El 11 N asistimos a la Huelga General declarada ante el problema de la vivienda. Durante décadas, en nuestra región se ha mantenido la absurda idea de que la crisis de la vivienda era un problema exclusivo de las grandes ciudades costeras, Barcelona o Madrid. Sin embargo, el mapa socioeconómico de Castilla-La Mancha ha cambiado drásticamente. Hoy, la mercantilización del mercado inmobiliario golpea con dureza nuestras capitales de provincia, el Corredor del Henares y la comarca de La Sagra, expulsando a la juventud de sus proyectos de vida y ahogando las rentas de las familias trabajadoras. Al mismo tiempo, esa misma lógica de mercado abandona a su suerte a nuestros pueblos, condenados a la despoblación y al deterioro de su vivienda residencial.
Frente a este escenario de emergencia habitacional y fractura territorial, las políticas basadas en meros incentivos fiscales o en la autorregulación del mercado han demostrado ser un fracaso rotundo. Cuando un bien de primera necesidad amparado por el artículo 47 de la Constitución, es tratado como un activo financiero más, el resultado es siempre el mismo: la transferencia de rentas desde quienes trabajan hacia quienes acumulan patrimonio. Por ello, resulta imprescindible un giro estructural en las políticas autonómicas.
Ese cambio pasa por asumir que la vivienda debe dejar de ser un negocio para garantizarse como un derecho. Esto exige abandonar el modelo dependiente casi en exclusiva del endeudamiento privado y apostar decididamente por la construcción de un gran parque público de alquiler asequible, estable y, sobre todo, de carácter permanente y no descalificable. De nada sirve invertir dinero público en vivienda protegida si, al cabo de unos años, esa inversión acaba privatizándose y engrosando el mercado libre. Alcanzar el objetivo de un 10% de parque público regional y un 20% en las ciudades mayores de 30.000 habitantes, mediante una inversión sostenida del 2% del PIB no es una utopía; es aspirar a garantizar la cohesión social.
No obstante, construir un parque público lleva tiempo, y la sangría en los bolsillos de la ciudadanía ocurre hoy. Mientras se amplía la oferta pública, las instituciones tienen la obligación democrática de intervenir en las zonas especulativas. Aplicar de forma efectiva la Ley estatal de Vivienda declarando zonas de mercado residencial tensionado, establecer topes reales a los alquileres, grabar con recargos en el IBI las viviendas vacías de los grandes tenedores y poner coto a la proliferación descontrolada de los pisos turísticos, limitando su peso y eliminando sus privilegios fiscales, son medidas de pura justicia social. Del mismo modo, urge blindar a los inquilinos frente a fraudes como los contratos de temporada o por habitaciones, que hoy sirven de coladero para esquivar la ley.
Por último, una política de vivienda verdaderamente transformadora en Castilla-La Mancha no puede olvidar su dimensión territorial y de género. Rehabilitar vivienda en el medio rural para fijar población, impulsar cooperativas en cesión de uso y priorizar a los colectivos más vulnerables frente a cualquier desahucio sin alternativa son pilares insustituibles para construir comunidad.
La disyuntiva política en nuestra tierra está clara: o seguimos gestionando la vivienda bajo el dictado de la especulación y la colaboración público-privada que socializa pérdidas y privatiza beneficios, o asumimos que garantizar un techo digno por debajo del 30% de los ingresos familiares es la piedra angular sobre la que sostener la igualdad y el futuro de Castilla-La Mancha.
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