede uno concluir que el primero puede ser triunfalista y el segundo apocalíptico. Pero ¿a qué se debe esta disparidad abismal de opiniones en los medios? Intentemos analizarlo.
La situación actual de polarización mediática en España constituye una seria amenaza para la salud del debate democrático y la cohesión social. La polarización en los medios de comunicación españoles, tanto televisivos como escritos, es hoy uno de los fenómenos más estudiados y debatidos por politólogos, sociólogos y expertos en comunicación. La percepción ciudadana refleja una profunda desconfianza hacia la información recibida: según encuestas recientes, alrededor del 80% de los españoles considera que los medios distorsionan la realidad y contribuyen a una fragmentación ideológica de la sociedad, algo que también afecta notablemente a la calidad de la democracia.
Los principales medios presentan sesgos evidentes, lo que lleva a que los consumidores escojan aquellos que refuercen sus propias creencias. Es habitual que cadenas como La Sexta sean vistas como “de izquierdas” y Antena 3 como “de derechas”, fomentando así “burbujas” informativas que dificultan el diálogo social, cuando la realidad es que las dos son de la misma propiedad. La concentración de la propiedad mediática y la dependencia económica de intereses políticos y comerciales intensifican la falta de pluralidad real. El público percibe que el periodismo ha perdido su rol original de fiscalizar el poder y garantizar debate constructivo. Tanto la proliferación de bulos como el recurso excesivo a tertulias-espectáculo y la confrontación emocional refuerzan posturas extremas y dificultan el análisis racional. Las plataformas digitales y redes sociales aceleran y magnifican estas dinámicas.
Los politólogos alertan que esta polarización mediática tiende a traducirse en polarización social: la crispación cala en la vida cotidiana, dificultando el debate sereno incluso en ámbitos privados como la familia o los amigos. Además, influye directamente en comportamientos electorales y en la percepción misma de la democracia. Los expertos subrayan que el fenómeno es complejo y multifactorial: responde tanto a la evolución del sistema mediático (concentración, digitalización, búsqueda de rentabilidad) como a convulsiones políticas recientes y la irrupción de la inteligencia artificial.
De cara al futuro, hay que reconstruir la confianza y la calidad informativa a través de mayor pluralidad interna en las redacciones, el fomento del periodismo de investigación y de servicio público, la elaboración de regulaciones que garanticen la transparencia y la verificación. Y por último, una formación critica con la falta de veracidad que genere audiencias críticas, capaces de distinguir entre hechos y opinión.

EL BALANCE DE ALBERTO

¡Asombroso! Desde el púlpito, Feijoo lo ha vuelto a hacer. ¿Qué? deleitarnos con esa maestría suya para hacer balance político, convirtiendo su intervención en todo un festival de autocompasión victimísta y dedo acusador. Es su parábola perpetúa de que él es el buen samaritano, Don Alberto en sus intervenciones es ya tan previsible como el resultado de una consulta interna en su partido sobre si es más atractivo él que Sánchez, y donde obtuvo un 99,75 % de votantes que lo ven cómo una mezcla entre Roberf Redford y Paul Newman. Está convencido de que nada encarna tanto la regeneración democrática, como criticar a gritos la corrupción ajena mientras olvidas la propia, y se olvida de Gürtel, Lezo, o Bárcenas. Todo aderezado con unas odas a la limpieza total, pero solo cuando el gobierne, nunca si gobiernan otros, claro.

Su propuesta estrella es reciclar la política. Eso sí, a golpe de amnesia selectiva, porque el pasado solo importa si lleva rosas, no lleva gaviotas. Feijo anuncia que hay que borrar de la historia las leyendas “sanchistas”: ¿ley Trans? Al cubo. ¿Memoria histórica? Al cubo mientras no toque a algún ilustre apellido del PP. ¿Problemas reales? Tranquilos, ya los convierten en anuncios para septiembre, para que entre tanta pereza veraniega no falte el teatrillo de grandes promesas vacías.

Ha activado “el modo electoral” con la solemnidad de quien cree descubrir el Mediterráneo político, cómo si no fuera una obviedad, que su partido está en modo electoral  desde hace siete años. Feijoo ahora nos está dando lecciones de democracia con la impoluta credibilidad del partido que se especializó en sobres, tramas y excusas rocambolescas. La esperanza y la decencia, palabras que Feijoo pronuncia cómo un tic, con la seguridad de quien jamás ha pisado un charco, igual que quien estrena traje creyendo que nadie recuerda las manchas. Y siempre con ese aire de quien te vende la cura de todos los males: basta con que él llame, y que el país cambie de manos, como si el principal problema nacional fuera la existencia de un gobierno que no es del PP.

