LOS ANDALUCES SABEN CONTAR

Los andaluces saben contar de sobra; quien parece tener serios problemas con las cifras y con el respeto es Feijoo, jaleado por un PP que aplaude el chiste como si fuera una estadística veraz. 

En la cena navideña del PP de Madrid, Feijoo presumió de los kilómetros de costa de Galicia rematando con un “ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar”. El chiste, construido sobre el tópico del andaluz ignorante frente al “listo” del norte, se ha convertido en un insulto explícito a toda una comunidad, coronado con la contraposición a los “inteligentes madrileños” que veranean en Andalucía. 

En Andalucía sabemos contar muy bien los kilómetros de costa, pero también los años de desprecio clasista camuflado de broma por parte de la derecha. Sabemos  contar, sobre todo, los recortes y sus consecuencias: menos profesionales sanitarios de los que harían falta y más pacientes atrapados en listas de espera que no caben en ningún discurso de triunfalismo autonómico. Mientras él hace gracias con la calculadora, en Andalucía se saben contar los parados que siguen sin horizonte pese a los discursos de milagro económico del PP. También se sabe contar cada día extra que una persona espera una consulta especializada, una operación o una prueba diagnóstica en un sistema tensionado donde se pelea más por relatos que por ratios de sanitarios por habitante. 

Donde el conteo se vuelve indecente es en el caso del cribado de cáncer de mama: 2.317 mujeres afectadas por los fallos en los cribados según la Junta, con diagnósticos tardíos y angustia acumulada que no se arregla con ninguna broma navideña. La asociación Amama eleva a unas 4.000 las mujeres afectadas y habla de 301 que habrían desarrollado un cáncer tras esos fallos, mientras el Gobierno andaluz se aferra a la cifra de 23 como si fueran daños colaterales estadísticamente aceptables. 

Los andaluces hemos respondido claro: “sabemos contar perfectamente; contamos la de tontos que hay en el PP”, como le recordó José Ignacio García, y ojalá Feijoo y Moreno Bonilla compitieran por el número de sanitarias contratadas en vez de por chistes de sobremesa. Visto lo visto, en Andalucía saben contar paradas de mamografías, días en lista de espera y mujeres con cáncer; quienes no saben contar son los que convierten esos números en anécdota y a toda una comunidad en remate humorístico.

EL GRAN LIDER DE LA DERECHA

Feijoo ha hecho exactamente lo contrario de asumir el coste político de tres escándalos: se ha dedicado a proteger al partido, deslizar culpas hacia otros y limitarse a gestos cosméticos allí donde el daño es más evidente. Puede verse sin necesidad de grandes análisis.

En los cribados en Andalucía, ha decidido tapar el boquete, no repararlo. Feijoo ha actuado como cortafuegos de los barones del PP, no como líder preocupado por las pacientes. Mientras la ministra de sanidad le exigía que pusiera orden y obligara a las comunidades del PP a entregar los datos, él se alineó con su plante y avaló la negativa coordinada a facilitar información sobre cribados de mama, cérvix y colon. Esa postura, lejos de afrontar de frente lo ocurrido en Andalucía, ha convertido la opacidad en estrategia: cerrar filas, negar datos y vender el problema cómo una  “maniobra política” del Gobierno central.

En el caso del hospital de Torrejón: condenar al CEO, para salvar el modelo. Con el hospital de Torrejón, Feijoo ha aplicado un manual clásico: se carga al peón para salvar la estructura. Después de conocerse los audios donde el CEO del grupo Ribera pedía rechazar pacientes y alargar listas de espera para mejorar el EBITDA, Feijoo se ha limitado a “alegrarse” de su salida y a pedir una auditoría “con absoluto rigor”, dejando intacto el modelo de concesiones que incentiva exactamente ese tipo de decisiones. No hay una sola palabra cuestionando la lógica de la sanidad público‑privada madrileña; el problema, según su relato, no es el sistema, sino una frase desafortunada de un directivo demasiado sincero delante de un micrófono encendido. Y además la auditoria no se va a hacer.

Con Mazón ha pasado del blindaje a la distancia calculada. Feijoo ha pasado de garante a esquiador de fondo, intentando deslizarse fuera del foco a medida que las mentiras del president valenciano se volvían judicialmente incómodas. Primero se presentó en Valencia asegurando que Mazón le había informado “en tiempo real” de la DANA, frase que hoy investiga una jueza y que ha motivado su citación como testigo para aclarar si aquello fue cierto o una mentira más al calor de la tragedia. Solo cuando el coste reputacional ha desbordado a Mazón, Feijoo empieza a hablar de que “tendrá que explicar todas y cada una de sus palabras”, un giro calculado que llega tarde y que no corrige lo esencial: durante un año, el PP ha protegido y acompañado ese relato engañoso.

El hilo común es claro: Feijoo no lidera para aclarar hechos, sino para minimizar daños partidistas. En Andalucía respalda el cierre en falso de los cribados y la negativa a dar datos; en Madrid separa al CEO del contexto para no tocar el negocio sanitario; en Valencia acompaña a Mazón mientras las mentiras sirven para aguantar el chaparrón, y solo se distancia cuando ya hay jueza, víctimas organizadas y presión mediática. No es “pasar de puntillas” por torpeza, es una decisión política: el dolor de las pacientes andaluzas, los enfermos rechazados en Torrejón o las víctimas de la DANA son secundarios frente al objetivo prioritario de que nada de esto termine señalando al proyecto real que Feijoo representa: un PP que privatiza, usa la opacidad y miente, pero exige responsabilidad solo cuando gobiernan otros.

EL MOVIL DE LA PANADERA

En aquel pueblo nadie sabía con certeza adónde iban a parar los mensajes que borraban de sus WhatsApps. Algunos decían que se quedaban flotando en el aire, como pájaros tristes condenados a volar hasta que alguien recordara cuales eran sus palabras. Otros juraban haberlos visto cruzar el cielo de madrugada, en forma de destellos verdes que corrían sobre la loma junto al camino del norte, eran cómo la luz del Pardal, pero ellos la veían justo antes del amanecer, y no de noche.

Desde que la panadera borró aquel mensaje, el silencio empezó a crecerle por dentro. Ya no era feliz mientras amasaba, y la panadería ya no olía a pan caliente, sino a tinta y a cables quemados, que ella notaba que se le enredaban en la garganta y no la dejaban dormir. Por las noches, abría el teléfono y pulsaba la tecla  “recuperar”, intentando encontrarlos y recuperar el sueño que había dejado escapar.

Pero no le ocurría solo a ella. En el pueblo se oían rumores de que la forma de recuperarlos era ira a la vieja oficina de correos, donde había  un buzón invisible al que llegaban los mensajes eliminados de todo el pueblo. Ella fue, y encontró las confesiones de amor que nunca envió, las disculpas a su amiga por intentar quitarle el novio, y muchos mensajes que había borrado porque no se atrevió a enviarlos. Pero no estaban todos los que había borrado.

Una madrugada, la panadera siguió un zumbido que salía de su móvil y caminó detrás del ruido que iba aumentando su intensidad conforme se acercaba a la oficina. No tenía llave, pero la puerta se abrió sola. Dentro, encontró mil mensajes flotando en el aire, cada uno con la voz de a quien no se atrevió a enviárselo y los borró. Ella buscó el que no había enviado a su amiga entre aquella multitud y lo encontró: “Te he querido mucho más a ti de lo que pude amar a tu novio”. Lo tocó con la punta de los dedos, y en ese instante el mensaje se envió, y ella pensó que igual habría despertado a su amiga.  Pero ya no podía volver a borrarlo, porque aquel mensaje había esperado demasiado tiempo para ser leído.

Al día siguiente, cuando los vecinos se despertaron hallaron el teléfono de la panadera en la puerta de la oficina de correos sobre un banco de piedra, pero con la pantalla encendida. En él se leía una sola palabra: Recuperado. La vecina que lo encontró fue a la panadería, para devolverlo, pero se encontró la panadería cerrada. La panadera había desaparecido y nadie volvió a verla nunca. 

Desde entonces, cuando alguien borra un mensaje de su móvil en el pueblo, la pantalla le tiembla suavemente, y aparece un mensaje que dice: soy la panadera, dile a mi amiga que nunca amé a su novio, que me perdone, que mi corazón quiere poder regresar.

¡CUANTO SALVA PATRIAS APARECE!

Este PSOE que algunos socialistas salva patrias dicen ver naufragar en sus propias contradicciones, está formado también por ellos, personajes que parecen no haberse enterado aún, de que este PSOE no es una criatura extraña caída del cielo. 

Señoras y señores, están ustedes contemplando el resultado lógico de un partido que nadie quiso transformar a fondo y quienes lo intentaron acabaron saliendo. No se equivoquen ustedes: ni Felipe, ni Guerra, ni los barones territoriales, ni los secretarios generales provinciales lo hicieron. Ni tampoco lo ha hecho Sánchez. La pregunta ya no es qué va a hacer el PSOE hoy con esta España, sino qué está dispuesto a hacer consigo mismo para seguir existiendo como partido de izquierda, y no quedarse solo como una marca de campaña electoral. 

Porque muchos ya estamos mayores para seguir engañandonos. Leer comentarios en redes de quienes afirman “me gusta el PSOE de Page, pero no el de Sánchez” solo puede interpretarse como propio de quienes no conocen ese partido. Los ataques del PSOE de Page a Sánchez (entre los que son llamativos los ataques por omisión como, por ejemplo, los silencios de sus dirigentes en Albacete), no buscan cambiar el partido, sino acomodarlo a su imagen y semejanza. Quieren un PSOE ordenado, sin estridencias, que exhiba la pulcritud moral en Castilla-La Mancha, mientras mira de reojo a Ferraz y calculan tiempos y equilibrios. Cuando Page presume de que en su territorio “no se piden comisiones, no se piden mordidas” y denuncia la “política de mirar para otro lado”, no está discutiendo la estructura de poder del partido, sino marcando distancias para llegar más fuerte al reparto del día después. 

La corriente alrededor de Page no plantea desmantelar el aparato, ni someter a control democrático real las baronías, sino desplazar al liderato actual para recomponer un PSOE más cómodo con los poderes económicos y mediáticos tradicionales, y menos dependiente de pactos con las izquierdas y el independentismo. El problema no es que Page critique la corrupción (faltaría más), sino que su proyecto no cuestiona la misma cultura orgánica que hizo posibles los errores, tanto antes del felipismo como hoy del sanchismo. Cuesta escuchar a Felipe González pontificar contra el sanchismo como si el partido hubiese empezado ayer. Parece olvidarse que durante años se sufrió en silencio un felipismo que confundió la mayoría absoluta con tener patente de corso y que convirtió al PSOE en solo una maquinaria de poder. 

Hoy los González, Guerra, Page y otros, se erigen en conciencia crítica interna del partido, mientras se alinean contra la amnistía y los pactos con el independentismo, comprando sin pudor gran parte del argumentario de la derecha y llamando a una rebelión interna que jamás quisieron cuando ellos mandaban. Que quienes abrieron la puerta a la politización extrema de la justicia, al control partidista de las instituciones y a un modelo de partido vertical, hoy nos den lecciones de democracia interna y limpieza institucional roza la indecencia histórica cuando no invita al vomito. 

Cuando hoy se denuncia el “hiper liderazgo de Sánchez”, conviene recordar que la arquitectura de los hiper liderazgos fue perfeccionada en los ochenta y noventa por quienes ahora se quejan de su existencia. 

