La inmigración es, con demasiada frecuencia, el terreno donde la política progresista tropieza con sus propias contradicciones. Nos incomoda porque el debate público ha sido secuestrado por los marcos mentales de la derecha: el miedo, la cartografía de la amenaza y la falacia de los recursos finitos. Durante demasiado tiempo, la izquierda ha temido entrar al fondo de esta cuestión por miedo a desgastarse, cediendo un terreno que es, en esencia, nuestro terreno natural. Porque hablar de migración no es hablar de control fronterizo ni de orden público; es hablar de derechos humanos, de justicia distributiva y del modelo de sociedad que queremos construir.
El discurso xenófobo no es una opinión política legítima, es un modelo de negocio basado en la mercancía del odio. Como apunta Cipolla en su clásico tratado sobre la estupidez humana, aquellos que fomentan el odio xenófobo caen en la categoría de los dañinos: los que perjudican a los demás al tiempo que se destruyen a sí mismos y a su propia comunidad. En una Europa con una pirámide demográfica envejecida, donde el estado del bienestar cruje por falta de relevo generacional, presentar la llegada de personas migrantes como una amenaza a nuestra seguridad no es solo una mentira palmaria; es un acto de suicidio económico y moral.
Sin embargo, ayer en el debate de La Sexta, vimos como desde la perspectiva de Vox, por boca de su portavoz económico, se sostiene que la llegada de más de seis millones de personas en cinco años es un factor determinante en el problema del acceso a la vivienda, cuestionando además la necesidad de atraer más población extranjera al país. El contraste entre la realidad y las cifras esgrimidas por la formación omiten el saldo migratorio real. Según el INE, el crecimiento neto de la población española entre enero de 2021 y octubre de 2026 se sitúa en torno a los 2,5 millones de personas, pasando de 47,4 a 49,9 millones de habitantes. Desde este enfoque, las dificultades habitacionales obedecen a dinámicas estructurales del mercado inmobiliario y no a la inmigración, un elemento indispensable para contrarrestar el envejecimiento poblacional y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y del Estado del Bienestar.
La inmigración es, antes que nada, un factor indiscutible de prosperidad. Sostiene nuestras pensiones, levanta los cimientos de nuestra agricultura, cuida de nuestros mayores y aporta savia nueva a una sociedad estancada en el pesimismo neoliberal. Pretender lo contrario es comprar el argumentario de una extrema derecha que solo ofrece chivos expiatorios para ocultar las verdaderas causas de la desigualdad social: la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Sin embargo, el reto para la izquierda no se agota en la condena moral del racismo. No basta con señalar la vileza del bulo; necesitamos una ofensiva política que recupere el relato dominante. La izquierda existe para proteger al eslabón más débil, y hoy en día, el trabajador migrante (a menudo desprovisto de derechos plenos, expuesto a la economía sumida en la ilegalidad y señalado como culpable de todos los males sistémicos) es ese eslabón.
Los políticos, atrapados en la tecnocracia y en el cálculo electoralista, suelen estar lejos de esa humanidad. Pero las campañas electorales, o los momentos de profunda encrucijada histórica como el que vivimos, exigen otra cosa: exigen empatía radical. Nos exigen hacernos querer por los de abajo, sin importar de qué latitud provengan.
La batalla cultural frente a la xenofobia no se gana desde la defensiva, sino afirmando con orgullo que una sociedad abierta, diversa y mestiza no solo es éticamente superior, sino la única vía de supervivencia democrática posible. O construimos puentes de solidaridad de clase transnacional, o el fascismo cotidiano terminará por demoler lo poco que nos queda de dignidad colectiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario