La sanidad pública no es un mero escaparate de gestión económica; sino el termómetro más fiel de la justicia social de un país. En plena campaña electoral, el programa y las declaraciones del PP, con la previsible compañía de la ultraderecha en un horizonte de gobierno que ojalá no se produzca, vuelven a poner sobre la mesa un modelo sanitario que oscila entre la contradicción gestora y el conservadurismo ideológico más rancio.
Por un lado, se agita la bandera de un «plan urgente» contra las listas de espera, apelando a unas competencias que, paradójicamente, llevan años gestionando con pésimos resultados en comunidades en las que gobiernan, como Madrid o Andalucía, donde los colapsos estructurales y la derivación silenciosa a la privada son la norma. Prometer plantillas o incentivos fiscales mientras se debilita la red pública de base es, sencillamente, maquillar la demolición del sistema público común.
Pero la verdadera cara ideológica de este proyecto se descubre cuando se habla de derechos civiles. El anuncio de revisar la ley del aborto para exigir el control parental a las jóvenes de 16 y 17 años no protege a las menores; las desprotege. Desde la consulta de atención primaria sabemos que la salud reproductiva no se tutela con prohibiciones, sino con educación, apoyo y respeto a la madurez de los pacientes. Obligar por ley a tutelas forzosas solo empuja a aumentar el miedo y volver a la clandestinidad.
Del mismo modo, el compromiso de paralizar y reformar la ley de la eutanasia revela una alarmante falta de empatía hacia el dolor humano. Suspender expedientes activos de muerte digna bajo el pretexto de defender a los profesionales, cuando la inmensa mayoría de la profesión médica demanda herramientas para aliviar el sufrimiento final, es convertir la medicina en un dogma ideológico.
Nuestra sanidad debe basarse en la universalidad, en la robustez de la Atención Primaria y, sobre todo, en la expansión radical de los derechos y la autonomía de las personas. La salud no se cuida recortando libertades ni tutelando conciencias, sino garantizando que cada ciudadano sea dueño de su cuerpo, de su vida y de su dignidad hasta el último aliento.
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