Sánchez debería decidir si quiere romper, por fin, con esa escuela y exponerse a perderlo casi todo en el intento, o seguir siendo, hasta el final, el último eslabón de una cadena que empezó mucho antes de que alguien pronunciara la palabra “sanchismo”.

CASTILLA LA MANCHA: Localismo de saldo y cálculo corto

En pleno vendaval político, buena parte de los alcaldes, dirigentes y hasta la consejera socialista de Igualdad de Castilla-La Mancha han decidido que el mejor momento para sacar el cuchillo es cuando su propio secretario general está en el suelo. Esa pulsión por devorar al líder herido dice mucho menos del líder que de la fauna política que le rodea.

No hay nada más cómodo que hacerse el valiente cuando el jefe está débil y la marca PSOE atraviesa una crisis general: es la crítica con red, el “ahora sí” de quien calló cuando el poder era sólido y los cargos, seguros. Esos alcaldes y cargos que ahora se rasgan las vestiduras no estaban desaparecidos cuando tocaba dar la cara en defensa del proyecto, solo estaban ocupados en asegurar presupuestos, fotos y subvenciones mientras el partido se desgastaba a nivel estatal.

La actitud de ciertos dirigentes y cuadros locales no tiene nada que ver con la regeneración, sino con un localismo de saldo: “sálvese mi cortijo y que arda lo demás”. Se presentan como voces “valientes” y “libres” cuando en realidad actúan como tácticos de municipio, midiendo encuestas comarcales mientras contribuyen a debilitar aún más a la organización que les ha dado siglas, recursos y presencia institucional.

Lo de la consejera socialista que se permite disparar contra su propio secretario general en mitad del temporal es especialmente indecente: nadie le ha oído plantear una alternativa ideológica seria, solo ajustar cuentas internas y deslizar que “hay que abrir un debate” justo cuando huele a sangre. Ese tipo de fuego amigo no es autocrítica, es canibalismo político encubierto de preocupación por “la gente”.

La imagen que proyectan es demoledora: socialistas de Castilla-La Mancha que, en lugar de cerrar filas con su secretario general para repensar proyecto, discurso y alianzas, abren en canal al primer síntoma de debilidad para ver quién coloca mejor su silla. Y lo más grave no es solo el espectáculo interno, sino el mensaje hacia fuera: si ni sus propios alcaldes respetan al secretario general cuando las cosas van mal, ¿por qué habría de confiar en ellos una ciudadanía que busca coherencia, no un mercadillo de vanidades en plena tormenta?

¿Habrán pensado en salir de ese partido o en presentar una alternativa? Igual no han calibrado ninguna de las dos opciones, solo interesados en mantener el sillón.

ANDALUCÍA: Esto si es feminismo: mujeres convertidas en estadística

Juanma Moreno ha logrado lo que parecía imposible: convertir un fallo masivo en los cribados de cáncer de mama en una anécdota estadística y, de paso, usar Barcelona como plató promocional para relativizar el daño a miles de mujeres andaluzas como si fueran una nota al pie de su libro. 

Hablar de “medio millón de cribados al año” y reducir el escándalo a “un 1%” de afectadas, “afortunadamente prácticamente el 99% sin lesiones tumorales”, es una obscenidad política: detrás de ese 1% hay vidas partidas, diagnósticos tardíos, cirugías más agresivas y familias aterradas. Solo a un presidente que ha perdido completamente el sentido de la dignidad le puede parecer razonable minimizar “al menos 23 mujeres” con cáncer, cuando las asociaciones hablan de decenas o cientos de afectadas, como si fueran daño colateral asumible en su power point de gestión exitosa. 

La escena roza lo inmoral: Moreno dando una rueda de frases redondas en Barcelona, donde había ido a hablar de su libro, a mil kilómetros de las mujeres que no fueron avisadas o fueron avisadas años tarde de que su mamografía era dudosa, y soltando cifras que ni su propio consejero se atreve luego a sostener. En 48 horas pasan de admitir “algo más de 23” casos a no querer precisar la cifra real, mientras la asociación Amama habla de unas 2.000 mujeres afectadas por fallos de aviso y asegura que ya hay al menos 300 que han desarrollado cáncer, y la Junta responde con porcentajes y silencio administrativo. 

Las afectadas tienen nombre, apellidos y cicatrices; para Moreno son “2.317 mujeres” en un Excel, de las que “afortunadamente” solo una parte han desarrollado tumores, como si el problema fuese que el porcentaje es “bajo” y no que el sistema dejó tiradas a miles. Que tenga que ser una asociación de mujeres con cáncer de mama la que le recuerde que “con una sola ya es una catástrofe” evidencia el abismo moral entre quienes se juegan la vida en cada mamografía y un presidente que se permite banalizar el cáncer mientras firma dedicatorias de su libro. 

La Junta lleva meses esquivando explicaciones de fondo sobre por qué se ordenó no informar a mujeres con mamografías dudosas, por qué se tardó casi un mes en dar la cara y por qué siguen sin ofrecer un dato claro y honesto de cuántas han desarrollado un tumor y cuántas han muerto. Cuando un gobierno convierte un fallo de cribado en un problema de comunicación y un drama colectivo en un discurso de “tranquilidad” estadística, no solo falla en la gestión sanitaria: falla en lo único que no se puede falsear con porcentajes, que es el respeto a la vida y al dolor de las mujeres a las que su propio sistema dejó solas.

MADRID: Protocolos de la vergüenza, conducta de la vergüenza

El PP de Madrid ha decidido especializarse en una nueva rama del derecho: la impunidad preventiva. No se trata ya de defender a sus cargos, sino de blindar a quienes diseñaron los “protocolos de la vergüenza” para que ni siquiera tengan que dar la cara ante un juez. Cuando un partido usa su poder institucional para evitar que los responsables expliquen ante la justicia cómo y por qué se aplicaron protocolos que dejaron desprotegidos a los más vulnerables, no está defendiendo la presunción de inocencia, está construyendo un cortafuegos de impunidad. Convertir las comisiones, los votos y las mayorías en un muro para que nadie responda ante el juez significa que el PP de Madrid teme más la verdad que cualquier acusación de la oposición.

Resulta grotesco escuchar a dirigentes del PP madrileño repetir que “todo se hizo bien” mientras maniobran para que quienes firmaron, aplicaron o avalaron esos protocolos no pisen un juzgado. Si todo está tan claro, ¿por qué tanto miedo a comparecer? La respuesta es obvia: porque esos protocolos no son un papel técnico, son la radiografía de un sistema que antepone el ahorro, la imagen y la comodidad política a la dignidad de quienes deberían haber sido protegidos.

Permitir que los responsables se escondan tras el silencio institucional manda un mensaje devastador: en Madrid, si estás arriba, no respondes; solo rinden cuentas quienes sufrieron las consecuencias de tus decisiones. El PP de Madrid no está defendiendo la legalidad, está degradando la idea misma de responsabilidad pública y convirtiendo la Justicia en un decorado al que se acude solo cuando no queda más remedio.

Primero fueron los “protocolos de la vergüenza”; ahora es la “conducta de la vergüenza” para evitar que quienes los redactaron expliquen qué hicieron y por qué. A la crueldad de unas normas que abandonaban a quien necesitaba protección se suma la cobardía de un partido que usa las instituciones para tapar, demorar y diluir. No es solo un escándalo jurídico o político: es una prueba más de que, para el PP de Madrid, la prioridad no son las víctimas, sino mantener a salvo a los suyos, caiga quien caiga.

VALENCIA: Un PP que protege al político, no a las víctimas. La obscenidad de premiar el fracaso

Carlos Mazón se ha convertido en el símbolo perfecto de una forma obscena de entender la política: se puede llegar tarde, gestionar mal una tragedia con centenares de muertos y damnificados, bloquear durante meses las ayudas y, aun así, seguir aferrado al acta y a un futuro sueldo público blindado como si nada hubiera pasado. 

Mientras las familias de la DANA exigen explicaciones y reclaman que entregue el acta por engaños y promesas incumplidas, Mazón sigue parapetado en el escaño y en la trinchera del victimismo, acusando a todos menos a sí mismo. El remate es que su resistencia a irse tiene premio: si aguanta el tiempo suficiente en el cargo, se asegura dos años de retribución en el Consell Jurídic Consultiu, unos 75.000 euros anuales de dinero público, como si una gestión catastrófica y una dimisión tardía fueran méritos para cobrar un sobresueldo de consolación. 

El sumario de la DANA ya ha desmontado su versión edulcorada: la alerta masiva a móviles se envió cuando ya habían muerto al menos 156 personas, mientras su gobierno intentaba frenar restricciones de movilidad que podían salvar vidas. A eso se suma un año con millones en donaciones paralizados para los afectados y ayudas que llegan con cuentagotas, mientras desde la Generalitat se gasta más energía en discutir cifras con Madrid y en construir un relato épico de “nos dejaron solos” que en reconstruir casas, negocios y vidas. 

El PP nacional se lava las manos: cuando se les pregunta por el retraso de Mazón en la reunión clave de la DANA responden que “le corresponde a él explicar su agenda”, como si estar o no al mando en mitad de la peor catástrofe natural reciente fuera un detalle menor. En lugar de exigirle que entregue el acta y renuncie a privilegios, lo sostienen con respiración asistida parlamentaria, pactando con Vox unos presupuestos que recortan en emergencias mientras convierten la reconstrucción en escaparate electoral y su carrera personal en prioridad absoluta. 

Lo más indecente no es solo que Mazón cobrara como president mientras la gestión se hundía, ni que hoy mantenga el acta, sino que el sistema de blindaje del PP le garantice un retiro dorado a costa del mismo erario que debería estar volcado con las víctimas de la DANA. En un país serio, una gestión así acabaría con una inhabilitación ejemplar; aquí, el PP la convierte en una carrera de resistencia hasta el minuto 90 para que al final el responsable de la catástrofe tenga premio, y los únicos que siguen pagando la factura sean los que lo perdieron todo bajo el agua.

ACOSO

Algo parece no cuestionable: quien señala al otro como “partido peligroso para las mujeres” mientras mantiene en cargos clave a dirigentes denunciados, no está defendiendo a las víctimas, está usando el feminismo como arma partidista. 

Feijoo ha calificado al PSOE como “partido peligroso para las mujeres”, ha hablado de “feminismo de pacotilla” y ha dicho que “se ha desmoronado toda la política feminista del PSOE”, presentándose como garante de la protección de las víctimas. Esto es convertir el dolor de las víctimas en munición electoral, mientras mira hacia otro lado con los suyos, no es más feminista, es más cínico. 

Mientras el PP exige dimisiones inmediatas y acusa al PSOE de “dar carpetazo” al caso Salazar, tiene al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado ante la Fiscalía del Supremo por presuntos delitos de acoso sexual, malversación y tráfico de influencias, que se da de baja de militancia, pero conserva la alcaldía y el escaño en el Senado. El mensaje es sencillo: si lo del PSOE demuestra ser “estructural”, ¿qué demuestra que un investigado por acoso y uso de recursos públicos para silenciar posibles víctimas siga controlando un ayuntamiento y un asiento en la Cámara Alta con el respaldo práctico del PP? 

La dirección del PP se vende estos días como ejemplo, reivindicando un protocolo interno “distinto de raíz”, con “trámite de audiencia” y una Oficina de Compliance, y acusando al PSOE de parálisis. Pero análisis independientes señalan que el protocolo del PP es mínimo (tres párrafos) y está diseñado de forma que difícilmente serviría para casos complejos como Salazar o los que afectan a altos cargos, porque deja demasiado margen a la dirección política y no garantiza canales seguros ni acompañamiento real a las denunciantes. 

