Un debate poco estimulante.

Hemos vivido hace unos días el debate sobre el estado de la Nación, con el que los partidos han pretendido darnos el pistoletazo de salida para las elecciones europeas, esas en las que realmente todos nos jugamos mucho. Pero sobre todo, esas en las que los partidos se juegan mucho más, no tanto por el número de escaños que obtengan, sino porque todos le temen como a una vara verde, a un desinterés de los ciudadanos que puede llevarles a abstenerse.

Unos españoles manifiestan su enfado y disconformidad en las  múltiples manifestaciones que hay en nuestras calles, mientras para otros, no ir a votar se ha convertido en su forma de protesta. La abstención es por tanto la demostración del alejamiento ciudadano de una manera de hacer política en la que no se sienten representados. Puede que muchos hayan seguido el debate por el morbo del enfrentamiento, pero pasados unos días nadie recuerda lo acontecido. Lo más grave es que el debate no ha servido para que los ciudadanos recuperen el interés por la política.

Y es que no puede haber debate, cuando el presidente del gobierno no ha acudido a debatir, sino a escuchar su monologo. Todo lo dicho por los distintos grupos de la oposición, le resbala. Rajoy ni siquiera se molestó en escuchar antes el sentir de la calle. Tenía muy claro que los medios de comunicación afines (mayoritarios), disponían de portadas triunfalistas antes de que se celebrase el debate, y por ello no ha dudado en utilizar datos reales junto a otros inexactos, de cualquier manera el resultado se anunciaría triunfal.

El presidente acudió solo para hablar de economía, de su reiterativa bajada de impuestos, y de su personal “España va bien”. La oposición aun exponiendo lo que piensa la calle, hablaba con alguien que no les oye. Es el debate del estado de una nación herida por la crisis, y que en los casi cuarenta años de democracia no ha vivido un momento de mayor debilidad de la política. Estamos tan defraudados con los partidos por sus incumplimientos electorales, que nos cuesta creer lo dicho por cualquiera de los intervinientes.

Por si la sensación de que no nos decían toda la verdad, con posterioridad al debate, nos enteramos de muchas cosas que nos han hecho convencernos de que por nuestro gobierno se nos engaña: Bruselas dice que España no cumplirá el déficit previsto ni en 2013 ni en 2014; la economía destruyó el año pasado 265.000 puestos de trabajo, y tenemos 1.500.000 parados más con el PP; se ha producido un incremento insultante de la pobreza que afecta sobre todo a la infancia; ponemos más dinero a la banca para tapar el feo asunto de las preferentes (del que al parecer nadie es responsable) mientras ha continuado el hundimiento de las hipotecas pese al rescate bancario; los desahucios subieron en 2013, y en solo seis meses hubo tantos como en 2012; la corrupción sigue apareciendo en todos los rincones, y el jueves nos enteramos de que  el PP también está implicado en el caso de los ERE; estamos usando recursos que pagaremos dentro de cuarenta años; la deuda se acerca al 100% del PIB; los salarios se redujeron un 2%,  el pasado año; el INE  informa que la economía en 2013 creció menos de lo que nos habían dicho. Nada de esto se admitió por Rajoy que dibujo un país paradisiaco gracias a sus dos años de gobierno.

Si de Zapatero se decía que era un optimista compulsivo ¿Qué habrá que decir de Rajoy después de oír su intervención? Ya ha pasado lo peor, ya vemos los brotes verdes, estamos saliendo de la crisis, y demás lindezas a las que últimamente pretende acostumbrarnos. Puede que haya mejorado la situación para sus familiares y la gente más próxima al gobierno; puede que lo hayan hecho las magnitudes macroeconómicas" ¿pero a qué precio? Lo de Rajoy no es optimismo, es cinismo.

Del debate sobre el estado de la nación de 2014, solo quedará la metáfora de que con el PP ya “hemos pasado el Cabo de Hornos”. ¿Cuántos españoles se han caído, y a cuantos el gobierno les arrojó por la por la borda en su viaje solo porque le molestaban?  Los dependientes, los pensionistas, los estudiantes, los docentes, los funcionarios públicos y a los trabajadores, los sanitarios o los enfermos, han sido el lastre arrojado al mar por este gobierno en dos años, y al otro lado de  su cabo de Hornos solo han llegado vivos los bancos, los ricos, y los corruptos financiadores.

