lunes, 9 de junio de 2025

Percepción

Mañana puede que mi percepción sea otra, pero después de leer y de oír los informativos, mi sensación es que el escándalo político en torno a Leire Díez, ha impactado en la conversación pública y la percepción del gobierno. 

Se ven en esas conversaciones y comentarios dos posturas enfrentadas: las de quienes creen que Díez es una figura menor que ha causado problemas al PSOE con sus maniobras, y las de quienes la ven como una enviada del socialismo para desestabilizar a la Guardia Civil. 

Por su poder económico sobre los medios, el relato dominante es el impulsado por la derecha política y mediática, que presenta al Gobierno como una mafia, y a eso también contribuye la falta de autocrítica y transparencia del PSOE en la gestión que está haciendo del caso. La narrativa mediática y política está controlada por la derecha, que sabe aprovechar los escándalos para imponer su visión. Mientras el gobierno no consigue articular una defensa eficaz ni explicar lo sucedido, lo que agrava la situación que ya no es solo una crisis política sino que es mucho más mediática.

Cualquier ciudadano de a pie que trate de ver la situación con un mínimo de objetividad, siente un profundo desencanto con la clase política y los medios, porque los problemas reales de la clase trabajadora —precariedad, desahucios, falta de acceso a la vivienda, listas de espera en sanidad, y desigualdad— están completamente olvidados en los debates políticos y mediáticos. Con esta estrategia, la derecha está consiguiendo transmitir un mensaje que está calando: que los políticos viven en una burbuja alejada de la realidad de la mayoría, que está ya más preocupada por sobrevivir que por quién le gobierna. 

La desafección y el hartazgo social son generalizados, y, mientras los partidos se enzarzan en sus luchas, la vida de la gente común sigue marcada por la precariedad y la falta de esperanza de cambio.

Una percepción que a esta hora de la noche me causa pena. El gobierno debe tomar las riendas en esta situación y aclarar todo lo que sea posible, y por favor, las moscas cojoneras en que se han convertido algunos barones socialistas, mejor están calladitos.

La salud mental en España, panorama actual

“El principal cambio en la percepción social de la necesidad de tener salud mental y la importancia que se da a poder recibir apoyo psicológico cada día tienen mayor visibilidad entre los pacientes de nuestras consultas, lo que debería ser una llamada de atención a los gestores de los servicios de salud” Como médico de atención primaria, la salud mental es una de las áreas que más atención requiere en la consulta diaria. En 2025, la realidad que enfrentamos en España refleja un creciente interés y preocupación por los trastornos psicológicos, evidenciada tanto en la demanda de atención clínica como en el comportamiento de búsqueda de información en Internet. Un reciente estudio europeo, con un análisis detallado de la situación española, nos ofrece datos reveladores sobre las preocupaciones mentales más frecuentes y cómo la sociedad está cambiando su percepción y actitud hacia el bienestar psicológico. El estudio destaca que el estrés es el síntoma psicológico más buscado en Europa, con una media de 150.680 búsquedas mensuales en Google. Este dato refleja la presión constante que sufren muchas personas debido a factores como la carga laboral, las dificultades económicas y el agotamiento mental. En España, los sentimientos más buscados en la red son el miedo, la tristeza y la paranoia, siendo el miedo el que lidera con unas 19.000 búsquedas mensuales. Además, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha experimentado un aumento del 12% en búsquedas en el último año, alcanzando las 114.000 búsquedas mensuales, lo que lo convierte en la afección psicológica más consultada en nuestro país. Estos datos son válidos para nuestra región, aunque no disponemos de datos regionalizados. Este comportamiento de búsqueda refleja una mayor conciencia social sobre la salud mental y una creciente disposición a buscar ayuda profesional. La pandemia de COVID-19 ha sido un punto de inflexión, ya que el 60% de la población española afirma darle más prioridad a su bienestar psicológico que antes del brote. Esta tendencia se traduce en un aumento del 31% en las búsquedas relacionadas con apoyo a la salud mental en el último año a nivel mundial, lo que indica una mayor demanda de recursos accesibles y efectivos para el manejo de estos problemas. Entre los síntomas y problemas psicológicos más comunes que nos encontramos en las consultas de atención primaria, el estrés es uno de los motivos más frecuentes de consulta, y no es casualidad que sea el síntoma más buscado en Internet. El estrés crónico puede desencadenar o agravar múltiples trastornos físicos y mentales, desde cefaleas tensionales hasta ansiedad y depresión. El duelo, otro síntoma muy buscado en Europa, también es un motivo común de consulta, especialmente en pacientes que han sufrido pérdidas recientes y presentan dificultades para adaptarse emocionalmente. Otros síntomas como la apatía, la tristeza profunda y la paranoia, aunque menos visibles, son igualmente importantes. La apatía puede ser un signo de depresión o de agotamiento emocional, mientras que la paranoia puede estar relacionada con trastornos de ansiedad o psicóticos que requieren una evaluación cuidadosa y un abordaje multidisciplinar. El aumento en la búsqueda de información sobre el TDAH es especialmente relevante, ya que este trastorno, tradicionalmente asociado con la infancia, está siendo reconocido cada vez más en adultos. Esto implica la necesidad de una mejor formación en atención primaria para identificar y manejar este trastorno, así como para orientar a los pacientes hacia los recursos adecuados. El principal cambio en la percepción social de la necesidad de tener salud mental y la importancia que se da a poder recibir apoyo psicológico cada día tienen mayor visibilidad entre los pacientes de nuestras consultas, lo que debería ser una llamada de atención a los gestores de los servicios de salud para incorporar profesionales que aborden estos aspectos cada vez más demandados, y que precisan de una formación y unos protocolos específicos.

Baja el paro

El paro baja en mayo de los 2,5 millones por primera vez en 17 años y la afiliación registra un nuevo récord con más de 21 millones. Estos datos pulverizan todos los récords de empleo hasta el momento. España firma su mejor dato de afiliación en mayo: 21.784.375 cotizantes. Estamos ante un mercado laboral con una capacidad de acoger trabajadores impensable hace tan solo cuatro años.

Pregunta ¿este dato satisface al PP o le fastidia? La respuesta es que le fastidia, porque no le importa que se produzcan mejorías que beneficien al conjunto de los ciudadanos, solo les parecen bien aquellas que electoralmente beneficien a su partido.

¿Qué más necesita el personal para darse cuenta que esta oposición solo le preocupan los votos, no las personas?

LA UCO

Casi nadie sabía que era la UCO. Hoy tenemos UCO hasta en la sopa. La filtración de informes o presuntos informes de la UCO, la publicación de un audio donde una supuesta emisaria del PSOE aparentemente la persigue, o los wasaps de algún miembro de esa unidad o de algún ex-miembro de la misma, solo están contribuyendo a aumentar la tensión, y no tan solo en la Guardia Civil, sino en toda la sociedad en su conjunto. 

Que un antiguo mando de la UCO afirme que “en la unidad no se habla de política”, pero que a su vez participe en investigaciones sensibles para el Gobierno y haga comentarios en los que podemos decir que se le ve el plumero, no ayuda a creer en la neutralidad que se le supone a los cuerpos de seguridad y a las instituciones. 

Que la UCO ha sido clave tanto en la investigación de políticos del PSOE como del PP, es innegable, y eso lo que refleja es su importancia en los casos de corrupción y en la lucha contra los delitos económicos. Pero eso no es óbice para que exista una profunda desconfianza hacia la UCO y las fuerzas de seguridad por las filtraciones conocidas y la existencia de errores graves en sus informes. Cuando se les escucha en conversaciones privadas, vemos cómo es real su politización y así se demuestra la presencia de agentes con afinidades ideológicas claras, especialmente hacia la derecha. Existen casos concretos, como el del capitán Bonilla, acusado de vínculos con el narcotráfico y de expresar opiniones extremas. Y no es un caso aislado. 