Si de verdad se trata de proteger a las mujeres y no de destruir al adversario, el estándar debe ser el mismo para todos. Un partido que mantiene a cargos denunciados, que presume de un protocolo sabedor de que es insuficiente, y que usa cada caso ajeno para hacer sangre, no puede dar lecciones de feminismo ni de ética pública. Y llamar “peligroso para las mujeres” al PSOE, mientras blindan a los suyos, demuestra el peligro real: normalizar que la violencia y el acoso se gestionen a golpe de calculadora electoral.

El franquismo juvenil

Vivimos un tiempo extraño. Con niños que aprenden en qué fecha fue el “alzamiento”, como si se tratase de un cumpleaños en que soplar las velas, sin saber que lo hacen sobre un mapa lleno de fosas comunes que nadie les ha enseñado que están ahí. Les contaron que hubo un hombre fuerte, un abuelo de postal en blanco y negro, pero les escondieron al militar cuya hazaña fue madrugar un 18 de julio para dispararle al gobierno legítimo.

No les contaron que durante tres años el país ardió, quemado por quienes a la vez quemaban libros prohibidos, de los que todavía hoy crujen sus páginas en las cunetas, donde la tierra mastica huesos que nunca tuvieron despedida. Después vino la noche larga, cuarenta años de relojes parados, de persianas cerradas al pensamiento, de un mundo huyendo afuera, porque aquí se enseñaba a marchar, pero no a dudar.

Ahora, en las pantallas digitales, los nietos repiten consignas que no entienden del todo, mientras en los platós, caballeros muy serios calculan cuántos votos les renta su amnesia bien administrada durante años. Hay políticos que negocian con el olvido, como quien trafica con medicamentos caducados, sabiendo que hacen daño, pero que ellos venden igual, porque el negocio del cuento del pasado les da beneficios en el presente.

Este país duele cuando se mira de frente y reconoce en el espejo la sombra de quien nunca se fue del todo, porque nunca se nombró del todo, porque nunca se le juzgó del todo. Quizá la verdadera transición todavía no ha ocurrido, y que solo llegará, ese día en que un chaval de quince años escuche la palabra Franco y, en lugar de creer oír una broma más en el instituto, vea una herida abierta en nuestra historia y su inteligencia le haga preguntarse, Y los que faltan, ¿dónde están?”.

LLAMADA REACCIONARIA A TU PUERTA. UNA ESTRATEGIA PARA EVITARLA.

  

No hay que perder la esperanza, dicen. Pero la esperanza, en estos tiempos, lleva muletas para caminar, y mira de reojo al calendario. A lo lejos se ve una década que nos viene de espaldas, marcha atrás, como quien entra en una casa sólo para apagar las luces y cerrar las ventanas. Una ola de ultraderecha recorre el mundo y, mientras tanto, aquí la izquierda se pelea consigo misma frente al espejo, discutiendo cual es el diagnóstico mientras el paciente se nos desangra. 

En la izquierda se comparte el objetivo, se comparte el sueño, pero el sueño se rompe en mil siglas y pequeños reinos de taifas. Recuerdo reuniones y asambleas donde todos quieren tener razón y muy pocos quieren obtener resultado. Y mientras la izquierda se deshilacha en debates interminables, la derecha y la extrema derecha llaman a la puerta de cada hogar con una sonrisa falsa y un mazo de juez. No vienen sólo a gobernar: vienen a borrar todo lo avanzado. Borrar leyes, borrar memorias, borrar conquistas, barrer del mapa todo lo que no encaje en su catecismo. 

El primer paso de esa cruzada de la derecha lleva años en marcha: hacer imposible que el gobierno elegido pueda gobernar. No hace falta un golpe de Estado si se puede conseguir desgastar el Estado: una suma de vetos, togas, micrófonos, púlpitos y porras. Oposición, medios, jueces, iglesia, fuerzas de seguridad: la misma orqueta de siempre, interpretando la misma vieja partitura. Y en ese escenario, discutir si llegamos a 2026 o a 2027 es casi una ironía, no nos sirve contar los días si lo que los ciudadanos perdemos son derechos. 

Por eso la palabra SUPERVIVENCIA deja de ser una exageración y se convierte en el diagnóstico. Supervivencia de los servicios públicos, del estado del bienestar, de unos principios democráticos que amenazan con ser archivados en un cajón, junto con otras antiguallas que a la derecha incomodan. Cada recorte, cada privatización, cada desahucio sin alternativa es un renglón más en el acta de defunción de esa promesa llamada “lo común”. Y, sin embargo, incluso ante esa evidencia, la izquierda sigue sin encontrar la vía común para defender lo que aún queda en pie. 

Se señala que la mayor responsabilidad recae sobre el PSOE, y no falta razón: quien gobierna no puede vivir eternamente de metáforas mientras el suelo se hunde bajo sus pies. Pero a su izquierda la cosa no está mejor: fragmentos, viejas heridas, sospechas nuevas, un conflicto endémico que convierte cada discrepancia en ruptura. España corre el riesgo de caminar hacia atrás mientras sus izquierdas discuten el ritmo al que lo hace. 

Tal vez haya que empezar por lo más elemental: dar techo. Techo para los cuerpos y también para la dignidad. Las políticas de vivienda llegan tarde, décadas tarde, y serán lentas como la justicia cuando se acuerda de los pobres, rápida para el fiscal general aunque con ello legitime la mentira. Pero tarde, nunca es sinónimo de inútil. Congelar alquileres, prohibir desahucios sin alternativa habitacional, levantar un parque de vivienda pública en alquiler, usar el suelo público, domesticar a la SAREB, subir el IBI a los señores de las casas vacías: no son ocurrencias, son diques de contención frente al tsunami de un mercado cada día más voraz. 

Llevar esas medidas al parlamento sería algo más que un trámite: sería poner las luces en el escenario de todos y obligar a cada cual a mostrar su verdadero rostro. Que se retraten todos: la coalición de gobierno, la ultraderecha y los poderes económicos; que quede claro quién está con los hogares y quién con los fondos de inversión. Si la respuesta es un no tras otro, entonces las urnas dejarán de ser un trámite defensivo y podrán convertirse en un desafío: ir a elecciones con un programa realmente progresista, no con un folleto de rebajas blandiblu. 

Pero la lista de tareas pendientes no termina en la vivienda. Un banco público que no funcione como sucursal del miedo, un Instituto de Crédito Oficial con músculo y no sólo siglas, la reversión de hospitales privados que parasitan lo público, la rehabilitación de barrios envejecidos que hoy son reservorios de pobreza. Piensen que cada una de esas medidas es un acto de desobediencia contra el mandato de resignación al que la situación nos está condenando. Escribirlas en un programa es fácil; convertirlas en ley es escoger bando. 

Quizás la pregunta de fondo no sea quién gobierna, sino quién manda. Mandan los mercados cuando la política se demuestra menor de edad. Mandan los jueces cuando la democracia se reduce a un fin de semana cada cuatro años. Mandan los viejos poderes cuando la izquierda olvida que su fuerza no está en sus líderes, sino en la gente que no sale en la foto. 

No hay que perder la esperanza, pero la esperanza no es una vela que se le pone a un santo, sino una forma de entender la política. Requiere organización, memoria, pero, sobre todo, mucha fraternidad entre quienes hoy sólo se miran de reojo. Requiere que la izquierda recuerde que nació para que nadie estuviese de sobra, y que no hay década ominosa que dure eternamente si hay quienes se empeñan en interrumpirla. 

Nuestra historia de progreso y democracia no está escrita: sólo está amenazada. Y tal vez todavía quede tiempo para que, en lugar de otra crónica de derrota anunciada, estas fiestas navideñas sean recordadas como el momento en que, al borde del abismo, alguien dijo: hasta aquí.

Fanáticos al mando

Vivimos días de radicalización y fanatismo. ¿El motivo? el discurso político y mediático de la derecha española, el del PP y sus dirigentes. Hemos pasado del estilo moderado del Feijoo del primer día, al bronco, ofensivo y polarizador en que ha embarcado Ayuso a su partido.

Hoy no se puede ser de ni moderado ni de centro, porque los fanáticos te desprecian y nadie quiere ser despreciado. ¿Por qué? porque suponen una amenaza a su discurso extremista. En la derecha, los más radicales cómo Ayuso, Tellado y demás hierbas venenosas, presionan a los que siempre fueron la derecha moderada, obligándolos a adoptar un tono mucho más duro e intolerante. Feijoo es el mejor ejemplo.

El PP ha pasado de exigir la dimisión de Sánchez a presentarlo como un criminal que se merece ir a la cárcel, algo que solo algunas voces aisladas osaron pedir para Aznar por meternos en una guerra que acabó trayéndonos el 11M y milles de muertos en Irak. Hoy no interesan las propuestas, todo son alusiones persistentes a la prostitución, al acoso y ataques personales en cualquier medio, e incluso en el Congreso.

Ayer veía un video donde unas chicas de 13-14 años declaraban su admiración a Abascal porque era el salvador de España, la democracia no servía ya porque era una dictadura de izquierdas, y querían un caudillo, que trajera la democracia. Luego en el mismo video comprobabas que sabían el nombre de la ciudad capital de España, pero desconocían que el Tajo era un rio.

Hoy se ha justificado, cómo algo natural el lenguaje agresivo, todo porque ha calado el mensaje de que “la patria está en peligro” o de que vivimos en una dictadura, o que el Gobierno es comparable a una organización criminal. Es la estrategia sistematica de que todo lo que rodeé a Sánchez es corrupción total, incluidos los partidos que le apoyaron en la investidura, solo PP y Vox están libres de pecado, aunque sea insuperable el número de condenados en el PP por corrupción, y cada día le salgan más asuntos turbios a los de Abascal sin haber alcanzado nunca el gobierno ¿qué harán si llegan?

Algunos autores de medios conservadores (como Rubén Amón o algunos columnistas de medios cómo El Mundo, ABC, El confidencial, OK diario o La Razón, (a los que les resulta imposible olvidar que deben mostrarse dóciles con quienes riegan sus arcas con subvenciones públicas), se permiten equiparan al Gobierno con una secta o una mafia. Si de verdad fueran periodistas con mayúsculas, no se les pasaría por sus cabecitas banalizar con estas comparaciones, porque históricamente esas organizaciones fueron algo mucho más serio y peligroso para los ciudadanos, y con sus calificaciones solo consiguen lo que buscan: potenciar la crispación, no informar que es el objeto del verdadero periodismo.

Y otros disimulan su odio y se declaran no “antisanchista”, pero venden la idea de que España sufre un daño “irreversible” por culpa del sanchismo, cómo si esto fuese el paso previo a la llegada de un nuevo Hitler, aunque llevando su discurso a un extremo tan alarmista y apocalíptico, parece no que lo temen, sino que lo desean si eso consigue que la derecha llegue de nuevo a la Moncloa. Algunos articulistas conservadores, también alertan de que ese discurso catastrofista conlleva el peligro de que sólo crea desánimo, pero esos análisis aparecen cómo excepciones en medio del clima de división predominante, donde lo que abunda es el discurso radicalizado, que no radical, el

fanatismo y la hipérbole se han instalado en el debate político y donde el que no diga que le gusta la fruta o recuerde que la madre de Sánchez ejerce la profesión más vieja del mundo, no es un español de verdad, y solo merece el desprecio.

