El cristal con que se mira

Una jornada tensa en la política española, marcada por polémicas dentro y fuera del Congreso. Dos asuntos: la reacción de Isabel Díaz Ayuso ante la sentencia del Supremo sobre su pareja y el escándalo que involucra a Leire Díez, exconcejala del PSOE, por sus contactos y promesas a empresarios encausados.

El Tribunal Supremo desestimó la demanda del novio de Ayuso contra quienes lo llamaron "defraudador confeso", considerando que esas declaraciones forman parte de la crítica política y no son delito. Ayuso, molesta, interpretó la decisión como un aval a la difamación y aprovechó para lanzar una acusación política a Pedro Sánchez, vinculándolo irónicamente con el narcotráfico en Canarias.

El otro foco principal es el caso de Leire Díez, cuyas grabaciones, filtradas a los medios, muestran supuestos ofrecimientos para mediar con la Fiscalía a favor de un empresario imputado. El PSOE, tras horas de incertidumbre y presión interna, abre un expediente informativo a Díez, permitiéndole dar explicaciones, pero impidiendo medidas disciplinarias inmediatas. Parece que en Ferraz aún no se han dado cuenta del daño reputacional para el PSOE de este hecho, y el daño que origina la reacción tardía del partido, que no aclara la conducta de Díez. Lo cierto y verdad es que el escándalo es tan vulgar y peligroso para el PSOE que no podrá resolverse con un simple expediente informativo.

La derecha ha encontrado otro filón y la cobertura mediática es inmensa, con medios de derechas que manipulan y magnifican los escándalos del PSOE mientras minimizan o ignoran los del PP. A esos medios les importa un pepino la ética periodística y son capaces de promover una "intoxicación" informativa usando pare ello filtraciones parciales y audios editados. Para ellos no es cuestionable la credibilidad de los protagonistas y la veracidad de las grabaciones, sin plantear ni por asomo que pueden estar fuera de contexto o manipuladas. Pocos lectores se van a molestar en escuchar los audios completos antes de juzgar y advierten sobre la facilidad con la que se condena mediáticamente sin pruebas sólidas.

Existe un doble rasero, porque casos similares en el PP reciben menos atención o consecuencias, mientras que en el PSOE se exige una reacción inmediata y ejemplar. Poca repercusión ha tenido en esos mediso la contratación de figuras polémicas por parte de Ayuso y la existencia de "cloacas del Estado" que operan contra el gobierno actual. Algunos escándalos pasados del PP (Cocina, policía patriótica, corrupción) les parecen banales y su tendencia a exigir más limpieza a la izquierda que a la derecha.

Ninguno de esos medios se ha planteado si Leire Díez ha actuado por cuenta propia, o está siendo utilizado por intereses ajenos al PSOE, o si incluso hasta podría estar al servicio del PP para perjudicar al partido socialista, con precedentes como el "tamayazo" en Madrid, lo que tampoco a nadie debería extrañarle. Estamos ante la necesidad de investigar a fondo tanto las acciones de Díez como las filtraciones y su origen, advirtiendo que hay intereses ocultos detrás de la difusión de estos escándalos.

Lo que si se debe reclamar desde la izquierda es una reacción más contundente y rápida del PSOE, porque la tibieza o lentitud en su respuesta daña gravemente la imagen del partido y alimenta la sospecha de encubrimiento o falta de control interno. Aunque la militante implicada no represente al partido ni actuase en nombre de la dirección, los paños calientes, tal como está el ambiente, no van a curar el mal ya causado, que no es para antibiótico sino para cirugía.

Pocos ciudadanos pueden poner hoy en duda, de que existe un ambiente de "guerra sucia" y de utilización sistemática de escándalos, bulos y filtraciones para desgastar al gobierno, con la complicidad de ciertos medios y sectores judiciales o policiales. Desde esos ciudadanos se debe actuar con prudencia, exigir pruebas y no dejarse arrastrar por el sensacionalismo. En cualquier caso, es tanta la desconfianza hacia los medios, la fuerte polarización política y la percepción de que los escándalos se utilizan como armas arrojadizas más allá de su fundamento real, que al final quien más descrédito acabarán sufriendo son esos medios que buscan más el sensacionalismo que la verdad.

Exijamonos rigor y proporcionalidad en nuestras reacciones, y al PSOE una gestión interna con toda la transparencia posible, ya la derecha y sus medios han decidido que ya todo vale en su estrategia de acoso y derribo. Que el teórico líder de la oposición se permitirá llamar al gobierno mafia, aparte de demostrarnos su desmemoria perteneciendo al partido más corrupto de Europa, nos demuestra que su talla política es propia de las cloacas, esos lugares donde su partido es una auténtica escuela de maestros.

La agricultura de Castilla-La Mancha, ¿necesita inmigración regularizada?

Conozco dos agros diferentes. Uno, del agricultor que sostiene a su familia, el del jornalero, el de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, el de la impotencia, el miedo al futuro, y el cabreo que expresaban muchos de ellos no hace tanto, el que produce sin margen de beneficio, el agobiado por las trampas y los bancos, sin esperanza de que la siguiente generación le tome su relevo. Otro muy diferente, el que nada en la abundancia, el campo del inversor, que hoy ha puesto sus ojos en el campo como ayer lo hizo en la vivienda o en la sanidad, que solo busca rentabilidades, el del dinero que ha visto en la tierra un nuevo filón, el negocio agrícola. Es la agricultura de Bill Gates (el principal terrateniente de EEUU), de estrellas de cine y televisión, de deportistas de élite. Toda una corriente, una moda, una maniobra especulativa mucho más profunda de lo que a simple vista se puede apreciar. Es la economía de mercado que ha aterrizado en suelo rústico.

Los primeros, precarizados, ponen en venta sus tierras y cada vez son más los fondos de inversión, que juegan con economías de escala, que aparecen como compradores de esas tierras que el pequeño agricultor se ve obligado a abandonar. El suelo rústico está llamado a ser un valor refugio, y ya está siéndolo, como ayer lo fue y sigue siendo hoy el urbano. A favor de los grandes, la sensación de inseguridad económica, de inestabilidad política, que si no son reales se fabrican. Nada es casual.

Hace pocas semanas, viniendo desde Albacete por la carretera de Jaén, más o menos a las tres de la tarde, a ambos lados de la carretera. No he visto ningún agricultor blanco, todos eran negros o magrebíes. Eran los primeros trabajadores agrícolas llegados a las recolecciones, a los que se unirán otros y a todos les esperan días a más de cuarenta grados bajo el sol de julio. Los dos agros citados antes tienen un denominador común, la mano de obra emigrante, temporal o fija, pero extranjera. Muchos de ellos dicen que, en España, o en Castilla-La Mancha hay demasiados extranjeros, ¿saben lo que dicen? Creo que no.

Según los datos de referencia, a 1 de enero de 2025, Castilla-La Mancha cuenta con una población total de 2.120.261 personas. De esta cifra, 1,8 millones son de nacionalidad española y 252.227 son de nacionalidad extranjera, esta última representa el 11.8% de la población total de la región. Aunque el INE no proporciona datos específicos sobre las principales nacionalidades extranjeras en la población total, según información del portal de estadística de Castilla-La Mancha con datos de enero de 2025, la inmigración procedente del extranjero llega principalmente de Marruecos, Colombia y Venezuela.

Considerando los datos de migraciones correspondientes al último trimestre de 2024, las nacionalidades con más extranjeros llegados a Castilla-La Mancha en ese período fueron Colombia (1.910 personas), Marruecos (1.700 personas) y Venezuela (1.160 personas). Estos datos corresponden al trimestre previo a la fecha de referencia (enero de 2025). La estadística disponible para la comunidad solo incluye cinco países, con datos incompletos en dos de ellos. En cuanto a los saldos migratorios entre comunidades autónomas, Castilla-La Mancha registró uno de los saldos más positivos, con 2.689 personas, por detrás de Comunitat Valenciana (10.827) y Principado de Asturias (2.814).

Y luego está uno de los datos más relevantes, el progresivo envejecimiento de nuestra población. La edad media de la región se sitúa en 43,7 años, pero son más de 31.000 los habitantes que superan los 90 años, con casi 1.000 de ellos centenarios. Esta pirámide poblacional es considerada por expertos como insostenible a corto plazo, especialmente por la numerosa generación entre 45-50 años que pronto dejará de trabajar. Este panorama demográfico pone de manifiesto la necesidad de la población extranjera. Los datos del INE de mediados de 2024 subrayan aún más este punto: mientras que en la población nacida en España la franja de edad entre 26 y 64 años representa el 51,4%, entre los residentes nacidos en el extranjero en España, esta franja es del 73,6%.

En Castilla-La Mancha, la proporción de nacidos fuera de España en esta franja de edad de alta empleabilidad (26-64 años) es aún mayor, casi el 75%, específicamente el 74,9%. La razón de porque es prevalente este grupo de edad es simple, que vienen a trabajar, lo que explica la baja proporción de mayores de 65 años entre la población extranjera en la región, que es solo del 5,8%, una de las más bajas de España. La proporción de niños de 0 a 14 años entre la población extranjera en Castilla-La Mancha es del 7,7%, cifra superior a la media nacional y a otras comunidades como Baleares, Madrid, Canarias, Cataluña y Murcia. Esta composición etaria de la población extranjera ofrece un contrapunto al envejecimiento regional, aportando una fuerza laboral más joven.

Ni que esta fuese una región de ricos. Más allá de la demografía, la situación socioeconómica también presenta desafíos. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 34,7% de la población residente en Castilla-La Mancha estaba en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) en 2024, un aumento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este indicador combina el riesgo de pobreza (27,4%), carencia material severa (8,3%) y baja intensidad en el empleo (12%). La región superaba la media nacional en la tasa AROPE en 2024. Los hogares castellanomanchegos enfrentan dificultades económicas: en el momento de la encuesta, el 10,9% manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad”, un aumento de 1,7 puntos. Además, el 38,2% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos (un aumento de 1,2 puntos), y el 34,6% no podía permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (un aumento de 1,1 puntos). Indicadores de pobreza energética y carencia material severa, como no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada o no permitirse comer carne/pescado cada dos días, también afectan a un porcentaje de hogares. La renta media por hogar en el año anterior a las estadísticas se situó en 31.001 euros. Parece que hay muchos 'Bill Gates' por cómo hablan.

La necesidad de inmigración se hace más evidente si se consideran los datos de empleo. El INE señala la existencia de miles de puestos de trabajo sin cubrir en sectores clave como la hostelería, la construcción y la agricultura, sectores en los que a menudo se emplea a población inmigrante. El Banco Central Europeo ha destacado que el 80% del incremento del PIB nacional en los últimos cinco años ha sido impulsado por trabajadores llegados de fuera. En este contexto, la inmigración no es solo un factor demográfico, sino también un motor económico.