En cualquier caso, el debate ha vuelto a demostrar, que este modelo de hacer la política no interesa, y que la ciudadanía ha de intentar que cambie radicalmente para sentirla cercana y estimulada a participar. No nos esta forma de hacer política. La política no es mala, la que es mala es esta forma de hacerla. No todos los políticos son iguales, ni todos son malos, pero si son malos muchos de estos políticos. Necesitamos partidos políticos, no maquinarias electorales y clientelistas. Los parlamentos son necesarios, pero no parlamentos que funcionen como lo hace el nuestro.

Y con esa sensación de que los ciudadanos no pintamos nada, enfilamos hacia las urnas de las Elecciones al Parlamento Europeo. Difícil animarse a participar en estos comicios tras un debate que no es debate, sino teatro y puro teatro. Seguro que Europa debe ser la solución, pero la Europa que tenemos ahora es solo el problema, pero si queremos quejarnos habrá que expresar nuestra opinión e intentar cambiarla.

 

 

Ley de interrupción del embarazo: deben prevalecer la salud y la dignidad, sobre los dogmas.

Aunque con la introducción de algunas reformas legislativas cada vez parece más difícil que continúe siendo así, la sociedad española continúa siendo plural, y en ella convivimos individuos con diferentes códigos éticos. No se puede afirmar que ninguna de las diferentes maneras de entender la vida sea mejor que otra, siempre que todas ellas estén inspiradas en el respeto a la libertad de pensamiento, de credo, o de raza. Debemos estar orgullosos de poder decir, que los españoles vivimos con conceptos de respeto y libertad en su sentido más amplio.

En esta sociedad moderna y constitucionalmente democrática, siempre hemos antepuesto la salvaguarda de la salud sobre las creencias, y ejemplo de esto es que ante una decisión de trasfundir sangre o dejar morir por cuestiones religiosas, siempre nos pareció que se debía anteponer la salud a la creencia, aun respetando el derecho y la creencia del afectado. Sin embargo, en los últimos meses ha surgido un elemento de discordia y división social, que ha sido la propuesta de reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo  promovida por el gobierno del PP.

Llama poderosamente la atención, que cuando el número de abortos en España estaba disminuyendo con la vigente ley de plazos, en lugar de propiciar la continuidad de ese descenso con políticas de apoyo a la mujer, a la infancia y a la familia, el gobierno crea un problema donde no lo había, convirtiendo en prioridad social algo que solo era una prioridad eclesiástica y de su sector más conservador. Se podría elucubrar sobre los motivos del porqué de esta iniciativa ahora, pero solo un intento de crear una cortina de humo que oculte otras vergüenzas de la gestión del actual gobierno, puede justificarla en este momento político.

Las encuestas de opinión reflejan que esta reforma no solo nos coloca a la cola de Europa en este tipo de leyes por las restricciones que establece, sino que resta intención de voto al PP. Pese a esto, desde el gobierno se esgrime una única respuesta “estaba en el programa del PP votado mayoritariamente el 20N de 2012, y como promesa electoral tiene que cumplirse”. No deja de ser una burda argumentación que choca frontalmente con el hecho de que el resto de promesas de ese programa han sido sistemáticamente incumplidas en un noventa y nueve por ciento.

No es una reforma para evitar una aplicación imperativa de la anterior ley, puesto que ninguna mujer aborta por obligación o por el placer de hacerlo. Es una reforma en la línea de otras reformas ya aplicadas por este gobierno, dirigidas a recortar derechos y libertades a las mujeres, y en la que sus impulsores se han olvidado de valorar lo más básico: que esta reforma pone en riesgo la salud de la mujer. El gobierno, debería ser consciente de que la mujer que por diversas circunstancia se crea en la necesidad de abortar lo hará, pero la reforma le obligará a abortar sin disponer de las condiciones sanitarias que garanticen que no pone en riesgo su vida.

Tampoco en este proyecto de reforma está ausente algo común a todas las reforma del PP y de su forma de gobernar, que no escucha la voz de la calle y que incrementa las desigualdades sociales. Salta a la vista que la reforma perjudica más a las mujeres con menos recursos económicos, en mayor riego de exclusión social, y con más bajo nivel cultural, puesto que aquellas que tiene una formación cultural, no viven en situaciones de marginación y disponen de recursos económicos, les afectará mucho menos puesto que accederán a clínicas privadas con garantías sanitarias dentro o fuera de España. Puede decirse que estamos ante una nueva privatización sanitaria velada, con esta reforma han privatizado también el aborto.