Por muy mal que lo haga un gobierno, que no es el caso real si el mediático, nunca se ha vivido un clima cómo el de hoy en nuestra democracia, donde lo que se busca es un tono de confrontación absoluta. Lo de anoche en lasexta, con unos tertulianos seleccionados para poder lanzar el mensaje de que ayer ya era el último día del actual gobierno, es muy significativo. Que una tertulia en tiempo de máxima audiencia cuente con quienes nadan en la soberbia, alguno rebosante de odio al que no piensa cómo él, una titulada que miente hasta sobre sus títulos, y cómo representante del socialismo a quien representa la rama opuesta al socialismo gobernante, solo te deja una opción si de verdad quieres a España y a los españoles: apagar la caja tonta.

Cuando la política se llena de gritos, insultos y metáforas apocalípticas, no gana la derecha ni la izquierda: pierde la democracia, porque sin moderación y espíritu crítico sólo queda fanatismo y miedo.

El Ingenierín sanitario, la frutera feliz y su Alcoholín de los bosques

No se trata de un escándalo aislado, sino de un sistema montado con la elegancia moral de una cueva de trileros de carretera comarcal, pero aplicada a la sanidad pública madrileña. 

El “ayudante de ambulancias” resulta ser un alto directivo de Quirón, convenientemente camuflado para que las comisiones huelan menos a cloaca empresarial y más a heroísmo sanitario de ficción.  El ciudadano “normal” que comparte lecho con la presidenta no es un anónimo cualquiera, sino un estafador de manual, con áticos, cochazos y una chequera que parece conectada por vía directa a los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, la presidenta aparece como la dinamitadora oficial de la atención primaria, no por incompetencia, sino como peaje necesario para que la derivación masiva de pacientes a la empresa de su amante siga manando dinero como una fuente pública privatizada.  En la trastienda, la “llorona”, el “alcohólico” y el “comisionista” actúan como coro griego delictivo, perfectamente enterados de la jugada, defendiendo a Ayuso no por convicción ideológica, sino por la vieja razón de siempre: las arcas del partido primero, la salud de la plebe después, si eso.

El resultado es un ecosistema donde el insulto más grave no son los adjetivos dedicados a los protagonistas, sino el desprecio estructural a la sanidad pública, tratada como simple materia prima para fabricar áticos en Chamberí y coches de alta gama.  No es corrupción de baja intensidad: es un modelo de negocio sostenido sobre la demolición programada de lo que debería ser intocable.

Para que compruebes del montaje del que estamos hablando, te hago una relación del entramado de personajes y sociedades de esta película de intriga

1 Isabel Díaz Ayuso. Persona. Presidenta de la Comunidad de Madrid. Pareja de Alberto González Amador; viaje institucional a Miami en 2022. Defiende públicamente que su pareja use identidad falsa en Quirón para su correo y perfil interno.   

2 Alberto González Amador / “Alberto Burnet González” | Persona / identidad falsa. Pareja de Ayuso; empresario y comisionista; supuesto “Director de Proyectos” en intranet de Quirón. Crea Burnet & Brown con César Nieto; opera para Quirón; investigado por delitos fiscales y falsedad. Usa identidad falsa en la intranet de Quirón; inspeccionado por Hacienda por ejercicios 2020–2021.                          |

3 Burnet & Brown Investments LLC. Empresa (EEUU). Sociedad en Florida aparentemente ligada a negocios inmobiliarios. Constituida por González Amador y César Nieto; administrada desde Boca Ratón. Creada en octubre de 2022, en plena inspección fiscal; ingreso estimado >600.000 dólares en 2022 según base Orbis.          |

4 Grupo Quirón / Quirón Salud. Empresa sanitaria. Gigante de la sanidad privada; principal pagador de la pareja de Ayuso. Mantiene en intranet a González Amador como “Director de Proyectos” con nombre falso. Un portavoz confirma el cambio de nombre en intranet hace dos años alegando saturación de correos.                          

5 Maxwell Cremona. Empresa. Consultoría sanitaria para Quirón Prevención. Dirigida por González Amador; colaborador: César Nieto; relación con Niederer.  Desgrava facturas presuntamente falsas, incluida una de 922.585,63 euros vinculada a Niederer.                              |

6 October Twelve Accommodation SL. Empresa (España). Empresa de alojamiento turístico en Usera (Madrid), aunque declara alquiler de “locales industriales” .Socios: González Amador y César Nieto, más otro abogado. Constituida en marzo de 2022; acumula muchas reseñas en Booking, pese a declararse como alquiler de locales industriales.    

7 Sociedad panameña (sin nombre concreto). Empresa (Panamá). Vehículo societario previo gestionado por la pareja de Ayuso y Fernando Camino. Administrada por González Amador, César Nieto y Fernando Camino. Se liquida en paralelo a la creación de October Twelve; vinculada a operaciones previas del entramado.   

8 César Nieto. Persona. Socio de González Amador en varios negocios. Co‑administrador de Burnet & Brown; dirige sociedad panameña; socio en October Twelve; colabora en Maxwell Cremona. Figura como administrador de Burnet & Brown y pieza clave en la red empresarial alrededor de la pareja de Ayuso.  

9 Fernando Camino. Persona. Primer ejecutivo de Quirón Prevención. Vinculado a sociedad panameña con González Amador y Nieto; su esposa vende empresa sin activos. Está siendo investigado por presunto soborno en la compra, por 500.000 euros, de una empresa sin activos de su esposa. 

10 Esposa de Fernando Camino. Persona. Titular de empresa sin activos vendida por 500.000 euros. Vende su sociedad a una empresa que propicia la operación de mascarillas. Esa venta está bajo investigación judicial como posible soborno ligado a Quirón Prevención.

11 Steven Serle. Persona. Abogado y “agente residente” de Burnet & Brown en Florida. Propietario de Corporate Title, Inc. y de una franquicia Re/Max en Boca Ratón. Especializado en inversiones inmobiliarias; su despacho actúa como representante y domicilio de Burnet & Brown. 

12 Corporate Title, Inc. Empresa (EEUU).  Title company inmobiliaria en Boca Ratón. Propiedad de Steven Serle; sede compartida con Burnet & Brown y oficina de Re/Max. Gestiona seguros de título y cierres de operaciones inmobiliarias; típico vehículo para transacciones de inmuebles. 

13 Re/Max (delegación Boca Ratón).  Empresa (EEUU). Delegación de la mayor red de franquicias inmobiliarias del mundo. Propiedad de Steven Serle; comparte dirección con Corporate Title y Burnet & Brown. Refuerza el contexto inmobiliario del entramado societario en Florida.

14 Álvaro García Ortiz. Persona. Ex fiscal general del Estado. Señalado por González Amador como responsable de “destrozarle la vida” en juicio en el Supremo. Su actuación en el ámbito fiscal desencadena la narrativa victimista de la pareja de Ayuso.  

15 Maximiliano Niederer. Persona. Ciudadano mexicano, experto en mercado chino, con conexiones políticas. Vinculado a empresarios con intereses en Angola; relacionado con la mayor factura falsa de Maxwell Cremona. Considerado por Hacienda como el principal “testaferro” de González Amador; acusado en la pieza de los supuestos delitos fiscales. 

16 Abogado socio en October Twelve. Persona. Abogado madrileño, socio minoritario en October Twelve. Vinculado, como Nieto, a un empresario con intereses en Angola. Añade otro eslabón jurídico‑empresarial con proyección internacional (Angola). 

17 Agencia Tributaria (Hacienda). Institución. Órgano que inspecciona a González Amador por delitos fiscales. Usa Orbis como herramienta de análisis; amplía inspección en 2022. La ampliación de la inspección coincide en el tiempo con la creación de Burnet & Brown en Florida. 

18 Orbis (Moody’s). Base de datos. Herramienta que estima ingresos y datos de empresas a nivel mundial. Usada habitualmente por la Agencia Tributaria en sus inspecciones. Atribuye a Burnet & Brown ingresos estimados >600.000 dólares en 2022, aunque se basa en modelos y no en cuentas públicas.

La muerte de Robe vista desde la derecha y la ultraderecha

La ultraderecha ha pasado de demonizar a todo lo que huela a “rojo” a intentar ponerse la chupa de cuero y la pose de rebelde para pescar a la juventud. Lo que antes habrían tachado de perroflauta antisistema, ahora lo convierten en icono generacional compatible con corbata azul marino y discurso antiélites desde el ático. 

El tuit de Feijóo sobre Robe es casi la escena final: el político serio, institucional, apropiándose de la épica de un tipo que, de estar vivo, probablemente los habría mandado a paseo sin demasiadas metáforas.

Se han olvidado de una carta de Robe al alcalde de Plasencia, del PP, en la que Robe no iba “de artista comprometido”, iba directamente de vecino cabreado con puntería de francotirador y biblioteca debajo del brazo.  Usó a Miguel Hernández como si fuera una barra de hierro literaria para darle en los morros a un poder local que jugaba a censor de parroquia mientras presumía de velar por la “salud intelectual” de la juventud.

Se cachondeaba del alcalde tratándolo de pequeño inquisidor de provincias: le recordaba que la gente solo le pedía que no fuera chorizo, que gestionase con decencia y que dejase de decidir qué puede escuchar el personal en su propio pueblo.  

Y remataba con dos bofetadas muy de Robe: primero, “tiembla alcalde”, porque la música va a sonar igual en cada casa, aunque la prohíba en la plaza, y segundo, la amenaza más placentina posible: “tocaremos en Plasencia cuando nos dé la gana”, que es la manera fina de mandarlo a pastar con métrica y firma.

ER NOVIO

No es que el novio de Ayuso  tenga una doble identidad, es que parece un perfil de linkedin hecho por un becario con resaca: Alberto González, Alberto Burnet, Alberto Quirón… al final solo falta “Alberto Defraudator deluxe” para completar el pack premium. 

Da tanta confianza como un correo de “tu banco”: mismo teléfono, mismo curro, mismo despacho… pero oye, si le cambias el nombre en el mail ya no es corrupción, es emprendimiento disruptivo en el sector sanitario. 

Y mientras él juega al “¿quién es quién?” fiscal con Quirón, Ayuso te suelta que cualquiera puede ponerse el correo que le dé la gana, como si en vez de un posible chanchullo millonario estuviésemos hablando de elegir nick en el Messenger de 2004.

La política del desencanto o el desencanto de la política

Silencio de Page ante las declaraciones impresentables de su consejera de igualdad. En Castilla-La Mancha, García-Page encarna a la perfección una paradoja cada vez más extendida en la política española: la del dirigente que sobrevive más por comparación que por convicción. Quienes lo critican con dureza lo acusan de hacer de la política un modo de vida más que un servicio público, y apuntan que su permanencia en el poder se debe, en parte, al vacío de alternativas convincentes. No se le vota, dicen algunos, por entusiasmo, sino por descarte.

Hacer una comparación con Isabel Díaz Ayuso no es casual. Ambos comparten una forma de liderazgo mediático que prioriza el golpe de efecto sobre la gestión, el titular sobre la medida concreta. En un contexto donde los votantes parecen resignarse a elegir “el mal menor”, esa fórmula resulta rentable. Pero el coste institucional y social es elevado: el debate público se empobrece y las políticas de fondo quedan relegadas.

Más que dirigentes eficaces, ambos se consolidan como figuras de resistencia política. Page y Ayuso representan en distintos colores una misma tendencia: la de entender la política como un espectáculo de supervivencia. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando que alguien gobierne, no que actúe.

EL ESPEJO CHILENO: ORDEN A COSTA DE DERECHOS

En España y Castilla La Mancha, podría darse un giro a la chilena, con una derecha dura y una ultraderecha hegemónica, porque existen condiciones sociales, culturales y políticas similares: malestar económico, miedo, desafección y una izquierda incapaz de articular un proyecto ilusionante y estable para las mayorías populares. Esa combinación abre la puerta a que discursos reaccionarios, autoritarios y “antipolíticos” se presenten como solución, cuando en realidad son una amenaza directa para los trabajadores y sus derechos. 

