LUZ SOBRE EL APAGÓN

Sin luz, sin teléfono, sin internet. Y cómo si llegase el fin del mundo, la pregunta

nos la dieron redactada ¿Y ahora qué hacemos? Pero no era esa. Era ¿por qué?

España ha vivido un gran apagón el pasado lunes. Un evento de tal magnitud

que dejó inoperativa a toda la península ibérica en cuestión de segundos. La

desconexión total sorprendió por su rapidez, y la recuperación del suministro fue

inevitablemente lenta, y ha requerido que todos los sistemas volvieran a

acoplarse y sincronizarse con la señal eléctrica, lo cual es un proceso complejo

en una red con muchos sistemas. Algunas zonas, como las cercanas a las

fronteras francesa y marroquí (parte del País Vasco y la provincia de Cádiz),

recuperaron la normalidad antes, aunque incluso dentro de una misma provincia

hubo grandes diferencias en el tiempo de restablecimiento.

La pregunta inmediata fue ¿por qué se produjo? Empecemos por dejar claro que

no tenemos certezas sobre la causa o causas. Que Tellado y Gamarra ya digan

saber la causa, es para que les diera vergüenza solo insinuarlo. El asunto es tan

técnico, que es más que probable que los ciudadanos nunca nos enteremos del

origen real del problema. Eso ha facilitado que el debate público se ha llenado

de especulaciones y, cómo no, de bulos, convirtiéndose hoy en una batalla

ideológica entre renovables y nucleares, y también en otra batalla más entre

izquierda y derecha. Tenemos desde quienes relacionan el apagón con un

exceso de confianza en la energía solar o los supuestos riesgos de las

renovables, hasta quienes directamente lo atribuyen a la progresiva retirada de

las nucleares en nuestro país.

Los denominados "todólogos" (esos que saben de todo: Covid, Volcanes, DANA

y ahora sistemas eléctricos) en las tertulias televisivas, y que siempre son los

mismos y mismas, ya nos hablan de las causas sin ser expertos, y, eso sí, todos

con un sesgo político. No quisiera caer en lo mismo que crítico porque tampoco

yo soy un experto en sistemas de distribución eléctrica. Lo que si he hecho ha

sido, antes de escribir este artículo de opinión, intentar documentarme por varias

vías de lo acontecido. Y la verdad es que son muchas las publicaciones que ya

apuntaban a que este apagón del lunes podría producirse. Sin embargo, los

ciudadanos seguimos guiándonos solo por lo que nos cuentan en la caja tonta,

en lugar de a escuchar a expertos acreditados, que nos pueden aportar algunas

claves para entender lo ocurrido.

Según las fuentes en las que he leído, el apagón no se debió a un ciberataque,

ni tampoco el problema está en las renovables en sí mismas, que son las dos

opiniones preponderantes en redes. Tal vez, posiblemente, la causa principal

pudo haber estado en dos episodios de desconexión de energía solar, pero no

porque el problema fundamental sea esa desconexión en sí, sino por la

inestabilidad de la red eléctrica. Esta inestabilidad es real, y consecuencia directa

de un modelo energético que ha priorizado los intereses de las grandes

empresas por encima de las inversiones necesarias para garantizar la

estabilidad del sistema. El problema fundamental, no son las renovables, sino

que el modelo de integración de las renovables no es el más adecuado para sus

características.

Según algunos expertos, lo ocurrido fue el resultado de acumular una gran

cantidad de electricidad generada por sistemas fotovoltaicos en una red de alta

tensión, sin contar con sistemas de estabilización suficiente. Justo antes de la

caída, el 60% de la energía producida era fotovoltaica. La energía fotovoltaica

es inflexible, produce una corriente continua en función de la luz solar, y eso

dificulta la adaptación instantánea a la demanda. Aunque la situación generada

se podría haber compensado activando centrales de gas de ciclo combinado, no

se hizo, posiblemente porque mantenerlas operativas resulta costoso y el precio

actual de la electricidad es muy bajo.

Según esos expertos, no se pueden integrar las renovables sin dotarlas de

sistemas de estabilización. Las empresas han minimizado al máximo esta

inversión, delegando la estabilización a la Red Eléctrica. Aunque desde 2022 la

normativa obliga a los nuevos sistemas a incluir estabilización propia, el

problema reside en las instalaciones anteriores a esa fecha que no están

obligadas a cumplir estos requisitos. Están en esa situación instalaciones en

todas las CCAA anteriores a esa fecha, también en Castilla La Mancha. Si ese

es el motivo real de lo acontecido, resulta una imprudencia que no se debe

consentir y mucho menos repetir.

La falta de sistemas de control y estabilización ha podido provocar una

sobrecarga que, en lugar de que las subredes se desconectaran para protegerse,

fue pasando el problema a otras subredes, generando un efecto dominó, una

caída en cascada, y eso hizo que todo se cayera muy deprisa para evitar

quemarse. Para resolver ese problema, se debe invertir en los mencionados

sistemas de estabilización. Los expertos señalan que la mejor manera de

estabilizar las energías renovables, especialmente la fotovoltaica y la eléctrica,

es a partir de baterías. Es una idea simple: cuando hay desacoplamiento con la

demanda, si aumenta, sacas energía de la batería; si disminuye, metes el exceso

en ella. Esto, garantizaría la estabilidad y continuidad del servicio.

Lo que parece claro es que, si esa es la causa del apagón, la situación exige la

aprobación de leyes que antepongan la electricidad como servicio vital antes que

los intereses de las empresas. La importancia de exigir desde las instituciones

unas especificaciones estrictas y obligatorias de estabilización, aunque las

compañías pongan el grito en el cielo, porque hacerlo implica hacer un montón

de inversión, pero es necesario anteponer la seguridad de los españoles y del

Estado. Este acontecimiento que hemos vivido viene a poner en evidencia que

un elemento vital hoy cómo lo es la electricidad no puede estar sometido su

funcionamiento a las leyes de mercado ni a los intereses de las empresas

privadas, sino que se debe plantear que la generación de la electricidad sea un

servicio público.

Cómo en la sanidad, en la educación y en lo que conocemos cómo servicios

básicos, también aquí un modelo de empresa privada siempre va a priorizar el

beneficio frente a la calidad del servicio. Desmantelar lo público tiene muchas

consecuencias, una puede ser lo acontecido este pasado lunes, otra que sean

muchos los expolíticos españoles que han estado o están hoy sentados en los

consejos de administración de esas empresas. No es una cuestión ideológica,

sino de toda lógica, plantear que es una anomalía que un servicio público cómo

la electricidad de máxima necesidad, cómo hemos comprobado en nuestras

propias carnes, esté en manos privadas, y que hacen un gran negocio con

nuestra necesidad total de esta energía. El apagón también ha puesto de

manifiesto la vulnerabilidad en la que nos sitúa la falta de planificación respecto

a este sistema de renovables y es aplicable a otros muchos servicios de primera

necesidad.

