El debate sobre el futuro de las pensiones en España lo hacen girar en torno a una pregunta recurrente: ¿sobra gasto o faltan ingresos en la Seguridad Social? Las recientes declaraciones del líder del PP Feijóo, en el podcasts The Wild Project de Jordi Wild, en las que cifró en millones de euros el coste del absentismo laboral y que está concentrado en lunes y viernes, sitúan en el centro de la discusión pública dos visiones opuestas sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y la financiación del Estado del bienestar.
Por un lado, las organizaciones empresariales como la CEOE y CEPYME, junto con informes elaborados por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y consultoras, ponen el acento en el crecimiento del gasto por incapacidad temporal. Según los registros oficiales de la Seguridad Social, las prestaciones directas por TODAS las bajas médicas rondan efectivamente los 14.000 o 15.000 millones de euros anuales. Desde esta óptica económica y empresarial, el incremento de las ausencias laborales, y su mayor concentración estadística en los extremos de la semana, supone un lastre para la productividad, encarece los costes operativos y tensiona las cuentas públicas. Por ello, tanto la patronal como formaciones de centroderecha reclaman mayores mecanismos de supervisión y una mayor agilidad en la gestión de las altas médicas. En el fondo, están dando por sentada la corrupción en los profesionales médicos que, al parecer, regalamos las bajas por ILT a capricho del consumidor.
Por otro lado, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y diversas asociaciones médicas ofrecen una lectura radicalmente distinta de los mismos datos. En primer lugar, cuestionan que el coste global de las bajas médicas pueda equipararse a un fraude, recordando que toda incapacidad temporal está avalada por el diagnóstico de un facultativo de la sanidad pública. Desde esta perspectiva, el aumento de las bajas responde a factores estructurales como el envejecimiento de la población activa, el repunte de las patologías de salud mental y los tiempos de espera en el Sistema Nacional de Salud, mientras que el pico de los lunes se explica porque es el primer día hábil de consulta tras el fin de semana.
En segundo lugar, las organizaciones sindicales desplazan el foco del gasto hacia la pérdida de ingresos provocada por las horas extraordinarias no remuneradas. De acuerdo con los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se realizan entre 2,5 y 3 millones de horas extra semanales que no se pagan ni se compensan con descanso. Según los cálculos, esta masa salarial oculta supera los 3.000 millones de euros anuales, lo que se traduce en una merma directa de entre 850 y 1.000 millones de euros al año en cotizaciones sociales que dejan de ingresar en la caja de las pensiones, además de frenar la creación de decenas de miles de empleos a tiempo completo.
Mientras que para el tejido empresarial y los sectores conservadores la prioridad pasa por contener el gasto en prestaciones y mejorar la eficiencia productiva, para los sindicatos la clave reside en reforzar la Inspección de Trabajo, garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral y aflorar las cotizaciones pendientes para sostener el sistema público y mejorar el salario de los trabajadores.
Pregúntate si eres empresario o eres trabajador para entender como te afecta esta visión.
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