Este es un gobierno que usa la hipocresía y el cinismo como principios de gestión política. Nada es más hipócrita que manifestar que al PP le preocupa la protección de la vida del no nacido, y olvidarse de pensar cómo mejorar las condiciones de vida de quienes ya figuran en el padrón de habitantes. Para disminuir la necesidad de recurrir a la interrupción del embarazo podría haber comenzado por implantar la educación sexual en los colegios, por lo menos haciéndola tan obligatoria como nos han hecho la religión, ni más ni menos. Y desde la óptica sanitaria, en lugar de recortar en la atención primaria, podrían haber apostado por potenciar programas de educación sexual en los consultorios de medicina de familia y promover la planificación familiar. Seguro que se conseguiría que fuesen muchas menos las mujeres que llegan a la tesitura de decidir si abortar o no.

Se puede comprobar como en otros países, empeñarse en suprimir la interrupción del embarazo a petición de la mujer dentro de los servicios públicos de salud, mediante la restricción de los supuestos, incluidas las causas médicas, no se ha conseguido disminuir el número de abortos, y solo se ha conseguido que se aborte en peores condiciones, aumentando el número de mujeres fallecidas por esta causa.

Aunque no se admita por el gobierno, esta reforma se impulsa por presiones desde la jerarquía eclesiástica, siempre preocupados por el no nato, más que por el nacido. Los niveles de pobreza infantil, las escandalosas cifras de casos de pederastia (muchos de ellos dentro de esa iglesia a la que escuchan), o las penosísimas condiciones en que han colocado a muchos niños discapacitados con sus recortes en dependencia, hacen que su posicionamiento como adalides de la defensa de la vida apunte a que estamos ante otro ejercicio gubernamental más de hipocresía y cinismo.

Para nuestra desgracia como sociedad, tenemos un gobierno que no solo sacrifica el derecho a la salud de las mujeres por conseguir el voto de sus votantes más derechistas, sino que paralelamente se llena la boca con su particular forma de entender la defensa de la vida, sin  preocuparse en lo más mínimo porque esa vida de los futuros españolitos que dicen proteger, luego pueda ser vivida con la dignidad que todo ser humano merece.

Votar para elegir, no para quitar a quien nos represente.

En una democracia de baja calidad como la española, no votamos cada cuatro años pare elegir a quienes nos representen en Europa, el Estado, la Comunidad o el Ayuntamiento, sino que lo hacemos para intentar quitar a quien en los últimos cuatro años nos ha representado. Puede que detrás de esta actitud se encuentre el carácter mediterráneo, más próximo a la crítica que al halago, pero lo que es indudable es que el poder desgasta a quien lo ejerce, y la gestión realizada también cuenta. Eso es aplicable a la totalidad de nuestros representantes públicos, e incluso a nuestros presidentes del gobierno.

El ejercicio del poder aísla poco a poco al electo del elector, y ese distanciamiento le hace perder de vista, la perspectiva con la que el votante visualiza sus problemas y los de la comunidad. Ese aislamiento provoca que las decisiones del electo las tome en base a la información que les transmite el círculo de personas que les rodean, y no sobre la opinión de los ciudadanos que le eligieron para que les gobierne.

Este es un problema común a todos los partidos, puesto que quienes rodean al alcalde, diputado o presidente, son por lo general miembros de su mismo partido, en muchas ocasiones los que no consiguieron ser electos o lo fueron en un estatus político inferior. Su estatus de proximidad al centro de decisión les convierte en instrumentos del ejercicio de un poder que las urnas no les otorgaron a ellos, sino al presidente o alcalde al que asesoran o con quien colaboran. Son esa guardia pretoriana que solo le permite al electo escuchar palabras amables y halagos, aun siendo ellos conscientes de que gobernar implica desde la crítica constructiva hasta el exabrupto falaz al gobernante, junto a las frases amables.

El resultado es la desconexión del cargo público con la calle, que inevitablemente lleva el divorcio con sus electores, y que hace que la percepción que tiene el elector de los errores (que inevitablemente se cometen), vea multiplicada su importancia. Es el momento de la ruptura, de la perdida de la sintonía existente en los primeros años de mandato, y el inicio de la etapa del desgaste. La caída y el descredito ante los ciudadanos, desde ese momento resulta imparable.

Pero el desgaste del cargo público tiene otros dos componentes muy perceptibles por el ciudadano: la negación de la evidencia, y la falta de autocrítica o de capacidad para reconocer los propios errores. Cualquier alcalde que niegue la subida de impuestos disfrazándola de ajuste contable, o incapaz de reconocer que se equivocó en determinada decisión, sabe que arriesga su reelección. Y no solo alcaldes, porque si miramos a los expresidentes de gobierno, encontraremos esos dos denominadores comunes en su no reelección (o la de su partido). Así, Suarez negó que la UCD se estuviera descomponiendo; Gonzalez negó los GAL; Aznar negó los atentados islamistas del 11M; y Zapatero negó la crisis. Y el segundo elemento también les es común: en el gobierno no ejercieron la  autocrítica, o si lo hicieron, no resulto creíble para los ciudadanos.

Manifestar la negación de un problema, requiere que previamente alguien ponga el problema sobre la mesa, y en todos los casos citados, la postura adoptada mientras eran presidentes fue la del avestruz que esconde la cabeza bajo el ala para ignorar lo que acontece en su entorno, aunque con el tiempo alguno admitió el error cometido, pero otros no lo harán.

Pero como el agua pasada no mueve al molino, hoy la cuestión no es lo ocurrido, sino si Rajoy tendrá un segundo mandato. Lo deseable, por su ataque a los derechos ciudadanos y su mala gestión socioeconómica, coincide con lo probable, y es que esa reelección no ocurra. Muchos pensarán que como a sus predecesores, a Rajoy le correspondería repetir un segundo mandato, sin embargo los hechos están en su contra, si se le aplica lo expuesto anteriormente con objetividad.

Como antes lo estuvieron los otros presidentes, Rajoy se ha rodeado en el gobierno de sus más fieles. El requisito imprescindible para formar parte de ese selecto círculo que rodea el poder de Rajoy, también es la lealtad personal, mucho más que la capacidad de sus miembros para hacer política con mayúsculas. La consigna seguida es clara: no importará despreciar la realidad, si con ello se mantienen prietas las filas en el gobierno y en el partido. La ley del aborto es un ejemplo de este cierre de filas.

También Rajoy sigue la misma senda de quienes le precedieron en la Moncloa,  practica la negación, y niega por tierra, mar y aire la existencia del caso Gürtel, ahora ya caso PP, pese a que la mayoría de los españoles, incluidos muchos de sus votantes, estén  convencidos de que él sabía de su existencia antes de llegar a la Moncloa, y de que incluso él también ha cobrado. La soberbia le impide admitir la menor critica a su gestión, y mucho menos se atisba, que pueda plantearse la autocrítica.

Todo igual que sus predecesores, pero con una diferencia: su desgaste se está produciendo mucho más deprisa, y pese a que ese desgaste se refleja a diario en las encuestas de opinión, se obstina en no enmendarla. Es su particular estilo y manera de huida hacia adelante, y como a sus predecesores (de ahí mi vaticinio), la negación de la evidencia se lo llevará por delante, mucho antes.

Para quienes no le votamos, el deseo es que ese momento llegue pronto. Pero habrá que decir, que el deseo es que sea así, siempre y cuando le suceda un presidente que venga a gobernar para todos los ciudadanos, porque solo así, puede que recuperemos la confianza en la necesidad de la política, y que cada cuatro años acudamos a elegir lo mejor para este país, y no para quitar presidentes o alcaldes como hacemos ahora. Decía Ovidio, que hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa, y eso ha venido ocurriendo en mayor o menor medida en los cortos años de nuestra democracia.

Que ese cambio sea posible, no puede depender de los aparatos de los partidos, porque estos se encuentran cómodos en este modelo de democracia de segunda división. Cambiará si lo imponemos los ciudadanos siendo críticos con este modelo imperante ahora. ¿Cómo hacerlo posible? participando en la política,  desde fuera o desde dentro de los partidos.

Por experiencia sé, que si es desde dentro de los partidos, solo es posible el cambio manteniéndose en la crítica constructiva, y haciendo de la política vocación, no medrando para alcanzar un cargo como salida profesional.

Ojala lo veamos. Si es posible, a no mucho tardar.

Davos, la imagen de cómo funciona el mundo

Ahora entiendo las revueltas y manifestaciones que se organizaban cada año en Davos. Y es que leer sobre la reciente reunión del Foro Económico Mundial en Davos, debería tener sobre el común de los mortales, el mismo efecto que produce introducirse los dedos en la garganta: asegurar el vómito. A mí me lo provoca.

Hay que empezar sabiendo que allí se reúnen anualmente las ochenta y cinco personas que juntas acumulan una fortuna igual a la de  la mitad de la población del planeta. Como asalariado no puedo entender que a la población del orbe se le llame “humanidad”, porque eso de poseer tanto dinero no puede hacerle a uno parecer muy humano. Y es que, como le ocurre al mayordomo del anuncio con el algodón, las cifras que acumula este grupito selecto tampoco engañan, y les permiten mandar en el mundo. El grupo posee 1,7 trillones de dólares, es decir 3,5 billones de dólares por cabeza (no es un error, las cuentas y la ortografía las he revisado porque no me las creía, y son correctas).