Más allá de los aspectos técnicos, el incidente también nos ha mostrado los

contrastes de nuestra sociedad del siglo XXI. Mientras unos reaccionaban hace

unos días comprando kits de emergencia y abogando por el incremento del gasto

militar ante un supuesto ciberataque, no se dan cuenta de que solo cortar la luz

una semana, nos deja una España rendida. La falta de información y la escasa

transparencia de las administraciones además nutre la creación de bulos

interesados que hacen de la incertidumbre ciudadana un vivero de votos. Ojalá

que el apagón, al menos, sirva para que nos demos cuenta de nuestra falta de

empatía con ciudadanos españoles o de fuera que sufren carencias mucho más

graves desde hace años (falta de luz, agua, alimentos, medicamentos) cómo

ocurre en Gaza o en la Cañada Real.

Políticamente, el evento ha dejado clara la apuesta de la derecha por las

nucleares frente a las energías limpias, y también nos permite percibir que

algunos usan cualquier situación para intentar obtener rédito político. A quienes

queráis documentaros con evidencia en el tema, os recomiendo la lectura de

diferentes publicaciones de Antonio Turiel Martínez, científico y divulgador,

licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad

Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como Investigador Científico en el

Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Él ya había advertido de

este escenario, señalando que la red lleva mucho tiempo "en el alambre" y que

ya ha habido ocasiones en las que se ha estado muy justo para garantizar el

suministro. De hecho, el año pasado se tuvieron que poner en marcha cinco

veces los sistemas de respuesta activa de la demanda, lo que básicamente

significa apagar toda la industria del país.

La transición del modelo heredado a un modelo renovable no es por un capricho

ideológico, sino consecuencia de la necesidad de luchar contra el cambio

climático. Y que no te engañen, es mejor un apagón temporal que las

consecuencias del cambio climático global, y mejor las renovables con sus

problemas solventables, que los costes económicos, ecológicos y de seguridad

de las nucleares. Sin embargo, el apagón nos expone que esta transición debe

hacerse de forma planificada y segura, con la inversión necesaria en

infraestructura de estabilización y, posiblemente, replanteando el modelo de

gestión de un servicio tan vital como la electricidad.

Lo que sí parece claro es que, al margen de las causas, el problema terminará

afectando al bolsillo de los ciudadanos.

RESIDENCIAS DE MAYORES, BIEN PERO MEJORABLES

La situación de las residencias de mayores en España, y en particular en Castilla-La Mancha, sirve para ilustrar las tensiones existentes y los desafíos a los que ha de hacer frente, un modelo de cuidados en plena transformación, que viene marcado por el envejecimiento demográfico, por la desigualdad territorial existente y por la tensión entre lo público y lo privado. Para entender la situación, es imprescindible analizar no solo los datos y las políticas, sino también las implicaciones sociales y culturales del actual sistema.

Si analizamos cobertura y financiación, vemos cómo Castilla-La Mancha destaca al situarse como la segunda comunidad autónoma con mayor cobertura de plazas residenciales para personas mayores, puesto que en nuestra comunidad se ofrecen siete plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, superando ampliamente la media nacional de cinco plazas. Con estos datos se sitúacerca de Castilla y León, que es la que lidera esa oferta con 7,73 plazas por cada cien mayores de 65 años. Este esfuerzo de cobertura es relevante, pero no está exento de problemas estructurales.

Si miramos la financiación, nos encontramos que dos de cada tres plazas en nuestra región cuentan con financiación pública, que en números absolutos supone más de 19.000 de las casi 28.000 plazas disponibles, yademás, de ellas más de 11.700 son estrictamente públicas. Si miramos los mismos datos a nivel nacional, veremos que aproximadamente el 67% de las plazas residenciales para mayores son de financiación pública, mientras que el 33% restante son privadas. Al igual que sucede con la cobertura, la financiación pública, aunque es mayoritaria, se distribuye de forma desigual, y el acceso a una plaza depende en gran medida del territorio y del nivel de renta, pese a los discursos institucionales que proclaman la igualdad de oportunidades.

Se puede afirmar sin miedo a equivocarnos que la variabilidad regional existente en nuestro país, tanto en los criterios de acceso cómo en las tarifas, genera situaciones de falta de equidad y refuerza la brecha entre Comunidades Autónomas.

Analicemos ahora los costes y la sostenibilidad del actual modelo. La reciente subida del precio concertado por plaza y día para personas con grado III de dependencia (de 55 a 60 euros) en Castilla-La Mancha es la respuesta de la administración regional a la presión inflacionista y al aumento de los costes operativos. Pese a ese esfuerzo, las entidades del sector encabezadas por ARTECAM consideran que esta subida sigue siendo insuficiente, puesto que su reclamación erad de alcanzar un precio de 67,67 euros por usuario y día, y a la vez denuncian que los servicios prestados no varían significativamente entre grados de dependencia. La consecuencia de esa no equiparación de ingresos y costes es la demostración de la fragilidad financiera de muchas residencias privadas concertadas, lo que al final se traduce en la base para argumentar dificultades para garantizar una atención de calidad, puesto que no considerar percibir una financiación adecuada y estable.

El sistema de copago obliga a los usuarios a aportar entre el 65% y el 85% de sus ingresos tanto en residencias públicas cómo en concertadas. Esto plantea interrogantes sobre la equidad y la sostenibilidad social del actual modelo. Para quienes no acceden a una plaza pública o concertada, el coste íntegro de una residencia privada suele resultar inasumible, y en muchos casos obliga a la familia a recurrir a productos financieros como por ejemplo la hipoteca inversa, o la pensión vitalicia, mecanismos que trasladan la carga económica a las familias y que a lo que contribuyen es a reforzar la mercantilización de los cuidados.

Se deben afrontar unos desafíos sociales y culturales si queremos mejorar el modelo. Sociológicamente resultafundamental señalar que la residencia no es solo un recurso asistencial, sino que también siempre debe ser un espacio de socialización, identidad y pertenencia. Aunque el discurso oficial subraya el papel de las residencias como motores económicos y generadores de empleo estable, y especialmente no deslocalizable en zonas rurales y despobladas, olvida que institucionalizar la vejez siempre suele estar asociada con la pérdida de autonomía y con la ruptura de vínculos con la comunidad, a pesar de los esfuerzos por promover el envejecimiento activo y la atención integral.

Curiosamente  en el informe del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida, se sitúa a las personas mayores de Castilla-La Mancha entre las más felices de España, con una puntuación de 7,87 sobre 10, por encima de la media nacional. Lógicamente este dato habla a favor de las políticas públicas, que muy al contrario de que el mismo le lleve a morir de éxito, les invita a reflexionar sobre cómo se puede mejorar la percepción de los factores cualitativos que inciden en el bienestar: la proximidad familiar, la calidad de la atención, el respeto a la autonomía y la participación social.