Chile acaba de elegir a José Antonio Kast, primer presidente de extrema derecha desde la dictadura de Pinochet, con un 58% de los votos y un discurso de “orden” centrado en migración, seguridad y mano dura. Es un dirigente que no rompe con el legado pinochetista y que reivindica un modelo económico ultraliberal combinado con autoritarismo penal, ultra catolicismo, muros fronterizos y un Estado social restringido.

Ese triunfo llega tras un ciclo de enorme movilización social, un proceso constituyente frustrado y una izquierda que no supo convertir las demandas de dignidad, pensiones y servicios públicos en cambios tangibles para las mayorías. El resultado es demoledor: el voto de sectores populares que protagonizaron la revuelta de 2019 acaba canalizado hacia un proyecto reaccionario que promete seguridad, orden y castigo a “los otros”, pero no una redistribución real de la riqueza. 

En España, después de la dictadura franquista, la democracia se construyó sobre una transición pactada que dejó impune mucho del aparato económico, judicial y cultural del franquismo, lo que alimentó un “franquismo sociológico” latente. Décadas después, la explosión de la crisis de 2008, la precarización generacional y el resentimiento territorial (Cataluña, nacionalismo español agresivo) han sido terreno fértil para la extrema derecha. 

Vox ha demostrado capacidad para crecer y consolidarse, especialmente entre jóvenes, clases medias empobrecidas y una parte nada desdeñable del voto obrero, convirtiéndose en actor clave en múltiples gobiernos autonómicos y municipales. Su discurso mezcla ultranacionalismo, antifeminismo, xenofobia y nostalgia de orden, pero no ofrece ninguna agenda económica orientada a mejorar salarios, empleo estable o protección social de los trabajadores. 

Las derechas actuales comparten un núcleo ideológico: rebajar impuestos a rentas altas y grandes empresas, debilitar la negociación colectiva y limitar el Estado social, aunque lo vistan de “libertad” o “eficiencia”.  La ultraderecha añade a esa agenda económica un envoltorio identitario que enfrenta a trabajadores entre sí: nacionales contra migrantes, fijos contra precarios, público contra privado, hombres contra mujeres, para evitar que el conflicto se plantee en términos de clase. 

Esta amenaza no es una abstracción, también tiene un rostro muy concreto en Castilla-La Mancha a la que nada de esto le resulta ajeno. En nuestra tierra, la suma PP-Vox ya concentra una parte muy significativa del voto, y la extrema derecha ha pasado de ser residual a tener representación decisiva en Cortes, ayuntamientos y diputaciones. En una región marcada por la precariedad, la temporalidad, los bajos salarios y la expulsión de la juventud, abrirle la puerta a quienes recortan derechos laborales, debilitan los servicios públicos y enfrentan a los de abajo entre sí es repetir la historia por la peor página. Si Chile nos advierte de lo que ocurre cuando la frustración social acaba capitalizada por la extrema derecha, Castilla-La Mancha debería ser el primer territorio en tomar nota antes de que el “orden a costa de derechos” se convierta aquí en realidad cotidiana.

Estudios sobre extrema derecha en Europa muestran un patrón claro: allí donde gobierna o condiciona gobiernos se recortan derechos sindicales, se flexibiliza el despido, se bloquean o desmantelan políticas sociales y se protege selectivamente a “los de casa”, manteniendo intactos los privilegios empresariales. Bajo la retórica de defender “al pueblo trabajador”, votan sistemáticamente contra subidas del salario mínimo, refuerzo de inspección laboral, regulación del alquiler o impuestos a grandes fortunas. PP y Vox ya están cogobernando y pactando presupuestos en distintos niveles institucionales, como diputaciones y ayuntamientos, aplicando una agenda de recortes y privatizaciones encubiertas que agrava la situación de los trabajadores.

Lo que ha ocurrido en Chile muestra que no basta con haber sufrido una dictadura para quedar vacunados contra la extrema derecha: se puede pasar de la memoria del terror al voto masivo a un heredero político de ese régimen. En España, que también viene de una dictadura, el riesgo es que la frustración social y la incapacidad de construir un proyecto de izquierda sólido terminen abriendo la puerta a una alianza entre derecha y ultraderecha normalizada que consolide un nuevo ciclo regresivo. 

Si las fuerzas progresistas no son capaces de garantizar vivienda, salarios dignos, servicios públicos sólidos y una narrativa de futuro para las clases populares, el hueco lo llenan quienes se dedican solo a señalar chivos expiatorios y prometen “orden” a costa de derechos. Para los trabajadores, en España como en Chile, esa combinación de neoliberalismo y autoritarismo sólo puede significar más precariedad, más miedo y menos poder frente a quienes realmente mandan: capital financiero, grandes empresas y élites económicas. 

NO HAY PEOR CUÑA QUE LA DE LA MISMA MADERA

Tensiones internas dentro del PSOE, particularmente entre la dirección federal y varios dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha. Estos últimos, incluyendo miembros del Gobierno de Emiliano García-Page, han lanzado duras críticas hacia Pedro Sánchez y la dirección del partido a raíz de los recientes casos de acoso y mala gestión interna, especialmente el caso Salazar.  

Entre esas declaraciones la más contundentes, la de Sara Simón, consejera de Igualdad castellanomanchega, que cuestiona la legitimidad de las primarias en las que Sánchez fue elegido secretario general, insinuando irregularidades censales sin aportar pruebas. 

Las declaraciones reflejan una ruptura del tono interno, con acusaciones graves, desconfianza hacia la dirección federal y un desafío explícito a la autoridad del secretario general.

Lo que hemos escuchado a estos responsables del PSOE de Castilla-La Mancha no solo es injusto, sino profundamente irresponsable. Quien se atreve a manchar la integridad de un proceso democrático, como las primarias en las que la militancia eligió de forma libre y transparente a Pedro Sánchez, sin una sola prueba, lo que hace no es defender a su partido, sino ponerlo en riesgo. Y quien actúa así, sabiendo el momento político delicado que vive su partido, está jugando objetivamente a favor de quienes desean destruir al proyecto socialista, no a reformarlo.

Resulta intolerable que desde dentro se utilicen los casos de acoso sexual, que merecen toda la condena y la máxima firmeza, como arma arrojadiza contra la dirección federal. Confundir la lucha por la igualdad con ataques personales o insinuaciones infundadas es una falta de respeto a las víctimas y a los valores que el PSOE ha defendido durante más de ciento cuarenta años. Quienes pretenden hacer oposición interna aprovechando el dolor ajeno deberían revisar su compromiso con el socialismo.

Decir que unos censos se “inflaron” sin aportar una prueba, y después reconocer públicamente que no se tienen pruebas, es una irresponsabilidad política y moral. La dirección federal no debería permitir que se manche el honor de miles de militantes que participaron limpia y democráticamente en aquel proceso. Ni tolerar campañas de descrédito desde dentro, ni maniobras para socavar la autoridad democrática de un secretario general. Lo que está en juego es la credibilidad del PSOE, y su dirección debería actuar con la misma contundencia frente a la corrupción que frente a la deslealtad.

Ni el PSOE ni ninguna organización, necesitan a quienes siembran cizaña, sino a quienes construyen, quienes suman y quienes respetan las reglas del juego. Las denuncias por acoso deben ser tratadas con la seriedad y la transparencia que merecen, pero la política de tierra quemada no puede tener cabida en ese partido. Si alguien confunde su cargo institucional con un salvoconducto para erosionar a la dirección federal, se estará equivocando. No puede el PSOE tolerar ni medias verdades, ni ataques velados, ni discursos que alimenten la narrativa de la derecha.

Que el PSOE deba demostrar que sabe limpiarse, regenerarse y avanzar no está reñido con la lealtad. Pero debe hacerlo con firmeza, con hechos y con unidad. No con ruido, ni con titulares, ni con declaraciones de quienes parecen más interesados en romper que en construir.

Algunos cada vez estamos más convencidos de haber acertado al dejar la militancia, porque en ese partido es necesaria más autocrítica, pero su principal problema es que hay exceso de deslealtad y mucho ombliguismo.

LOS HOMBRES SOCIALISTAS NO PUEDEN PERMANECER CALLADOS ANTE LAS DENUNCIAS DE ACOSO.

La reacción del PSOE a los casos de acoso, demuestran su error de cálculo, no son solo un problema de un dirigente concreto, sino un síntoma de algo más profundo: cuando el feminismo se queda en el discurso y no se traduce en las prácticas cotidianas y tiene reflejo en protocolos eficaces. El resultado es siempre el mismo, la desprotección de las víctimas y la erosión de la credibilidad democrática.

LO ocurrido en una Diputación donde un responsable político dimite de la presidencia, pero conserva la alcaldía, lo que hace es transmitir un mensaje inequívoco negativo , por si alguien no se ha dado cuenta: el daño reputacional se gestiona, la raíz del problema se esquiva. No se trata de si hay pruebas concluyentes o de si el sumario está avanzado, sino de entender que, en casos de acoso, la prioridad debe ser la protección de las posibles víctimas y la ejemplaridad de las instituciones. Cuando un partido que se reclama feminista actúa a medias, la ciudadanía percibe que el feminismo es un adorno programático y no un criterio real de actuación. 

No puede cuestionarse que debe reclamarse contundencia, rapidez y respaldo explícito a las víctimas, más allá de la retórica. El contraste entre la respuesta en unos casos donde se actuó en cuestión de horas y se activó un protocolo, y la lentitud en otros, revela que no basta con tener normas: hace falta voluntad política para aplicarlas siempre, también cuando el afectado es “uno de los nuestros”. La peor decisión en política es la que no se  toma.  Un feminismo selectivo, que se endurece ante el adversario y se ablanda ante el aliado, deja de ser feminismo para convertirse en coartada.

Y junto a esto nos encontramos la hipocresía del “feminismo sobrevenido”. Hoy leía un comentario de M Lucas al respecto, porque resulta irónico asistir a este “club de fans” repentino de Irene Montero, al que ahora parecen pertenecer todos los que hasta ayer denigraban su ley y su figura, y hoy repiten sus consignas como arma arrojadiza contra el Gobierno.  Ese feminismo sobrevenido de ciertos líderes de la derecha, que solo aparece para atacar al adversario, pero nunca para revisar sus propias estructuras, no construye derechos, solo explota el dolor ajeno. Es la misma lógica de quienes encadenan frases tipo “soy feminista, pero…” para, acto seguido, justificar todas las inercias del patriarcado.

La izquierda de esto tampoco puede salir indemne: celebrar la caída de una ministra feminista incómoda y sustituirla por perfiles más “gestionables” ha demostrado ser un error político y ético. Cuando se arrincona a quienes tensionan de verdad las estructuras de poder, se abre la puerta a decisiones tibias como las que hoy indignan a muchas militantes socialistas. No se puede abrazar el legado de políticas como la del “solo sí es sí” para atacar al adversario y, al mismo tiempo, desactivar a quienes hicieron posible esos avances.

Las conductas machistas no pueden tener cabida en la sociedad, por eso son necesarias políticas feministas que no dependan del cálculo coyuntural. Eso implica, al menos: protocolos claros y automáticos ante denuncias de acoso; suspensión temporal de responsabilidades mientras se esclarecen los hechos; acompañamiento jurídico, psicológico y político a las víctimas; obligación de posicionamiento público firme por parte de los dirigentes, especialmente los hombres; y una pedagogía constante hacia dentro del propio partido. Sin estas bases, el feminismo institucional corre el riesgo de quedarse en un eslogan para días señalados, mientras la realidad sigue dictándose desde las viejas reglas del patriarcado.