Esas cifras de un reciente informe de Oxfam, contrastan con otra de ese informe: las personas sin empleo en el mundo alcanzan los 202 millones. Estos privilegiados aumentan cada año sus fortunas, gracias a que en todos los países que se analicen, los más ricos pagan menos impuestos cada año, entre otros motivos, por la existencia de paraísos fiscales, por la desregulación financiera, por el secreto bancario, y por las prácticas empresariales anti competitivas.

Me pregunto, si este acumulo de riqueza en las manos de unos pocos, no resulta de por sí motivo suficiente para minar el concepto mismo de democracia y desterrar la idea generalizada entre los ciudadanos, de que entre todos los sistemas de gobierno, la democracia es el menos malo. Esa alta valoración sería aplicable a la verdadera democracia, pero no puede serlo a las estas democracias del siglo XXI, todas ellas sometidas al capitalismo voraz, y donde la corrupción es el alimento de sus arterias financieras. Si no vemos la necesidad de mejorar las democracias occidentales convertidas en el instrumento de unos pocos adinerados para someter a la mayoría, será porque los seres humanos tenemos una venda en los ojos.

Frente a esa cruda realidad de ricos y pobres, Oxfam, ha propuesto en Davos algunas medidas destinadas a evitar esta desigualdad: impuestos progresivos para que quien más gane más pague; transparencia de toda la inversión pública en los fondos de las empresas y de pensiones; priorizar los recursos públicos para salud, educación y seguridad social; salarios acordes a las necesidades vitales de los trabajadores;  y, como no, erradicar la pobreza extrema en el mundo (alcanzará los 342 millones de personas en 2030). 

Sin embargo, como todos los años, ha sido predicar en el desierto, y tampoco este, los dueños del mundo se han dignado escuchar esas propuestas, porque ellos no tienen el menor interés en cambiar ni una sola coma de la actual estructura del capitalismo. A ellos les va fantásticamente bien, aun sabiendo que ese capitalismo es la causa de la pobreza extrema y de que aumente la desigualdad social. Si les crea cargo de conciencia a alguno, lo soluciona con una donación y conciencia tranquilizada.

En Europa, la crisis financiera ha servido de justificación para dos cosas: una, para aplicar la austeridad a los pobres y las clases medias; otra para  que los gobiernos se hayan volcado apoyando con recursos públicos a las empresas e instituciones financieras en problemas. Mientras, la miseria y la pobreza aumentan causadas por la inmunidad y la impunidad con las que los dueños de esas empresas e instituciones evaden sus impuestos, pero eso no ha preocupado a los gobiernos.

Si a esa situación de menores impuestos para los más ricos, se le añade que en países como España, (y en general a los países europeos del sur afectados por la crisis financiera) la incipiente redistribución de la riqueza que representaba el estado del bienestar ha sido sustituida por una reducción de las inversiones destinadas a servicios públicos, la situación cada vez se hace socialmente más insostenible, lo que hace que resulten provocadoras las sonrisas de oreja a oreja que mostraban Botella, De Guindos y Soria en este foro de Davos. Ellos han asistido, aunque olvidaran enviar el curriculum, para algo que a los miembros del PP les priva: lucir palmito y codearse con la flor y nata de la especulación y la ingeniería financiera. En ningún caso para mejorar la situación de sus conciudadanos.

Saber quiénes y para qué se reúnen en Davos, permite entender el funcionamiento del sistema económico mundial, pero no avala el hecho de que ese sistema perdure desde principios de los ochenta, ante la pasividad de más de trescientos millones de seres humanos en situación de pobreza extrema. El nuevo Papa hace hermosos discursos preocupado por la pobreza, pero no mueve un dedo para que esta situación mute.

Y que decir sobre nosotros los españoles. Jacinto Benavente escribió que “solo los pueblos débiles y flojos, sin libertad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados”. No creo que sea nuestro caso, porque no creo que seamos ni flojos ni débiles, y aunque Wert intente que no tengamos conciencia, y veamos limitadas nuestras libertades, no creo que nos complazca el gobierno de Rajoy, ni siquiera a quienes lo votaron.

Puede ocurrir que al ritmo al que crecen el desempleo, el número de hogares donde no entra ningún ingreso económico, y los cada día mayores recortes de libertades, se termine la complacencia haciendo que una mañana nos despertemos con el  estallido de una revuelta social. Para los suspicaces, decirles que constato un hecho, que no un deseo. Quizás oliéndose que ese riesgo es real, el gobierno ha preparado leyes mordaza y de represión a cualquier tipo de protesta.

Personalmente creo que sería muy triste que el detonante fuese que llegásemos a sufrir la escasez de comida, porque para un pueblo como el español que ha vivido cuatro décadas de dictadura, debería ser suficiente con la escasez de justicia, y esa ya brilla por su ausencia hoy.

El paro que no para

Ayer lunes parecía, que tras la perfecta convención vallisoletana del PP, todos los españoles de bien, deberíamos empezar a repetirnos hasta la saciedad, que la crisis se había acabado, porque lo decía Rajoy. Pero mira tú por donde, esa maravillosa convención se ha visto enturbiada el martes por las cifras del paro de enero: 113.097 parados y 184.031 afiliados menos en la Seguridad Social. Y lo más sangrante de esas cifras es, no solo que hay menos cotizantes, sino que de los nuevos empleos surgidos, la mayoría son temporales o de aprendizaje.

Los titulares de prensa se extrañaban que en Valladolid no se hablase de la ley del aborto o de la financiación ilegal del PP con la corrupción. Sin embargo a mí hoy, me extraña mucho más ,que en la fantástica convención no se hablase de desempleo, ese tema que al parecer tanto le preocupa al PP, y más cuando las estrellas del evento (Rajoy, Cospedal, Montoro, etc.) conocían esas cifras, al igual que lo conocían los meses anteriores y entonces si las utilizaron para reforzar su posicionamiento político. Sin embargo, conociendo el aumento del desempleo, han seguido en su baño de autocomplacencia, cantando a los brotes verdes, viendo la luz al final del túnel, y todas las demás parafernalias preelectorales del PP, que es para lo que en realidad han montado la convención, porque las europeas están a la vuelta de la esquina.

Se mire como se mire, y lo cuente Cospedal en directo o en diferido, el caso es que cada vez hay menos empleo en nuestro país. En directo o en diferido, la reforma laboral de Rajoy solo está sirviendo para abaratar salarios, empeorar las condiciones laborales, sustituir empleo de calidad por empleo de mala calidad, y para poner en la calle a quienes llevando años en la empresa han sido sustituidos por nuevos empleados a tiempo parcial y con contratos  precarios. En directo o en diferido, esta reforma solo se hizo para beneficiar a los empresarios, que ganan más al tener menos empleados, aún sabiendo de su efecto colateral perjudicial para el consumo, y haciendo con ella imposible que mejore la economía en su conjunto.

Como antes de, tras Valladolid, el PP sigue en un continuo engaño a los ciudadanos, y dedicado a maquillar las cifras según su conveniencia. Sobre estas del paro, nos destacan que han aumentado los autónomos, cuando ellos saben que muchos asalariados han tenido que hacerse autónomos si querían seguir recibiendo ingresos de la empresa en la que antes eran empleados. O con más caradura aún, nos dicen que han bajado los desempleados en el cómputo interanual, como si ignorasen que cada año hay menos población en edad de trabajar, y consiguientemente el número de desempleados cada vez tendrá que ser a la fuerza, menor.

Uno se pregunta, como nuestros gobernantes pueden pretender transmitir consuelo a quienes están en situaciones límite sin ningún ingreso en el hogar, utilizando para ello interpretaciones falaces como las expuestas. Dice el refrán que cada pueblo tiene los gobernantes que merece, pero no podemos merecer a estos que hoy están. Solo que los españoles seamos un pueblo sacrificado puede explicar, que los casi cinco millones de parados no salgan a la calle a decirle a este gobierno que se vaya, que todo no puede ser solo consecuencia de la herencia recibida, que el es responsable de dos años en los que todo ha ido a peor para la gran mayoría, aunque sus amigos se estén poniendo las botas.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su incidencia sobre el medio rural.

Esta ley nos llega en un momento, en el que la Europa rural, y particularmente la España rural, gracias a la labor de muchas personas que han dedicado parte de su vida al desarrollo de los territorios rurales, estaba en un proceso de cambios positivos y de profundización de la democracia.