La presión demográfica, el aumento de la dependencia y la desigualdad territorial exigen una revisión profunda del sistema, que vaya más allá de la mera ampliación de plazas o la subida de precios concertados. El reto real pasa por construir un modelo de cuidados que garantice la dignidad, la autonomía y la participación de las personas mayores, evitando la segregación social y territorial, y reconociendo el valor de los cuidados como un bien común. La apuesta por los servicios públicos, la coordinación sociosanitaria y la innovación en modelos residenciales (como las viviendas colaborativas o los cuidados en el hogar) son caminos imprescindibles para afrontar el reto del envejecimiento en una sociedad democrática y cohesionada.

MIGRANTES EN UN PAÍS SIN MEMORIA

La migración de menores de edad en nuestro país comenzó a considerarse un problema a partir de los años noventa. La mayoría de esos chicos proviene de Marruecos, tienen entre dieciséis y diecisiete años y principalmente son varones. En ese grupo humano encontramos tres factores que definen su vulnerabilidad: ser menores, estar solos y ser migrantes. Y si son niñas, debemos sumar el factor de genero cómo otro elemento agravante de esa vulnerabilidad. 

Al perfil de los menores, hay que sumarle la falta de una buena coordinación entre administraciones. Perfil y descoordinación transforman el problema inicial  en un reto de difícil solución, agravado porque cada Comunidad Autónoma  establece sus propios criterios de abordaje. El acogimiento familiar tendría que ser el modelo prioritario de tutela porque en España no se establece ninguna diferencia por razones de nacionalidad, pero en la práctica esto no es así, y  la contradicción entre las leyes de protección a la infancia y las leyes de extranjería dificulta el proceso de acogimiento familiar de los menores migrantes. 

Ejemplos de esa diferente interpretación del marco legal hemos asistido a varios en la última década. El más reciente de 2023, en que doce comunidades no recibieron a ninguno de los menores migrantes que pactaron con el Estado acoger, pese a los 20 millones de euros de fondos concedidos que sí recibieron. El sistema era de reparto voluntario, pero solo se acogieron 67 menores por las CCAA. Pese a esa realidad, hoy de nuevo el PP gobernante en la mayoría de CCAA pide más dinero para que estas acepten acoger a los menores, pese a que hoy desbordan la capacidad de acogida de Canarias donde cogobierna. 

No se quedan ahí, e incluso en el PP piden que de nuevo la acogida sea voluntaria y no obligatoria, olvidando (o no queriendo admitir), que ese mecanismo hasta hoy no ha funcionado. Los datos son tozudos y nos dicen que la mayoría de las comunidades autónomas no acogió ni a un solo niño en base a dicho pacto no vinculante, que solo lo hicieron  Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra), pero ni siquiera estas cumplieron con las plazas comprometidas. No ocurrió solo en las gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha (PSOE) tampoco acogió a los 20 menores que dijo recibiría. Estas cifras deberían ser conocidas por los ciudadanos y el gobierno haría bien en difundir esa información, porque la realidad contradice al portavoz del PP Borja Semper, que se permite mentir al afirmar que las CCAA del PP han cumplido. 

Pero no es una cuestión de discurso ideológico, porque si esto sucede, es por la falta de auditorías y normas de transparencia sobre esos fondos. Un fondo finalista no es para lo que el responsable de turno decida, sino para el fin al que está vinculado, y usarlo para otro fin es malversarlo. Las CCAA que así han actuado deberían devolver esos fondos y si no lo hacen, los siguientes repartos de esas ayudas solo ir a las CCAA que paralelamente a su otorgamiento si realizan las acogidas. No es de recibo que sean diligentes para pedir el dinero y lentas para hacerse cargo de los menores, pero cómo actuar así no ha tenido consecuencias, todas las que lo hicieron ahora miran para otro lado, cuando deberían devolver los fondos recibidos y no utilizados para el fin concreto al que se concedieron.

Convencer al conjunto de las autonomías no parece sencillo, y especialmente difícil hacerlo con las gobernadas por el PP, partido cuyo discurso en esta materia cada vez es más próximo a los postulados de Vox, al que cuando no le secunda con su discurso xenófobo, juega con la ambigüedad. Pero por suerte para el PP, pocos esgrimen el “quien te ha visto y quien te ve”, porque hoy  vivimos en una sociedad desmemoriada y que solo recuerda lo ocurrido ayer, la semana pasada es parte de la prehistoria.

La crítica constante al gobierno puede entenderse, pero no que se ignore  que además de un acuerdo adoptado en la UE, existe una sentencia del Tribunal de Luxemburgo por la que los países miembros de la UE no pueden expulsar a menores no acompañados si no tienen una familia de acogida adecuada en sus países de procedencia, porque deben tener en cuenta  el interés del niño en todo el procedimiento y hace prevalecer la protección del menor con independencia de que tenga o no permiso de residencia.

 Pero tampoco se puede obviar que la acogida en familias no se promueve por ninguna administración, y que hay una serie de factores que contribuyen a desincentivan a las familias a acoger menores migrantes: la edad de estos menores, que esos menores tienen una serie de particularidades y necesidades específicas, y la complejidad del propio sistema de acogida de menores migrantes con unos plazos temporales excesivamente largos para cada uno de estos trámites. Todo esto desincentiva a las familias a acoger. 

Quienes solo ven en este asunto la vertiente económica, olvidan la humana, porque la mayoría de estos chavales durante su periplo migratorio han presenciado asesinatos, violaciones de sus madres, a niñas violadas o que se han prostituido para sobrevivir, o niños que han sido reclutados cómo soldados. No se puede negar que necesitan cuidados especiales, ni que nuestros centros de acogida no están preparados para ello, pero la solución pasa por adecuar esos centros a esas necesidades y no por ignorar el problema. El gran obstáculo es que tampoco hay voluntad por los gobiernos autonómicos para resolver la situación de un número reducido de menores.  

Y luego para entender cada vez menos la respuesta de las CCAA, está la posición de Castilla La Mancha. Page, tras la decisión del gobierno de llevar a cabo el reparto, ha anunciado que está pendiente de un informe para recurrir ante el Constitucional el real decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados, que el pasado jueves fue convalidado en el Congreso. Considera que ese reparto es un atropello a la autonomía, y que la solidaridad no puede imponerse. Y luego aparece también la pugna interna en el PSOE, cuando afirma que el Estado hace un “yo invito y tú pagas” y que “el problema es la masa de migración que viene, que nadie sabe ni cómo pararla ni dónde va a acabar”. Define el acuerdo como “insultante”, que la norma estatal es “cualquier cosa menos progresista”, y que “vamos a ser solidarios, tontos no”. 