Ese clima de desconfianza se ha visto propiciado como decía, no solo por errores graves en sus informes, sino también por una tendencia (hoy ya casi una costumbre) a que existan filtraciones de su información que debería ser reservada o secreta. Eso solo ayuda a socavar la credibilidad de la UCO como unidad y de la GC como institución. Por mucho que quieran aparentar equidistancia, cada vez que conocemos algún dato de conversaciones o comunicados internos de esas fuerzas de seguridad, solo percibimos la falta de limpieza de algunos de sus miembros y la necesidad de su depuración en esas fuerzas de seguridad, especialmente porque es real la presencia de mandos con mentalidad franquista o antidemocrática. 

Claro que si se reclaman cambios estructurales, como la creación de una policía judicial independiente o la modificación del proceso de selección de jueces, rápidamente se califica a quien los propone de enemigo de la ley y del orden constitucional, cuando es precisamente la Constitución la que debería ser tenida en cuenta para garantizar la neutralidad de esas fuerzas y que están al servicio de la democracia. Ante esta realidad, queda demostrado que son necesarios cambios estructurales para garantizar la independencia y profesionalidad de las instituciones del Estado. 

Para muchos ciudadanos esa situación es ya nauseabunda, porque a lo que ocurre en estas instituciones se le debe sumar el uso partidista de la justicia que vemos a diario, y la intoxicación de unos medios de comunicación que no informan, sino que opinan según ordena la voz de su amo. Si además sumamos a eso la falta de alternativas políticas serias, tenemos servido un coctel social explosivo. 

Este clima de desconfianza y polarización solo es el reflejo de la imperiosa necesidad de una mayor transparencia y de que de una vez por todas se levanten (llevamos sin hacerlo desde 1975) las alfombras y se proceda a una limpieza democrática en todos los niveles de las instituciones españolas.

No se puede negar, por nadie en su sano juicio, que hoy se está produciendo un uso partidista de la justicia y de los medios de comunicación, lo que solo genera desconfianza hacia los partidos políticos, y hacia el propio sistema democrático. Si a eso se suma también la desconfianza en la neutralidad de las fuerzas de seguridad, mejor apagamos y el último que cierre la puerta al salir.

Lo decía Gabriel Celaya: “Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.”

La actual politización e ideologización afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad y una sociedad democrática necesita instituciones más transparentes y profesionales, que no estén al servicio de las ideologías sino al servicio de los ciudadanos. Vivimos en una sociedad dividida y desencantada, que necesita de manera imprescindible independencia y profesionalidad en TODAS las instituciones del Estado, porque solo esa independencia podrá ser garantía de que esta es una democracia plena y efectiva, en la que podamos decir que somos quienes somos, que no nos lavamos las manos porque nuestro país nos importa, o estaremos tocando el fondo.

Los trabajadores en incapacidad laboral no están “malitos”


Recientemente, en este diario, el recientemente reelegido presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) ponía el foco en un problema que genera tensiones económicas y jurídicas: el presunto fraude en las bajas por incapacidad temporal por contingencia común, con el acrónimo ITCC. Este fenómeno plantea retos complejos que requieren equilibrar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad del sistema. 

Según CECAM, el 20 % de las bajas ITCC serían fraudulentas, una cifra que implica que uno de cada cinco trabajadores en situación de baja no padecería una patología real. El fraude en bajas médicas puede constituir un delito de simulación de contrato, recogido en el artículo 311 del Código Penal, cuando hay colusión, es decir, un pacto ilícito entre trabajador y médico. 