Considerando el envejecimiento, la dispersión poblacional que dificulta la prestación de servicios, el despoblamiento del medio rural y la existencia de vacantes laborales, la inmigración emerge como una solución necesaria. Sin embargo, una parte de esta población inmigrante puede encontrarse en situación irregular, lo que limita su plena contribución y acceso a derechos. Aquí es donde la regularización cobra relevancia.

El Gobierno central ha decidido agilizar la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 612.000 firmas y numerosas organizaciones sociales, destinada a la regularización de personas en situación irregular en España. Esta podría ser la séptima gran regularización desde 1986. Coincide con la reciente aprobación del Reglamento de Extranjería, que ya rebajó el tiempo de arraigo de tres a dos años y facilitó la compatibilización de estudios y trabajo. Sin embargo, el Reglamento presenta “agujeros preocupantes” para los solicitantes de asilo cuyas peticiones no están resueltas, que podrían quedar en situación irregular a pesar de haber trabajado y pagado impuestos. La ILP busca ofrecer una vía extraordinaria para quienes se encuentran en esta situación. La aprobación de esta iniciativa es un éxito de la reivindicación social y de la protesta ciudadana, puesto que el Parlamento no suele aprobar ILP de este tipo.

La respuesta política a la regularización es diversa. El Partido Popular se ha posicionado en contra de la regularización extraordinaria, a pesar de haber apoyado inicialmente el trámite parlamentario de la ILP en abril. Argumentan sentirse “ninguneados” por no tener en cuenta sus enmiendas, pero en realidad lo que muestra es una postura errática que está motivada por su actitud de sacar rédito a todo, y no podían quedar fuera de esa estrategia los migrantes. El PP se opone incluso sabedores de la necesidad de cubrir puestos de trabajo. Si a esto sumamos planteamientos de barreras físicas en fronteras o de centros de deportación fuera de la Unión Europea, desprende un cierto tufo xenófobo. Vox tiene una postura mucho más clara, buscando modificar la ley de extranjería para restringir las vías de regularización existentes y eliminar el concepto de acceso a la ciudadanía por residencia o vecindad, promoviendo la idea de que “en España se nazca de madre española”, lo que es sin duda una muestra de racismo institucional.

La decisión del gobierno de coalición de agilizar la regularización, lo sitúa frente a otros países europeos que están endureciendo sus políticas migratorias. Pero nuestra realidad, la que demuestran los datos demográficos de Castilla-La Mancha, es que estamos marcados por nuestro envejecimiento poblacional, la necesidad de una fuerza laboral complementaria, y una situación económica que evidencia la aportación de los trabajadores extranjeros a nivel regional, que sugieren fuertemente la necesidad de la inmigración. Una política migratoria que incluya vías de regularización, como la propuesta por la ILP, podría ser una herramienta clave para integrar plenamente a la población inmigrante, permitirles contribuir formalmente a la economía y al sistema de bienestar, y ayudar a mitigar los desafíos demográficos y de despoblación que enfrenta la región.

Lo que no parece admisible es que miremos para otro lado y que nos parezca aceptable mantener a miles de personas en la irregularidad, como podría ocurrir con los solicitantes de asilo rechazados bajo el nuevo Reglamento sin que exista una alternativa clara, perpetuando su vulnerabilidad y desaprovechando un potencial recurso humano y económico para una comunidad que lo necesita.

La regularización, lejos de ser una concesión, se presenta como un imperativo pragmático y social para el futuro de Castilla-La Mancha, alineándose con la necesidad de una población activa que sostenga los servicios y contrarreste el imparable envejecimiento.

Reflexiones de un domingo en que ya se siente el verano

Todos los países europeos han vivido episodios traumáticos en su historia más reciente, pero todos ellos suelen confrontarlos abiertamente y evitar la polarización. Todos menos el nuestro. En la España de la transición y en las primeras décadas de nuestra democracia, nos hemos empeñado en evitar hacerle frente a todos los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco. La consecuencia es una herida que, aunque muchos se han empeñado en calificarla cómo ya cicatrizada, sigue sin estarlo definitivamente, y el más mínimo roce dialectico es aprovechado por algunos para abrirla y tratar de arrimar la ascua a su sardina.

Algunos historiadores han hecho frente a un reto considerado casi imposible por quienes se auto califican cómo equidistantes sin serlo. Han investigado y divulgado muchos aspectos ocultos del pasado, marcando mucho las diferencias existentes entre lo que es conocimiento y se tiene documentado, de lo que es sencilla y llanamente propaganda. El único objetivo de esos trabajos de investigación es que las nuevas generaciones conocieran la verdad de muchas historias, del sufrimiento que muchos españoles padecieron y que algunos se empeñan en borrar reescribiendo la historia para destruir así la memoria histórica.

Mientras que mediante la apertura y estudio de archivos a veces escondidos, y mediante la renovación historiográfica, en muchos países europeos eso ha permitido hacer público un conocimiento detallado de lo acontecido durante sus dictaduras, sus revoluciones, sus fascismos y la violencia ejercida, y así mostrar a sus ciudadanos el contraste existente entre las democracias que viven hoy y los regímenes de terror y exclusión que sufrieron, pero no ha ocurrido lo mismo en nuestro país.

En España, y en general en los países donde dictaduras se prolongaron durante un largo periodo de tiempo, el conocimiento sobre esas diferencias está llegando a los ciudadanos tarde mal y nunca, no porque no se tenga, sino porque hay interés por una parte en ocultar y reescribir lo acontecido, si bien hay que admitir que en toda Europa, occidental y oriental, han terminado por superar esos pasados traumáticos y han asumido poco a poco un compromiso democrático.

Debemos ser conscientes de las dificultades y la resistencia social para afrontar los pasados traumáticos en toda Europa, de que en España durante la transición, se evitó tratar y admitir abiertamente los crímenes de la dictadura franquista. Que la labor de los historiadores para investigar y divulgar la verdad histórica ha sido fundamental para diferenciar entre hechos reales y la manipulación o versiones interesadas de los mismos, de ahí la importancia de la apertura de archivos y la renovación en la historiografía, que nos ha permitido contrastar democracia y dictadura. Nuestro compromiso cómo ciudadanos debe ser con la justicia social y con la equidad, porque solo eso nos puede ayudar a superar todo lo acontecido en esos periodos oscuros

Por eso es muy triste comprobar cómo las generaciones más jóvenes se alejan de las ideas y proyectos que ayudaron a consolidar la democracia y el Estado del bienestar. Detrás de esa vuelta hoy a las ideas propias del fascismo (xenofobia, machismo, abolición de derechos ciudadanos, etc.) seguramente esté el desastre educativo, algo que ha conducido a esas generaciones a una situación de ignorancia sobre lo que significó la dictadura.

Pero también deberíamos reflexionar sobre que hemos hecho mal para que los jóvenes de hoy en día no pongan en valor el estado del bienestar en el que vivimos. Esta generación ha crecido viendo cómo los hombres de negro que venían de Europa nos exigían más recortes. Luego nos llegó la pandemia y nos vimos encerrados en casa haciendo que la comunicación entre nosotros solo fuera posible a través de las redes pero sin contacto físico. Esa generación tiene un mercado laboral que les condena a no ser ni mileuristas, a pesar de que les convencimos de que estudiar les garantizaba un futuro mejor. Por si eso no era suficiente, ahora les hemos inventado unos másteres privados que se obtienen a cuenta de un buen bolsillo, y que parecen imprescindibles hasta para ser camarero, pero son consecuencia de la economía de mercado de un sistema hecho por los poderosos, no por la democracia, aunque se desenvuelva en ella. Que, si les hemos prohibido el botellón, no molestar a los vecinos, y otras mil limitaciones (algunas lógicas, pero otras sin sentido), lo que tiene que ver más con normas de comportamiento que con vivir en una dictadura como creen.

Esta mañana de domingo me pregunto si los adultos no deberíamos pararnos y reflexionar sobre lo que hemos hecho mal, para que los jóvenes no sientan que la democracia es mejor que una dictadura. Deberíamos ser capaces de transmitirles que su nivel de libertad de hoy, hubiera sido impensable en la dictadura, y que esa ultraderecha que les parece tan atractiva y les llena la cabeza de mirlos blancos les miente. Pero sé que no va a resultar fácil lograrlo, cuando cualquier bulo en las redes les parece más creíble que un hecho documentado.

Cuidado si sales, hoy hace un sol de justicia, aunque la justicia brille por su ausencia.

CON SARCASMO Y FISCALÍA

Las emisoras y medios de comunicación, esos que tienen siempre sus manos limpias como libro de cabecera, tratan de hacernos entender que ideología y decencia, son dos conceptos que, como todo el mundo sabe, van de la mano y jamás se mezclan, lo mismito que ocurre con el agua y el aceite. 

Para la derecha, su ideología es ese inocente sistema de ideas y creencias, que está ahí solo para ayudarnos a interpretar la realidad de forma objetiva, sin ningún tipo de sesgo ni interés oculto, faltaría más. Su ideología es tan abierta y flexible que nunca, jamás, simplifica la realidad ni impone visiones dogmáticas. ¿Qué ellos son excluyentes y autoritarios? ¡Qué va! Siempre están dispuestos a escuchar a los demás y a abrazar puntos de vista alternativos, porque lo suyo es la pluralidad. Lo vemos a diario en los Feijoo, Tellado, Gamarra y demás hierbas.

La ideología de izquierda no merece ni mencionarse. No es humanismo, sino comunismo, chavismo, bolivarianismo y, como no, sanchismo. Y como carece de la misma decencia que la ideología de derechas, debe ser exterminada a lo gazatí. 

Otra cosa es la decencia, ese concepto tan pasado de moda que consiste en no mentir, en no manipular y en no anteponer el deseo propio a la realidad. Porque, claro, actuar con decencia es algo que está al alcance de cualquiera, independientemente de sus ideas. La decencia, es ese superpoder que pone los hechos y la verdad por delante de cualquier causa, y que jamás, nunca, se deja manipular por intereses personales ni por la ideologia. ¡Qué bonito sería el mundo si todos fuéramos así de decentes!

Ahora, pasemos a aplicar estos conceptos al emocionante capítulo del fiscal general del Estado. Después de meses y meses de exhaustiva investigación, el Tribunal Supremo no ha encontrado ni una mísera prueba que relacione al fiscal general con la filtración del famoso correo. Ni en su despacho, ni en sus comunicaciones, ni en los testimonios: todo limpísimo, como una patena. Es más, resulta que los periodistas ya tenían la información mucho antes de que el fiscal general supiera siquiera de su existencia. ¡Menuda casualidad! Las pruebas documentales y las actas notariales lo dejan clarísimo: la información ya circulaba, así que, según el Supremo, aquí no hay delito que valga, salvo que en lugar de la decencia apliquemos la ideologia.

El denunciante, pareja de Ayuso, ofreció ante el juez una versión tan coherente y creíble que ni él mismo se la cree. Documentos y mensajes prueban lo contrario, pero eso son detalles menores, sin importancia. Incluso su propio abogado le contradice y reconoce que actuó de común acuerdo, lo que, por supuesto, da muchísima solidez a la acusación.

Y por si fuera poco, los periodistas, me refiero solo a esos adalides de la izquierda que carecen de  transparencia (no me refiero a los pro PP, pro Vox, y pro el interés de quien les paga) no se les ha ocurrido otra cosa que afirmar y documentar ante notario que conocen la fuente de la filtración “a ciencia cierta”. Vamos, que aquí todo el mundo sabe de todo, menos el fiscal general, que pasaba por allí, pero que quiera o no, ya ha sido declarado el culpable. 

Es que la verdad y la decencia son dos cánceres de la nueva sociedad pro Trump y pro Netanyahu. Sin duda, lo que debe prevalecer es la ideología.

Buen finde

LAS REBAJAS FISCALES DE IDA

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva rebaja fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aumentando la bonificación hasta el 50% para herencias entre hermanos, tíos y sobrinos consanguíneos, sumándose a la bonificación del 99% ya existente para transmisiones entre familiares directos.

Esta medida, según la IDA, beneficiará a unos 14.000 madrileños y supondrá un ahorro de 140 millones de euros anuales, es decir, 10.000 euros a cada uno de esos 14.000. Pero haciendo números sobre el total de población de Madrid, resulta que esta rebaja solo beneficia a una minoría (menos del 0,2% de la población) y como no establece límites o escalas, favorece principalmente a las familias más ricas, perpetuando la desigualdad.

La riqueza en España está muy concentrada en pocas familias, muchas de las cuales han mantenido su posición desde la dictadura franquista, beneficiándose de privilegios y privatizaciones. Además, según la OCDE, las ayudas públicas también benefician más a los ricos que a los pobres.

Esto es la política actualizada de la biblia, que proponía una redistribución periódica de la riqueza para corregir desigualdades, claro que en versión del ayusismo. Las políticas de la Comunidad de Madrid refuerzan la acumulación de riqueza en pocas manos.

Es difícil de comprender como los que no forman ese selecto club de una minoría de madrileños pudientes, y que son la mayoría de madrileños, no se dan cuenta de que necesitan cambiar este tipo de políticas.

DEMASIADO TIEMPO EN EL MISMO PODER NO ES BUENO

Cada vez más gente se deja llevar y engatusar por el populismo. A estos degradadores profesionales de la auténtica política no les preocupan en absoluto las consecuencias de sus ataques al orden democrático occidental. 

Han conseguido convencer a mucha gente, toda la que no se preocupa de conocer los datos reales de muchas cuestiones, de que la ultraderecha es la solución. Pero no es culpa de esa gente sino de los demás, que nada hacemos como pueblo para acabar con esta podredumbre que se ha instalado en las administraciones públicas. 

Veamos. Muchas de ellas son hoy cortijos particulares donde no reina la democracia, sino que están al servicio de la hipocresía. Hay administraciones donde un mismo partido lleva más de treinta años gobernando, y los vicios adquiridos que inevitablemente surgen, ya se han convertido en auténticas tradiciones institucionales. 

Algunos de esos gobiernos, antes de preocuparse por la mejora de las infraestructuras y servicios públicos dependientes de esa administración, prefieren bombear los fondos públicos mediante externalizaciones para así enriquecer a empresas privadas, y si pueden de paso llenarse el propio bolsillo mejor. No les importa nada si mientras eso ocurre, los servicios para los ciudadanos (ancianos, enfermos, estudiantes, dependientes…) se deterioran.

Eso saldría a la luz sino fuese porque para lavarse la cara disponen de unos medios de comunicación a su servicio, y para conseguirlo les basta con sustentar la forma de vida de sus dueños y de sus plantillas mientras que obedezcan e informen a conveniencia de esa administración que les paga. Y por si eso no es suficiente, después están las filas de jueces que forman parte o cohabitan dentro de esa red clientelar institucional. Son instituciones a las que solo llegan políticos de una élite social, para la que gobiernan con un único fin: que nada cambie. 

La estrategia es antigua, antes era con corridas y partidos de fútbol, hoy es con programas televisivos que no educan ni forman, sino que solo distraen. Así consiguen que el pueblo solo esté pendiente de lo superficial y lo nimio que es la mejor manera para que ese pueblo sea dócil, mientras ellos consiguen mantener sus privilegios. Eso si, si alguien intenta mirarles, siempre los va a encontrar dándose golpes de pecho y luciendo la bandera de tanto patriotismo como llevan dentro. 

Pero esa manera de actuar en política no se limita a lo estrictamente nacional, porque son muchos los organismos supranacionales que están plagados de funcionarios que miran para otro lado, mientras los políticos de turno no hacen nada como está ocurriendo ahora, que no ven nada punible mientras unos genocidas masacran a un pueblo entero. 

Y lo peor de todo, es que somos nosotros los ciudadanos quienes les pagamos. Claro que es sistema lo han diseñado ellos, y si no nos gusta como actúan no podemos cambiar esa situación, porque solo podemos decidir cada 4 años.

¿Qué más nos debe pasar para darnos cuenta de que ya somos mayores de edad, que no necesitamos ser tutelados, que podemos hablar cada día, cada semana, ante cada decisión que adopten?

Si cobran todos de nuestros impuestos, y las subvenciones y adjudicaciones que otorgan también provienen de lo que todos pagamos, su primera obligación debería ser trabajar por nuestro bien y no solo por el suyo y el de su partido. Debería existir un mecanismo que impida que se mantengan situaciones así entre procesos electorales porque la justicia no es justicia si tarda en hacerse. No debería consentirse que su corrupción se financie durante años con nuestros impuestos, y cuando un partido se perpetúa eso es lo que ocurre. 

No hablo en general. Pongamos que hablo de Madrid, de Galicia, de Castilla León, o de Murcia. Hoy es así, y es el mismo argumento utilizado por el PP cuando donde esa continuidad en el gobierno se daba en Andalucía. 

Miremos la lista de ayuntamientos, diputaciones o CCAA donde esa permanencia en el tiempo de un mismo partido ocurre, y veremos como lo alegal, lo ilegal o la corrupción, han estado, están o ya se ven venir.

SALOMÉ NO LE CORTARÄ EL PELO A MAZÓN

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) ha fichado como colaboradora a la exconsellera Salomé Pradas, a pesar de ser hoy la principal investigada en la causa de la DANA.

¿Qué es la VIU?

Se trata de la universidad 'online' que creó el Gobierno autonómico de Francisco Camps y que fue privatizada por su sucesor, Alberto Fabra, por 5,7 millones a pesar de que costó seis veces más.

Pues ahora resulta que la VIU le firmó un contrato de colaboración a la exconsellera del Ejecutivo de Mazón con fecha de inicio del pasado 9 de mayo, para que no esté en paro al ser cesada. Pradas ya cuenta con un correo electrónico corporativo que la universidad activa a sus colaboradores externos, una figura de la que frecuentemente se nutre la VIU para correcciones de trabajos finales, 'masterclass' o elaboración de contenidos docentes que no implica una relación laboral continuada.

A ver Alberto ¿ pero no habíamos quedado en que el caso de Begoña Gómez era único en el mundo entero y parte del extranjero ?

¡Milagro judicial en Madrid! Altos cargos imputados por los que "iban a morir de todas formas"

Madrid, casi cinco años después de que la pesadilla de las residencias se desatara con furia mortal. ¡Tenemos noticias! Noticias de esas que hacen vibrar el alma... o que la sumen aún más en el escepticismo, según se mire y según la "tuerta" justicia a la que nos enfrentemos. Por primera vez, y tras una espera que se antoja una eternidad para quienes perdieron a sus seres queridos, un juzgado de Madrid ha tenido la audacia de imputar a altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid por los infames protocolos de "no derivación".

Sí, han leído bien. No hablamos de los directores o médicos de las residencias, que fueron el foco de investigaciones judiciales anteriores. Hablamos de quienes, según las organizaciones de afectados, elaboraron, dictaron y aplicaron estos Protocolos, o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias. En el banquillo (figurado, por ahora) se sentarán C. Mur, firmante de los protocolos como coordinador sociosanitario en aquella época, y F. J. Martínez Peromingo, su sucesor en el cargo.

La imputación llega, oh sorpresa, después de que la Fiscalía lo pidiera, impulsada por la demanda de 109 familias de fallecidos. ¿El delito imputado? Denegación de atención sanitaria por razón de edad. ¡Qué cosa tan curiosa! Parece que, para la justicia (al menos para este juzgado, que reabre una causa previamente archivada), impedir que un anciano fuera derivado a un hospital, donde "habrían estado mejor atendidos y hubieran tenido más posibilidades de sobrevivir al virus" según las familias, podría tener consecuencias legales. Hasta dos años de cárcel en los casos más graves. ¡Poca cosa, ¿verdad?! Especialmente si consideramos el contexto.

Porque, claro, hasta ahora la norma era otra. Mur había declarado en varias ocasiones, siempre como testigo, defendiendo que la aplicación última de los protocolos estaba en manos de sanitarios y coordinadores hospitalarios bajo criterio médico, y que eran solo una guía para los trabajadores de las residencias. Y los jueces... ah, los jueces. En casos anteriores, se habían limitado a considerar que los protocolos pudieron ser confusos, a criticar su puesta en marcha, pero a rechazar la exigencia de responsabilidades penales a sus autores. Uno de estos magistrados llegó a calificar de “discutibles” estos protocolos, aunque no los considerara delictivos. "Discutibles". Menos mal que no fueron "delictivos", solo "discutibles" para quienes vieron morir a sus padres o abuelos sin la atención hospitalaria que clamaban.

Desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia celebran este "primer paso", aunque, como muchos, manifiestan un escepticismo casi doloroso sobre cuál será el desenlace. Y no es para menos. Después de cinco años, la desconfianza en la justicia es palpable. ¿Llegará a algo serio esta imputación, o quedará en nada, sobreseída, como tantas otras? Con una justicia que muchos ven no ciega, sino tuerta, con una presunta protección judicial al PP (incluso dirigentes presumen de tener jueces a su servicio, y la Asociación Profesional de la Magistratura parece un sindicato cercano a dicho partido), es difícil ser optimista. ¿Tan difícil es otorgar justicia para unas víctimas que merecen una justicia real?