La realidad es que Feijoo no rinde cuentas, sino que repite como disco rayado el mantra de la indignación impostada. Que nadie espere de Alberto ni autocrítica, ni perspectiva o ideas: solo más teatralidad, victimismo y promesas de revolución sin cambiar ni a los actores ni el libreto. Porque si hay algo que necesita España, es más histrionismo y menos memoria. 

Y, por supuesto, que necesita menos “audios”, pero también menos montoros y menos novios.

Rendición ante un chantaje. Así entregó la UE su soberanía ante Trump

Para este viaje no hacían falta alforjas. La historia recordará el día de ayer, por el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y no lo hará celebrando el día que alcanzó un pacto digno entre socios, sino como la capitulación sin condiciones de la UE ante las amenazas de Washington, sellada con la firma de la presidenta de la Comisión Europea. Lo pactado, por mucho que trate de presentarlo eufemísticamente Bruselas, es en realidad una humillación sin precedentes compatible solo con la palabra “rendición”.

Basta que analicemos los hechos acontecidos para darnos cuenta de que es eso. EE.UU. amenazó con imponer aranceles del 30% a todas las exportaciones europeas. ¿Cómo respondió la UE? Cediendo, aceptando un arancel general del 15%, una medida punitiva que castiga a la industria europea y de la que solo se salvan selectos sectores por puro interés estadounidense. Los productos más avanzados y emblemáticos de Europa, como aviones y semiconductores, han escapado gracias a una negociación evidentemente condicionada. Hablar de que se busca “estabilidad” o  de “previsibilidad” es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos europeos. Llamemos a las cosas por su nombre: hay miedo y sumisión.

Pero el entreguismo y la rendición no termina ahí. Europa, según dice el acuerdo, comprará energía estadounidense por 750.000 millones de dólares e invertirá otros 600.000 millones más en suelo norteamericano.  ¿Pero no era la popular (porque es del PP europeo) Von der Leyen   la que defendía la autonomía estratégica europea? ¿Dónde queda que tanta palabrería defendía? Se firman compromisos de compra en sectores clave para contentar a Trump que se ha permitido poner la pistola sobre la mesa. Mientras tanto, los aranceles al acero, aluminio y cobre europeos que ya son del 50% se mantienen, porque ni siquiera eso ha conseguido revertir la presidenta. Y el remate o lo que es peor aún, el hecho de que la UE acepta comprar más material militar estadounidense, en un guiño explícito a la dependencia, aunque se nos ocultan esas cifras. 

Esta serie de concesiones se pueden definir muy fácilmente: Washington exige y  Bruselas cumple. Las justificaciones de la presidenta vendiéndonos la moto de la supuesta “cooperación transatlántica” son palabrería vacía, papel mojado porque  en la práctica, la Unión Europea ha aceptado que los veintisiete miembros vamos a ser rehenes económicos a cambio de evitar sanciones aún más gravosas. La actitud de Von der Leyen, lejos de proteger los intereses europeos, los ha entregado en bandeja a Estados Unidos. 

El mensaje es muy claro: la UE ha permitido que la amenaza y el chantaje marquen sus políticas, legitimando la coacción como elemento base de la relación transatlántica. Es un precedente peligroso. Hoy es el comercio; mañana será la política exterior o la defensa común. Los ciudadanos europeos merecemos algo mejor que una presidenta que claudica ante la primera amenaza real. Lo pactado condena a la industria y erosiona la escasa soberanía que le queda a Europa en las grandes decisiones estratégicas. 

Ha llegado la hora de exigir cuentas, porque el mandato de Von der Leyen ya no puede verse como otra cosa, sino como una rendición ante el chantaje de Estados Unidos y sus intereses.


domingo, 27 de julio de 2025

LA MEMORIA

Sobre la memoria, las opiniones son muy diversas, desde un enigma fascinante y contradictorio, a un territorio en el que conviven el consuelo y el dolor, la traición y la lealtad, el olvido y la pervivencia. Borges la llama “quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos” y en efecto, eso parece: fragmentaria, imperfecta, nunca enteramente fiable. 

Ese carácter fragmentario puede herir, porque “allí donde la toques, la memoria duele”, pero también es refugio. La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. No solo es consuelo, también es vigilancia, Napoleón la comparaba con una guarnición que protege la fortaleza de la mente, y Shakespeare la llama “el centinela del cerebro”. Pero con igual facilidad puede volverse traidora, como el mal amigo que cuando más falta te hace, te falla. 

