La política española sigue transitando por los oscuros pasillos de la degradación institucional. Los acontecimientos recientes (las revelaciones desde prisión de Koldo y la negativa del Tribunal Supremo a permitir que los principales perjudicados se querellen contra las patrañas de Aldama), configuran un escenario que está llegando al límite.
Ya no estamos simplemente ante episodios de corrupción económica tradicional, sino a un cambio donde el capitalismo de amiguetes, terminales mediáticas de la derecha y sectores clave del aparato judicial actúan como un bloque monolítico cuyo fin último es desestabilizar y derrocar a un gobierno por vías extraparlamentarias.
Las informaciones que se han publicado no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. Por un lado, tenemos las facturas que acreditan los pagos de más de 240.000 euros por parte de la empresa editora de Okdiario para sufragar la defensa de Koldo García, sumadas a la promesa de hasta un millón de euros a cambio de fabricar falsedades incriminatorias contra el presidente del Gobierno. Esto revela una industria del bulo financiada a gran escala. Se compran voluntades y relatos para fabricar pruebas falsas que distorsionen el debate público.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha prohibido querellarse contra las mentiras de Aldama con el pretexto de blindar su "derecho de defensa". SE puede tener cualquier ideología, pero eso no puede negar la existencia de una escandalosa doble vara de medir. Mientras unos tribunales abren causas basadas en recortes de prensa y bulos ultraderechistas contra la izquierda, esos mismos tribunales blindan judicialmente el testimonio de quienes actúan en nombre de la actual oposición. Esta asimetría punitiva no es un error del sistema sino el reflejo de lawfare sistémica donde la cúpula judicial actúa como el tramo final del proyecto de las derechas.
Frente a esta ofensiva de las cloacas, solo puede existir una reacción entre la indignación y ver que se quiere asfixiar la democracia. El pesimismo ante la neutralidad de esas instituciones es palpable. Sin embargo, esta realidad no debe conducir a la parálisis, sino a la toma de conciencia política.
Cuando el Estado de derecho queda capturado por intereses partidistas y mafiosos, la única salida es la movilización cívica. Las urnas y la participación masiva son la única herramienta de autodefensa. O se democratizan de raíz los aparatos del Estado empezando por una judicatura, o la democracia seguirá secuestrada por aquellos que prefieren gobernar desde la ciénaga antes que aceptar la voluntad de la mayoría social.
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