Visto lo que está ocurriendo con los menores, poco podemos esperar que esos gobiernos sean capaces de asumir en su conjunto el complicado y triste asunto de la inmigración, que no es solo la consecuencia de guerras internas en los países de origen sino también de un desfase cultural y económico, fruto del colonialismo al que les han sometido durante años las empresas occidentales.  Lo cierto y verdad es que asistimos a una ola de ceguera insolidaria por parte de quienes con esa frialdad actúan ante un problema de todos que afecta a menores. No quieren darse cuenta de que el problema no es un exceso de menores no acompañados, sino una pésima distribución y un reparto no equitativo. 

No es comprensible que, si tenemos una carencia de población en edad laboral en Europa, nos parezca lógico cerrar la puerta. Vienen porque hay un trabajo de por medio, y aunque sea ilegal, prefieren ocuparlos. Claro que es más fácil revestirlo cómo obra de caridad, de proselitismo eclesiástico, o sencillamente para convertirlos en vagabundos condenados al hurto para comer. Bien harían las administraciones, estatal y autonómicas, en sancionar a quienes se aprovechan de esa mano de obra oficialmente inexistente, pero que todos vemos en nuestros campos, en la limpieza de las casas, o empujando la silla de ruedas de nuestros mayores. Claro que eso igual resta en lugar de dar votos. La memoria de cuando éramos los españoles los que íbamos a Suiza o Alemania, ha debido desparecer de nuestro currículo nacional.  

Aunque seguramente la cuestión no es que vivamos en un país desmemoriado, sino que mientras unos ciudadanos solo ven personas, otros solo ven diferentes colores de piel. El Estado tiene la facultad y la obligación de regularizar lo ilegal. 

   

MEDICOS, RUIDO Y NUECES

Hace unos días se celebró en Madrid la manifestación de los profesionales médicos contra la propuesta de Estatuto Marco presentada por el Ministerio de Sanidad, convocados por diferentes organizaciones sindicales de este colectivo en Madrid. 

Son varios los principales motivos por los que el personal facultativo considera rechazable la propuesta de Estatuto: en primer lugar, que las modificaciones propuestas para aprobación por el Ministerio no suponen ninguna mejora en las condiciones laborales actuales de los facultativos; un segundo motivo, que consideran que declarar la incompatibilidad de los médicos en los 5 años siguientes a terminar su formación, o en el caso de los jefes de Servicio, puede provocar una fuga de profesionales en un momento cómo el actual de falta de médicos; tercero, la creencia de que existe una discriminación de los facultativos, no sólo respecto al resto de categorías sanitarias, sino también respecto al resto de trabajadores en cuanto a la regulación de la jornada laboral, puesto que a los médicos se les podría imponer una jornada máxima mucho mayor, de hasta 48 horas en cómputo cuatrimestral, mientras se trabaja por reducir la jornada laboral a 35 horas semanales para otros trabajadores.

También hay otros motivos no menos importantes, cómo que existe un desacuerdo total a que esta propuesta iguale en el mismo grupo a profesionales con diferentes niveles de formación, y eso podría conllevar un aumento retributivo para otros profesionales, pero no para los médicos y facultativos. Los sanitarios solicitan tener un mayor protagonismo en la elaboración de esta normativa, buscando un nuevo “Estatuto propio del Médico”, por considerar que, tras dos años de negociaciones, no se les ha tenido en cuenta. 

Cómo otros temas estrella están solicitar la eliminación de la obligatoriedad de la jornada de guardia, un aumento retributivo equiparado al resto de países de Europa para evitar la fuga de profesionales, el reconocimiento de la medicina como profesión de riesgo, la posibilidad de acceder a una jubilación voluntaria y flexible, una mayor estabilidad en el empleo, sin movilidad forzosa y con permanencia en los destinos adjudicados, y la creación de una nueva clasificación profesional que englobe a los médicos, considerando su grado de responsabilidad y requisitos de formación. En principio, todo son cuestiones razonables a primera vista.

Por parte del Ministerio, y según declaraciones recientes de la ministra Mónica García, se justifica la elaboración del Estatuto Marco argumentando que el actual Estatuto, que regula las relaciones laborales desde 2003, está "obsoleto", que con su reforma se busca mejorar las condiciones de los profesionales, que con el borrador del nuevo Estatuto Marco se busca poner fin a la precariedad y a la inestabilidad en el sistema sanitario refiriéndose a interinos y eventuales. A grandes rasgos afirma, que esta reforma protege a los médicos y profesionales sanitarios de los recortes y que el estatuto es una legislación básica, aunque señala, que la reivindicación sobre mejoras retributivas no se incorpora en este borrador porque este aspecto es una competencia de las Comunidades Autónomas. Parece claro que el objetivo del Ministerio es cambiar el marco regulatorio para aprobar un nuevo texto que ponga fin a las guardias de 24 horas con una nueva regulación de la jornada laboral, que puede compartirse o no. 

La ministra ha expresado su "máximo respeto" a las movilizaciones y ha recalcado que desde el Ministerio siguen trabajando "en permanente diálogo con todos aquellos que quieran realmente llegar a un texto consensuado". Hay dos datos a destacar: que el texto actual es solo un borrador, y que en el Ministerio están abiertos a propuestas.

Hasta aquí los dos posicionamientos aparentemente enfrentados. Desde mi perspectiva como médico de familia, considero que son más los puntos de encuentro que las discrepancias, y me explico. En primer lugar, podrían existir puntos de encuentro si se abordaran las preocupaciones específicas del colectivo médico dentro del marco de un estatuto renovado, empezando porque  existe implícitamente en ambas posturas, un consenso implícito en que el Estatuto Marco de 2003 necesita una revisión y actualización para adaptarse a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. Y un segundo aspecto no menos importantes es que ambos planteamientos tienen como objetivo, terminar con la precariedad laboral, aunque los mecanismos para lograrlo y su impacto en la estabilidad de las plantillas médicas creo que deben ser cuidadosamente considerados tanto por el Ministerio para proponerlos, cómo por los sindicatos médicos que ahora rechazan la propuesta. 

Pero considero que hay dos cuestiones sobre las que se necesita y se debe profundizar el dialogo: la primera sobre la regulación de la jornada laboral y la reducción las guardias de 24 horas que puede servir cómo punto de partida para un acuerdo, siempre y cuando la nueva regulación tenga en cuenta las particularidades de la atención médica continua y no se traduzca en una sobrecarga asistencial en otros formatos, teniendo en cuenta que el acuerdo sobre cómo se computan las horas de descanso post guardia es crucial; la segunda cuestión que hay que debatir para acercar posturas es, que aunque de inicio el Ministerio parece reacio a un estatuto propio para los médicos, podría haber margen para incorporar en un Estatuto Marco común, secciones o anexos que reconozcan las especificidades de la profesión médica en términos de formación, responsabilidad y riesgos. Quizás la vía de convergencia esté en buscar una clasificación profesional diferenciada dentro del sistema.