También es fuente de poder y responsabilidad, y siempre hay que abstenerse de mentir, pues todo relato regresará mordiendo al embustero. Y resulta paradójica, porque la memoria se experimenta tanto como una facultad racional, sistemática, como un territorio gobernado por el corazón y las emociones y más que intelecto, su raíz es emotiva más que intelectual y práctica. Por eso, la memoria tiende a conservar lo que duele, lo que anhelamos olvidar, y es enemiga de nuestro descanso, y otros la ven como el deseo satisfecho, una manifestación de lo querido y atesorado.

La memoria es también olvido y humor, una fuente inagotable de paradojas, y ridiculiza la costumbre de narrar memorias olvidando, precisamente, la memoria. Quizá, como intuye Borges, somos, en última instancia, esa suma incierta de lo que recordamos y de lo que hemos perdido. La memoria nos construye, pero no nos pertenece enteramente, porque somos sus artífices y también sus víctimas, y estamos convertidos por ella en eternos habitantes de un territorio lleno de ecos, nostalgias y espejismos.


El riesgo social del trumpismo

En la España de hoy, la irrupción de los pseudomedios representa uno de los retos sociales más relevantes y peligrosos para nuestro país. Plataformas como EDATV o 7NN han sido señaladas por generar polarización, victimismo y carecer de rigurosidad. Aparentan ser medios tradicionales, pero adoptan, sin ambages, el manual del trumpismo: polarización, bulos, desprecio a la verdad y sensación de enfrentamiento perpetuo entre supuestos “pueblo” y “élite”. 

Pero no nos engañemos, porque su labor va mucho más allá de la simple manipulación política, porque hoy ya constituyen un verdadero caldo de cultivo para que la sociedad pierda el rumbo de lo real y adopte versiones ficticias de la actualidad, alimentadas por el ruido y la desinformación.

Quizá a simple vista resulte difícil hacer un paralelismo entre este fenómeno y lo que ya acontece en Estados Unidos donde Trump ni siquiera lleva un año en el poder. Pongamos cómo ejemplo la devastadora crisis del fentanilo, un problema que asola ese país con  más de 70,000 muertes anuales por sobredosis. No solo eso ha reducido drásticamente la esperanza de vida, sino que ha profundizado la marginalidad y la desestructuración social. Sin miramos con detenimiento, tanto la potenciación de los pseudomedios cómo este tipo de problemas,  forman parte de una misma patología: la vulnerable que resulta una sociedad cuando esta renuncia al juicio crítico y se le entregan las riendas del poder a agentes que promueven la manipulación, la evasión y la mentira.

El auge del problema con el fentanilo no puede entenderse sin un contexto de permisividad, de desinformación médica, de banalización de sus riesgos. Pero fundamentalmente de  la incapacidad de los sistemas públicos para responder con eficacia a un grave problema. De igual manera, el crecimiento de los pseudomedios es consecuencia de una desatención masiva a la importancia de la veracidad, la pluralidad y el contraste de fuentes. 

Cuando los  ciudadanos dejamos de exigir rigor y preferimos antes  el espectáculo o el escándalo, cuando normalizamos el relato alternativo, cuando hacemos  caso omiso a las advertencias que se nos hacen, acabamos siendo cómo el niño que pese a las advertencias de sus mayores acaba cruzando la calle sin mirar si viene un vehículo. En este caso, el resultado de los pseudomedios,  el efecto no es que te arrolle un coche, pero acaban repercutiendo en la raíz misma de la convivencia.

La desinformación promovida por pseudomedios y la falta de exigencia de veracidad, prosperan donde hay desamparo, desconfianza institucional y una ciudadanía carente de herramientas críticas. Así se socava el debate democrático, porque hacer caso a quienes manipulan, engañan y alimentan la polarización puede llevarnos, como sociedad, a situaciones límite, donde la marginalidad y la tragedia dejan de ser advertencias ajenas y se convierten en dramas cotidianos. 

No se trata solo de combatir la mentira. Es imperativo reforzar el criterio propio, apostar por la educación y la información verificada, y levantar muros éticos allí donde la rendición a la manipulación llega a deteriorar lo que significa el concepto civilización.  Ignorar esta lección es correr el riesgo de mirar, demasiado tarde, el espejo de quienes hoy sufren en las fronteras de la marginalidad en Estados Unidos, y hoy en nuestro país, la desinformación, la manipulación y la propagación de bulos están haciendo que muchos ciudadanos desconozcan la realidad.

Esta semana la noticia de mayor repercusión ha sido la falsificación de su curriculum por una diputada. Lo de Gaza y la hambruna que mata niños inocentes, parece que a la mayoría de nuestros medios informativos les queda lejos. Está claro que lo importante en política no es la formación académica, sino la honradez, la gestión de cosas importantes como la sanidad pública o la educación entre otras muchas. Sin embargo, vemos cómo esto ha pasado a un segundo plano, porque lo importante es encontrar el insulto perfecto para demostrar tu alto nivel educativo y, de paso, asegurarte un futuro prometedor gracias al club privado en que se han convertido los partidos que siempre tienen un “apañito” a mano. Nos enseñan que lo de menos es la preparación, lo importante es saber a quién llamar cuando el CV no da para mucho.

