Revisar el estado actual del debate público en nuestro país es someterse a un ejercicio previsible. Cada vez que se pone sobre la mesa una cuestión capital para la justicia social y el bienestar de la mayoría, la derecha ( con un PP que adopta la careta de la supuesta gestión técnica y un Vox que exhibe la brutalidad dogmática del mercado) activa de inmediato sus resortes ideológicos. Ya sea en el ámbito de las retribuciones laborales, en el acceso a un techo o en el contrato social intergeneracional de la vejez, la derecha opera mediante una pinza sistemática orientada a mercantilizar la vida y desproteger al eslabón más débil.
Este desprecio por las condiciones materiales se observa con claridad en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o las horas extraordinarias, las bajas por ILT, todo parte de las condiciones laborales. Mientras Vox aboga sin complejos por una desregulación absoluta y la ley de la selva económica, el PP juega un papel tan cínico como nocivo: dice no oponerse a las subidas, pero las vota sistemáticamente en contra y agita fantasmas apocalípticos sobre la ruina de las pymes que los datos reales desmienten una y otra vez. Para ellos, los salarios bajos no son un problema que resolver, sino una ventaja competitiva para sostener un modelo de país basado en trabajadores empobrecidos.
La máxima expresión de esta crueldad neoliberal se mide también en metros cuadrados de sufrimiento a través del mercado de la vivienda. El bloque conservador ha asumido el papel de defensor de los fondos buitre y la especulación inmobiliaria, convirtiendo un hogar protegido en una ficha de casino. El PP recurre al comodín del "aumento de oferta" para boicotear cualquier intento de regulación y proteger al lobby del ladrillo, mientras que Vox eleva la demagogia desviando la atención hacia chivos expiatorios como la inmigración o la "okupación". Para ambos, que un trabajador destine la mayor parte de su sueldo a pagar un alquiler abusivo es algo "natural" del mercado.
Finalmente, esta lógica mercantil culmina en el ataque sistemático al sistema público de pensiones. Frente al contrato social entre generaciones, PP y Vox operan como agentes comerciales encubiertos de la banca y los fondos privados. El PP recurre a un cinismo calculador, recordado por recortes históricos y negativas a blindar el IPC real, agitando el fantasma de la quiebra demográfica para justificar la privatización y el recorte de prestaciones, al tiempo que Vox dinamita la financiación social con rebajas a las rentas altas. Para ellos, la vejez deja de ser un derecho inalienable para convertirse en un nicho de negocio cotizable en bolsa.
Frente a este proyecto político que solo concibe el Estado al servicio de las élites económicas, preservar la democracia exige firmeza. La dignidad salarial, el derecho a una vivienda digna y unas pensiones públicas blindadas no son caprichos ni caridad, sino justicia de clase e indicadores innegociables de decencia democrática.
Y frente a la urgencia de vivir con dignidad, ningún argumentario de la pinza reaccionaria puede prevalecer jamás.
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