La sociedad en su conjunto, está cada vez más interesada en lo rural como complementario de lo urbano, con una menor identificación de lo rural solo con la agricultura, y cada vez mayor con el medio ambiente y el paisaje. Se han puesto en marcha legislaciones sobre el desarrollo del medio rural y se han creado departamentos y Consejerías. En una Europa más rural (90% territorio, 57% población) y en continuos cambios, pero insuficientes ante  las demandas sociales que existen, persiste una renta p/c menor a la urbana, y un menor nivel de formación entre sus habitantes en comparación con los de las ciudades. El medio rural ofrece menos oportunidades para jóvenes y las mujeres, y persiste una importante brecha digital rural, y grandes diferencias entre las distintas zonas rurales europeas.

La sociedad rural se ve obligada a  responder a múltiples cambios. Los primeros son los cambios SOCIO ECONOMICOS, como son:Existe ahora una estructura social rural más compleja, con mayor diferenciación dentro y fuera del sector agrario, con mayor diversificación de las actividades y de las profesiones, con una reducción del protagonismo de las élites agrarias tradicionales (lo  que  propicia el ascenso de nuevas élites rurales). Además ha de hacer frente a una nueva dinámica social, a la aparición de nuevas oportunidades para la acción política. En muchos casos, se dan situaciones locales marcadas por la cooperación o la confrontación entre nuevos y viejos actores rurales.

Una segunda respuesta que se le exige a la sociedad rural es posicionarse ante un nuevo CONTEXTO CULTURAL, en el que encontramos una nueva visión del espacio y el territorio. Aparecen nuevos criterios relacionados más con la calidad de vida, que con la producción, junto a una revitalización de lo local como marco  de referencia para la población rural. Estamos ante la aparición de nuevas oportunidades culturales que pueden ser aprovechadas por los distintos actores económicos y sociales según interpretan el actual proceso de cambio.

También se ve obligada a responder a CAMBIOS POLITICOS, entre los que merecen especial mención algunos como la pérdida de importancia de la agricultura en el conjunto de la economía rural, en muchas zonas rurales. A este hay que añadir la reducción de la población agraria en el conjunto de la sociedad rural, el declive de la influencia de las élites agrarias en los centros de decisión, junto con la diversificación de las actividades en el medio rural y la mayor complejidad de su estructura social. También la apertura y liberalización de los mercados, la recuperación de lo local y el fomento de las iniciativas de desarrollo endógeno, y las nuevas demandas en materia de calidad y de protección ambiental, son cambios importantes a los que se exige una respuesta correcta en el momento y en el contenido.

Otra respuesta la exige la nueva COMPLEJIDAD SOCIAL. Así, la diversificación de las actividades económicas, el aumento de la pluriactividad de los agricultores, el avance del sector agroalimentario y del sector terciario, el aumento de servicios públicos ligados al estado del bienestar, y la multifuncionalidad rural (función recreativa, de ocio, ambiental), deben de ser afrontados, Otro fenómeno fundamental es ver cómo junto a los tradicionales actores agrarios, conviven y actúan grupos con otros intereses que perciben de forma diferente los procesos de cambio.

Y por último, también exige una respuesta  el cambio que supone la existencia de unas NUEVAS FRONTERAS DE TRABAJO. En el medio rural, el tiempo pasa más rápido de lo que cambian las mentalidades, y así pasamos de pertenecer a un pueblo a ser  de la comarca. Las decisiones de las personas sobre donde trabajar, vivir, o descansar tienen lugar sobre territorios más amplios (los mercados de trabajo ya incluyen a las ciudades), lo que conlleva que existan diversas condiciones de ruralidad en España (áreas más periféricas, pueblos de montaña, etc.) Las estrategias de vida tienen que adaptarse a una realidad cambiante.

En este escenario, el 30 de diciembre de 2013 en el BOE se publica la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como LEY DE LA REFORMA LOCAL

¿Que implica esta Ley? Habría que comenzar diciendo que lo más importante que implica es que viene a desmantelar la democracia de nuestros pueblos y ciudades. Implica un cambio de modelo de Estado que termina con el municipalismo, que los Ayuntamientos dejarán de ser instituciones autónomas locales para ser gestores de lo que dictan otros. Implica  una recentralización que es contraria a una democracia avanzada, descentralizada, cercana a la ciudadanía, y un frenazo en la profundización de la democracia en nuestro país.

Esta Ley es la vuelta a la tutela sobre los Ayuntamientos. Es un desprecio a los Ayuntamientos al no considerarlos una parte del Estado igual que las demás administraciones, y un ataque al modelo autonómico, al ignorar las competencias locales que se recogen en los nuevos Estatutos de Autonomía. Esta reforma, es parte del proyecto del PP de re centralizar el Estado y poner fin al Estado de las Autonomías, puesto que no respeta la Autonomía Local ni los EE AA, que forman parte del bloque de constitucionalidad ya consolidado.