Y por si fuera poco, tenemos unos medios que, denuncian los afectados, minimizan este caso frente a otros escándalos. Quizás porque, como parece que algunos piensan, "solo fueron 7.291 que iban a morir de todas formas". ¡Qué consuelo! Morir "de todas formas", sin siquiera la posibilidad de intentarlo en un hospital, negándoles la atención "por razón de edad". La indignación es inmensa. La desconfianza en la justicia española, total. El pesimismo, generalizado.

Pero bueno, al menos la imputación está ahí. Aunque muchos duden de que sirva de algo, aunque las comparaciones con otros casos inviten a pensar que la justicia está putrefacta, al menos alguien tendrá que dar explicaciones por aquellos a quienes se dejó atrás. Porque, aunque algunos se pavoneen como si nada, y aunque los jueces de Madrid parezca que no ven la denegación de auxilio a los ancianos de las residencias como un delito grave, la verdad es que hubo miles de fallecidos, y alguien elaboró aquellos protocolos que, según las familias, supusieron una prohibición a la vida. La marioneta, sea quien sea, llevará de por vida lo miserable que ha sido con los más vulnerables. Un primer paso, sí. Pero qué largo, y qué doloroso, el camino por la justicia real.

Avances en la lucha contra el cáncer de mama en Castilla-La Mancha con nuevos mamógrafos con tomosíntesis

Como médico de familia, soy testigo de primera mano de la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano en la salud de mis pacientes. Quizá por eso, la reciente noticia sobre la renovación de los equipos de mamografía en Castilla-La Mancha es un motivo de satisfacción cómo profesional y de esperanza para toda la comunidad, especialmente para todas las mujeres de nuestra región.

El gobierno regional ha completado un proceso de modernización crucial, que implica que todos los hospitales dependientes del Sescam cuentan ahora con mamógrafos de última generación. Los siete hospitales recientemente beneficiados con nuevos equipos son los de Almansa, Hellín, Manzanares, Puertollano, Tomelloso, Valdepeñas y Villarrobledo. Esta adquisición, con una inversión cercana a los dos millones de euros, ha sido posible gracias a fondos de un convenio con la Fundación Amancio Ortega, en el marco del Plan AMAT-I del Ingesa. Vaya por delante que debemos felicitarnos por esta adquisición, aunque para ello se haya recurrido a esta fórmula de convenio con una fundación y no a los presupuestos regionales. 

Pero creo que es más importante destacar lo qué significa realmente esta "última generación" para los pacientes. La clave está en la tecnología incorporada, ya que estos nuevos equipos no son solo mamógrafos digitales convencionales, sino que integran tecnología 3D y, fundamentalmente, la tomosíntesis. El concepto de tomosíntesis representa un salto cualitativo respecto a la mamografía 2D tradicional. Mientras que la mamografía 2D genera imágenes planas que pueden ocultar lesiones debido a la superposición de tejidos, la tomosíntesis toma múltiples imágenes desde diferentes ángulos y las reconstruye en cortes milimétricos tridimensionales.

Las ventajas clínicas de esta tecnología son significativas y tienen un impacto directo en la atención que podemos ofrecer. En primer lugar, porque permite una mejor detección, especialmente en m amas densas, ya que la tomosíntesis ha demostrado ser más eficaz en la detección del cáncer de mama, particularmente en mujeres con tejido mamario denso. En este tipo de tejido, la superposición en mamografías 2D puede dificultar la visualización de tumores. La capacidad de visualizar el tejido en capas de 1 mm elimina esta limitación.

La segunda ventaja de este nuevo sistema es que esta tecnología permite a los médicos visualizar las lesiones con mayor claridad y precisión gracias a las imágenes tridimensionales de alta resolución, lo que resulta fundamental para detectar el cáncer de mama en etapas más tempranas, y todos sabemos que la detección precoz es clave, porque mejora significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

También supone una ventaja que este sistema garantiza menos falsos positivos y por lo tanto evita biopsias innecesarias. La tomosíntesis reduce la cantidad de falsos positivos en comparación con la mamografía digital 2D. Esto se traduce en menos nuevas citas  para estudios adicionales y menos biopsias innecesarias. Me parece muy importante reducir el periodo de incertidumbre y el estrés asociado que va ligado a estas pruebas adicionales. Quienes atendemos a las pacientes que han pasado por esa situación sabemos del beneficio clínico y emocional para las pacientes, puesto que su estrés emocional esos días es muy importante.

A esto hay que sumar la mayor confianza diagnostica de los profesionales al poder visualizar lesiones con más claridad y la posible reducción de pruebas adicionales. Además, esta nueva tecnología llevara incorporada la aplicación de la inteligencia artificial, dentro del proyecto Ykonos, en las estaciones de post procesamiento, lo que sin duda va a optimizar las posibilidades de diagnóstico y ayudará a los sanitarios a tomar decisiones terapéuticas más acertadas y mejor informadas, sin que en ningún caso suponga un diagnóstico solo por esta nueva tecnología sino con el concurso insustituible de los profesionales especialistas.

También podemos evaluar lo que supone de avance esta nueva tecnología en base a los datos técnicos que demuestran estas ventajas. La tomosíntesis puede detectar un 41% más de carcinomas invasivos que la mamografía convencional y aumentar la identificación de tumores pequeños (menores de 1 cm) en un 35%. La sensibilidad en mamas densas mejora notablemente, pasando de un 62% con 2D a un 85% con la tomosíntesis.

Si hay que buscar un “pero” desde la perspectiva de la paciente, solo se puede señalar el leve aumento del tiempo de compresión que es ligeramente superior al pasar de 3-5 segundos en 2D a los 4-7 segundos en tomosíntesis, mientras que la dosis de radiación es similar a la de la mamografía digital estándar cuando se combina con una imagen 2D sintetizada (C-View).

Esta tecnología se incluye cómo parte del plan de renovación tecnológica de muchos equipos que estaban obsoletos, y la disponibilidad de estos mamógrafos con tecnología de tomosíntesis en todos los hospitales de nuestra región es un gran avance en la lucha contra el cáncer de mama, ofreciendo a nuestras pacientes una herramienta diagnóstica más potente, precisa y cómoda, y mejorando significativamente la atención y el pronóstico de esta enfermedad. Una inversión en la salud siempre es algo positivo y esta contribuirá al bienestar de nuestras pacientes. 

Eurovisión 2025: El televoto israelí bajo sospecha y el respaldo de la derecha española

El Festival de Eurovisión 2025, celebrado recientemente, se ha convertido en un catalizador de las tensiones geopolíticas en torno al conflicto en Oriente Medio. La participación de Israel y su sorprendente resultado en el televoto han desatado la polémica, en un contexto marcado por la postura firme del presidente del Gobierno español en defensa de Gaza y la solución de los dos Estados.

Israel quedó en segunda posición en el festival, superada únicamente por Austria. Sin embargo, su representante, arrasó en el televoto, logrando la máxima puntuación de  puntos en trece países, incluido España. En total, Israel recibió 297 puntos del televoto, superando a Estonia (258) y Suecia (195), y muy por encima de la ganadora del festival, Austria (178). Solo tres países no le otorgaron puntos: Armenia, Croacia y Polonia.

Esta victoria en el voto popular se produce en medio de acusaciones de manipulación y una campaña organizada para movilizar el voto. Las fuentes sugieren que el nuevo sistema de televoto de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que permite votar  concentrando apoyos, benefició a Israel. Se apunta a un gasto significativo por parte del gobierno israelí para fomentar el voto, aprovechando la diáspora para movilizar apoyos en distintos países. Un dato comparativo que respalda esta hipótesis es que en la semifinal Israel solo recibió un 12, mientras que en la final obtuvo trece máximas puntuaciones. Esta movilización se habría dado incluso en países con clara mayoría pro-Palestina, lo que "apunta a ese gasto en el televoto para volver a politizar el festival intentando ganarlo y convertirlo en un arma de propaganda". La elección de la artista, superviviente de un ataque de Hamás, y la canción, con alusiones al conflicto, también resultaron controvertidas pero fueron aprobadas por la UER. Cabe destacar que el jurado israelí colocó a España en última posición, tras una protesta contra el mensaje informativo de RTVE.

Mientras tanto, en España, la polémica de Eurovisión ha llevado a la derecha a una intensa campaña de apoyo a Israel. Distintos cargos del PP y Vox han manifestado públicamente su respaldo. La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó a RTVE por un mensaje emitido antes de la final y defendió a Israel, comparando la postura de la cadena pública con "terrorismo, o la ejecución o encarcelación a homosexuales en países musulmanes". Ayuso, una "fervorosa defensora del Gobierno de Netanyahu", ha tenido la bandera de Israel en sus redes durante años. Otros nombres del PP también se pronunciaron, como Ester Muñoz, vicesecretaria nacional de Educación y Sanidad, que mostró su apoyo público a la representante israelí. 

La cuenta de Nuevas Generaciones del PP publicó el resultado del televoto español, interpretando los 12 puntos a Israel como una "respuesta de los españoles" al Gobierno de Sánchez, acusándolo de "hacer política de todo". Fuentes del PP en Génova 13 califican la postura de Sánchez como una "pantomima". Desde la ultraderecha, el líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió contra Sánchez por pedir la exclusión de Israel del concurso, considerándolo "cruel" y "miserable", y exigió el cese del presidente de RTVE por supuesta falta de neutralidad.

Reflexión: resulta paradójico que, mientras la derecha pide "no politizar Eurovisión", muchos de sus simpatizantes reconocieron en redes haber votado a Israel sin siquiera haber escuchado la canción, utilizando sus opciones de voto como una declaración política. Pues mientras Israel actuaba, sus bombardeos seguían asesinando mujeres y niños en los campamentos de refugiados. Ante esto, España ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos para defender la solución de los dos Estados y a Palestina "frente al genocidio de Israel", y ha pedido explícitamente la exclusión de Israel de Eurovisión, como ocurrió con Rusia en relación con la guerra de Ucrania y apelando a no aplicar "dobles estándares" en la cultura. 

España, junto a Palestina, impulsa una resolución en la Asamblea General de la ONU que exige el fin del bloqueo humanitario a Gaza y participa en una propuesta para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el no cumplimiento israelí de sus obligaciones en materia de acceso a ayuda humanitaria. En este contexto político, la televisión pública española  emitió antes de la final un mensaje en pantalla: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina". Tras conocerse el resultado del televoto español (12 puntos para Israel), RTVE solicitó una auditoría a la UER sobre el mismo y propuso abrir un debate sobre la influencia de los conflictos bélicos en el festival.

La controversia en torno al televoto de Israel y el posicionamiento político de la derecha española evidencian cómo Eurovisión, un evento musical, se ha convertido en un escenario de disputa política y propaganda en el contexto del conflicto en Oriente Medio. Los eurofans y espectadores ajenos a estas dinámicas han puesto el foco en las deficiencias del propio sistema de televoto, señalando casos como el de Suiza, que quedó segunda para el jurado pero obtuvo 0 puntos del público. Poderoso caballero es don dinero.

