El caso de la oficina antiokupación de València ilustra bien cómo determinadas medidas políticas pueden tener un fuerte componente simbólico, pero un alcance práctico muy limitado.
Tras un año de actividad, los datos muestran que el organismo apenas gestiona dos casos al mes, con una función básicamente mediadora, sin capacidad real de intervención judicial. Esto sugiere que su creación respondió más a un mensaje político —poner el foco en la “okupación” como problema de seguridad— que a una necesidad operativa detectada en la ciudad.
El sindicato de Policía Local interpreta la escasa actividad como una “buena señal”, al entender que refleja baja incidencia del problema. En cambio, la oposición, especialmente Compromís, ve en ello una ineficiencia de recursos públicos, y reclama reorientar los esfuerzos hacia la crisis de vivienda, donde los indicadores sí muestran un problema estructural: alquileres altos, falta de vivienda pública y proliferación de pisos turísticos.
En resumen, la oficina parece funcionar más como una herramienta de visibilización política que como un mecanismo eficaz de gestión. Su bajo rendimiento operativo, en contraste con la magnitud del debate público sobre la “okupación”, refleja una desconexión entre el discurso político y la realidad social del problema en València.
Ahora vas y lo cascas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario