Conozco dos agros diferentes. Uno, del agricultor que sostiene a su familia, el del jornalero, el de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, el de la impotencia, el miedo al futuro, y el cabreo que expresaban muchos de ellos no hace tanto, el que produce sin margen de beneficio, el agobiado por las trampas y los bancos, sin esperanza de que la siguiente generación le tome su relevo. Otro muy diferente, el que nada en la abundancia, el campo del inversor, que hoy ha puesto sus ojos en el campo como ayer lo hizo en la vivienda o en la sanidad, que solo busca rentabilidades, el del dinero que ha visto en la tierra un nuevo filón, el negocio agrícola. Es la agricultura de Bill Gates (el principal terrateniente de EEUU), de estrellas de cine y televisión, de deportistas de élite. Toda una corriente, una moda, una maniobra especulativa mucho más profunda de lo que a simple vista se puede apreciar. Es la economía de mercado que ha aterrizado en suelo rústico.
Los primeros, precarizados, ponen en venta sus tierras y cada vez son más los fondos de inversión, que juegan con economías de escala, que aparecen como compradores de esas tierras que el pequeño agricultor se ve obligado a abandonar. El suelo rústico está llamado a ser un valor refugio, y ya está siéndolo, como ayer lo fue y sigue siendo hoy el urbano. A favor de los grandes, la sensación de inseguridad económica, de inestabilidad política, que si no son reales se fabrican. Nada es casual.
Hace pocas semanas, viniendo desde Albacete por la carretera de Jaén, más o menos a las tres de la tarde, a ambos lados de la carretera. No he visto ningún agricultor blanco, todos eran negros o magrebíes. Eran los primeros trabajadores agrícolas llegados a las recolecciones, a los que se unirán otros y a todos les esperan días a más de cuarenta grados bajo el sol de julio. Los dos agros citados antes tienen un denominador común, la mano de obra emigrante, temporal o fija, pero extranjera. Muchos de ellos dicen que, en España, o en Castilla-La Mancha hay demasiados extranjeros, ¿saben lo que dicen? Creo que no.
Según los datos de referencia, a 1 de enero de 2025, Castilla-La Mancha cuenta con una población total de 2.120.261 personas. De esta cifra, 1,8 millones son de nacionalidad española y 252.227 son de nacionalidad extranjera, esta última representa el 11.8% de la población total de la región. Aunque el INE no proporciona datos específicos sobre las principales nacionalidades extranjeras en la población total, según información del portal de estadística de Castilla-La Mancha con datos de enero de 2025, la inmigración procedente del extranjero llega principalmente de Marruecos, Colombia y Venezuela.
Considerando los datos de migraciones correspondientes al último trimestre de 2024, las nacionalidades con más extranjeros llegados a Castilla-La Mancha en ese período fueron Colombia (1.910 personas), Marruecos (1.700 personas) y Venezuela (1.160 personas). Estos datos corresponden al trimestre previo a la fecha de referencia (enero de 2025). La estadística disponible para la comunidad solo incluye cinco países, con datos incompletos en dos de ellos. En cuanto a los saldos migratorios entre comunidades autónomas, Castilla-La Mancha registró uno de los saldos más positivos, con 2.689 personas, por detrás de Comunitat Valenciana (10.827) y Principado de Asturias (2.814).
Y luego está uno de los datos más relevantes, el progresivo envejecimiento de nuestra población. La edad media de la región se sitúa en 43,7 años, pero son más de 31.000 los habitantes que superan los 90 años, con casi 1.000 de ellos centenarios. Esta pirámide poblacional es considerada por expertos como insostenible a corto plazo, especialmente por la numerosa generación entre 45-50 años que pronto dejará de trabajar. Este panorama demográfico pone de manifiesto la necesidad de la población extranjera. Los datos del INE de mediados de 2024 subrayan aún más este punto: mientras que en la población nacida en España la franja de edad entre 26 y 64 años representa el 51,4%, entre los residentes nacidos en el extranjero en España, esta franja es del 73,6%.
En Castilla-La Mancha, la proporción de nacidos fuera de España en esta franja de edad de alta empleabilidad (26-64 años) es aún mayor, casi el 75%, específicamente el 74,9%. La razón de porque es prevalente este grupo de edad es simple, que vienen a trabajar, lo que explica la baja proporción de mayores de 65 años entre la población extranjera en la región, que es solo del 5,8%, una de las más bajas de España. La proporción de niños de 0 a 14 años entre la población extranjera en Castilla-La Mancha es del 7,7%, cifra superior a la media nacional y a otras comunidades como Baleares, Madrid, Canarias, Cataluña y Murcia. Esta composición etaria de la población extranjera ofrece un contrapunto al envejecimiento regional, aportando una fuerza laboral más joven.