Ver cómo la derecha, se apoya en sus medios afines y en esos pseudomedios, para convertir a farsantes en salvadores de la patria, es parte de esa manipulación trumpista a la que nos quieren conducir si o sí. Nada mejor que  sus propuestas populistas, manipuladas y en ocasiones falsas, con las que  buscan convencernos de que todo está muy mal faltando a la realidad, donde cómo siempre y en todos los países hay cosas que funcionan muy bien, bien, regular, mal o muy mal, pero no todo es apocalíptico cómo nos dibujan. Quieren presentarse como una opción de cambio honesta  cunado no lo es. Pero no son solo sus mentiras, sino la falta de espíritu crítico con todo lo que nos cuentan los medios, antes de tomar nuestra propia decisión de que camino es el más conveniente. Un mal diagnostico implica un mal tratamiento y en la mayoría de los casos, la muerte del enfermo.


sábado, 26 de julio de 2025

El pastel de la corrupción lo hornean despacio

Se descubrió el pastel, pero nadie se atrevió a cortarlo.  

La justicia fue al trote de mula vieja, siempre con la llave en el bolsillo equivocado  

y papeles en cajones que solo abren si el viento sopla a favor del poder.


Mientras tanto, los que levantan patrias como quien levanta pesas,  

lo hornean tras las cortinas  y confiesan al oído:  

“Que caiga España, que después la levantamos nosotros”.


El hoy contra ti, mañana contra mí, la política de palos y rezos a Dios,  

con la mano derecha ondeando la bandera y la izquierda robándote el reloj,  

te dejan solo ante el televisor, sumando mentiras al café de todas mañanas.


Porque algunos hicieron de la hipocresía su única patria y del saqueo su bandera.  

Usan policías para cazar enemigos y haciendas para amedrentar bocas.  

Embajadas, jueces y periódicos: todo sirve si sirve para tapar el ruido del novio.


Mientras ella pasea y mira el jardín de la austeridad de cuatro millones,  

y el pueblo sueña con un dormitorio sin goteras, suena un bombo que oculta novios, ministros y porteros, 

y la Puerta del Sol ya es moneda de cambio.


La historia, vieja ratera, nos enseña que estos salteadores de caminos  

insultan la inteligencia con desfachatez sin tristeza.  

Roban el trigo, y predican la bondad.  

Sus únicas siglas: la hipocresía. Su único país: el botín.


Pero cuidado, porque ellos apuestan siempre a la impunidad,  

mientras el pueblo mastica las migas del pastel que todavía se hornea,  

a la espera de que alguien, algún día, tenga hambre de justicia.


El gran engaño: cuando el obrero confunde el saldo de su cuenta con su lugar en la sociedad

Ayer escuche la frase “la inexistente clase media” y esta mañana he escrito este comentario que titúlo 

El gran engaño: cuando el obrero confunde el saldo de su cuenta con su lugar en la sociedad

Recuerdo una escena de cuando ejercía cómo alcalde, que empezó a ser común más que frecuente a finales del pasado siglo XX. Era ver como un trabajador de cualquier pueblo de España, alguien que llevaba años soportando jefes o patrones despóticos, horarios eternos algunos de sol a sol, y salarios justitos cuando no miserables, un día cruzaba una invisible línea. Compraba un coche nuevo, o hipotecaba su futuro a un banco con la compra de una vivienda. Esa noche, aunque fuese con agua, brindaba con su familia, sintiendo que había ascendido: ya no era “un currante más”, ahora era parte de eso que nos venden constantemente, ese maravilloso estadio social que conocemos como “clase media”.

Preguntaros ¿Es realmente así? ¿O estamos ante uno de los grandes engaños de nuestro tiempo, brillantemente disfrazado por el sistema capitalista? Según Karl Marx —y, más cerca de nuestro tiempo, Noam Chomsky— la respuesta es clara: el mito de la “clase media” no es más que una trampa ideológica diseñada para que los trabajadores pierdan la noción de quiénes son y se alejen de sus verdaderos intereses. Marx sostuvo que en el capitalismo sólo existen dos clases fundamentales: quienes controlan los medios de producción (la burguesía) y quienes sólo pueden vender su fuerza de trabajo (el proletariado). Todo lo demás es, en esencia, una brillante cortina de humo.

