Lo decía Antonio Machado «en España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten».
Hoy he leído un post de una buena amiga profesora en la Universidad complutense de Madrid, donde señalaba algunas ideas que me parecen muy importante subrayar en los momentos que vive nuestro país.
La primera es que la corrupción política intensifica la desconfianza ciudadana y provoca que muchas personas se sientan “huérfanas” de representación
política, tanto en democracias avanzadas como en países con menor calidad democrática, como España. La segunda idea es la importancia del esfuerzo, la vocación y la ética, lo que contrasta con figuras opacas y prácticas poco transparentes cómo las que encontramos (especialmente que no solo en ellos), los partidos que han ejercido poder. Cómo tercera idea el desapego social hacia las instituciones y la importancia de la ética, la integridad y la vocación de servicio público como elementos esenciales para regenerar la confianza y combatir la corrupción. Cuarta idea es la importancia de abrir debates sobre la regeneración democrática y comprender el significado de ser ciudadano, y la necesidad de educar en valores cívicos.
Y por último señala cómo la mala praxis política produce hartazgo y desmovilización, que hace que los ciudadanos no se sienten representados, lo que facilita la aparición de liderazgos autoritarios y discursos vacíos que se apoyan más en el miedo que en argumentos. La conclusión de todo esto es que necesitamos una política que se base en la honestidad, la escucha y las propuestas valientes, cómo única manera de reconstruir la confianza social en la democracia.
Mi calificativo a ese texto es de “brillante”, porque quienes hemos militado años en cualquier partido político, sabemos que refleja una realidad, que no siempre llegan quienes más se esfuerzan ni los más brillantes, y que suelen alcanzar los puestos de responsabilidad aquellos más hábiles en medrar, los que están en el momento oportuno en el lugar oportuno, acariciando el dedo que designa oportunamente. Demuestran habilidad política, pero esa inteligencia casi “comercial” no es garantía de que generen empatía con el votante en lugar de desapego, que ellos mismos acaben creyendo tener un poder que nadie les ha otorgado, y que aportan poco a reconstruir la confianza en el partido y en las instituciones donde ejercen.
Pero no debemos flagelarnos, porque no todo en el sistema político español es negativo, porque junto a una serie de debilidades crónicas que erosionan la confianza ciudadana, también nos muestra fortalezas estructurales. Entre estos últimos debemos destacar tres hechos fundamentales. El primero es que nuestro sistema garantiza libertades civiles, separación de poderes y participación ciudadana a través de elecciones libres y mecanismos como la iniciativa legislativa popular, y este sistema ha proporcionado estabilidad política y económica durante décadas, con seis presidentes desde 1978. El segundo es que tenemos procesos electorales limpios, libertad de voto y respeto a la libertad religiosa y de asociación, lo que tiene incluso reconocimiento internacional. Y cómo tercer aspecto positivo destacable están las mejoras en igualdad de género, en protección de las minorías, en bienestar social, sin que se puedan obviar retrocesos ligados a las crisis económicas vividas.
Entre los aspectos negativos cabe señalar que el sistema tiene fallos en la representatividad, al ser un sistema electoral desequilibrado, con una metodología cómo la Ley d’Hondt, que favorece a los grandes partidos y que sub representa a formaciones minoritarias estatales, lo que genera Parlamentos no proporcionales. Y cómo no, y lo llevamos viviendo años, el sistema sufre de clientelismo y corrupción, y lo hemos visto en la existencia de redes de influencia en partidos como PP y PSOE, que han desviado recursos públicos y que han minado la meritocracia. Un segundo aspecto negativo es cómo se está produciendo una degradación institucional galopante, evidente en la politización de órganos clave cómo el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que están sometidos a cuotas partidistas, que se quiera o no, acaban afectando su independencia.
A esto se le debe sumar una fragmentación y una polarización provocadas por la dinámica de bloqueo existente entre PP y PSOE, dependiendo quien ejerce el gobierno, lo que provoca la paralización de reformas estructurales, reduciendo el debate político a debates de barra de bar. Y todo lo negativo ya señalado, provoca una desafección ciudadana reflejada por un estudio del Instituto IDEA, donde señala que el 74% de los españoles desconfía de la clase política, y que según datos e 2025, solo el 6.4% de los jóvenes confía en los partidos.
La pregunta es ¿qué hacer para mejorarlo? Cualquier texto sobre las medidas a acometer señala cómo imprescindible abordar tres aspectos: regeneración institucional, reforma electoral y mayor participación ciudadana. Son reformas necesarias para su mejora y para recuperar la confianza ciudadana. Ya sé que todas ellas deben ser propuestas para el debate y ninguna de ellas debe entenderse cómo una línea roja.
La regeneración institucional pasa por garantizar la independencia judicial, y cómo medidas deberían valorarse dos decisiones: la ampliación de los mandatos de magistrados del Constitucional a quince años y exigir un mínimo de veinticinco años de experiencia; y la eliminación de las cuotas partidistas en el CGPJ, y que la designación de sus miembros se realice mediante elección por mayoría cualificada garantizando la presencia de todas las asociaciones de jueces y fiscales, sin un sesgo por la representatividad, sino por méritos profesionales. La trasparencia es la mejor medida contra la corrupción y esa transparencia debería garantizarse mediante la creación de una Agencia Estatal Anticorrupción que sea autónoma en su funcionamiento, y en cuya composición sea reflejo de la composición del Parlamento. Y algo indiscutible es la imperiosa necesidad de penalizar el enriquecimiento injustificado de cargos públicos y ampliar plazos de prescripción para delitos económicos.
Nuestro país necesita afrontar una reforma electoral, y esa reforma debe pasar por adoptar un sistema mixto (circunscripciones uninominales + lista nacional proporcional), por implementar listas abiertas con preferencia ciudadana, y efectuar un ajuste de los escaños por población real, manteniendo un mínimo para zonas despobladas. Pero eso no puede realizarse sin mejorar la participación ciudadana en la vida pública, y eso pasa por la democratización de los partidos, por realización de primarias obligatorias con participación de no afiliados, con sometimiento de los partidos a auditorías externas de financiación y la absoluta prohibición de donaciones anónimas a los partidos.
Pero la participación ciudadana también pasa por establecer mecanismos de control directo de participación cómo puedan ser la existencia de referéndums revocatorios para cargos electos con umbrales de apoyo ciudadano, en la era digital, no parece desacertado la puesta en funcionamiento de plataformas digitales para iniciativas legislativas ciudadanos vinculantes.
En conclusión, nuestro sistema político requiere una nueva transición que priorice la ética pública sobre el interés partidista. Como señala el informe del Instituto IDEA, la combinación de reformas técnicas y pedagogía cívica podría reducir la brecha entre instituciones y ciudadanía. Sin embargo, su éxito dependerá de que los líderes actuales entiendan que urge convertir esa energía en diálogo constructivo. La publicación de mi amiga terminaba señalando "Éste es el momento de la política propositiva. Lo contrario sería resignarse al cinismo o, peor aún, a la rendición democrática." He intentado hacerle caso