Madrid, casi cinco años después de que la pesadilla de las residencias se desatara con furia mortal. ¡Tenemos noticias! Noticias de esas que hacen vibrar el alma... o que la sumen aún más en el escepticismo, según se mire y según la "tuerta" justicia a la que nos enfrentemos. Por primera vez, y tras una espera que se antoja una eternidad para quienes perdieron a sus seres queridos, un juzgado de Madrid ha tenido la audacia de imputar a altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid por los infames protocolos de "no derivación".
Sí, han leído bien. No hablamos de los directores o médicos de las residencias, que fueron el foco de investigaciones judiciales anteriores. Hablamos de quienes, según las organizaciones de afectados, elaboraron, dictaron y aplicaron estos Protocolos, o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias. En el banquillo (figurado, por ahora) se sentarán C. Mur, firmante de los protocolos como coordinador sociosanitario en aquella época, y F. J. Martínez Peromingo, su sucesor en el cargo.
La imputación llega, oh sorpresa, después de que la Fiscalía lo pidiera, impulsada por la demanda de 109 familias de fallecidos. ¿El delito imputado? Denegación de atención sanitaria por razón de edad. ¡Qué cosa tan curiosa! Parece que, para la justicia (al menos para este juzgado, que reabre una causa previamente archivada), impedir que un anciano fuera derivado a un hospital, donde "habrían estado mejor atendidos y hubieran tenido más posibilidades de sobrevivir al virus" según las familias, podría tener consecuencias legales. Hasta dos años de cárcel en los casos más graves. ¡Poca cosa, ¿verdad?! Especialmente si consideramos el contexto.
Porque, claro, hasta ahora la norma era otra. Mur había declarado en varias ocasiones, siempre como testigo, defendiendo que la aplicación última de los protocolos estaba en manos de sanitarios y coordinadores hospitalarios bajo criterio médico, y que eran solo una guía para los trabajadores de las residencias. Y los jueces... ah, los jueces. En casos anteriores, se habían limitado a considerar que los protocolos pudieron ser confusos, a criticar su puesta en marcha, pero a rechazar la exigencia de responsabilidades penales a sus autores. Uno de estos magistrados llegó a calificar de “discutibles” estos protocolos, aunque no los considerara delictivos. "Discutibles". Menos mal que no fueron "delictivos", solo "discutibles" para quienes vieron morir a sus padres o abuelos sin la atención hospitalaria que clamaban.
Desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia celebran este "primer paso", aunque, como muchos, manifiestan un escepticismo casi doloroso sobre cuál será el desenlace. Y no es para menos. Después de cinco años, la desconfianza en la justicia es palpable. ¿Llegará a algo serio esta imputación, o quedará en nada, sobreseída, como tantas otras? Con una justicia que muchos ven no ciega, sino tuerta, con una presunta protección judicial al PP (incluso dirigentes presumen de tener jueces a su servicio, y la Asociación Profesional de la Magistratura parece un sindicato cercano a dicho partido), es difícil ser optimista. ¿Tan difícil es otorgar justicia para unas víctimas que merecen una justicia real?
Y por si fuera poco, tenemos unos medios que, denuncian los afectados, minimizan este caso frente a otros escándalos. Quizás porque, como parece que algunos piensan, "solo fueron 7.291 que iban a morir de todas formas". ¡Qué consuelo! Morir "de todas formas", sin siquiera la posibilidad de intentarlo en un hospital, negándoles la atención "por razón de edad". La indignación es inmensa. La desconfianza en la justicia española, total. El pesimismo, generalizado.
Pero bueno, al menos la imputación está ahí. Aunque muchos duden de que sirva de algo, aunque las comparaciones con otros casos inviten a pensar que la justicia está putrefacta, al menos alguien tendrá que dar explicaciones por aquellos a quienes se dejó atrás. Porque, aunque algunos se pavoneen como si nada, y aunque los jueces de Madrid parezca que no ven la denegación de auxilio a los ancianos de las residencias como un delito grave, la verdad es que hubo miles de fallecidos, y alguien elaboró aquellos protocolos que, según las familias, supusieron una prohibición a la vida. La marioneta, sea quien sea, llevará de por vida lo miserable que ha sido con los más vulnerables. Un primer paso, sí. Pero qué largo, y qué doloroso, el camino por la justicia real.
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