Las empresas tienen derecho a solicitar controles médicos, como recoge el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para verificar la veracidad de la baja. Los tribunales han establecido jurisprudencia sobre la extinción contractual por faltas de asistencia cuando se demuestra mala fe. Por lo tanto, la legislación protege los derechos de todas las partes implicadas en este proceso. 

El coste económico, con un impacto en empresas y en el sistema público, se estima en 90.000 millones de euros en costes directos e indirectos, lo que revela la magnitud del problema. Esto afecta a las cuotas a la Seguridad Social, ya que las empresas deben seguir cotizando durante los primeros 15 días de baja. También debería obligar, aunque no siempre es así, a que se produzca una sustitución laboral para mantener la productividad sin sobrecargar a la plantilla. Por último, los fondos de garantía salarial soportan tensión en los casos de impagos vinculados a bajas prolongadas. 

Un comentario específico merece las bajas por salud mental, dada la dificultad para calificar estas bajas relacionadas con trastornos psicológicos, donde la valoración médica depende de criterios subjetivos. Algunos diagnósticos pueden resultar ambiguos al no tener una base clínica objetiva; sin embargo, en estos casos, los tribunales exigen informes periciales detallados para validar estas incapacidades, como recogen sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo, la de 2019. 

En el caso de Castilla-La Mancha no disponemos de datos regionales concretos, pero cuando se hace referencia a variaciones “por temporadas” se están sugiriendo posibles diferencias sectoriales entre agricultura e industria en la incidencia de bajas. Se están planteando cómo necesarios unos protocolos autonómicos para armonizar los controles médicos y existe un riesgo de deslocalización empresarial que está relacionado con laxitud en la gestión de bajas.  

A esto se suma en nuestra región un factor cultural de silencio de los trabajadores que no se quejan de las condiciones en que desarrollan su trabajo que en muchos casos está relacionada con los motivos de la baja, y que plantea interrogantes cómo un posible miedo a represalias laborales en caso de que se planteen denunciar irregularidades o incumplimientos, y la no existencia de unos mecanismos confidenciales a la hora de que se quiera para alertar sobre irregularidades, lo que sugiere la necesidad de protección al denunciante, un derecho recogido en la Ley 2/2023, pero no desarrollado en la práctica.  

Por todo lo anterior estamos ante un sistema de ITCC que enfrenta un delicado equilibrio entre proteger derechos laborales y prevenir abusos. La solución pasa sin duda por mejorar los controles médicos, por agilizar procedimientos judiciales para casos fraudulentos y por fomentar una cultura de la responsabilidad compartida entre empresas, trabajadores y administración.  

El médico de familia es el profesional clave en la gestión de las bajas médicas, desde el diagnóstico y la emisión de la baja hasta la alta médica o la propuesta de incapacidad permanente. Su papel es vital para garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores, así como para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de Seguridad Social.  

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha firmado convenios con la mayoría de las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para mejorar el control de la incapacidad temporal, facilitando la transmisión telemática de los partes médicos de baja y alta en menos de 24 horas. Con estas medidas se han mejorado la cooperación y la coordinación en la gestión de la prestación y han reducido las molestias para los trabajadores enfermos.

Se incorporó la estimación teórica de la duración de la incapacidad temporal, considerando la patología, la edad y ocupación del trabajador, para dotar al médico de una herramienta técnica basada en análisis de datos y experiencia profesional.

También se permitió al médico del servicio público de salud decidir cuándo revisar la evolución del paciente, eliminando la obligación de emitir partes semanales de confirmación, dependiendo los criterios de revisión de la patología y características del trabajador. 

Como en todo proceso administrativo, los criterios de duración teórica de las incapacidades temporales se pueden considerar mejorables y en esa línea, el Foro de Médicos de Atención Primaria solicitó su modificación para que sean más objetivos y ajustados a la realidad clínica. Se han producido mejoras, pero siempre pueden calificarse cómo insuficientes dada la complejidad de algunos procesos.