Pero, no nos engañemos. Para que los puntos de encuentro se materialicen, debe existir voluntad de acuerdo en ambas partes. Es fundamental que el Ministerio de Sanidad profundice en la escucha activa de las demandas de los sindicatos médicos y esté dispuesto a negociar aspectos clave como la regulación específica de la jornada, la diferenciación profesional, las incompatibilidades y la participación de los médicos en la elaboración del texto definitivo. Pero también lo es, que los sindicatos convocantes demuestren que su voluntad es ante todo resolver los problemas de los profesionales, no solo de los colectivos, dentro de esos profesionales, a los que representan. Partiendo de que ya en la propia convocatoria de huelga se señala por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que es urgente abordar todas estas cuestiones de fondo para evitar un mayor conflicto y garantizar una atención sanitaria de calidad, y que desde el Ministerio se quiere evitar el conflicto, la conclusión sería que mañana ya es tarde para iniciar el dialogo.

La experiencia enseña que el primer impedimento para un acuerdo se crea, cuando se recurre a ejercer presión sobre el otro, por ejemplo, mediante una manifestación, porque hay un principio inamovible en política: que nadie admite negociar bajo condiciones impuestas, porque entonces no hay negociación. Y tampoco estratégicamente parece acertado, que, si se quiere alcanzar un acuerdo con el Ministerio, en lugar de exigirle que convoque a negociar con día, hora y lugar para sentarse a buscar una solución, veamos cómo las organizaciones convocantes, lo que hacen es reunirse con representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, cómo han hecho la  Comisión Permanente de la CESM y el presidente y el secretario general del Sindicato Médico Andaluz (SMA). Repito, estratégicamente esto es un error de bulto, porque mientras no se demuestre lo contrario, la oposición te va a dar la razón, porque ni tiene capacidad de negociar cómo si la tiene el Ministerio, ni va a negociar. Más de un medio de comunicación ve en esa maniobra una busqueda de desgaste político del Ministerio, que una muestra de voluntad por solucionar los problemas de los profesionales.

Y luego hay dos aspectos de las reivindicaciones expuestas que para muchos son cuestionables, cómo lo es no asumir la incompatibilidad que exige una dedicación exclusiva en la pública para jefes de sección y otros cargos de responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, estar en misa y repicando; y un segundo elemento, que en una sociedad que dice buscar la igualdad, se rechace frontalmente y sin plantear alternativas, el hecho de que el borrador presentado iguale a los médicos con otras categorías profesionales con requisitos distintos. Los facultativos no somos iguales en responsabilidades, pero si lo somos cómo trabajadores. Mejor reivindiquemos esa responsabilidad, sin necesidad de ningunear a otros colectivos con también tienen sus responsabilidades, aunque diferentes.

Los médicos castellanomanchegos también han asistido a manifestarse en Madrid, hasta se ha contado con el apoyo de los colegios que han facilitado el desplazamiento, cómo no podía ser de otra manera, puesto que la Confederación de Colegios de Médicos respalda a los sindicatos médicos en la reivindicación de un estatuto propio. Pero los colegios no deberían olvidar que las retribuciones de los facultativos es una competencia autonómica y el Ministerio no era el lugar de esa reivindicación, que tienen diecisiete consejerías ante las que demandar esas mejoras salariales. Y ya puestos todos a buscar soluciones al problema que sufren sus colegiados, no estaría mal que fuesen esos colegios médicos de nuestra región, los primeros en exigir la convocatoria de una mesa de diálogo, sin ruido, solo en busca de soluciones, tanto con el Ministerio cómo con todas las CCAA. 

Mucho ruido llama la atención, pero nunca fue sinónimo de abundancia en nueces, y a los profesionales (y más a los rurales), nos sobra ruido y nos faltan nueces. 

QUITATE TU QUE ME PONGA YO

Si se analizan las distintas declaraciones de sus representantes, y las diferentes publicaciones aparecidas en los medios de nuestro país, la conclusión es clara: la situación actual de la izquierda española se enfrenta a varios errores de planteamiento que dificultan su unidad. Claro que esta percepción la hace alguien que considera esa unidad el objetivo fundamental para poder hacer frente electoralmente a la creciente ola de conservadurismo que nos ahoga, Al menos ese es un objetivo que parece discursivamente compartido por diferentes actores.

Creo que el primero de esos errores reside en la premura y el enfoque en la designación de candidaturas y la discusión sobre listas electorales. Es prematuro hablar de listas electorales, y mucho más de quien las debe encabezar, cuando aún resta tiempo, puede que años, para finalizar la actual legislatura. Esta insistencia en que a cualquier propuesta la acompañen nombres propios, solo ayuda a desviar la atención del objetivo de poder construir un proyecto político común, además de contribuir a exacerbar las tensiones internas. Esto no es política, es otra cosa muy diferente. 

En segundo lugar, está la priorización de una "izquierda autónoma" que siempre se adereza con la desconfianza hacia otras fuerzas, en especial hacia el PSOE, a la que ahora se añade la afirmación de que Sumar representa un nuevo obstáculo. Que la lideresa de Podemos, abogue por una izquierda que tome decisiones "al margen" del PSOE, olvidándose que el gobierno actual se sostiene en la mayoría de ese partido, es no querer asumir la dimensión electoral de Podemos hoy. Detrás de este planteamiento solo hay una búsqueda de conservación de la identidad de Podemos, que no me parece negativa, pero siempre que esa visión de una autonomía absoluta, no dificulte la construcción de un frente amplio necesario para confrontar a la derecha. Dos espacios divididos a la izquierda del PSOE es la muerte de cualquier idea de gobierno de izquierda.

Un tercer error fundamental es la persistente confrontación pública y la falta de una "tregua" en el eterno cainismo de las diferentes fuerzas de izquierda. Parece que la realidad electoral de la izquierda hoy, no se quiere asumir cómo el fruto de la traiciones y heridas  del pasado, y de las que no pasar página lo que nos lleva es a imposibilitar  reconstruir alianzas. Las críticas constantes y los intentos por acabar con el otro solo aumentan la desconfianza  y pone palos en la rueda para cualquier intento de acercamiento. Siempre se dijo que en boca cerrada no entran moscas, y que algunos  y algunas están más guapos callados.

Cómo cuarto error están los egos, en especial la incapacidad de aparcarlos un momento para superar los errores de un pasado reciente. Puede que este hoy sea el mayor impedimento clave. En la izquierda real, los egos sobran, y si hay egos no hay izquierda. No estamos para competir, sino para colaborar. En una izquierda dividida todos pierden, y la historia es tozuda en eso. Mientras no se cambie el sistema electoral actual la división está condenada al fracaso. Además de que la división de la izquierda solo contribuye a la desafección de sus votantes, da imagen de ineficacia y desmotiva y contribuye a despolitizar a la gente. 

Mi sensación es que en el ámbito estatal hay una falta de voluntad real para buscar salidas que lleven a la izquierda a confluir. La cerrazón a discutir mecanismos de unidad más amplios es un error estratégico si lo que se quiere es aumentar la representación y con ella la capacidad de influencia de la izquierda.  Pero superar estos errores requiere de un enfoque más estratégico para construir un proyecto político compartido, de la voluntad de estar dispuestos al diálogo, de alcanzar compromisos para cumplirlos, y priorizar que el objetivo común es transformar la sociedad, no hacer grandes a los partidos y mucho menos contribuir a los personalismos que nos han traído donde hoy estamos. Las declaraciones del coordinador de Movimiento Sumar en Castilla La Mancha Jesús Plaza van más en la línea de la unidad y eso es de agradecer.

FORMACIÓN: ¿CONOCIMIENTOS O NEGOCIO?

A veces me siento como un testigo de una transformación preocupante en el

sistema educativo superior. Ya no se trata simplemente de la eterna discusión

entre lo público y lo privado, sino de algo más profundo: si el objetivo primordial

de una universidad es formar estudiantes con una meta clara, o si la formación

se ha convertido en un mero negocio.

La universidad pública, siguiendo una trayectoria similar a la sanidad pública, se

ha ido deteriorando, y, paradójicamente, se favorece a ciertos centros privados

donde la calidad, me temo, ocupa un lugar secundario entre sus prioridades.

Para muchos de estos últimos, su único fin es ser competitivos y favorecer a una

élite con recursos económicos que pueda acceder a puestos de trabajo

diseñados para ellos. En sí mismo, esto no estaría mal, pero la alarma surge

cuando este modelo es propiciado por las propias Comunidades Autónomas e

incluso el Estado, cuya obligación debería ser la defensa de lo público.

No son pocos los casos en que, algunas de estas entidades privadas son

auténticos montajes que no cumplen los estándares académicos; donde parece

importar más lo que se paga que lo que realmente se enseña. Lo vemos

claramente con el auge de ciertos másteres, como el habilitante para ser

docente. Las universidades públicas ofrecen plazas limitadas a precios

asequibles y con exigencia académica, mientras que las privadas proliferan con

una oferta a medida, pero con costes que pueden ascender a miles de euros. Y

lo más grave es que, en muchos casos, impartidos por personas sin una

experiencia docente suficientemente acreditada, que convierten lo educativo en

un fin económico.

La falta de suficientes plazas en la universidad pública para estos másteres

fuerza a muchos estudiantes a recurrir a las privadas, donde el aprendizaje no

suele ser presencial, y con exámenes cuestionables por superficiales. Es un

negocio redondo, donde se paga una cantidad considerable por un título,

mientras que las prácticas, en muchos casos, se realizan en centros de

secundaria de la red pública a coste cero para la universidad privada, con tutores

de la pública que solo reciben agradecimientos.

La función primordial de la universidad pública debería ser la de servir de

ascensor social, donde el alumno es un usuario con derechos, mientras que en

la privada es un cliente que paga por una recompensa. Pero con la precarización

de la universidad pública, parece que se está privatizando de facto el derecho a

la educación. La proliferación de la oferta privada es una consecuencia de la

insuficiencia de la oferta pública.

Nada es generalizable, y existen universidades privadas sin ánimo de lucro,

como Mondragón y Deusto, que son excepciones, e incluso proyectos privados

consolidados con prestigio y calidad docente e investigadora. Pero la realidad es

que la iniciativa del gobierno de coalición de intentar frenar este auge

incontrolado de universidades privadas parece más que justificada.

Para contrarrestar este negocio, no basta con endurecer los requisitos para las

privadas. Es imperativo regenerar la universidad pública, dotándola de

profesores bien retribuidos, instalaciones en condiciones y recursos informáticos

adecuados. Solo una universidad pública de calidad podrá competir y ofrecer

una alternativa real. Porque, seamos sinceros, "solo los idiotas no eligen lo

mejor". Y todo esto, mientras vemos cómo ciertas figuras públicas han obtenido

títulos de manera cuanto menos cuestionable en algunas de estas instituciones

privadas. Es un panorama complejo y preocupante porque es incierto el futuro

de la educación superior y su papel social.

No es una cuestión de pública o privada, sino de si el único objetivo es hacer un

negocio de la formación, o si es formar alumnos con un objetivo diferente.

Estamos hablando de cómo se ve afectada la calidad pública o de cómo se

accede a títulos de manera fácil porque se dispone de recursos para ello. Es una

cuestión de si estamos pisoteando el derecho a la igualdad a través de la

formación universitaria.

En Castilla La Mancha no encontramos universidades privadas con sede en

nuestra región, pero no son pocos los castellanomanchegos que cursan

postgrado en universidades privadas online. Esto hace que este problema

también nos afecte, aunque no tengamos ninguna sede entre nosotros.

Hoy la universidad pública se dirige hacia ser intrascendente, y en parte es por

sus propios errores. En la sanidad pública la excusa es que disponemos de poco

tiempo para atender correctamente a los pacientes, y en la universidad pública

la excusa para su deterioro es que no está financiada, pero no la arreglaría solo

más dinero, sino un cambio profundo que evite que ellas también se conviertan

en chiringuitos públicos, en frutos de su propia endogamia, y ese riesgo es real.

No es la dicotomía pública o privada, sino la de conocimiento o negocio.

Kit de supervivencia: invasión suiza y resistencia albaceteña

¡Ah!, el noble arte de salir a comprar y encontrarte con que tu casa ahora tiene nuevos inquilinos. Pero no te preocupes, ese drama ya quedó en el pasado gracias a los héroes de Desokupa y Securitas Direct. Ahora el verdadero problema es otro: ¡nos van a atacar! Sí, la Comisión Europea nos ha iluminado con la revelación de que debemos prepararnos para todo lo imaginable: guerras, pandemias, desastres naturales y cualquier otra calamidad digna de película apocalíptica. Y como buenos europeos responsables, debemos estar listos para sobrevivir 72 horas sin ayuda externa. ¿Cómo? Pues con un kit de supervivencia que parece más sacado de la sección de acampada de grandes almacenes que de una estrategia seria. 

 El plan incluye almacenar agua, alimentos, medicamentos y herramientas básicas. Y, por si fuera poco, campañas educativas para que niños y adultos aprendan a ser expertos en crisis. El mensaje es claro: "Prepárense que vienen". ¿Quiénes vienen? No sabemos, pero seguro son malos y nos quieren hacer cosas feas. 

Mientras tanto, Trump (sí, el mismo Trump) nos ha convencido de que necesitamos un "rearme europeo". Porque al parecer la paz ahora se compra con una buena inversión en defensa. En las tertulias televisivas ya no hay infectólogos; ahora tenemos expertos en conflictos bélicos que nos explican que la paz mundial depende de cuánto dinero estemos dispuestos a gastar. Todo esto mientras seguimos improvisando medidas urgentes porque, como siempre, lo importante se aplaza y lo fundamental se olvida. 

 Pero lo más divertido es el famoso kit de supervivencia. La comisaria europea nos ha grabado un video donde muestra cómo meter barritas energéticas, filtros de agua, linternas y herramientas multiusos en su bolso como si fuera Mary Poppins en versión apocalíptica. Eso sí, la navaja suiza parece ser la estrella del kit, dejando en el olvido a nuestra querida navaja de Albacete. ¡Imperdonable! ¿A dónde nos llevará este desprecio por nuestras tradiciones? ¿A dónde nos conduce el sanchismo? 

 Por supuesto, el ingenio español no podía quedarse atrás. Ya circulan versiones regionales del kit: el asturiano con fabes, el catalán con butifarra y el manchego con lomo de orza y choricicos. Mientras tanto, Amazon y AliExpress deben estar frotándose las manos ante la avalancha de ventas que esto generará. 

 Eso sí, reconozco que estar preparados para emergencias es necesario. Pero en un país con cambio climático galopante, problemas laborales, viviendas inaccesibles y listas eternas en sanidad pública, quizá nuestro kit debería incluir cosas más útiles: empleos decentes, pensiones dignas para nuestros mayores, salarios para jóvenes que sueñan con independizarse y precios asequibles para alimentos básicos. 

 Y claro está, no olvidemos incluir una navaja de Albacete en cada kit. Porque si algo puede simbolizar nuestra supervivencia en este mundo loco es esa pequeña herramienta que nunca se regala, sino que se vende "para no cortar la amistad". Y hablando de amistad, quizá sea hoy lo único imprescindible en cualquier kit de supervivencia digno de este nombre, para este loco mundo que nos ha tocado vivir.

El kit de supervivencia

Lo de salir a comprar y que te ocupen tu casa ya ha pasado a un segundo plano. El problema de verdad de hoy es que nos van a atacar. El problema anterior lo solventaron Desokupa y Securitas Direct, y este de ahora lo vamos a solventar con inversiones en defensa y seguridad. Lo sabemos desde hace unos días, porque la Comisión Europea nos ha presentado un plan para que todos los países de la Unión, nos preparemos ante posibles emergencias como guerras, pandemias, desastres naturales o cualquier ataque. En este plan se incluyen medidas para que los hogares europeos puedan subsistir durante 72 horas sin ninguna ayuda externa. Debemos almacenar bienes esenciales como agua, alimentos, medicamentos y herramientas básicas. Todo ello va aderezado de campañas educativas en escuelas y empresas para fomentar la preparación ante crisis. El mensaje es “prepárense que vienen”, y ha provocado la inquietud e incluso miedo propio de todo lo que nos genera incertidumbre. Trump, el aliado de Europa, nos ha convencido en poco más de un mes de la urgente necesidad de un “rearme europeo”. Los infectólogos del momento COVID 19, han sido sustituidos en las tertulias televisivas por expertos en conflictos bélicos, que nos convencen de que la paz pasa por rascarnos el bolsillo. Medidas que deberían ser intrínsecas a una sociedad avanzada, cómo mejorar la coordinación entre entidades civiles y militares para gestionar emergencias, una vez más no estaban a punto, de nuevo se convierten en algo urgente. Siempre atendemos lo urgente, aplazamos lo importante y olvidamos lo fundamental. Pero mientras se decide en que modelo de defensa se debe invertir, parece que lo que necesitamos “ya” es el kit de supervivencia. Hasta la comisaria europea se ha empleado a fondo y nos ha grabado un video en el que mete en su bolso todo lo que consideran imprescindible para sobrevivir. Los artículos esenciales: barritas energéticas, filtros de agua, linternas, velas, botiquines de primeros auxilios y herramientas multiusos. La idea es que cada hogar esté preparado para afrontar una crisis con recursos básicos que permitan garantizar la seguridad y bienestar durante los primeros días críticos. Nos dicen que esto es parte de una cultura de prevención y preparación en la población europea para que pueda subsistir al menos 72 horas sin ayuda externa, y actuar con eficacia durante una crisis. Pero lo cierto es que ha sido la idea del kit de supervivencia la que ha despertado rápidamente nuestro ingenio hispano, y vemos su versión asturiana donde no faltan las fabes, la catalana con butifarra, o la castellano manchega con su lomo de orza y choricicos. Quienes deben estar frotándose las manos son los propietarios de Amazon, AliExpress y demás gigantes del comercio digital. Pero lo que me parece imperdonable es que se opte por la navaja suiza y se ningunee a la de Albacete, tradicionalmente imprescindible para la supervivencia. ¡A donde nos va a llevar el sanchismo! Comparto la necesidad de estar preparados ante pandemias, desastres naturales o interrupciones en los suministros básicos (agua, alimentos, medicamentos), algo innegable, pero en un país azotado por el cambio climático, con problemas de empleo, de acceso a la vivienda, con muchos españoles en riesgo de pobreza, listas de espera en sanidad, colegios hacinados o justicia injusta, el kit de supervivencia debería incluir otros muchos elementos. En estos tiempos modernos propongo un kit personalizado. Que contenga por ejemplo: un empleo para los parados; una pensión igual al salario mínimo profesional para por jubilados/as y viudas que la perciben por debajo; un salario para jóvenes que les permita independizarse de sus padres; un tope al precio de los alimentos básicos que los hagan accesibles para todos; un alquiler asequible para todos; una medida que permita adquirir vivienda a familias que no puedan; una sanidad pública sin deterioro; colegios públicos de calidad; tolerancia con la inmigración que busca un futuro mejor cuidando a nuestros mayores, atendiendo bares y restaurantes, construyen edificios o trabajando nuestros campos; respeto a la naturaleza que frene el cambio climático; un sistema judicial que haga justicia; un ejército con medios para defendernos de amenazas externas y realizar tareas humanitarias. Creo que ese sería un kit de supervivencia estupendo, y que si se dotara de él a todos los ciudadanos europeos nos garantizaría, pese a los Trump y Putin de turno, la supervivencia de todo el viejo continente, no solo 72 horas, sino mucho más tiempo. Pero eso sí, como el kit tenemos que comprarlo, es imprescindible que lleve una navaja de Albacete, esa que nunca se debe regalar ni siquiera a un amigo, sino que debe venderse, a un precio simbólico para que no se corte la amistad. Amistad, el único elemento imprescindible en cualquier kit de supervivencia que se precie, para sobre vivir en este mundo de locos.