Demasiados años no es bueno

Cada vez más gente se deja llevar y engatusar por el populismo. A estos degradadores profesionales de la auténtica política no les preocupan en absoluto las consecuencias de sus ataques al orden democrático occidental. 

Han conseguido convencer a mucha gente, toda la que no se preocupa de conocer los datos reales de muchas cuestiones, de que la ultraderecha es la solución. Pero no es culpa de esa gente sino de los demás, que nada hacemos como pueblo para acabar con esta podredumbre que se ha instalado en las administraciones públicas. 

Veamos. Muchas de ellas son hoy cortijos particulares donde no reina la democracia, sino que están al servicio de la hipocresía. Hay administraciones donde un mismo partido lleva más de treinta años gobernando, y los vicios adquiridos que inevitablemente surgen, ya se han convertido en auténticas tradiciones institucionales. 

Algunos de esos gobiernos, antes de preocuparse por la mejora de las infraestructuras y servicios públicos dependientes de esa administración, prefieren bombear los fondos públicos mediante externalizaciones para así enriquecer a empresas privadas, y si pueden de paso llenarse el propio bolsillo mejor. No les importa nada si mientras eso ocurre, los servicios para los ciudadanos (ancianos, enfermos, estudiantes, dependientes…) se deterioran.

Eso saldría a la luz sino fuese porque para lavarse la cara disponen de unos medios de comunicación a su servicio, y para conseguirlo les basta con sustentar la forma de vida de sus dueños y de sus plantillas mientras que obedezcan e informen a conveniencia de esa administración que les paga. Y por si eso no es suficiente, después están las filas de jueces que forman parte o cohabitan dentro de esa red clientelar institucional. Son instituciones a las que solo llegan políticos de una élite social, para la que gobiernan con un único fin: que nada cambie. 

La estrategia es antigua, antes era con corridas y partidos de fútbol, hoy es con programas televisivos que no educan ni forman, sino que solo distraen. Así consiguen que el pueblo solo esté pendiente de lo superficial y lo nimio que es la mejor manera para que ese pueblo sea dócil, mientras ellos consiguen mantener sus privilegios. Eso si, si alguien intenta mirarles, siempre los va a encontrar dándose golpes de pecho y luciendo la bandera de tanto patriotismo como llevan dentro. 

Pero esa manera de actuar en política no se limita a lo estrictamente nacional, porque son muchos los organismos supranacionales que están plagados de funcionarios que miran para otro lado, mientras los políticos de turno no hacen nada como está ocurriendo ahora, que no ven nada punible mientras unos genocidas masacran a un pueblo entero. 

Y lo peor de todo, es que somos nosotros los ciudadanos quienes les pagamos. Claro que es sistema lo han diseñado ellos, y si no nos gusta como actúan no podemos cambiar esa situación, porque solo podemos decidir cada 4 años.

¿Qué más nos debe pasar para darnos cuenta de que ya somos mayores de edad, que no necesitamos ser tutelados, que podemos hablar cada día, cada semana, ante cada decisión que adopten?

Si cobran todos de nuestros impuestos, y las subvenciones y adjudicaciones que otorgan también provienen de lo que todos pagamos, su primera obligación debería ser trabajar por nuestro bien y no solo por el suyo y el de su partido. Debería existir un mecanismo que impida que se mantengan situaciones así entre procesos electorales porque la justicia no es justicia si tarda en hacerse. No debería consentirse que su corrupción se financie durante años con nuestros impuestos, y cuando un partido se perpetúa eso es lo que ocurre. 

No hablo en general. Pongamos que hablo de Madrid, de Galicia, de Castilla León, o de Murcia. Hoy es así, y es el mismo argumento utilizado por el PP cuando donde esa continuidad en el gobierno se daba en Andalucía. 

Miremos la lista de ayuntamientos, diputaciones o CCAA donde esa permanencia en el tiempo de un mismo partido ocurre, y veremos como lo alegal, lo ilegal o la corrupción, han estado, están o ya se ven venir.

Día Mundial del Médico de Familia y cronicidad

En 2010 en la reunión del Consejo Mundial de WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) celebrada en Cancún, tuvo a bien aprobar por  unanimidad la creación del Día Mundial del Médico de Familia, y desde 2011 esa conmemoración se celebra el 19 de mayo, cómo una forma de resaltar la importancia que juegan los sistemas de salud y el vínculo entre salud-familia-comunidad.

El médico de familia desempeñamos una labor crucial en la prevención y manejo de la salud de la población, pero ante la mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población, de una manera muy importante, de los procesos crónicos. Entre ellos merecen especial mención las enfermedades  cardiovasculares (ECV), y nuestra labor va desde el control de los factores de riesgo desencadenantes hasta su tratamiento. Además, lo hacemos desde un enfoque holístico y de continuidad asistencial, lo que redunda en una menor mortalidad y menos hospitalizaciones por esa causa. 

Al médico de familia siempre nos corresponde prevenir. Actuamos identificando y gestionando los diferentes factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, colesterol elevado, diabetes u obesidad. También en su diagnóstico, identificándolas y derivando a otros especialistas cuando sea necesario. Así como su tratamiento y seguimiento para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Lo podemos hacer a través de la educación a pacientes y familiares sobre hábitos de vida saludables, dieta equilibrada y actividad física. 

Pero cómo médicos de familia debe destacarse nuestro enfoque preventivo, tanto en prevención primaria al que no padece aún la enfermedad, cómo en prevención secundaria en pacientes que ya las presentan para controlar los factores de riesgo, y buscar reducir la progresión de la enfermedad, lo que hoy vemos dificultado  porque la historia clínica electrónica no es compartida entre centros de Atención Primaria y hospitales en la mayoría de Comunidades Autónomas, por una, cada vez menor, pero persistente discontinuidad en el seguimiento del paciente, y por la falta de concienciación sobre la necesidad de controlar todos los factores de riesgo por parte del propio paciente.

Algunas cifras para poner en contexto. En Castilla-La Mancha, las ECV también son muy prevalentes con una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en 2023 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuantifica en términos absolutos, donde fueron la primera causa de defunción en mujeres, el 27% de las defunciones en este grupo de población, mientras que en hombres son la segunda causa tras los tumores y representan el 24% de las defunciones. No somos muy diferentes a la situación mundial, donde las ECV fueron responsables del 30% de las muertes. Ese mismo instituto (INE) recoge en 2022 una encuesta de Condiciones de Vida que refleja cómo los factores de riesgo más importantes en nuestra Comunidad son la obesidad y el sobrepeso con el 51% de la población presentando exceso de peso (34,3% tenía sobrepeso y 16,7% presentaba obesidad). 

No podemos dejar de citar otros factores cómo el tabaquismo que la misma encuesta  nos dice que un 18,5% de la población fuma diariamente. También el INE recoge los datos de la Encuesta Europea de Salud del 2020, donde nos encontramos en Castilla La Mancha que otros factores de riesgo de ECV cómo la hipertensión la presentaba el 21,41% de la población, un nivel elevado de colesterol en sangre está presente en el 15,68%, y un 8,12% de población tiene diabetes diagnosticada.

Lo más preocupante, por representar actualmente uno de los grandes problemas de salud pública, es la presencia de esos factores de riesgo de sufrir ECV en nuestra población infantil y en nuestros adolescentes. Son las víctimas de unos hábitos y estilos de vida causantes de sobrepeso y obesidad infantil que sus progenitores no valoramos en su importancia real, y en muchos casos, incluso se ignoran aun siendo conscientes de que representan un riesgo para la salud de nuestros hijos. En Castilla-La Mancha, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Instituto de Salud Carlos III publicaron en 2023 un estudio donde registran que la prevalencia de obesidad y sobrepeso en población de 2 a 17 años, es de un 29% de niños y niñas presentando exceso de peso (sobrepeso lo presenta un 17,3% y obesidad el 11,7%) siendo más frecuente en niños que en niñas, lo que ha provocado que enfermedades que tradicionalmente se ven solo en adultos, hoy las diagnostiquemos en ese grupo de edad (diabetes tipo 2, hipertensión arterial y hipercolesterolemia). 

Los datos anteriores deberían verse cómo lo suficientemente alarmantes para que nos planteemos en serio lo importante que son las medidas de prevención y control para reducir la prevalencia de estas enfermedades e intentar reducir la mortalidad asociadas a ellas. En nuestra región son varias las iniciativas orientadas en mejorar el abordaje clínico y la coordinación asistencial frente a las ECV, que van desde un manual para abordar la insuficiencia cardiaca, un protocolo de actuación rápida y coordinada frente al infarto, o el código ictus. También disponemos de estrategias específicas como el Plan de Salud de Castilla-La Mancha Horizonte 2025 que recoge acciones de promoción de hábitos de vida saludables, prevención de factores de riesgo cardiovascular o la atención integral a la cronicidad. 

También es importante citar una estrategia transversal que busca prevenir o retrasar la aparición de enfermedades crónicas, cómo es  el Plan de Abordaje Integral de la Cronicidad y Prevención de la Fragilidad, y otras iniciativas para promover la actividad física y el ocio saludable, para la prevención y el control del tabaquismo, que incluye programas de cribado, medidas de sensibilización y un abordaje integral de la deshabituación tabáquica cuya implementación esperamos que contribuya a reducir el riesgo cardiovascular en la población castellanomanchega. Nuestro sistema de salud regional actúa, siempre podría mejorarse, pero son muchos los instrumentos disponibles que podemos y debemos utilizar. 

A los pacientes y sus familiares les corresponde tomar conciencia sobre la cronicidad de estas patologías, la importancia de los estilos de vida saludables, el cumplimiento del tratamiento farmacológico, la asistencia y participación en actividades de educación sanitaria, y el cumplimiento de las recomendaciones de seguimiento para el control de la enfermedad. A las  administraciones, saber que la pobreza, la desigualdad económica, la falta de acceso a la educación, dificultad de acceso a alimentos saludables, o entornos laborales o de residencia no saludables, también afectan a la salud cardiovascular, y que deben considerar estos factores a la hora de planificar las políticas públicas de salud, y no centrase solo en estilos de vida y conductas individuales. Y a los especialistas en medicina de familia, en especial a las nuevas generaciones, que hoy nos corresponde celebrar esa apuesta de la WONCA por poner en valor nuestro trabajo diario, pero sin olvidarnos de una enseñanza de Albert Camus, que "Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más grande: impedir que el mundo se deshaga". Prevenir siempre es antes que curar.