Ni que esta fuese una región de ricos. Más allá de la demografía, la situación socioeconómica también presenta desafíos. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 34,7% de la población residente en Castilla-La Mancha estaba en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) en 2024, un aumento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este indicador combina el riesgo de pobreza (27,4%), carencia material severa (8,3%) y baja intensidad en el empleo (12%). La región superaba la media nacional en la tasa AROPE en 2024. Los hogares castellanomanchegos enfrentan dificultades económicas: en el momento de la encuesta, el 10,9% manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad”, un aumento de 1,7 puntos. Además, el 38,2% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos (un aumento de 1,2 puntos), y el 34,6% no podía permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (un aumento de 1,1 puntos). Indicadores de pobreza energética y carencia material severa, como no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada o no permitirse comer carne/pescado cada dos días, también afectan a un porcentaje de hogares. La renta media por hogar en el año anterior a las estadísticas se situó en 31.001 euros. Parece que hay muchos 'Bill Gates' por cómo hablan.
La necesidad de inmigración se hace más evidente si se consideran los datos de empleo. El INE señala la existencia de miles de puestos de trabajo sin cubrir en sectores clave como la hostelería, la construcción y la agricultura, sectores en los que a menudo se emplea a población inmigrante. El Banco Central Europeo ha destacado que el 80% del incremento del PIB nacional en los últimos cinco años ha sido impulsado por trabajadores llegados de fuera. En este contexto, la inmigración no es solo un factor demográfico, sino también un motor económico.
Considerando el envejecimiento, la dispersión poblacional que dificulta la prestación de servicios, el despoblamiento del medio rural y la existencia de vacantes laborales, la inmigración emerge como una solución necesaria. Sin embargo, una parte de esta población inmigrante puede encontrarse en situación irregular, lo que limita su plena contribución y acceso a derechos. Aquí es donde la regularización cobra relevancia.
El Gobierno central ha decidido agilizar la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 612.000 firmas y numerosas organizaciones sociales, destinada a la regularización de personas en situación irregular en España. Esta podría ser la séptima gran regularización desde 1986. Coincide con la reciente aprobación del Reglamento de Extranjería, que ya rebajó el tiempo de arraigo de tres a dos años y facilitó la compatibilización de estudios y trabajo. Sin embargo, el Reglamento presenta “agujeros preocupantes” para los solicitantes de asilo cuyas peticiones no están resueltas, que podrían quedar en situación irregular a pesar de haber trabajado y pagado impuestos. La ILP busca ofrecer una vía extraordinaria para quienes se encuentran en esta situación. La aprobación de esta iniciativa es un éxito de la reivindicación social y de la protesta ciudadana, puesto que el Parlamento no suele aprobar ILP de este tipo.
La respuesta política a la regularización es diversa. El Partido Popular se ha posicionado en contra de la regularización extraordinaria, a pesar de haber apoyado inicialmente el trámite parlamentario de la ILP en abril. Argumentan sentirse “ninguneados” por no tener en cuenta sus enmiendas, pero en realidad lo que muestra es una postura errática que está motivada por su actitud de sacar rédito a todo, y no podían quedar fuera de esa estrategia los migrantes. El PP se opone incluso sabedores de la necesidad de cubrir puestos de trabajo. Si a esto sumamos planteamientos de barreras físicas en fronteras o de centros de deportación fuera de la Unión Europea, desprende un cierto tufo xenófobo. Vox tiene una postura mucho más clara, buscando modificar la ley de extranjería para restringir las vías de regularización existentes y eliminar el concepto de acceso a la ciudadanía por residencia o vecindad, promoviendo la idea de que “en España se nazca de madre española”, lo que es sin duda una muestra de racismo institucional.
La decisión del gobierno de coalición de agilizar la regularización, lo sitúa frente a otros países europeos que están endureciendo sus políticas migratorias. Pero nuestra realidad, la que demuestran los datos demográficos de Castilla-La Mancha, es que estamos marcados por nuestro envejecimiento poblacional, la necesidad de una fuerza laboral complementaria, y una situación económica que evidencia la aportación de los trabajadores extranjeros a nivel regional, que sugieren fuertemente la necesidad de la inmigración. Una política migratoria que incluya vías de regularización, como la propuesta por la ILP, podría ser una herramienta clave para integrar plenamente a la población inmigrante, permitirles contribuir formalmente a la economía y al sistema de bienestar, y ayudar a mitigar los desafíos demográficos y de despoblación que enfrenta la región.
Lo que no parece admisible es que miremos para otro lado y que nos parezca aceptable mantener a miles de personas en la irregularidad, como podría ocurrir con los solicitantes de asilo rechazados bajo el nuevo Reglamento sin que exista una alternativa clara, perpetuando su vulnerabilidad y desaprovechando un potencial recurso humano y económico para una comunidad que lo necesita.
La regularización, lejos de ser una concesión, se presenta como un imperativo pragmático y social para el futuro de Castilla-La Mancha, alineándose con la necesidad de una población activa que sostenga los servicios y contrarreste el imparable envejecimiento.
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