Una experiencia reciente me sugiere esto. Hay una estampa que resume a la perfección la profunda contradicción que vemos en el ciclo político contemporáneo: la de quien aplaude en las urnas y en los platós la alegre piqueta de los recortes fiscales para, apenas unas semanas después, montar en cólera en la ventanilla de Admisión de un hospital público.
La sanidad pública nos atiende a todos, y atiende también a quienes votan para conseguir desmantelarla. Ese es el núcleo ético y político de lo que significa un Estado de bienestar que frente a una derecha que apoya la crueldad de convertir la salud en un negocio porque entiende los derechos como privilegios sujetos a la capacidad de pago, desde la izquierda defiende su universalidad. A nadie se le pide el carné ideológico ni la papeleta electoral cuando acude a urgencias. El sistema sanitario público es, por definición, el gran igualador social: cuida sin preguntar a quién votaste, porque comprende que la salud es un bien común y no una mercancía que se compra.
Lo verdaderamente grotesco de este modelo no es solo la tendencia privatizadora en favor de las élites económicas, sino la trampa ideológica en la que cae la clase trabajadora. Durante años, se ha instalado un relato tóxico: el mito de que cada euro sustraído al erario público mediante rebajas fiscales a las rentas más altas es una victoria de la libertad individual. Se celebra la asfixia de los servicios públicos como si fuera un triunfo patriótico, coreando consignas huecas sobre la eficiencia privada.
Pero las leyes presupuestarias son inamovibles. No se puede recortar sistemáticamente el presupuesto de sanidad, desviar fondos millonarios a conciertos privados y desregular las condiciones laborales del personal médico sin que el castillo de naipes se acabe derrumbando. El colapso de la atención primaria, las listas de espera kilométricas y la saturación de las urgencias no son accidentes meteorológicos por el cambio climático; son el resultado directo, matemático y previsible de las políticas de desinversión.
Cuando la cartera ya no alcanza y el ciudadano se estrella contra la cruda realidad de una cita médica demorada ocho meses, suele aparecer el desconcierto. Es el momento de la verdad. Ahí es donde debemos exigir memoria frente a la amnesia interesada que promueven los argumentarios de parte.
Conviene recordar, con firmeza, quiénes fueron los arquitectos de esa precariedad. Toca señalar con claridad a los políticos que prometieron que, adelgazando lo público y bajando los impuestos a los más ricos, viviríamos en una Arcadia feliz de prosperidad para todos. Pero, sobre todo, es imprescindible señalar a quienes les aplaudieron con entusiasmo, comprando un relato que solo servía para desarmar a los de abajo.
Un Estado social no se sostiene sobre aplausos ciegos ni sobre mentiras fiscales, sino sobre impuestos justos y servicios públicos blindados. La sanidad pública seguirá estando ahí, asumiendo su deber democrático y curando incluso a quienes colaboraron en su demolición. Pero la próxima vez que el sistema cruja, que nadie mire hacia otro lado: las consecuencias llevan nombre, apellidos y, muy a menudo, una papeleta electoral muy concreta.
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