El discurso dominante en España, y en casi todo Occidente, dice algo distinto. Nos animan a aspirar a ese “ideal de vida” de la clase media: casa propia, coche, vacaciones pagadas y cierta sensación de estabilidad. Pero, como advierte Chomsky, la palabra “clase trabajadora” se borra del debate público por puro interés ideológico: es incómoda, remite a luchas y reivindicaciones, cosas que el sistema preferiría dejar en el olvido.

No importa si eres administrativo, técnico de taller o reponedor: si cada mes dependes de un salario y tus condiciones las fija otro, sigues siendo obrero, aunque estrenes coche o compres una vivienda. La supuesta transición a la “clase media” que celebras no es más que un espejismo útil al capitalismo para dividirte de los tuyos. Y peor todavía: contribuyes a invisibilizar la precariedad, el paro, la explotación y la desigualdad real que te rodea.

Detrás de este engaño está la voluntad de mantenernos dóciles. El relato promueve el consumo y la estabilidad como objetivos vitales y, al mismo tiempo, culpa a los individuos de sus fracasos en lugar de apuntar a las estructuras económicas que generan pobreza y desigualdad. Si las mayorías se convencen de que ya no son obreros, ¿quién va a luchar por mejorar las cosas? ¿Quién va a exigir cambios en la distribución de la riqueza o frenar las políticas que favorecen a una ínfima élite a costa de todos los demás?

Hoy, los datos hablan claro: mientras una minoría concentra cada vez más riqueza y poder, la mayoría de la población, la de verdad, la que sostiene el país con su trabajo, (esa a la que Abascal llam la España que madruga), ve cómo sus derechos y oportunidades se estancan o retroceden. Y precisamente este engaño sobre la identidad de clase es lo que impide una reacción colectiva.

Y voy a terminar con un reproche: obrero español, no te dejes seducir por el espejismo. ¡No renuncies a tu conciencia de clase solo porque el banco te permite soñar con un coche nuevo o tu propia vivienda! No es tu salario o tus bienes los que determinan tu lugar en el mundo, sino tu relación con el trabajo y con el capital. Si lo olvidas, el sistema habrá ganado otra batalla sin disparar una sola bala.

Reconocernos como lo que somos, trabajadores que dependen de su fuerza de trabajo para sobrevivir, es el primer paso para organizarnos, reivindicar lo nuestro y luchar por una sociedad más justa. No vivas el sueño que otros han diseñado para ti: ponlo en cuestión, despiértate y defiéndete. La falsa “clase media” no es el final de la historia. Es la pantalla que impide ver cómo se reparten, de verdad, el poder y la riqueza. La que hace que se vea en situación de que su voto vaya al partido que defiende los intereses de su jefe o patrón, porque el ya está en el mismo nivel, y ya no se siente explotado por ellos, los sigue viendo más ricos que el, pero ya no tanto.

Triste.


El alcohol y la salud cardiovascular en Castilla-La Mancha: lo que debes saber


“Más de la mitad de la población regional, el 51%, tiene exceso de peso (34,3% sobrepeso, 16,7% obesidad), cifras que contribuyen a un riesgo elevado de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y los infartos”

Como médico de familia en ejercicio, quiero compartir contigo una visión clara y honesta sobre el consumo moderado de alcohol y las enfermedades cardiovasculares, especialmente en nuestra región, Castilla-La Mancha.

Hay mitos y realidades del consumo moderado de alcohol. Durante muchos años, se creyó que tomar alcohol en cantidades moderadas (hasta dos copas al día en hombres y una en mujeres) podía ser beneficioso para el corazón. Sin embargo, los estudios más recientes han puesto en duda esta creencia tradicional. La American Heart Association, una de las máximas autoridades mundiales en salud cardiovascular, revisó en 2025 todos los datos disponibles y concluyó que: el supuesto beneficio del alcohol para el corazón es mínimo o nulo; no existe una cantidad de alcohol considerada completamente “segura” para la salud cardiovascular; los estudios antiguos que hablaban de protección pueden estar sesgados por otros hábitos saludables de quienes beben poco, como hacer ejercicio o comer mejor, y no por el alcohol en sí.

De hecho, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. alertan ahora que no existe un nivel de consumo de alcohol totalmente seguro para la salud, ya que el alcohol es un factor de riesgo no solo para enfermedades cardíacas, sino también para ciertos tipos de cáncer y otras patologías importantes. Por eso, las recomendaciones internacionales son cada vez más estrictas incluso en el consumo social y moderado.

¿Hay situaciones donde el alcohol puede perjudicar? Claramente en personas con tensión arterial alta, incluso una cantidad moderada puede empeorar la hipertensión. Que beber más de cinco copas a la semana puede dañar el corazón, aunque no se llegue a niveles de “abuso”. Las personas con problemas como arritmias o antecedentes familiares de enfermedad cardíaca deberían evitar el alcohol o consumirlo con mucha moderación.

La realidad de la salud cardiovascular en Castilla-La Mancha hace que nos enfrentemos a un reto importante en materia de salud cardiovascular porque más de la mitad de la población, el 51%, tiene exceso de peso (34,3% sobrepeso, 16,7% obesidad), cifras que contribuyen a un riesgo elevado de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y los infartos. Además, existe una realidad de desigualdad porque las mujeres suelen ser diagnosticadas más tarde y sus síntomas, en ocasiones, son menos valorados.

Además, en Castilla-La Mancha, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte y hospitalización. Según los datos más recientes, la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón en adultos es superior a la media nacional, lo que refuerza la necesidad de abordar todos los factores de riesgo, incluido el consumo de alcohol, desde la atención primaria.

La pregunta con un fin constructivo es ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro corazón en Castilla-La Mancha? La clave está en los hábitos que de verdad han demostrado mejorar la salud del corazón cómo realizar ejercicio regularmente (caminar, montar en bici, bailar, cualquier actividad ayuda), cuidar la alimentación priorizando frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva. Muy importante evitar el tabaco y limitar el consumo de sal y azúcares. Y controlar el peso y revisar tu tensión arterial con tu médico de familia. Y cómo señalaba al principio, en cuanto al alcohol si no bebes, no empieces por “salud”; si decides beber, hazlo con moderación y nunca como un hábito diario.

En una región productora de vino de calidad, también es necesario lanzar un mensaje claro y honesto: beber alcohol, incluso con moderación, no debe considerarse un hábito saludable para el corazón. El mejor camino para cuidar tu salud cardiovascular son unos hábitos de vida saludables y un seguimiento en tu centro de salud. Y recuerda: reducir tu consumo de alcohol siempre suma para tu bienestar. Como médico de familia te animo a informarte, cuidarte y dejarte acompañar por tu equipo sanitario para tomar las mejores decisiones para tu salud, sin falsas promesas sobre el alcohol y el corazón.

Ante cualquier duda, consulta siempre con tu profesional de referencia. El cuidado del corazón está en tus manos, y las vacaciones son un buen periodo para empezar a hacerlo.

viernes, 25 de julio de 2025

RETRATO DE UN MACARRA INSTITUCIONAL


Esa es la mejor definición de alguien que, con traje y micrófono, convierte la política en bronca y el Congreso en un plató de confrontación permanente. Miguel Tellado, el actual secretario general y ex portavoz del PP en el Congreso, es el ejemplo perfecto de cómo transformar el debate político en una guerra de trincheras. Tellado no dialoga: dispara. Sus intervenciones públicas son el equivalente a una ráfaga de metralleta verbal; y el consenso, para él, es solo una debilidad de los blandos. Su manual político parece estar resumido en una sola frase: no vale con criticar, hay que arrasar al rival.

Cuando la prensa le acorrala con preguntas incómodas, su respuesta automática es convertir cualquier tema en una “cortina de humo” del Gobierno. Da igual que hablemos del caso Koldo, de los “golden visa” o del genocidio en Gaza: todo es, para Tellado, una maniobra de distracción de Pedro Sánchez. La originalidad no está entre sus defectos: lo suyo es la eficacia, la repetición y el titular contundente. No duda en dar por obvia la corrupción de cargos del Gobierno aunque no haya ni siquiera investigación judicial, siempre en su afán destructor, sin concesiones a los matices o las presunciones de inocencia. Su repertorio “argumental” se alimenta de etiquetas cómo mafioso”, “corrupto”, “delincuente”, etc. lanzadas en el mismo párrafo y sin despeinarse. Para él, cualquier ministro del PSOE es un reo potencial y un objetivo legítimo para diana de su artillería.

Las ruedas de prensa de Tellado suelen durar media hora de monólogo, repleto de sentencias y titulares sin filtros. Cuando termina el discurso, responde a las preguntas con una actitud más relajada, casi dicharachera, pero nunca extiende ese tono al hemiciclo ni a reuniones internas. Allí no hay espacio para el diálogo,  solo mítines unidireccionales que han hecho huir a portavoces de otros partidos hartos del “estilo Tellado”. En el Congreso, es famoso por crispar el ambiente y cortar la palabra a rivales de izquierdas, convirtiendo cada sesión en una yincana de interrupciones y llamadas al orden. Las presidentas del Congreso han tenido que pedirle silencio y orden más de una vez.

Sabe cómo “leer la cartilla” no solo a oponentes, sino incluso a compañeros tibios: la disidencia se paga cara y la disciplina es ley bajo su batuta. En redes sociales y declaraciones, llama “matones de patio de colegio” a los socialistas mientras justifica incidentes polémicos, girando la narrativa y marcando el paso de una estrategia que nunca baja el nivel de agresividad.

