La exigencia de responsabilidades políticas debería constituir uno de los pilares fundamentales de la salud democrática. Sin embargo, en el tablero político español, la dimisión rara vez responde a un ejercicio de ética pública; se mueve, por el contrario, entre la estética y el más puro oportunismo partidista. La derecha de este país solo entiende la asunción de culpas como un arma arrojadiza contra el adversario, jamás como un compromiso ético con la ciudadanía.
Solo puede calificarse como profunda desvergüenza política, contemplar cómo quienes hoy braman exigiendo dimisiones fulminantes son los mismos que han normalizado el aferrarse al poder a toda costa ante catástrofes y escándalos de magnitud insostenible. El ejemplo más cercano lo encontramos en la gestión de la DANA y la figura de Carlos Mazón, cuya tardía e insufrible permanencia en el cargo, sostenida penosamente durante más de un año y cinco días con el beneplácito del aparato de Génova y el señor Feijóo, evidenció la absoluta indigencia moral de una derecha incapaz de asumir costes políticos por una negligencia flagrante.
La amnesia interesada de los conservadores viene de lejos. ¿Acaso la geografía del dolor y la impunidad en España no está jalonada por hitos trágicos donde la dimisión brilló por su ausencia? El Yak-42 (2003) con 62 militares muertos y una cúpula de Defensa liderada por Federico Trillo que demostró un desprecio absoluto incluso en la repatriación de los cuerpos; el accidente de Metrovalencia (2006) con 43 muertes y 47 heridos bajo el mandato de Francisco Camps y Rita Barberá, convertidos en símbolos de la opacidad institucional; la crisis del Prestige (2002) y la trama Gürtel-Bárcenas, un Mariano Rajoy instalado en la mentira institucionalizada y en el "hacer como si nada pasara" mientras el país sufría las consecuencias de la corrupción sistémica.
Entonces ¿las dimisiones en este país se dan por ética o por estética? Aplicar el "consejos vendo que para mí no tengo" se ha convertido en la seña de identidad ideológica del bloque conservador. La exigencia de responsabilidades no busca reparar el daño institucional, sino desgastar al adversario, especialmente cuando las coyunturas electorales actúan como catalizadores de una oposición que ve en cualquier crisis una oportunidad para desestabilizar al Gobierno.
La derecha jamás ha reconocido su responsabilidad en los episodios más oscuros de nuestra historia, desde el millón aproximado de víctimas de la Guerra Civil hasta las violencias de la dictadura y sus herencias soterradas. Exigir dimisiones en pleno ciclo electoral sin un ápice de autocrítica propia no es regeneración democrática; es estrategia de demolición. Frente al ruido ensordecedor de quienes convierten la tragedia en mercancía electoral, la respuesta debe seguir siendo la defensa de la cosa pública, la asunción transparente de la gestión y la profundización de una cultura donde la ética y la rendición de cuentas no dependan de quién gobierne, sino de la dignidad de las instituciones, algo que no es negociable.
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