El cribado neonatal: una herramienta clave para la salud pública en España

“Salva vidas y previene discapacidades graves. Su continua actualización y ampliación demuestran el compromiso de las autoridades sanitarias españolas con la protección de la infancia y la mejora de la calidad de vida de las futuras generaciones”

Antonio González Cabrera

16 de mayo de 2025 07:05 h 0

El cribado neonatal, conocido popularmente como la “prueba del talón”, se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces en la prevención de enfermedades congénitas graves en recién nacidos en España. Su objetivo principal es identificar y tratar de forma precoz a los bebés con enfermedades congénitas antes de que manifiesten síntomas clínicos, evitando así la mortalidad prematura, previniendo discapacidades físicas o psíquicas y mejorando notablemente el pronóstico y la calidad de vida de los afectados.

La prueba se realiza mediante la obtención de una pequeña muestra de sangre del talón del recién nacido en las primeras horas de vida. Este sencillo procedimiento se lleva a cabo tanto en hospitales como en domicilios y es obligatorio para todos los recién nacidos. Antes de la extracción, el personal sanitario informa a la familia y recaba el consentimiento expreso de los progenitores o tutores legales.

El Programa de Cribado Neonatal del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha ido ampliando progresivamente el listado de enfermedades detectables. Entre las patologías actualmente incluidas destacan: Hipotiroidismo congénito, Fenilcetonuria, Fibrosis quística, Deficiencias de acil-coenzima A-deshidrogenasa de cadena media y larga, Acidemia glutárica tipo 1, Anemia falciforme, Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, Deficiencia de biotinidasa, Hiperplasia suprarrenal congénita y Homocistinuria

En 2024, la Comisión de Salud Pública aprobó la incorporación de la tirosinemia tipo 1, y acaba de incluirse en la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Para 2025 está prevista la inclusión de nuevas enfermedades como las acidemias metilmalónicas, acidemia propiónica, deficiencia primaria de carnitina, deficiencia de acil-coA deshidrogenasa de cadena muy larga, acidemia isovalérica, aciduria 3-hidroxi 3-metilglutárica, inmunodeficiencia combinada grave y atrofia muscular espinal, ampliando así el alcance del programa y su capacidad preventiva.

El cribado neonatal comenzó en España en la década de los ochenta, centrándose inicialmente en hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria. Castilla-La Mancha, por ejemplo, implementó su programa en 1989 y ha ido incorporando nuevas enfermedades conforme avanzaban las técnicas diagnósticas y los acuerdos nacionales. En 2015, la región sumó la fibrosis quística a su lista de enfermedades cribadas, y recientemente, en 2025, la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha ha anunciado la ampliación del listado de enfermedades objeto de cribado de 27 a 30, reflejando el compromiso constante con la salud infantil.

La detección precoz de estas enfermedades permite iniciar tratamientos específicos de manera inmediata, lo que reduce de forma significativa la mortalidad y las secuelas asociadas. Además, la disponibilidad de nuevas técnicas analíticas más sensibles y específicas ha permitido incorporar un mayor número de patologías al programa, adaptándose a los avances científicos y a las necesidades de la población.

Las comunidades autónomas, además, pueden complementar el programa nacional incluyendo otras enfermedades en su cartera de servicios, adaptándose así a las particularidades epidemiológicas y sanitarias de cada territorio.

El cribado neonatal es una herramienta fundamental de salud pública que salva vidas y previene discapacidades graves. Su continua actualización y ampliación demuestran el compromiso de las autoridades sanitarias españolas con la protección de la infancia y la mejora de la calidad de vida de las futuras generaciones. Esta noticia debe ser motivo de satisfacción para todos los ciudadanos de nuestra región.

La reducción de la jornada laboral polariza a empresarios y sindicatos castellanomanchegos.

La reciente aprobación por el Consejo de ministros de la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales ha generado un fuerte debate en España, enfrentando a organizaciones empresariales y sindicatos. La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) se opone frontalmente a la medida, calificándola de una "imposición directa". Argumentan que la reducción no debería aplicarse de forma generalizada para todos los sectores y tamaños de empresa.

La principal preocupación de la Cecam y otras patronales como la CEOE o la Cámara de Comercio de Barcelona es que la medida dificultará la organización interna de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, y podría poner en riesgo su supervivencia. Consideran que el impacto no es el mismo en una gran compañía (muchas ya aplican jornadas similares por convenio) que en una pequeña empresa. Las patronales insisten en que este asunto debería ser parte exclusiva de la negociación colectiva, no una imposición por ley. Califican la medida de "atropello constitucional" por saltarse el diálogo social, con el riesgo de perjudicar la productividad y aumentar costes. También mencionan problemas potenciales como la reestructuración organizativa, la comunicación, la coordinación y el impacto en la atención al cliente.

Por su parte, sindicatos como UGT, CC.OO. y CSIF califican la medida como un "hecho histórico" y la respuesta a una reivindicación de larga data. Aseguran que beneficiará a todas las partes, incluidos los empresarios. Frente al argumento de la productividad, los sindicatos sostienen que reducir horas no implica menor productividad; de hecho, puede aumentarla. Argumentan que la productividad no está ligada al tiempo de permanencia en el puesto, y que una mejor calidad de vida de los empleados se traduce en un mejor rendimiento. Citan estudios y experiencias internacionales que sugieren que una jornada más corta aumenta la satisfacción, el bienestar, la motivación y reduce el estrés, el agotamiento y el absentismo.

Además, los sindicatos señalan otras ventajas para las empresas, como una mejor utilización de recursos (reduciendo costes como transporte, material, electricidad, agua) y una mejora de la imagen corporativa como organizaciones innovadoras centradas en el bienestar de sus empleados. UGT sugiere que la reducción de horas incentivará la contratación de nuevo personal para cubrir necesidades. CSIF destaca que buscan el beneficio de los trabajadores, pero también la calidad del empresario y el crecimiento integral.

Los sindicatos ven los argumentos actuales de la patronal como desfasados, comparándolos con los esgrimidos en 1983 cuando la jornada se redujo de 48 a 40 horas, lo que no provocó el cierre masivo de empresas que se profetizaba. Consideran que retos como la reestructuración organizativa o la comunicación son gestionables con herramientas tecnológicas actuales. Aunque admiten posibles desventajas menores iniciales para los empleados (aumento de carga de trabajo, gestión del tiempo libre), creen que son efectos menores frente a los beneficios esperados.

La medida busca mantener el salario de los trabajadores. Los sindicatos defienden que el bienestar y el enriquecimiento del trabajador repercutirán positivamente en su trabajo y el ambiente laboral. La meta sindical, además, es seguir avanzando hacia las 35 horas semanales en el futuro. Los sindicatos recuerdan que la reducción de jornada afecta a doce millones de trabajadores y es un tema de interés general.

Para quienes trabajamos en los servicios sanitarios es curioso seguir viendo en pleno siglo XXI, cómo no existe una apuesta clara por parte de esas mismas patronales por salvaguardar la salud de sus trabajadores. Entre las posibles medidas que se podrían impulsar  están desde la adopción de más medidas de seguridad en los lugares de trabajo hasta su indiferencia ante los problemas de salud mental. El aumento del estrés, la menor productividad, y las enfermedades profesionales parecen ser temas menores frente a otras cuestiones económicas. Nos encontramos con demandas por parte de los sindicatos de mejores equipos de protección individual adecuados, espacios de trabajo limpios y seguros, implementar medidas de prevención de accidentes, falta de apoyo a los trabajadores que sufren ansiedad o depresión, exigir jornadas laborales largas sin descansos adecuados. Los espacios de trabajo mal iluminados, con mala ventilación o con altos niveles de ruido tampoco parecen una prioridad de esas patronales. Se avanza, pero no al ritmo que una sociedad moderna exige.

Aunque no se quiera admitir cómo una prioridad por la patronal empresarial, un ambiente laboral saludable crea mayor productividad y menos ausencias de su puesto de trabajo. Cuidar la salud física y mental de los empleados no solo beneficia a las personas, sino también a la empresa en términos de productividad, retención de talentos, y reputación empresarial. La salud de los trabajadores no debe ser un asunto secundario, sino una prioridad para cualquier empresa, y una jornada laboral adecuada que permita el descanso y la conciliación familiar es fundamental para alcanzarla.

Subsistencia

El apagón reabre el debate crecimiento vs decrecimiento. Nuestro gobierno regional haba solo de crecimiento regional. El Partido Popular de Castilla la Mancha también nos propone solo la senda del crecimiento. En ambos casos   presupone excluir a los castellanomanchegos ya de principio, de que en nuestra región se pueda plantear un cambio de parte de nuestro modelo a aplicar los principios de la teoría del decrecimiento, planteada por el economista francés Serge Latouche. El tema no es baladí, y además hacerlo en un momento donde el cambio climático, la energía y la huella de la raza humana sobre nuestro planeta, parece impropio de una sociedad moderna cómo es la nuestra.

El termino decrecimiento define una nueva visión, cada vez con mayor número de partidarios entre los pensadores de izquierdas, que ha recibido un gran impulso en momentos de crisis sistémica mundial, y hoy estamos en una nueva, donde el papel preponderante que en política internacional ha adquirido la llegada de Trump junto al crecimiento de la extrema derecha en muchos países pretende cambiar el respeto al planeta y la conservación de sus recursos, imprescindibles para la supervivencia de la raza humana sobre él. 

La teoría del decrecimiento obedece básicamente a dos máximas: que "El hombre puede encontrar la felicidad sólo si sabe limitar sus necesidades" y una segunda "Hay que trabajar menos para trabajar todos y para vivir mejor". Ambas recogen el gran objetivo de los seres humanos que no debería ser otro que alcanzar la felicidad, en lugar de acabar siendo el más rico del cementerio, como dicen en mi pueblo. La propuesta de reducir la jornada laboral defendida por las organizaciones sindicales de nuestra región en las calles el Primero de Mayo está en esa línea.

También incide sobre los otros dos apartados del modelo productivo y de empleo, Latouche plantea algunas alternativas para combatir el desempleo. Lo hace en base a tres pilares: la relocalización del trabajo, la reconversión del modelo productivo actual, y la reducción del tiempo de trabajo. Si la deslocalización ha servido para la explotación de la mano de obra en países con condiciones laborales hiper precarias, el primer pilar parecería aceptable. En un país como España donde el medio rural ocupa el 80% del territorio, aunque lo habite menos del 20% de la población, o una región cómo la nuestra donde esos datos reflejan un mayor despoblamiento, la reconversión urgente para desarrollar una agricultura ecológica, suprimir las importaciones y trabajar la tierra para obtener productos frescos, autóctonos y de temporada, y a la vez crear un gran número de puestos de trabajo, tampoco parece algo descabellado el plantearlo. Y más, si en paralelo son objeto de reconversión las fuentes de energía fósil y nuclear, y el acceso a la vivienda en las ciudades cada vez está más reservado a solo unos pocos. 

En el último pilar de este planteamiento contra el desempleo estaría la reducción del tiempo de trabajo, ya citada por otros autores como solución al desempleo, y similar a la experiencia francesa de tiempos del socialista Jospin. A este modelo lo llama ecosocialismo, y puede que esto no se plantee por parte de la oposición, pero al menos debería valorarse por un gobierno de signo socialista. En cualquier caso, el desempleo regional como parte o consecuencia del modelo económico actual, requiere también, que se puedan plantear propuestas dentro de esta teoría del decrecimiento. Latouche plantea en su teoría una economía europea basada en la salida del euro lo que permitiría a cada país poder devaluar su propia moneda, aunque no aboga por su desaparición, sino el uso del euro como moneda de intercambio entre países europeos. También considera que una baja inflación es buena para la mayoría de la gente, menos para los rentistas y los banqueros, y combatir su bajada o propiciar su subida como gran objetivo sería propio de estos, de ninguna de las maneras puede ser también el objetivo de un gobierno desde la izquierda. También sobre la deuda soberana de los países propone pagar solo la parte legítima y no pagar la otra, que considera el resultado de unos gastos financieros que se han ido acumulando injustamente, lo que afecta teóricamente a un nuevo modelo de financiación para las CCAA.

No debería extrañarnos que estas puedan ser aportaciones que se deberían realizar en cualquier programa político de un partido o un gobierno de ideología progresista, puesto que es obvio que estamos en un planeta de recursos finitos, en una sociedad donde los mercados y el capital dirigen los países y el destino de sus ciudadanos, e inmersos en un sistema político donde los derechos ciudadanos han pasado a un segundo plano dando prioridad al objetivo del beneficio económico. Cosa diferente es si esto puede ser admisible por todos los partidos de izquierda, entendiendo cómo tales a los que se definen cómo defensores de la socialdemocracia, o es pronto para estos últimos, aunque creo que deberían hacerlo si quieren convertirse en una izquierda capaz de ilusionar hoy a una ciudadanía, que solo puede ilusionarse con una propuesta contraria al actual sistema, estrategia seguida por la ultraderecha y que les está reportando resultados favorables en clases sociales en las que era impensable imaginarlo. Al menos así lo indican las proclamas de los diferentes movimientos ciudadanos surgidos frente a esta crisis.

El modelo consumista actual resulta cada vez más difícil de defender, y sobre todo hacerlo en Catilla La Mancha resulta cuestionable. Estamos acabando con los recursos naturales del planeta, mientras adoctrinamos a los ciudadanos creándoles la necesidad de consumir, de no poder existir sin luz, comunicación móvil y redes sociales, que son necesarias si, pero es cuestionable que sean vitales cómo hemos tenido sensación el lunes del apagón, aunque debemos admitir que eso demuestra que el sistema económico actual ya nos ha inyectado por vena el principio, al parecer incuestionable, de que no podemos vivir sin ello. Si esto ha sido la constante en el progreso europeo o norteamericano, su aplicación en los países emergentes en pleno bum demográfico augura un aceleramiento hacia la escasez de recursos, lo que a todas luces debería causarnos miedo, y a la vez poner en valor regiones cómo la nuestra donde muchos recursos persisten aún vírgenes.

Las aportaciones de la revolución francesa a la humanidad poniendo en valor la libertad, la igualdad y la fraternidad, han sido las banderas y símbolos de las sociedades modernas, y su utilidad histórica para el progreso social es innegable. Los cambios sufridos en el socialismo actual, obligado a coexistir inmerso en un sistema capitalista, han acabado por convertirle en la cara amable de ese capitalismo, cuando no en muchos casos, en parte del capitalismo. Puede que ese sea el vivero de votos de la ultraderecha, ante la falta de políticas realmente progresistas de verdadera ideología de izquierda por temor a un impacto electoral negativo, y sin poner en el otro lado de la balanza en el cálculo electoral que, ante el sucedáneo de una derecha light, se opta por una derecha real. Castilla La Mancha no es ajena a esa tendencia.

Tal vez el apagón sea una buena oportunidad, para que los progresistas nos cuestionemos si no ha llegado la hora de plantear desde la izquierda en los programas electorales otra forma de habitar el planeta tierra del que todos somos tripulantes y no meros pasajeros, que se acompañen de medidas de autentico cambio de modelo de país. Puede que estas propuestas, aunque se planteen, queden en el olvido y derrotadas en cualquier votación en órganos de decisión, pero también puede que, si ni siquiera las hacemos, nos equivoquemos y tengamos que empezar a admitir que es la realidad de hoy la que ya nos está demostrando nuestro error. Y en este asunto no podemos permitirnos errar, porque hablamos de subsistir, como planeta, país y región.  Y cómo gobierno desde la izquierda.

Refranero y Quijote, lecciones olvidadas por una política ahogada en la bronca

Hoy ya todo nos vale. Parece que el “A dios rogando… y con el mazo dando”, tan usado por nuestro Sancho Panza, incluso haya inspirado (creo que erróneamente), que hasta la celebración del Día de la comunidad se pueda convertir en un escenario de confrontación política. Hay a quien le basta marcar  la jornada por la ausencia del gobierno central y del ejército, para generar un clima de enfrentamiento e intensa crítica, y así justificar el convertir una fiesta de todos en un acto de partido. Sabina diría “pongamos que hablo de Madrid”.

Si una comunidad no invita a ningún miembro del gobierno a su acto institucional anual, la decisión seguro que se puede, incluso intentar hacerlo cómo “la respuesta” a una supuesta ruptura de "toda relación institucional" por parte del ejecutivo central (curiosamente el mismo ejecutivo al que esa comunidad acaba de encomendarle la situación de la emergencia por el apagón). Pero cómo comunidad debes asumir un riesgo: que se pueda entender tu actitud cómo un acto de sectarismo, cómo un veto propio de los gobiernos autocráticos y cómo un ataque en general a todos los legítimos representantes democráticos que, cómo poco, son tan legítimos cómo tú que les vetas. Lo indudable es que, al hacerlo, acabas convirtiendo una celebración que es de todos, solo en tu mitin de parte. 

Claro que la ausencia del ejército del que pretendes que sea tu “gran acto oficial” puede ser controvertida, pero si el mismo tiene carácter "civil" no militar, tampoco parece imprescindible que quieras perpetuar por los siglos de los siglos la presencia del ejército. Y tampoco lógico, cuando pasan revista los jefes de Estado, o los presidentes de gobierno del Estado, por lo que resulta impropio que lo hagan otras autoridades de menor rango y sin ascendencia sobre ese  ejército. Y resulta aún más impropio que el acto se realice a ritmo de pasodoble o de chotis que no parecen el mejor formato para pasar revista a unas tropas. 

Claro que el pueblo echa de menos a sus Fuerzas Armada. Pero cuando estas no están presentes en las situaciones de vulnerabilidad de ese pueblo (o cuando alguien que pudiendo no las requiere), pero no por estar ausentes en un acto marcadamente civil y festivo, cómo mucho puede añorarla. Eso sí, salvo que lo que se eche de menos no sean las Fuerzas Armadas nacionales en sí, sino que se pretenda dar un boato y una relevancia excesiva e impropia a una fiesta regional que no nacional. O tal vez porque se añoren tiempos pasados cuando, en lugar de democracia, vivíamos inmersos por exceso en marchas y tradiciones de una dictadura militar. Y para colmo, si el acto es conmemorativo de un hecho histórico, que menos exigir  que la comunidad promotora de la celebración conozca algo su propia historia y sepa que el levantamiento del 2 de mayo de 1808 fue un acto liderado por la ciudadanía, que no por el ejército, y no deberíamos olvidar el quijotesco “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Yo añadiría “y mete la pata menos”.

Nunca ayuda a mejorar la convivencia, primera obligación de un representante público, que su discurso se caracterice por muestras de ignorancia histórica, por un tono de confrontación, o por aprovechar la institución para arremeter contra el rival político de turno. Y ya si se sobrepasan las líneas del decoro y las buenas maneras, entonces mejor apagar e irse. Tampoco ayuda poner cómo guinda al pastel del discurso hacer el ridículo equiparando la invasión napoleónica con el apagón del pasado lunes, porque entonces se invita a las neuronas de los presentes a que se vayan acostumbrando al desastre, al sectarismo y a la mentira, y a que alguien cierre la puerta al salir porque ya no queda nada. Vemos demasiada politización hasta con los resultados deportivos, y ya hay quienes pueden ver política en la lluvia, en los truenos, y hasta o en que se fuese la luz casualmente en la zona de prensa durante la celebración. 

Todo esto contribuye a que, si tenías previsto salir a hombros, acabes recibiendo abucheos y pitos; que a los aplausos de tus más próximos los acompañen  críticas severas de los demás, porque todos tenemos aspectos reprochables en la gestión, más allá del contenido estricto del propio acto. Veamos ejemplos que te pueden suceder: escuchar que fueron demasiadas las muertes de ancianos en residencias de la comunidad durante la pandemia (incluso que alguno los califique de "asesinatos"); que te reprochen cómo pésima tu gestión de servicios públicos como sanidad, educación y dependencia; que te recuerden que vives en un ático o las comisiones fraternales por mascarillas; que tu faraónico hospital no sea especialmente operativo; o que los niños de la Cañada Real lleven más de un año sin luz y tú te quejes de un apagón de un día. El sabio refranero enseña que cuando así actúas “donde las dan las toman”, o lo que otros definen como “ir por uvas”.

Y no se acaba ahí, porque a esas críticas de gestión, les suelen seguir improperios y calificativos personales tales como:  insoportable, inútil, inepta, irresponsable, mentirosa, miserable, desequilibrada, o incluso psicópata. Es lo del “ojo por ojo”, porque a quien usa un lenguaje agresivo, le suelen responder con su mismo lenguaje agresivo e insultante. Tampoco contribuyen a que las aguas revueltas vuelvan a su cauce, que la respuesta a tu veto al gobierno central sea que del acto se ausente la oposición regional y organice otro alternativo. Es lo de se conoce como “echar más leña al fuego” porque ni gobierno ni oposición pueden olvidar que todos ellos nos representan a los ciudadanos, tanto los invitados cómo los ignorados. 