Huelga médica

“Buena parte de las reclamaciones (agendas dignas, refuerzos de plantilla, salarios y pluses, carrera profesional real) dependen directamente de los mismos gobiernos regionales que contemplan la protesta desde la barrera, cuando no se declaran sorprendidos y comprensivos a la vez” 

La huelga médica en Castilla-La Mancha tiene algo de novela. Un enredo institucional donde el villano aparente es el Ministerio de Sanidad, pero muchos de los crímenes se cometen en los despachos autonómicos. La consecuencia es que mientras en Madrid se discute el Estatuto Marco a golpe de BOE, en los centros de salud de la región se seguirá sufriendo en silencio la agenda de pacientes y la guardia encadenada.

En el plano jurídico, el núcleo duro de la huelga mira a cuestiones que solo el Estado puede ordenar: el propio Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud y la posibilidad de un Estatuto específico para médicos, algo que exige ley básica y negociación a escala estatal.

También es estatal la arquitectura de la clasificación profesional (A1, A2…), con la reclamación de un 'A1+' que reconozca el itinerario formativo y la responsabilidad clínica del médico frente a otras titulaciones. La definición general de qué es una guardia, los límites máximos de jornada y los descansos mínimos forman parte igualmente del armazón básico; sin esa norma común, las comunidades tendrían barra libre para estirar la goma hasta romperla. Incluso la regulación de compatibilidades de los jefes de servicio es, en lo esencial, una decisión en la que el Estado fija el marco y las autonomías juegan con márgenes, pero no pueden invertir la lógica general.

Desde ese punto de vista, la protesta contra el Ministerio tiene lógica: si el Estatuto Marco sale mal, sale mal para todos; si sale bien, pone un suelo digno del que nadie pueda bajar. El problema, es que el Estatuto puede proclamar reposo dominical y las comunidades seguir programando maratones, siempre que el papel se interprete 'creativamente'.

En cambio, casi todo lo que el médico sufre cuando abre la consulta pertenece al reino de las autonomías. La reducción real de agendas y cupos, la posibilidad de dejar de ver 40-60 pacientes al día en Atención Primaria, no se decide en el paseo del Prado, sino en los despachos de cada consejería que fijan tiempos por paciente, protocolos de citación y ratios de plantilla. Lo mismo ocurre con el aumento efectivo de plantillas, la tasa de interinidad o el cierre silencioso de plazas en zonas rurales; el Estado puede recomendar, pero quien contrata, o no, es el servicio de salud autonómico.

Las retribuciones concretas también tienen acento autonómico: cuánto vale una guardia, qué plus recibe quien duerme en un hospital comarcal, qué carrera profesional se paga y con qué cuantía, todo eso se cocina en cada comunidad, con recetas muy dispares.

El resultado es que dos médicos con la misma formación y guardia pueden cobrar cantidades muy distintas, algo que el relato oficial suele atribuir a 'diversidad territorial', como si se tratara de quesos y no de derechos laborales. La sobrecarga asistencial, las infraestructuras obsoletas y los sistemas de información decimonónicos completan el cuadro: son producto de elecciones presupuestarias autonómicas, no de una maldición bíblica enviada desde el Ministerio.

La sobrecarga asistencial, las infraestructuras obsoletas y los sistemas de información decimonónicos completan el cuadro: son producto de elecciones presupuestarias autonómicas, no de una maldición bíblica enviada desde el Ministerio

Aquí aparece la paradoja: la huelga se presenta casi como un duelo entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, mientras las comunidades autónomas se parapetan detrás del biombo del “nosotros solo aplicamos la ley”. Sin embargo, buena parte de las reclamaciones (agendas dignas, refuerzos de plantilla, salarios y pluses, carrera profesional real) dependen directamente de los mismos gobiernos regionales que contemplan la protesta desde la barrera, cuando no se declaran sorprendidos y comprensivos a la vez.

Tal vez la explicación sea que es más sencillo concentrar el malestar en un único adversario, sobre todo si es políticamente rentable para varias partes: el Ministerio se convierte en personaje malvado de novela, mientras las comunidades se limitan a poner cara de figurantes inocentes. Pero, al final queda al descubierto que casi todos han participado en la chapuza: el Estado por diseñar un marco insuficiente y las autonomías por exprimirlo hasta dejarlo irreconocible.

Al final queda al descubierto que casi todos han participado en la chapuza: el Estado por diseñar un marco insuficiente y las autonomías por exprimirlo hasta dejarlo irreconocible 

Si la huelga no se traduce también en interpelar, uno por uno, a quienes fijan cupos, agendas y plantillas en cada región, el riesgo es que todo acabe en una gran reforma sobre el papel mientras en la consulta del lunes siga habiendo cincuenta pacientes y una sola silla.

Espero que los convocantes de la huelga tengan claro ese marco competencial, si no estaríamos ante una manipulación interesada de la precariedad que sufren los profesionales.

Lo que MAR nunca menciona

MAR  sigue con el pelo blanco y lanzando tuit e insidias. Hoy ha señalado refiriéndose al presidente del gobierno “Estás hundido. Eres un dictador. Hoy tendría que caer tu gobierno. Solo hay que ver tu cara: Ayuso te gana de largo. Tú no puedes salir a la calle: a ella la admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais Pá'lante”

Lo primero que habría que responderle a este mentiroso confeso es que, antes de dar lecciones de “corrupción” o de “lawfare”, explique por qué lleva años fabricando bulos para tapar los problemas judiciales que rodean a Ayuso y a su entorno más cercano. Porque no explica cómo la pareja de Ayuso se ha declarado culpable de fraude fiscal y otros delitos vinculados a ingresos procedentes de la sanidad madrileña, en un procedimiento en el que la defensa acabó reconociendo los hechos mientras desde el equipo de Ayuso y MAR se construía un relato de complot político.

En segundo lugar, los negocios de la pareja de Ayuso con empresas sanitarias privadas, en plena externalización y gestión privada de hospitales públicos, han generado una sombra de conflicto de interés que ni Ayuso ni su equipo han aclarado políticamente, limitándose a victimizarse y hablar de persecuciones. En este apartado están los contratos, comisiones y opacidad.

1 La Comunidad de Madrid adjudicó a dedo 1,5 millones de euros en mascarillas a una empresa amiga, Priviet Sportive SL, operación en la que el hermano de Ayuso cobró 234.000 euros en comisiones, reconocidas incluso por la propia administración madrileña, aunque el caso se archivara penalmente.

2 El archivo judicial no borra las responsabilidades políticas: precios disparados, intermediarios afines y un gobierno que primero negó, luego minimizó y nunca asumió que una operación tan lucrativa para el entorno familiar en plena pandemia exige explicaciones públicas que siguen sin darse.

Residencias, protocolos y responsabilidades

3 El llamado “caso residencias” no está cerrado políticamente: hay varias causas abiertas y ex altos cargos de Ayuso imputados por su papel en los protocolos que restringían derivaciones hospitalarias de mayores durante la primera ola, mientras las familias llevan años peleando para que se esclarezca qué pasó y quién decidió qué.

4 El Supremo archivó una denuncia concreta contra Ayuso, pero dejó claro que no contaba con datos suficientes sobre la aplicación real de los “protocolos de la vergüenza”, lo que subraya precisamente la falta de transparencia y la necesidad de una investigación política seria, no menos propaganda desde la Puerta del Sol.

Sanidad madrileña y listas de espera

5 En el Hospital de Torrejón, gestionado por una empresa privada, se han conocido audios del CEO en los que se hablaba de rechazar pacientes y alargar listas de espera para aumentar beneficios, un escándalo que afecta de lleno al modelo sanitario que defiende Ayuso.

6 Frente a esos hechos, Ayuso ha pasado de prometer mano dura a acusar al Gobierno central de “exagerar y crear escándalos”, es decir, de nuevo victimismo para no abordar el problema de fondo: un sistema que permite que el negocio esté por delante de los pacientes.

MAR no es un comentarista neutral: ha reconocido que difundió una versión falsa sobre la fiscalía y el caso del novio de Ayuso, alimentando teorías de complot que luego se han desmontado, pero que sirvieron para desviar el foco de los hechos: fraude fiscal y negocios opacos alrededor de la sanidad.

Que alguien con ese historial de intoxicación informativa pretenda dar lecciones desde un tuit solo demuestra la estrategia: mentir, embarrar y gritar “corrupción” a los demás para que nadie hable de las comisiones, los contratos a dedo, las residencias y los chanchullos sanitarios que siguen sin explicarse políticamente.

comentario sobre la sentencia del Supremo contra el fiscal general del Estado (FGE)

Sin ser jurista, me permito este comentario sobre la sentencia del Supremo contra el fiscal general del Estado (FGE) 

La Sala asume como “probado” algo que en realidad no está acreditado: que la filtración solo puede explicarse por la actuación directa del FGE o de su entorno, sin admitir explicaciones alternativas razonables. 

Además, la misma nota de prensa que antes se consideró no delictiva pasa a ser pieza clave para la condena.

Parece innegable una motivación política de fondo ligada al clima creado por el entorno de Ayuso.

1 Sobre la prueba y las “explicaciones alternativas”  

 El Supremo afirma que no existe una explicación alternativa razonable distinta a que la filtración se gestó en la Fiscalía y con participación directa (o al menos con conocimiento) del FGE. Dada la cantidad de personas con acceso al correo, sí cabrían otras hipótesis plausibles sin necesidad de recurrir a una autoría directa del FGE, lo que cuestiona el estándar de certeza utilizado para condenarlo.

2. Sobre el uso de la nota de prensa 

La sentencia condena también por la nota de prensa, al considerar que el FGE vulneró su deber de reserva al incluir datos confidenciales del correo del abogado de González Amador. Al parecer se olvidan de que previamente se había entendido que esa nota no era delictiva y que incluso un auto del Supremo llevó al juez instructor a descartarla, por lo que parece incoherente o incluso arbitrario reutilizar ahora esa misma nota como soporte de la condena.

3. Sobre la imputación personal al FGE  

El tribunal considera probado que fue el FGE o alguien de su entorno con su conocimiento, y vincula indicios como la posición de dominio de García Ortiz esa noche y el borrado de mensajes en su móvil. Nadie ha demostrado que él fiscal escribiera el correo cuya filtración se le imputa y la reconstrucción judicial de los hechos se acerca más a una decisión política que a una condena basada en prueba directa o indiciaria de peso. 

Creo que se identifica el punto débil más discutido de la sentencia y la contradicción aparente en el tratamiento de la nota de prensa.

¿La justicia a dos velocidades?

La Audiencia Nacional tiene en su poder desde octubre de 2023 un informe de la la Policía que incluye las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal en las que queda de manifiesto la implicación de la secretaria general del PP en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Ni el anterior juez de la macrocausa contra Villarejo, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, adoptaron ninguna diligencia a partir del citado oficio policial, cuyo conocimiento ha sido hurtado estos dos años a las partes personadas en la pieza separada Kitchen

¿HACIA DONDE VAMOS?

Leer la prensa esta mañana solo invita a pensar que es necesaria una llamada de atención severa a una clase política y mediática ensimismada en sus batallas internas mientras el contexto internacional, especialmente el europeo, atraviesa un momento decisivo y peligroso. A eso se le suma la incoherencia y la doble moral de quienes se presentan como patriotas, mientras mercadean con la propia idea de España, la connivencia de ciertos medios “agraciados” que sacrifican la ética profesional a cambio de prebendas y estabilidad económica.  