Tellado ha pasado de ser un periodista de izquierdas y nacionalista gallego a ejecutor sin remilgos de la línea más dura del PP, demostrando que la coherencia ideológica es, para él, un adorno prescindible si el objetivo es alcanzar su  obsesión “echar a Sánchez de la Moncloa”. Feijoo lo utiliza como su matón de confianza, y  a Tellado se le encarga cualquier trabajo sucio, sin miedo al desgaste ni al descrédito público.

Este señor tiene  más actitudes de nazi que de parlamentario al convertir cada debate en un lodazal, cada titular en un ataque, cada adversario en un enemigo a exterminar. Ningún consenso, ninguna tregua, solo ruido, pólvora, y una sonrisa de cerdo engullendo en su cara.

jueves, 24 de julio de 2025

LA BOLA DE NIEVE SIGUE CRECIENDO

LA BOLA DE NIEVE SIGUE CRECIENDO

Sigue rebosando mierda del sumidero. Pagos de la Xunta de Galicia a Equipo Económico bajo Feijóo según El Economista

El Economista ha informado que la Xunta de Galicia realizó pagos a la consultora Equipo Económico durante el periodo en que Alberto Núñez Feijóo era presidente autonómico. 172.838 euros declarados como ingreso por Equipo Económico procedentes de la Xunta de Galicia, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario judicial del llamado “caso Montoro”. Entre los años 2008 y 2019, coincidiendo mayoritariamente con los mandatos de Feijóo al frente de la Xunta (2009-2022). Según la Xunta, estos contratos correspondieron a “la elaboración de informes en materia financiera y fiscal relacionados con las cuentas autonómicas”, realizados en los años 2009 a 2011. 

Lo llamativo es que el informe no detalla el año exacto de las transferencias, pero desde la Consellería de Facenda gallega afirman que los pagos se produjeron cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y Montoro estaba en la oposición. Sin embargo, la mayor parte del periodo corresponde a Feijóo como presidente de la Xunta.

El PSOE ha exigido explicaciones a Feijóo por estos pagos y demanda que se detallen los conceptos y facturas y si se trataba de servicios que incluían propuestas de cambios legislativos favorables para intereses concretos.

Expertos citados por El Economista y otros medios señalan la ausencia de declaración explícita de estos pagos por parte de la Xunta ante Hacienda como posible omisión fiscal; el informe recoge el ingreso solo desde el punto de vista de la consultora.

Equipo Económico está siendo investigada por supuestas irregularidades relativas a cobros de empresas y administraciones públicas a cambio de influir en cambios legislativos. La lista de clientes públicos, además de la Xunta, incluye otras administraciones como la Comunidad de Madrid y Canarias.

Apostaros algo que acabaran anulando toda la investigación, porque si no se anula la mierda va a ahogar a demasiados pajaros grandes, auténticos pajarracos.



!Que genios¡ SON LA LECHE

!Que genios¡

El eslogan “Mafia o democracia” acaba siendo el mayor ejercicio de autoparodia involuntaria de la política nacional. Un partido que presume de virtud inquebrantable al tiempo que saborea sus pequeños escándalos internos y pide lecciones de ética a los demás. Lo peor no es que el lema sea simplificador; es que nadie en Génova parece notar la ironía brutal de lanzar esas piedras, contra los cristales de su propia sede (comprada con dinero fraudulento), a medio sustituir tras el último “accidente”.

El PP ha conseguido que el eslogan que pretendía ser una advertencia contra la corrupción ajena se lea ya, por pura acumulación de noticias, como una reflexión interna ante el espejo tras lo de Montoro y 27 de sus altos cargos, y ahora la falsificadora de curriculum. Mafia o democracia: lo que elijan, pero en casa propia primero.



Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, La Moncloa encargó a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, la elaboración de un argumentario jurídico y fiscal con el objetivo específico de desmontar la imputación por delito fiscal al Partido Popular relacionada con la caja B (financiación opaca del partido) correspondiente al año 2008, que era el único ejercicio no prescrito.
Equipo Económico redactó un documento utilizado por la Agencia Tributaria (AEAT) y presentado al juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, en 2015. Este documento defendía que un partido político, como una ONG, no podía ser acusado de delito fiscal si el dinero recibido, aunque fuera ilegal, se había destinado a los fines propios de la organización. El sumario judicial revela correos electrónicos enviados en marzo de 2015 por Felipe Martínez Rico (vinculado estrechamente a Montoro) al gabinete del Ministerio de Hacienda con epígrafes como "argumentario Moncloa" y "comparativa Cáritas y partidos".
Este argumentario, según las investigaciones, fue utilizado de manera oficial por la Agencia Tributaria ante la Audiencia Nacional. Finalmente, la tesis defendida por Equipo Económico fue avalada por el tribunal y el Partido Popular fue exonerado de la comisión de delito fiscal por la caja B en ese ejercicio específico. El encargo es ilustrativo de la coordinación entre cargos públicos y un despacho privado fundado anteriormente por el propio titular del Ministerio. La postura elaborada por Equipo Económico resultó clave en las decisiones judiciales que favorecieron al PP, con apoyo de la fiscalía.
¿Blanco y en botella? Son la leche.