Lleva demasiado tiempo ocurriendo, y el del 2 de mayo solo es uno más en la infinita sucesión de choques que buscan una ruptura total entre las partes. Cada fiesta, cada homenaje, cada aniversario acaba en una excusa perfecta para un nuevo escenario de confrontación, con precedentes en la polémica con el ministro Bolaños en el acto de 2023, en la cancelación de la inauguración de la ampliación de la Línea 3 del Metro, o en la disputa sobre la presidencia de una jura de bandera civil en Alcobendas. Por eso, realizar la celebración del Día de toda la comunidad entre tensiones institucionales, acusaciones de partidismo y críticas generalizadas a todo el que no esté de tu lado, se ha demostrado siempre un error, que solo ayuda a generar o incrementar, importantes conflictos políticos y tensiones institucionales, salvo que sea eso lo que se busque actuando así. Cada uno nos hacemos el autorretrato al actuar. Ya nos lo decía Cervantes “Los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas”

Una celebración ciudadana sin todos los ciudadanos deja de ser el Día de toda la comunidad y acaba en un evento profundamente politizado en el contexto de la fuerte confrontación institucional y política al que algunos nos quieren llevar. Seguro que cómo hay quien cree y ve en todo esto un solo responsable según le dicta su ideología, por aquello de “nada es verdad ni es mentira”, es el color del cristal el que nos da diferentes perspectivas. Invito a esos a un breve ejercicio de ciencia ficción: imaginen que el gobierno central esté presidido por el señor Feijoo, y que es un presidente/a socialista el que actúa cómo lo ha hecho la presidenta madrileña. ¿Qué escucharíamos en boca del líder de la oposición de esa Comunidad? 

Si en vez de tanto lenguaje mitinero se usara más el refranero español y las enseñanzas del ingenioso hidalgo cervantino, mucho mejor les iría a nuestros políticos y a nosotros. El ensayo y error es una de las bases de toda ciencia, y lo mismo sucede con la política. No temas el error, teme a no aprender de él; que "lo bueno es enemigo de lo mejor", que es mejor aceptar lo solo satisfactorio en lugar de buscar desesperadamente algo perfecto o ideal, que puede llevar a no lograr nada; y piensa cómo Sancho que “quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda”. Nunca perdamos la esperanza, de un futuro mejor, que "No hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo aguante". Más que diseñar trajes con los colores de la bandera, háganlos con tejidos de responsabilidad y respeto.  

LUZ SOBRE EL APAGÓN

Sin luz, sin teléfono, sin internet. Y cómo si llegase el fin del mundo, la pregunta

nos la dieron redactada ¿Y ahora qué hacemos? Pero no era esa. Era ¿por qué?

España ha vivido un gran apagón el pasado lunes. Un evento de tal magnitud

que dejó inoperativa a toda la península ibérica en cuestión de segundos. La

desconexión total sorprendió por su rapidez, y la recuperación del suministro fue

inevitablemente lenta, y ha requerido que todos los sistemas volvieran a

acoplarse y sincronizarse con la señal eléctrica, lo cual es un proceso complejo

en una red con muchos sistemas. Algunas zonas, como las cercanas a las

fronteras francesa y marroquí (parte del País Vasco y la provincia de Cádiz),

recuperaron la normalidad antes, aunque incluso dentro de una misma provincia

hubo grandes diferencias en el tiempo de restablecimiento.

La pregunta inmediata fue ¿por qué se produjo? Empecemos por dejar claro que

no tenemos certezas sobre la causa o causas. Que Tellado y Gamarra ya digan

saber la causa, es para que les diera vergüenza solo insinuarlo. El asunto es tan

técnico, que es más que probable que los ciudadanos nunca nos enteremos del

origen real del problema. Eso ha facilitado que el debate público se ha llenado

de especulaciones y, cómo no, de bulos, convirtiéndose hoy en una batalla

ideológica entre renovables y nucleares, y también en otra batalla más entre

izquierda y derecha. Tenemos desde quienes relacionan el apagón con un

exceso de confianza en la energía solar o los supuestos riesgos de las

renovables, hasta quienes directamente lo atribuyen a la progresiva retirada de

las nucleares en nuestro país.

Los denominados "todólogos" (esos que saben de todo: Covid, Volcanes, DANA

y ahora sistemas eléctricos) en las tertulias televisivas, y que siempre son los

mismos y mismas, ya nos hablan de las causas sin ser expertos, y, eso sí, todos

con un sesgo político. No quisiera caer en lo mismo que crítico porque tampoco

yo soy un experto en sistemas de distribución eléctrica. Lo que si he hecho ha

sido, antes de escribir este artículo de opinión, intentar documentarme por varias

vías de lo acontecido. Y la verdad es que son muchas las publicaciones que ya

apuntaban a que este apagón del lunes podría producirse. Sin embargo, los

ciudadanos seguimos guiándonos solo por lo que nos cuentan en la caja tonta,

en lugar de a escuchar a expertos acreditados, que nos pueden aportar algunas

claves para entender lo ocurrido.

Según las fuentes en las que he leído, el apagón no se debió a un ciberataque,

ni tampoco el problema está en las renovables en sí mismas, que son las dos

opiniones preponderantes en redes. Tal vez, posiblemente, la causa principal

pudo haber estado en dos episodios de desconexión de energía solar, pero no

porque el problema fundamental sea esa desconexión en sí, sino por la

inestabilidad de la red eléctrica. Esta inestabilidad es real, y consecuencia directa

de un modelo energético que ha priorizado los intereses de las grandes

empresas por encima de las inversiones necesarias para garantizar la

estabilidad del sistema. El problema fundamental, no son las renovables, sino

que el modelo de integración de las renovables no es el más adecuado para sus

características.

Según algunos expertos, lo ocurrido fue el resultado de acumular una gran

cantidad de electricidad generada por sistemas fotovoltaicos en una red de alta

tensión, sin contar con sistemas de estabilización suficiente. Justo antes de la

caída, el 60% de la energía producida era fotovoltaica. La energía fotovoltaica

es inflexible, produce una corriente continua en función de la luz solar, y eso

dificulta la adaptación instantánea a la demanda. Aunque la situación generada

se podría haber compensado activando centrales de gas de ciclo combinado, no

se hizo, posiblemente porque mantenerlas operativas resulta costoso y el precio

actual de la electricidad es muy bajo.

Según esos expertos, no se pueden integrar las renovables sin dotarlas de

sistemas de estabilización. Las empresas han minimizado al máximo esta

inversión, delegando la estabilización a la Red Eléctrica. Aunque desde 2022 la

normativa obliga a los nuevos sistemas a incluir estabilización propia, el

problema reside en las instalaciones anteriores a esa fecha que no están

obligadas a cumplir estos requisitos. Están en esa situación instalaciones en

todas las CCAA anteriores a esa fecha, también en Castilla La Mancha. Si ese

es el motivo real de lo acontecido, resulta una imprudencia que no se debe

consentir y mucho menos repetir.

La falta de sistemas de control y estabilización ha podido provocar una

sobrecarga que, en lugar de que las subredes se desconectaran para protegerse,

fue pasando el problema a otras subredes, generando un efecto dominó, una

caída en cascada, y eso hizo que todo se cayera muy deprisa para evitar

quemarse. Para resolver ese problema, se debe invertir en los mencionados

sistemas de estabilización. Los expertos señalan que la mejor manera de

estabilizar las energías renovables, especialmente la fotovoltaica y la eléctrica,

es a partir de baterías. Es una idea simple: cuando hay desacoplamiento con la

demanda, si aumenta, sacas energía de la batería; si disminuye, metes el exceso

en ella. Esto, garantizaría la estabilidad y continuidad del servicio.

Lo que parece claro es que, si esa es la causa del apagón, la situación exige la

aprobación de leyes que antepongan la electricidad como servicio vital antes que

los intereses de las empresas. La importancia de exigir desde las instituciones

unas especificaciones estrictas y obligatorias de estabilización, aunque las

compañías pongan el grito en el cielo, porque hacerlo implica hacer un montón

de inversión, pero es necesario anteponer la seguridad de los españoles y del

Estado. Este acontecimiento que hemos vivido viene a poner en evidencia que

un elemento vital hoy cómo lo es la electricidad no puede estar sometido su

funcionamiento a las leyes de mercado ni a los intereses de las empresas

privadas, sino que se debe plantear que la generación de la electricidad sea un

servicio público.

Cómo en la sanidad, en la educación y en lo que conocemos cómo servicios

básicos, también aquí un modelo de empresa privada siempre va a priorizar el

beneficio frente a la calidad del servicio. Desmantelar lo público tiene muchas

consecuencias, una puede ser lo acontecido este pasado lunes, otra que sean

muchos los expolíticos españoles que han estado o están hoy sentados en los

consejos de administración de esas empresas. No es una cuestión ideológica,

sino de toda lógica, plantear que es una anomalía que un servicio público cómo

la electricidad de máxima necesidad, cómo hemos comprobado en nuestras

propias carnes, esté en manos privadas, y que hacen un gran negocio con

nuestra necesidad total de esta energía. El apagón también ha puesto de

manifiesto la vulnerabilidad en la que nos sitúa la falta de planificación respecto

a este sistema de renovables y es aplicable a otros muchos servicios de primera

necesidad.

Más allá de los aspectos técnicos, el incidente también nos ha mostrado los

contrastes de nuestra sociedad del siglo XXI. Mientras unos reaccionaban hace

unos días comprando kits de emergencia y abogando por el incremento del gasto

militar ante un supuesto ciberataque, no se dan cuenta de que solo cortar la luz

una semana, nos deja una España rendida. La falta de información y la escasa

transparencia de las administraciones además nutre la creación de bulos

interesados que hacen de la incertidumbre ciudadana un vivero de votos. Ojalá

que el apagón, al menos, sirva para que nos demos cuenta de nuestra falta de

empatía con ciudadanos españoles o de fuera que sufren carencias mucho más

graves desde hace años (falta de luz, agua, alimentos, medicamentos) cómo

ocurre en Gaza o en la Cañada Real.

Políticamente, el evento ha dejado clara la apuesta de la derecha por las

nucleares frente a las energías limpias, y también nos permite percibir que

algunos usan cualquier situación para intentar obtener rédito político. A quienes

queráis documentaros con evidencia en el tema, os recomiendo la lectura de

diferentes publicaciones de Antonio Turiel Martínez, científico y divulgador,

licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad

Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como Investigador Científico en el

Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Él ya había advertido de

este escenario, señalando que la red lleva mucho tiempo "en el alambre" y que

ya ha habido ocasiones en las que se ha estado muy justo para garantizar el

suministro. De hecho, el año pasado se tuvieron que poner en marcha cinco

veces los sistemas de respuesta activa de la demanda, lo que básicamente

significa apagar toda la industria del país.

La transición del modelo heredado a un modelo renovable no es por un capricho

ideológico, sino consecuencia de la necesidad de luchar contra el cambio

climático. Y que no te engañen, es mejor un apagón temporal que las

consecuencias del cambio climático global, y mejor las renovables con sus

problemas solventables, que los costes económicos, ecológicos y de seguridad

de las nucleares. Sin embargo, el apagón nos expone que esta transición debe

hacerse de forma planificada y segura, con la inversión necesaria en

infraestructura de estabilización y, posiblemente, replanteando el modelo de

gestión de un servicio tan vital como la electricidad.

Lo que sí parece claro es que, al margen de las causas, el problema terminará

afectando al bolsillo de los ciudadanos.