Puede decirse sin temor a equivocarse que es una intervención a la autonomía de los Ayuntamientos, dándole el poder a las Diputaciones.  (Explícitamente,  a los < de 5.000 habitantes e implícitamente los < de 20.000 habitantes). Especialmente significa  una amenaza directa a las Entidades Locales Menores, que pierden tal consideración.

Entre sus repercusiones económicas están que consagra todo a la sostenibilidad financiera, y no al servicio de los ciudadanos. Es la privatización de los servicios públicos municipales, estableciendo el  llamado "coste efectivo" de los servicios, que se fijará bajo criterios del Ministerio de Hacienda y AA.PP. Los servicios sociales son los más afectados, ya que no serán atendidos por los Ayuntamientos. A su vez, la Ley favorece literalmente “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135” (Prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social).  Las privatizaciones y recortes de servicios públicos municipales supondrán precariedad, pérdida de calidad y de aproximadamente 200.000 puestos de trabajo.

Sobre la estructura administrativa municipal, produce la recentralización del funcionariado, ya que las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería pasan a depender del gobierno central. Así mismo implica la insuficiencia financiera para atender los aspectos sociales de los ciudadanos, y conlleva  la desaparición de unos servicios públicos de calidad.

En resumen, esta reforma convierte la experiencia de los Ayuntamientos democráticos en una excepción en nuestra Historia.

 

Como muestra de un cinismo desbordado, la reforma se ha planteado como “una gran necesidad”, lo que se justifica en base una serie de falsedades que es necesario desmontar.

Justifican la reforma por la estabilidad financiera y la eliminación de duplicidades, lo que resulta FALSO, puesto que la mayoría de ayuntamientos han cerrado en positivo, porque el endeudamiento proviene del Estado. Se argumenta la pretensión de que se dejen de prestar servicios duplicados, también FALSO, puesto que los municipios han colaborado y han sido los más comprometidos en evitar duplicidades, porque carecían de recursos. Se afirma que los Ayuntamientos son un escalón en la estructura del Estado, lo que resulta también FALSO para cualquiera que conozca el municipalismo en España, puesto que los Ayuntamientos no son un escalón, sino la pieza fundamental.

Afirman que la reforma supone una apuesta por la igualdad de los ciudadanos, otra nueva FALSEDAD, puesto que supone un recorte de derechos sociales, perjudica a los más vulnerables, y crea municipios de primera y municipios de segunda. Dicen sus defensores que es una apuesta por la cercanía de la Administración, lo que también es  FALSO, puesto que en realidad es un  golpe de estado de guante blanco  al municipalismo, y el ataque más grave y directo de la historia a los ayuntamientos. Un último argumento de quienes apoyan esta reforma es que va a suponer una mejora en la prestación de los servicios públicos. También es FALSO, porque lo que supone en realidad es un cambio de modelo hacia la privatización de los servicios, especialmente de los servicios sociales.

En cualquier caso hay algunas cuestiones innegables de esta reforma. Entre ellas debemos destacar varias: Menosprecia a los Ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, y los relega a administraciones de segunda; Es una oportunidad perdida porque no afronta el verdadero problema: la financiación local; Tira por tierra los avances conseguidos entre las Administraciones a través del dialogo; Tiene muy difícil su aplicación, de hecho ya aplaza algunas medidas (post elecciones); Responde a una táctica política; Aleja al ciudadano de la Administración, y más a los ciudadanos rurales;  Afecta especialmente a los ayuntamientos que ya tiene problemas económicos, sobre todo a los pequeños; Los alcaldes, más aún los de pueblos pequeños, deberán pedir permiso para hacer determinadas políticas, pese a que dispongan de suficientes recursos;  Priva a los ayuntamientos de prestar los servicios sociales de proximidad que los ciudadanos necesitan, tan necesarios en un medio rural envejecido.

¿Qué hacer frente a una reforma “ideológica” y hecha al margen de los verdaderos problemas de los ciudadanos (la desigualdad, el desempleo y el baja calidad de nuestra democracia)? La respuesta la hemos encontrado en Gamonal y en las Mareas blancas de la sanidad madrileña: Movilizaciones ciudadanas, recursos judiciales. Y aprender de los errores del pasado: no votar a quien defiende un modelo de país centralista y centralizado, donde los ciudadanos ni pinchan, ni cortan.