CURRICULUM FALSOS


Lo de Noelia Núñez no es nuevo en el PP. ¿Ya no nos acordamos de las irregularidades y Falsedades en el currículum de Moreno Bonilla?
Diversos medios y análisis documentaron irregularidades y falsedades en los currículums oficiales presentados por Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, a lo largo de su carrera política. Estos cambios afectan principalmente a la formación académica que el propio Moreno ha declarado en diferentes épocas.
Aquí no fueron confusiones sino cambios y contradicciones en su Currículum. En su ficha del Congreso de los Diputados entre 2000 y 2004, Moreno Bonilla figuraba como “Licenciado en Administración y Dirección de Empresas” y afirmaba haber completado un máster en la misma especialidad por EADE Málaga. Varios años después, desapareció la afirmación de la licenciatura y quedó solo la mención a “estudios en ADE”. Posteriormente, toda referencia a esos estudios superiores desapareció de sus biografías oficiales del Congreso. Diversos reportes aseguran que Moreno Bonilla nunca estuvo realmente matriculado en la carrera de ADE, ni terminó dichos estudios, y que había realizado solo cursos menores no oficiales. También se cuestionó la oficialidad y existencia de parte de los másteres que en su día declaró.
El ejemplo que ha seguido Noelia Nuñez ha sido el del mandatario andaluz. El propio Moreno Bonilla reconoció públicamente la existencia de “ajustes” y “errores” en las distintas versiones de su currículum, alegando que él personalmente no redactó las versiones anteriores y que decidió corregirlas cuando generaron debate público. Finalmente, la única titulación universitaria oficial reflejada en su currículum actual es una carrera en Protocolo y Organización de Eventos, cursada a distancia, que aparece tras eliminar las anteriores menciones a títulos cuestionables.
También en el caso de Moreno Bonilla diferentes partidos de oposición y diversos colectivos han pedido su dimisión por “mentir” sobre su formación académica y “engordar” su currículum de manera sistemática. A diferencia de otros casos donde se añaden méritos ficticios, en el caso de Moreno Bonilla estos méritos fueron eliminados de versiones sucesivas del currículum a medida que se hacían evidentes las irregularidades.
Existen pruebas y reconocimientos públicos de que Moreno Bonilla infló y luego rectificó datos académicos en sus distintos currículums presentados a organismos oficiales, lo que ha generado polémica sostenida y peticiones de responsabilidades políticas en los últimos años. Ahora doña Noelia se ve cómo una víctima de la persecución antifeminista convencida de que cómo Moreno Bonilla ha llegado a presidente de Andalucía, también nos olvidaremos de lo suyo. Hoy se ha recorrido todas las televisiones y esta tarde continuará mostrándose como una adalid de la verdad y como una víctima del sanchismo, mientras los pelotas del PP la aplauden como a una autentica heroína
¿Alguno de estos que aplauden a la falsificadora de curriculum, habrán pensado si alguno de sus hijos no habrá conseguido un puesto o un trabajo porque alguien falsificó su curriculum como ha hecho esta heroína? Aplaudan, aplaudan, que igual han sido víctimas de su ceguera ideológica y no lo saben.
Pero esto es España. ¿Queréis saber qué ha pasado con Noelia Nuñez? Pues que después de mentir sobre su CV, tener que dimitir, pasarse por ahí los estatutos de su partido y dar clases en una universidad privada sin titulación, la han fichado en Mediaset de tertuliana en el programa de Nacho Abad. Claro que aquí a quien imita es a Cifuentes en el de Risto Mejide.
Y de paso, ¡Ay, de paso! nos olvidamos que Montoro está nominado junto a Rafael Catalá y otros 27 delincuentes más, a ser protagonistas de la corrupción más grande de la historia de una historia hasta arriba de corrupción. Que la Gurtel fue sólo una ramita de la gran estafa.

El incendio que siempre quema al otro

 En España, todo arde menos la ironía. Montañas, pinares, pueblos enteros… pero lo único que se mantiene fresco es la habilidad de nuestros ...