Tengo la sensación de que existe urgencia y alarma porque o se recupera la altura de miras y se reparte mejor el tiempo entre lo doméstico y lo geopolítico, o el país quedará desprotegido en un tablero mundial cada vez más hostil y adverso.

¿Qué une los “protocolos de la vergüenza” de 2020 en las residencias y los audios del Hospital de Torrejón?

Es una misma lógica: cuando el modelo de gestión pone por delante el ahorro y el beneficio, la respuesta sanitaria deja de guiarse por la necesidad clínica y pasa a seleccionar a quién se atiende según su “rentabilidad”. En Madrid, eso ha significado primero dejar morir a miles de mayores sin trasladarlos al hospital y, ahora, diseñar hospitales públicos de gestión privada que rechazan pacientes complejos porque “gastan demasiado”. 

El Hospital Universitario de Torrejón es un hospital público con gestión privada mediante concesión, cuya empresa gestora cobra un canon per cápita: cada euro que no se gasta en el paciente aumenta el margen de la empresa. En audios atribuidos al CEO de Ribera Salud, este insta a “desandar el camino” de reducción de listas, aumentar la demora y rechazar procesos “no rentables” para mejorar el EBITDA (el beneficio operativo de una empresa antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en varios millones, lo que en la práctica significa filtrar y evitar pacientes y procedimientos de alto coste. 

En las residencias se seleccionó a quién no se trasladaba al hospital en función de edad, dependencia y deterioro, no del beneficio clínico esperable, con un sesgo claro contra los más frágiles. En Torrejón, el incentivo contractual per cápita y las instrucciones internas empujan a seleccionar pacientes según gasto previsto (procedimientos caros, pacientes complejos, fármacos costosos), desplazando la prioridad desde la necesidad sanitaria hacia la contención de costes y la mejora del beneficio privado.

Ambos episodios ocurren bajo un mismo gobierno autonómico y un mismo marco ideológico que ha expandido la gestión privada de centros públicos, con contratos largos, poco transparentes y un fuerte desequilibrio entre el poder de la Administración y el de las concesionarias. La casi ausencia de consecuencias políticas y penales durante años (protocolos que afloran en los juzgados al borde de la prescripción, directivos que se defienden alegando “audios editados” mientras siguen vigentes los mismos incentivos contractuales) configura una auténtica “arquitectura de la impunidad” donde el mensaje implícito es que, si la rentabilidad mejora, las vulneraciones de derechos se toleran.  

En 2020 el racionamiento fue brutal y explícito: se prohibió de facto el acceso hospitalario de miles de mayores por ser viejos, dependientes y “poco recuperables”. Hoy el racionamiento es más técnico y encubierto: se desplazan listas de espera, se rechazan procesos y se configuran contratos que premian no gastar en los pacientes que más lo necesitan, todo ello en hospitales que siguen llamándose “públicos”. El resultado es el mismo hilo ético: un sistema que, en lugar de proteger más a quien más riesgo tiene, coloca a los pacientes frágiles y caros en la diana de los recortes y convierte la desigualdad sanitaria en un efecto colateral aceptable del negocio.

Fanatismo de carné

Morir antes de votar a un rojo, sí; pero también antes de reconocer que tu lealtad política vale más que tu vida, la de tus hijos y la de tus padres.

Hay quien se tatuaría las siglas de su partido en la frente antes que aceptar que lo que vota mata, empobrece y abandona a la gente común en una urgencia, en una UCI o en la puerta de un hospital. 

Prefieren morir fieles a un logo que vivir con la incomodidad de pensar por su cuenta, aunque eso signifique convertirse en simple mercancía para quienes han convertido la sanidad y los servicios básicos en negocio.

No es fidelidad, es servidumbre voluntaria: seguir defendiendo a incompetentes y corruptos mientras se acumulan las listas de espera, las muertes evitables y el deterioro de todo lo que debería protegernos. Esa ceguera identitaria, esa adhesión irracional a unas siglas, se parece demasiado a una secta como para seguir llamándola “voto fiel”.

Pueden morir en la puerta de un hospital porque el modelo que tanto aplauden trocea la sanidad, la privatiza por la puerta de atrás y convierte cada retraso en una sentencia de muerte perfectamente evitable. 

Pueden tragarse años de recortes que se traducen en miles de muertes evitables, y aun así seguir repitiendo que “no hay dinero” mientras sus líderes blindan beneficios privados con dinero público.

Pueden aceptar que sus padres mueran en una residencia sin derivación al hospital, porque “total, ya estaban mayores”, mientras el sistema ahorra camas, personal y cuidados a costa de vidas concretas con nombres y apellidos. 

Y pueden tragarse en silencio los efectos de cada negligencia política, desde cribados que no se comunican hasta alertas que no se envían, siempre que el responsable lleve su color en la papeleta.

Esa obediencia ciega no es neutral: tiene consecuencias tan tangibles como una metástasis detectada tarde, una neumonía sin atender a tiempo o una ambulancia que nunca llega porque se decidió “optimizar recursos”. Cuando se rompe la sanidad pública y se vacía la atención primaria, las estadísticas de mortalidad evitable suben, y detrás de cada número hay alguien que confió más en un partido que en los datos.

Seguir votando como si nada no es solo ceguera, es complicidad con un modelo que ya ha demostrado, con cifras en la mano, que privatizar y recortar mata. 

Llegados a este punto, lo honesto sería admitirlo: hay quien prefiere morir antes que traicionar su bandera partidaria, aunque sea su propia bandera la que lo empuja al precipicio.

Para los que aún niegan que hubo protocolos en las residencias

Para los que aún niegan que hubo protocolos en las residencias de no traslado a hospitales por COVID. Con esta noticia igual hasta ven aquello normal

“La dirección del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público que gestiona la empresa Ribera Salud, modificó el funcionamiento de las Urgencias para que se atendiera antes a los pacientes leves, que se evitara subir a enfermos a las plantas de medicina interna y llegó a dar órdenes verbales para que los pacientes graves fueran reasignados como leves y se les atendiera con rapidez pero sin los “mínimos de calidad y seguridad”.

Es impresionante el silencio de los "principales" medios de comunicación del país sobre este asunto. Debe parecerles mucho mas grave que Begoña se haya tirado un pedo en la guardería o que el hermano de Sánchez haya desafinado en un concierto. Es evidente que se han convertido en los cómplices necesarios en todos estos manejos turbios.

¿Se ha preguntado España qué quiere ser de mayor? Polarización, populismo, vivienda, desigualdad, diversidad...

La sociedad española actual está viviendo una mezcla tensionada de avances indiscutibles en derechos y diversidad con una sensación creciente de bloqueo vital, polarización y desgaste democrático. Bajo una superficie de aparente modernidad y tolerancia, se combinan vidas en precario, vivienda inalcanzable para gran parte de la juventud y un clima público donde hacer matizaciones a las grandes proclamas histriónicas de algunos lideres y lideresas parece haber dejado de estar de moda.

Hemos consolidado una cultura de la apariencia, la cultura del envase que olvida el contenido, muy alimentada por redes sociales, donde importa más parecer sensible, leído o comprometido que asumir las consecuencias incómodas de esas lecturas y compromisos en nuestra vida cotidiana. En el debate público predomina una dicotomía, un esquema binario de “conmigo o contra mí” que reduce la complejidad a bandos morales, penaliza las dudas y las indecisiones, y convierte el espacio común en un campo de batalla de identidades. 

Esta lógica empobrece la conversación democrática: el desacuerdo deja de ser una oportunidad para aprender y se convierte en una amenaza a la propia identidad. Eso explica que haya más ruido político que reflexión, más consignas que argumentos y más fidelidades emotivas que un proyecto de país. Son datos de estudios, los que nos dicen que la polarización afectiva ha crecido de forma sostenida en los últimos años en España, con una mayoría ciudadana que percibe más crispación que hace unos años. Ese clima favorece una política concebida como espectáculo de bloques enfrentados, donde el objetivo principal es movilizar a los ya convencidos y deslegitimar al adversario, no construir acuerdos básicos. 

Y ahí, la izquierda lleva todas las de perder el relato, porque en este contexto, parte de la izquierda corre el riesgo de refugiarse en gestos y símbolos mientras deja sin respuestas convincentes cuestiones materiales que definen la vida de las mayorías. Y parte de la derecha explota el cansancio y el miedo, prometiendo simplicidad ante problemas complejos y señalando chivos expiatorios allí donde harían falta reformas estructurales. El modelo sanitario es un ejemplo de esto en esta semana.

El acceso a la vivienda se ha convertido en la verdadera prueba de realidad de la sociedad española: buena parte de los jóvenes, incluso con formación, no puede iniciar un proyecto vital independiente sin depender de la familia o endeudarse de por vida. Informes recientes muestran que solo una minoría de menores de 35 años que intentan comprar o alquilar logran su objetivo, mientras los precios suben mucho más que los salarios y el esfuerzo necesario supera con creces el umbral razonable de ingresos. 

No puede haber discurso serio sobre igualdad de oportunidades si la vivienda se mantiene como un privilegio hereditario más que como un derecho efectivamente garantizado. Ninguna fuerza política podrá ganar estabilidad social duradera si no aborda de forma creíble la cuestión habitacional, con parque público suficiente, regulación eficaz y redistribución intergeneracional. 

En la conversación pública española se ha confundido a menudo ser “progre” con ser de izquierdas, reduciendo el proyecto emancipador a estilos de vida, lenguaje y símbolos, sin anclaje material. Una izquierda que renuncia a priorizar salario, vivienda, servicios públicos y fiscalidad justa no es una izquierda, y corre el riesgo de dejar el terreno del malestar económico a fuerzas que lo capitalizan en clave reaccionaria.

Eso no significa regresar a un viejo obrerismo, en muchas ocasiones ciego ante la opresión por género, raza o diversidad, sino intentar integrar la agenda material y la agenda de derechos en un mismo horizonte de igualdad real. Hoy, una propuesta transformadora que no incorpore de manera seria la diversidad humana, étnica y de género no solo es injusta, también es políticamente miope e incapaz de hablar a la sociedad que ya existe. 

España es hoy un país profundamente diverso: la población de origen migrante y afro descendiente crece y forma parte estructural del tejido social, económico y cultural. Entre la juventud, frente a lo que muchos nos cuentan de que toda la juventud es de pensamiento ultraderechista, las encuestas muestran actitudes mayoritariamente favorables hacia la mezcla étnica y la convivencia, lo que indica que la España real va por delante de muchos marcos políticos y mediáticos. Sin embargo, esa normalización convive con discriminaciones persistentes en el acceso a la vivienda, el empleo y el trato institucional, como documentan los estudios sobre racismo en España. Urge abordar la diversidad cultural y étnica con decisión y sin complejos: no como excepción a gestionar, sino como realidad constitutiva del país y como oportunidad para redefinir una identidad común más plural, democrática y compartida. 

De no hacerlo, no habrá buenos tiempos para la lirica.

La privatización de la sanidad pública: una enfermedad contagiosa

Para que se entienda 

La privatización de la sanidad pública: una enfermedad contagiosa 

¿Cómo se hace crecer la sanidad privada? 

El crecimiento de la sanidad privada se produce por el deterioro de la sanidad pública, para lo que se provoca que esta no funcione y se genere malestar ciudadano y la sensación de desigualdad del ciudadano por no sentirse atendido. 

¿Cuál es el proceso?

Mediante conciertos económicos se derivan pacientes del sistema público al privado, incluidos los hospitales de gestión privada. Primero las CCAA van con cuidado, poco a poco, y los primeros pasos los tenemos como externalizaciones menores, a las que luego les siguen procesos privatizadores más profundos.

¿Cómo se hace posible lo anterior? 

Para que esto se vea cómo algo necesario, lo primero es conseguir deteriorar el sistema público (nada mejor para hacerlo que recortándole recursos); luego, cómo no los gastamos en lo público, se produce el trasvase de esos recursos recortados al sector privado; a esto le añadimos (para hacernos verlo necesario), el aumento de las listas de espera; luego le ponemos unas gotas de pérdida de calidad asistencial en lo público por esa falta de recursos; y al final conseguimos el objetivo: la sensación ciudadana de una desigualdad sanitaria entre público y privado (en el publico la silla y en el privado el sofá). 

¿Le llamamos privatización? 

No. Para que nadie se mosquee por llamar a esto por su nombre “privatización”, al proceso se le llama “colaboración público-privada”, y por si aún con eso no se nos convence, se nos permite la “libre elección” de hospital, con lo que el hospital al que vas gana más, y el que te corresponde no pierde, porque sigue cobrando lo mismo.

¿Esto es una cuestión de formas de mejor gestión? 

No. Esto es simplemente la aplicación de una ideológica neoliberal, que solo es posible si se permite la connivencia entre poder político y empresas privadas, y si es necesario (cómo en algunos casos) de la corrupción, da igual en A o en B. 

¿Por qué ocurre esto? 

Pues porque se vota a partidos que promueven ese modelo de privatización, ante la pasividad ciudadana y la no defensa de la sanidad pública por parte de gobiernos (da igual el signo) que no se atreven ni a cuestionar la situación.

¿Cuál es la consecuencia? 

El final del proceso es un sistema sanitario inviable donde no existe la equidad, donde la sanidad pública queda relegada a los sectores más pobres y donde se incrementa la mortalidad, cómo ha quedado demostrado con lo que ha sucedido en el Reino Unido donde esto se hizo exactamente cómo ahora aquí.  

¿Cómo solucionarlo? 

La única solución es no tener gobiernos privatizadores ( y eso lo decides con tu voto), y movilizándote a diario para impedirlo  y exigiendo una sanidad pública de calidad, con financiación suficiente y blindada frente a intentos privatización. 

La privatización de la sanidad pública es una enfermedad contagiosa que solo la puedes frenar tú con tu voto. Si prefieres el modelo en el que antes que paciente eres un cliente, también lo puedes permitir con tu voto.

Castilla-La Mancha ante el espejo de los antibióticos

“Cada antibiótico que se prescribe 'por si acaso' alimenta una factura futura que pagarán precisamente los más frágiles: ancianos pluripatológicos, pacientes inmunodeprimidos o ingresados en unidades de críticos”

Como médico de familia, el dato de que el consumo de antibióticos en España haya descendido un 13,8% en salud humana desde el inicio del Plan nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) es, sin duda, una buena noticia.

Habla de un sistema que, al menos en parte, ha sido capaz de escucharse a sí mismo, revisar sus prácticas y corregir excesos que durante años se normalizaron tanto en la consulta como en la calle. Pero cuando uno trabaja en Castilla-La Mancha, en áreas rurales donde la presión asistencial se mezcla con la proximidad social, estos porcentajes adquieren matices que no conviene olvidar.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recordaba recientemente que la lucha frente a la resistencia antimicrobiana exige una visión integral, colaborativa y sostenible, y esa frase encaja especialmente bien con la realidad de nuestra comunidad.

Prescribir antibióticos 'por si acaso'

Castilla-La Mancha es un territorio extenso, envejecido y disperso, donde la continuidad asistencial depende tanto de las decisiones de un gran hospital como del juicio clínico de un único médico en un consultorio de pueblo. En este contexto, cada antibiótico que se prescribe 'por si acaso' alimenta una factura futura que pagarán precisamente los más frágiles: ancianos pluripatológicos, pacientes inmunodeprimidos o ingresados en unidades de críticos.

En los servicios de asistenciales de Castilla-La Mancha vemos a diario el reverso de la estadística: infecciones por patógenos multirresistentes que prolongan estancias, encarecen tratamientos y, sobre todo, empeoran el pronóstico de pacientes que ya partían con pocas reservas fisiológicas.

La sepsis por bacterias resistentes no es un concepto académico; es el rostro de esa paciente diabética que entra por urgencias con una infección urinaria complicada y que, años atrás, habría respondido en 48 horas a un betalactámico estándar. Hoy, cada vez con más frecuencia, obliga a escalar el tratamiento, a recurrir a fármacos de último recurso y a asumir un riesgo que podría haberse mitigado con una prescripción más prudente desde la atención primaria o en episodios previos.

El descenso global del consumo es un paso, pero en Castilla-La Mancha aún arrastramos inercias difíciles de romper. La cultura de la 'receta rápida' ante un catarro, la presión de la automedicación con restos de tratamientos antiguos, o la sensación de que en los pueblos 'más vale curarse en salud' con antibiótico, siguen presentes en la consulta diaria. Para el clínico hospitalario esto se traduce en ingresos evitables, en cuadros de diarrea por Clostridioides difficile tras usos innecesarios, y en flora hospitalaria cada vez más compleja que condiciona las decisiones empíricas desde el primer minuto.

Explicar por qué no siempre hacen falta

Por eso, las estrategias nacionales solo tienen pleno sentido si se territorializan y se viven en el día a día de Castilla-La Mancha. Los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) hospitalarios han demostrado que se puede optimizar la prescripción, acotar duraciones, revisar tratamientos a las 48-72 horas y formar a los facultativos sin culpabilizar, pero con rigor.

Como médico, la mejor noticia no será solo una nueva bajada porcentual en el consumo global, sino comprobar que en nuestros hospitales de Castilla-La Mancha hay menos camas ocupadas por infecciones que podrían haberse evitado con una prescripción más sensata años atrás

El siguiente paso inaplazable es reforzar la conexión con la atención primaria rural, dotar de tiempo a los médicos de familia para explicar por qué no siempre hace falta un antibiótico, y asegurar que los datos de consumo y resistencias se devuelven a los equipos de cada área de salud de forma transparente y periódica.

Castilla-La Mancha no puede conformarse con aparecer en el promedio nacional de reducción; debe aspirar a ser referencia en el uso prudente de antibióticos en entornos rurales y semirrurales. Eso implica invertir en sistemas de información, en microbiología accesible, en formación continuada y en campañas dirigidas a una población que confía en su médico, pero que necesita entender que decir 'hoy no toca antibiótico' es, muchas veces, la decisión más responsable. Como médico, la mejor noticia no será solo una nueva bajada porcentual en el consumo global, sino comprobar que en nuestros hospitales de Castilla-La Mancha hay menos camas ocupadas por infecciones que podrían haberse evitado con una prescripción más sensata años atrás.

La Gestión Público-Privada de la Sanidad de Madrid y otras CCAA

He elaborado este informe para intentar aclarar lo que hay detrás de esta noticia 

A principios de este diciembre, El País publicó audios de una reunión privada del grupo Ribera Salud, empresa que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (un hospital de titularidad pública en concesión a privados desde 2011). En esa grabación, el CEO de Ribera daba instrucciones claras a sus mandos: aumentar las listas de espera, rechazar pacientes y procedimientos no rentables, y reducir intervenciones complejas para ganar "cuatro o cinco millones" en beneficios extra.

El modelo de concesión administrativa que utiliza la Comunidad de Madrid mantiene la financiación y titularidad públicas, pero cede la prestación del servicio a empresas privadas (Ribera Salud, Grupo Quirón, etc.) durante periodos de 15-20 años.

Los datos no engañan. El Grupo Quirón ha recibido 5.000 millones de euros en financiación pública en los últimos años, mientras que el presupuesto total de Sanidad de Madrid es de apenas 10.000 millones. Existe un flujo incesante de pacientes de la sanidad pública a la privada y de dinero público hacia empresas privadas, según las propias memorias presupuestarias de la Comunidad de Madrid. El "filón" no está en la sanidad privada per se, sino en la gestión de la sanidad pública: acceso garantizado a fondos públicos con márgenes de ganancia controlados.

Los audios de Ribera Salud dejan clara la lógica operativa: los pacientes son vistos como clientes a seleccionar, no como ciudadanos con derechos. El CEO ordena expresamente: Rechazar procedimientos no rentables; Aumentar listas de espera (lo que le permite cobrar menos por urgencias); Reducir intervenciones complejas (quirúrgicas, oncológicas) que tienen menor margen; Priorizar solo los tratamientos que generan beneficio.

¿Y si te opones? Despedidos los responsables que se opusieron a hacerlo. En una muestra del control autoritario, la empresa despidió a la dirección médica del hospital cuando se opuso a frenar intervenciones y descartar procesos no rentables. Esto evidencia que cuando la razón médica choca con la razón contable, la empresa elige ganar dinero.

Tras la filtración, el CEO de Ribera presentó su dimisión, pero la empresa intentó argumentar que se trataba de una reunión "privada" y que las declaraciones podrían haber sido "alteradas" o "malinterpretadas". Una defensa que es un reconocimiento de culpabilidad.

El Silencio Cómplice de la Consejería de Madrid. La Consejería de Sanidad madrileña afirmó que no ha detectado "ningún incumplimiento" de Ribera Salud respecto a las obligaciones del contrato de concesión. Esta respuesta es devastadora: o bien el contrato permite explícitamente rechazar pacientes para ganar dinero, o bien la administración mira hacia otro lado.

La ministra lo ha denominado explícitamente "corrupción institucional" a este modelo, señalando que requiere connivencia de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Sanidad, y ha apuntado además que la consejera de Sanidad de Madrid proviene del Grupo Quirón, lo que subraya el conflicto de intereses estructural.

Pero no solo pasa en Torrejón. Los datos presupuestarios confirman que: Hay un drenaje continuo de recursos públicos hacia empresas privadas; Se produce una selección de pacientes según rentabilidad: los casos complejos se derivan a la sanidad pública, los rentables quedan en manos privadas; Este es el modelo sistemático en Madrid: parasitación público-privada disfrazada de "colaboración".

Consecuencias para los pacientes. El objetivo explícito de rechazar pacientes es alargar las listas de espera en la sanidad pública y privada, maximizando la presión sobre el sistema y justificando nuevas concesiones. Esto genera: Pacientes esperando meses para operaciones; Cirugías retrasadas por razones de rentabilidad, no médicas; Selección implícita: solo acceso rápido si puedes pagar o si tu caso es suficientemente lucrativo.

Y a esto hay que sumar la falta de transparencia. Ayuso ha defendido públicamente que las concesiones privadas funcionan bien, pero no disponemos de información independiente sobre morbimortalidad, calidad de atención o resultados clínicos comparados con hospitales públicos gestionados directamente. Si no hay información fehaciente, se puede afirmar lo que  se quiera.

El caso Torrejón no es una excepción ni un "malentendido". Es la lógica del modelo de gestión público-privado de la sanidad madrileña funcionando exactamente como está diseñado: transferir fondos públicos a empresas privadas que seleccionan pacientes según rentabilidad, no según necesidad.

La ausencia de reacción del Gobierno de Ayuso y la afirmación de que no hay incumplimientos sugieren que este comportamiento es conocido, tolerado y, en cierta medida, contractualmente permitido. Eso es el verdadero escándalo: no un acto aislado de un CEO, sino un sistema estructuralmente corrupto que ha convertido un derecho fundamental (la salud) en un negocio.