Una vez que le han quitado el hueso de Oscar Puente, la derecha desconcertada en parte, continua exigiendo lo que ella misma no se exige. Vivimos en un periodo de transición hacia un escenario de posverdad.
La derecha tradicional, incapaz de articular un proyecto hegemónico que ilusione a una mayoría social tras la pérdida del Gobierno en 2023, ha optado por la estrategia del desgaste por demolición. No busca convencer con argumentos ni proponer modelos alternativos de país; solo busca la deslegitimación moral del adversario. Cuando el bulo y la mentira judicializada se instalan como herramientas cotidianas, el debate democrático deja de existir: el objetivo ya no es ganar elecciones debatiendo sobre sanidad, educación o economía, sino hacer que la gobernabilidad sea materialmente insostenible mediante la intoxicación permanente. Si no crees que es así, no continues leyendo.
Uno de los síntomas más peligrosos para la calidad democrática es el conocido lawfare o la judicialización de la política. Cuando sectores reaccionarios de la judicatura actúan como arietes ideológicos, admitiendo a trámite denuncias basadas en recortes de prensa y pseudomedios sin recorrido legal real, se rompe el principio de separación de poderes. Se utiliza un poder del Estado (el judicial) para condicionar y erosionar al poder ejecutivo, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Tras la frase de Aznar, la derecha en su conjunto ha mutado hacia una estrategia sistemática de desborde institucional.
Las derechas han sabido movilizar con éxito lo que llamamos la política del resentimiento y el afecto negativo. Se construye un enemigo público número uno, en este caso, la personificación absoluta en la figura de Pedro Sánchez, mediante una campaña de odio visceral mantenida en el tiempo. El resultado es paradójico y trágico para las clases trabajadoras: ciudadanos votan en contra de sus propios intereses materiales (servicios públicos, derechos laborales, pensiones) cegados por una pulsión puramente emocional y punitiva. Se destruye la solidaridad de clase en favor de la polarización.
Esto nos deja ante un dilema complejo: por un lado, la constatación de que la crispación a la que nos han arrastrado busca desactivar cualquier avance social; por otro, la advertencia de que la memoria democrática no puede blanquear el lodazal institucional al que se ha arrastrado al país. Si la derecha logra asaltar el poder tras años de juego sucio, blanqueándose bajo una falsa imagen de eficacia y moderación institucional, la izquierda y los demócratas tienen la obligación política de no olvidar las costuras que han intentado romper.
La democracia no solo se defiende ganando elecciones, sino exigiendo responsabilidades históricas a quienes han decidido que todo vale con tal de recuperar el poder.
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