El médico del servicio público de salud sigue siendo el responsable de emitir el parte de baja, pero ahora debe también estimar la duración de la incapacidad y los plazos de revisión. Esta obligación no se cumple casi nunca en el ámbito hospitalario, donde los médicos rara vez emiten partes de baja, y las administraciones no han intervenido de manera efectiva para corregirlo.

La falta de comunicación entre los facultativos de Atención Primaria y Hospitalaria, unida a las listas de espera de las especialidades hospitalarias, hace que el seguimiento de un proceso de incapacidad encuentre dificultades para el facultativo que emite la baja, pero también para el trabajador que no accede a exploraciones complementarias con las que refrendar la mayor o menor duración de la incapacidad transitoria y disponer de un diagnóstico de certeza en su proceso. 

La falta de emisión de partes de baja en hospitales genera problemas para los trabajadores y sus empresas, que no reciben los documentos en tiempo y forma, lo que en ocasiones puede ser muy negativo para el trabajador, que puede llevarle incluso al despido. Esta situación incrementa la carga burocrática para los médicos de familia y es una de las principales causas de agresiones a los profesionales de Primaria, según recoge datos de la Organización Médica Colegial (OMC). Lo cierto es que hoy existen herramientas tecnológicas suficientes para cumplir la legislación, faltando solo voluntad política y de gestión para solucionar el problema.  

Lo que no es de recibo es que se insinúe siempre por las organizaciones empresariales que es el médico de familia el que otorga las bajas laborales de manera gratuita. En primer lugar, porque cualquier generalización es errónea; en segundo porque no es cierta esa afirmación y si existe una evaluación errónea son muchos los motivos para que eso suceda; y en tercero porque, en un estado de derecho, las vulneraciones de ley no se combaten con declaraciones demagógicas en un foro, sino que se denuncian en un juzgado si se tiene documentado lo que se afirma.

Se van de mani

El Partido Popular ha organizado una manifestación en Madrid para el 8 de junio, bajo el lema "Mafia o democracia", intentando mostrar al Gobierno de Sánchez como aislado. Sin embargo, el propio PP ha sido protagonista de escándalos y espionaje en el pasado, lo que relativiza la pureza de su discurso.
Leire Díez, una militante socialista sin cargos oficiales, se ha visto involucrada en reuniones con empresarios imputados, intentando obtener información para desacreditar a la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Esto ha obligado al PSOE a abrir un expediente informativo, pero la respuesta inicial fue insuficiente y reveló falta de control interno.
Ambos partidos, PP y PSOE, han sido protagonistas de escándalos y han usado la táctica del "y tú más" para defenderse. Es para criticarles la hipocresía de justificar acciones cuestionables alegando que el adversario también las comete, y hay que señalar @que "la basura no se combate con basura".
Las acciones de Leire Díez (grabaciones, vídeos de contenido sexual presuntamente protagonizados por un fiscal, ofrecimientos de reuniones con la Fiscalía) han dañado la imagen del PSOE. El partido ha tardado en reaccionar y solo amenaza con expulsar a Díez si se confirma que actuó en nombre del partido o por el "daño reputacional".
Eso sí, no falta la manipulación mediática y la difusión de rumores sin confirmar, como el supuesto informe de la UCO implicando a Santos Cerdán. Estos rumores solo sirven para alimentar titulares y la maquinaria política, aunque no haya pruebas reales.
No hacemos frente a la falta de transparencia, la hipocresía y las prácticas sucias en la política española, tanto del PP como del PSOE, ni al papel de los medios en la difusión de rumores y la manipulación de la opinión pública.
¿Cuando se darán cuenta todos ellos y sus medios de la importancia que tiene mantener la democracia y la decencia política, más allá de las estrategias partidistas?

Las inquietudes de Page, ¿reflejo del desgaste nacional o de un fallo propio?


“Las declaraciones de ayer parecen hechas por alguien que se quiere sumar al acoso brutal, político, judicial y mediático que sufre especialmente el presidente del gobierno y secretario general de su partido, el PSOE”

El presidente de Castilla-La Mancha, uno de los pocos líderes autonómicos del PSOE que conserva una mayoría absoluta tras 2023, ha expresado públicamente sus profundas inquietudes sobre el impacto de la crisis política del PSOE a nivel estatal.

Sus declaraciones en una entrevista en RNE, sugieren que está “meditando algún planteamiento” relacionado con un posible adelanto electoral a nivel nacional. No señaló en la entrevista estar molesto, ni por el comportamiento de Mazón, ni por las barbaridades que dice contra los socialistas la señora del ático con delincuente confeso, ni que su amigo Feijoo califique al gobierno de coalición de “mafia” y “organización criminal”. Lo que realmente preocupa a Page ahora, es correr el riesgo de perder su sillón por culpa del gobierno de su partido en el Estado.

El motivo principal de la reflexión de Page es, cómo evitar que la situación política del PSOE en el ámbito estatal “arrastre” en su caída a los gobiernos socialistas, autonómicos y locales, que aún mantienen el poder. Afirma que ha escuchado a compañeros, alcaldes y responsables territoriales, decir que están asustadísimos de que el escenario nacional vuelva a cebarse con los ayuntamientos, con las diputaciones y con las autonomías. Para Page, estos gobiernos “no merecen que se les utilice de trinchera en la batalla nacional” por el potencial “desgaste derivado de las controversias nacionales”. Ello sumado a la dificultad de encontrar el momento adecuado para convocar elecciones dado el “estado de efervescencia”, y a que tendrían que soportar dos meses de campaña con “un vídeo cada día”, solo pueden interpretarse como una perspectiva crítica de Page a sus compañeros de la Ejecutiva de Sánchez y al propio Sánchez. 

Claro que sus declaraciones, también pueden tener otra lectura. Por ejemplo, que Page estuviera verbalizando su temor a “perder las próximas elecciones en Castilla-La Mancha”, poniéndose ya la venda, y atribuyendo ese “fracaso previsible y anunciado” a “causas externas a Castilla La Mancha”, como son los pactos del gobierno de España con ERC o Junts.

Sin embargo, para cualquier analista, que un dirigente político afirme que esa sea la única razón de una potencial derrota electoral, es algo que raya la mediocridad, porque él sabe, o debería saber, que eso es una falacia, además de olvidarse que el gobierno de coalición ha beneficiado a Castilla-La Mancha incrementando el presupuesto para 2025 para reforzar el estado del bienestar, combatir la despoblación, acelerar la transformación digital y avanzar en la transición ecológica. Ahí están inversiones específicas del Estado cómo 86,5 millones de euros para la provincia de Albacete, en proyectos como el hospital general universitario, carreteras, albergues o centros de salud.

Califico de falacia culpar de esta 'auto anunciada' derrota electoral regional a la acción del gobierno de Sánchez, porque el socialismo de Castilla-La Mancha haría mejor en plantearse otras muchas posibles razones como causas de ese hipotético desgaste electoral. Muchas de ellas son ajenas a la política nacional.

Podría preguntarse si la ciudadanía no está “cansada de oír los mismos discursos”, o de acabar siempre viendo a “las mismas personas del PSOE desde hace décadas”, o si los castellanomanchegos no están “cansados de oír discursos vacíos y contradictorios con el ideario socialista”, o de ver a los dirigentes del mismo partido socialista actuar “siempre a la contra del Comité Federal”, o si es cierto que “muchos de los dirigentes socialistas han abandonado la calle y la cercanía con los ciudadanos”. Igual encontraban respuestas para movilizarse y no culpar de toda la desafección a Ferraz o a la Moncloa que, no niego, también tendrán su cuota de responsabilidad en ese desgaste.

