Si intentamos buscar la causa al ¿por qué los partidos tienen a corruptos en sus direcciones y en puestos de responsabilidad?, la respuesta está en que son los propios aparatos de los partidos los que deciden quienes van a formar parte de sus listas electorales, y por tanto, que personas o personajes van a tener la posibilidad de ejercer un cargo. En la manga se guardan la carta de los llamados “cargos de libre designación” para acomodar a los que electoralmente no lo consiguen o su trayectoria no los hace aptos para figurar en esas listas. Es la consecuencia del sistema de listas cerradas y bloqueadas que hoy existe.
Si se quiere luchar contra la corrupción, es imprescindible cambiar el funcionamiento interno de los partidos. Para eso es obligatorio que por legislación adecuada se fortalezcan los mecanismos de democracia interna en todas las formaciones, y el mejor instrumento para ello puede ser la Ley Electoral, en la que las listas abiertas y la limitación de mandatos, junto con la financiación de partidos y la delimitación de circunscripciones, no deberían continuar sin adecuarse a los nuevos tiempos y a los deseos de los electores. Pero aun así, esos cambios resultaran insuficientes, si no se acompañan también de otras formas de entender la importancia y repercusión que tiene la policía en sus vidas, por parte de los ciudadanos.
Reclamamos cercanía de los políticos y que exprese libremente su forma de entender los problemas y sus soluciones, pero a la vez castigamos en las urnas a los partidos que muestran sus discrepancias internas precisamente porque son expresadas libremente por sus militantes. Esa puede ser una de las causas del actual rechazo de los aparatos partidistas a una mayor democracia interna que haría siempre visibles esas discrepancias. La propia ley de partidos puede ser el mejor instrumento para obligar a que los reglamentos internos de los partidos protejan el derecho de sus afiliados a que esa democracia interna sea una garantía de imparcialidad e independencia en los órganos encargados de salvaguardar los derechos de los afiliados.
La consecuencia de que no existan listas internas abiertas, y democráticamente elegidas dentro de los partidos, conlleva que los ciudadanos no elijan a quienes quieren que sean sus representantes, sino a quien el partido decide. Si no hay democracia interna y las listas las confeccionan los aparatos, los ciudadanos se ven obligados a votar a personas que no les gustaría ni tan siquiera que fuesen en esa lista, y si no quieren votarles, han de renunciar a votar al partido que en conjunto si puede encarnar su ideología. Las primarias abiertas solventarían ese problema.
Reflejo de lo expuesto es lo que vemos estos días que ocurre en el PP con el caso del presidente de la Región de . Demuestra la dificultad que tienen los partidos cuando están ejerciendo el poder, para expulsar a sus corruptos o colocar en situación de espera a sus presuntos. Lo mismo que demuestra que es mucho más fácil hacerlo desde la oposición, el ejemplo que ese mismo partido dio con Barberá en la Comunidad Valenciana, donde no le tembló el pulso puesto que estaba en la oposición.
Pero la situación se encona aún más, cuando el tema de corrupción está vinculado con la financiación de la actividad política del partido. Entonces vemos como todas las mantas les parecen pocas, para intentar arropar al investigado. Con ese enroque buscan tapar cualquier resquicio del caso que les suponga una posibilidad de no volver a ganar las elecciones. Este caso es del PP como la mayoría de casos de corrupción conocidos, pero lo expuesto le es aplicable a cualquier partido en el ejercicio del gobierno, ya sea local, autonómico o estatal. Si los partidos tiene corruptos en puestos de responsabilidad, es porque los ciudadanos se lo permitimos, al mantenerles en el poder y no siendo intransigentes en algo que a quienes más nos perjudica es a nosotros, y sobre todo a nuestros bolsillos.
Los partidos afectados por casos de corrupción o corruptelas se olvidan, y la lectura que hace el ciudadano es que aquello que no se sanciona implícitamente se acaba fomentando. Y confirmando también lo antes dicho, y aunque la lógica diría que el conocimiento de sus casos de corrupción debe dañar la credibilidad del partido que los tiene, y provocar la desafección ciudadana hacia él, en el caso del PP, no parece que sea así según las encuestas y las urnas. La corrupción no es igual con el partido en el poder, que si ya no se ejerce.