Y claro que hay cuestiones donde Page lleva razón en sus críticas, como la hay en algunas críticas a él y a su gestión. La lleva en sus comentarios sobre la actuación interna del PSOE ante ciertos escándalos, especialmente en el caso que involucra a Leire Díez. La lleva cuando afirma que su partido “está tardando en tomar medidas más tajantes”. También la lleva cuando exige “tomar medidas internas” e incluso “acciones legales”. Pero no la tiene cuando parece asumir, porque no lo rechaza, que tiene claro que Diez “habla en nombre de cargos del partido, aunque desde el Gobierno se niegue”.

En ese partido, nunca se han dado martillazos a los ordenadores, y lo que debe es exigir transparencia para evitar dudas y sus posibles consecuencias entre la militancia si cualquier duda no se aclara. Lógico que le preocupe que “por primera vez en democracia se pueda hablar del Partido Socialista en términos de organización o con cloacas”. Pero dígalo dentro de su partido, no al oído de los gamarras, tellados o abascales aunque estos le aplaudan, porque quienes a estos les votan, a usted señor Page no le votaran nunca. 

Claro que esto no debería tener que decirlo Page, deberían de saberlo en Ferraz, porque cada minuto que pasa sin tomar medidas contundentes están dando a entender a la opinión pública que se protege o ampara a esta señora. No basta con simple y llanamente desmarcarse, cuando alguien dice hablar en nombre del parido o del gobierno para proponer acuerdos que son delitos.

Pero hombre, también cómo militante y curtido, podría estimar que Díez ha podido actuar por cuenta propia, o que está siendo utilizada por intereses ajenos, o que incluso pudiera estar al servicio del PP para perjudicar al Partido Socialista, un nuevo 'tamayazo' en Madrid que a nadie debería extrañarle. Pero no, parece dar más pábulo a lo que afirma el PP, que a la versión de su partido. Exija investigar a fondo, tanto las acciones como las filtraciones, su origen, los intereses ocultos, reclame contundencia y rapidez porque tibieza o lentitud en la respuesta daña gravemente la imagen del partido y alimenta la sospecha de encubrimiento o falta de control interno. Pero no deje que se ponga en duda que la militante no representa al partido, ni que actúa en nombre de la dirección.

Si la lentitud del PSOE en este asunto es “gravísima” y la tibieza lentitud dañan gravemente la imagen del partido, su cuestionamiento de que la situación no es un invento más para desgastar al gobierno, es igual o más grave porque arroja gasolina a la hoguera de los chicos de Feijoo. Es inevitable que todo lo anterior invite a pensar, después de años viendo cómo la postura habitual de Page las críticas a Sánchez, aun admitiendo el desgaste de su partido, aún teniendo razón en sus exigencias internas, nos huela más a 'deslealtad' que a militancia. 

Las declaraciones de ayer parecen hechas por alguien que se quiere sumar al acoso brutal, político, judicial y mediático que sufre especialmente el presidente del gobierno y secretario general de su partido, el PSOE. Por eso no es extraño que en las redes sociales muchos socialistas afirmen que Page “haría bien en dejar de confundir a los votantes del PSOE y hacerse ya con el carné del PP”.

Puede que el problema real sea “ser del PSOE y hacer políticas de derechas”, porque eso le puede llevar a la gente a preferir “el original, Núñez”. Todos los presidentes autonómicos tienen problemas concretos en su gestión, que van desde las listas de espera interminables en sanidad a otros muchos problemas en las demás áreas, pero en esta región hay un añadido, la “desafección de la izquierda regional por la palabrería anti-Sánchez de Page”, que muchos ven cómo una forma de “ocultar su propio fracaso”. Al final parece que también en la Mancha, siempre el culpable es el otro, aunque los problemas electorales o de gestión sean propios. Dicen que para salir guapo en la foto, mejor con la boca cerrada, y más si está mellado.



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La política de izquierdas vive atrapada en una paradoja recurrente: confundir la pureza del instrumento con la eficacia del resultado. Ante ...