GENOCIDIO

Hace unos días leí una frase de Albert Camus, que me hizo cuestionarme el silencio cómplice que practicamos contra el pueblo palestino. Decía así "Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más grande: impedir que el mundo se deshaga". Hoy escribo esto. Solo tiene un calificativo posible: intolerable. Las acciones recientes del Estado de Israel en Gaza y la respuesta internacional a estas no pueden consentirse. Recientemente, Israel rompió una tregua con Hamás, matando a más de 400 personas, incluyendo muchos niños, pero la tibia respuesta internacional, en especial la de UE limitándose a lamentar lo sucedido, o la de la ONU declarando solo que estaba "conmocionada" ante lo acontecido, deberían avergonzarnos a toda la humanidad, si es que ese calificativo de “humanidad” para los habitantes del orbe es aún hoy el adecuado. Netanyahu ha reanudado los ataques solo por motivos de política interna, sabe que el pueblo palestino está desarmado, y por eso es más frustrante aún la indiferencia global ante lo que es a todas luces un genocidio que prosigue día a día, y sin atisbo de que vaya a producirse una intervención internacional, aunque solo sea de palabra, ya no pido ni siquiera que sea contundente. El Estado de Israel merece una condena urgente por su actuación, y sus acciones desproporcionadas y desmedidas deberían tener consecuencias. Existen una fuerte indignación y condena sociales hacia las acciones de Israel en Palestina. Pocos dudan que estamos asistiendo a un genocidio con el beneplácito de las potencias mundiales en especial de EE. UU. El Estado de Israel merece una rotunda condena, porque no se combate a los asesinos con asesinatos, ni al terrorismo actuando cómo un "estado terrorista”. No es el pueblo israelí el que merece esos calificativos, es el gobierno israelí y quienes lo apoyan. Estamos asistiendo con frustración e impotencia a esta situación por el silencio y la pasividad por parte de la comunidad internacional. Especialmente hiriente ver cómo la ONU posee unas fuerzas de paz que en esta situación resultan un instrumento inútil; o ver a Estados Unidos mostrarse cómo el principal apoyo de Israel; o a una Unión Europea que mira para otro lado y mantiene relaciones con Israel; o por lo que más nos afecta, ver una España que aún vende armas a Israel y mantiene relaciones diplomáticas con ese Estado. Nadie dice que la política internacional sea fácil, pero la pasividad que sufrimos no es de recibo. No es cuestión de responder con sangre a la sangre, pero se pueden romper relaciones diplomáticas, económicas y culturales con Israel, o aplicar un trato similar al que se dio a Sudáfrica durante el apartheid, o boicotear los productos y empresas israelíes, o impedir la participación de Israel en eventos deportivos y culturales internacionales. Todo menos la indiferencia, y nada de eso se ha hecho ni se plantea. La situación actual es muy similar a la acontecida en la Alemania nazi, porque muchos ciudadanos israelíes fingen no saber lo que está ocurriendo, cómo sucedía con los alemanes durante el Holocausto. Es irónico que las víctimas del Holocausto ahora permitan que se perpetren atrocidades similares. Y por si esa mirada internacional hacia otro lado, o el silencio de parte del pueblo israelí son aún poco irritantes, mucho más vomitivo resulta cómo en los medios y en nuestra sociedad española se ha normalizado el conflicto, contribuyendo con ello a que la gente siga con su vida cotidiana, mientras se transmite en directo un genocidio. No es raro encontrar cómo en los medios ya no es una prioridad la información sobre el conflicto, y vemos cómo progresivamente se relega a posiciones secundarias en los noticieros. Los ciudadanos debemos implicarnos en esta situación, y desde Castilla-La Mancha, podemos contribuir a intentar detener este genocidio del pueblo gazatí, colaborando con las organizaciones como la Asamblea de Cooperación Por la Paz que ejecuta fondos de la Junta para suministrar kits alimentarios a familias en Gaza, o colaborando en campañas de recogida de fondos de ayuda humanitaria, o apoyando proyectos como el de Cruz Roja Castilla-La Mancha, que trabaja en la rehabilitación e integración de personas con discapacidad en Gaza. Tampoco están de más en la situación actual las acciones de protesta y exigir a nuestros representantes autonómicos que tomen medidas concretas cómo informar y educar a otros sobre la situación en Gaza, y que combatan la normalización del conflicto en los medios y la sociedad castellano manchega. Solo puedo expresar sentimientos de vergüenza e impotencia inmensas ante esta situación, y la dificultad para actuar individualmente frente a un problema tan grande. De ahí la importancia de una acción colectiva, del boicot a productos israelíes, a firma de peticiones para un alto el fuego permanente, y ruptura de relaciones con Israel "cueste lo que cueste".

La Presidenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a defender la gestión de su gobierno durante la pandemia de COVID-19, cinco años después de la aplicación del protocolo que impidió la derivación de ancianos de residencias a hospitales en la primavera de 2020. Ayuso afirma que su gobierno "luchó por la vida" y "por la libertad", aplicando "medidas selectivas contra el virus, no contra la gente"

A pesar de que su administración reportó anteriormente más de 7.000 fallecimientos de ancianos sin atención sanitaria en residencias, ahora cuestiona estas cifras, argumentando que algunas personas "fallecían con Covid, pero no a consecuencia del Covid". La presidenta ha invitado a las familias de las víctimas a contactar con su equipo para recibir explicaciones. De paso, defendió a su pareja, investigado por corrupción, alegando que el caso es resultado de su relación con ella, criticó al gobierno central, especialmente su política migratoria, apoyó el acuerdo presupuestario de Mazón con Vox en la Comunitat Valenciana, y anunció que su partido llevará sus quejas sobre la "operación de Estado" en su contra a los tribunales y a la Unión Europea.

Al parecer considera que no es criticable su gestión durante la pandemia, que solo es criticable la gestión de los demás cómo ella lleva haciendo años. Al igual que ahora la jueza de Valencia responsabiliza a Mazón cómo primer responsable de lo acontecido con la DANA en la Comunitat Valenciana, Ayuso es la máxima responsable de muertes en residencias de ancianos, lo quiera o no. Esta señora tiene una honestidad cuestionable, puesto que frecuentemente miente y muestra su desvergüenza. Son 7291: los fallecidos en residencias de esa Comunidad.

Y luego está lo de la situación legal de su pareja, investigado por corrupción. Sus declaraciones tratando de explicar lo sucedido provocan incredulidad sobre su gestión de la pandemia. Su actitud recuerda a la de regímenes totalitarios porque actúa como lo hicieron figuras históricas controvertidas. En estas últimas apariciones da la sensación de que los acontecimientos la tienen "desquiciada" y que vive en una "realidad paralela".

Causa perplejidad ver a quienes la apoyan defendiendo lo indefendible. Esto debe ser lo que ella misma denomina "liberalismo a la española". Pero resulta impresentable que un cargo público muestre este comportamiento

TELLADO ¿PERSONAJE O UN TRAEYLLEVA?

Como secretario general del PP gallego, Tellado carecía de perfil propio, se limitaba a ser una “extensión de Feijoo. Sus habilidades siempre fueron en la trastienda, de puertas para dentro. Se gaño la confianza de Feijoo en el congreso nacional donde se produjo el relevo de Rajoy hizo de “puente” con Casado después de la caída de Cospedal, a quien apoyaba Feijoo. Luego, durante la rebelión contra Casado, se encargó de hacer “las llamadas” a los cargos del partido en nombre de su jefe: “Fue quien agitó el árbol para que cayera”. Un personaje digno de fiar por sus compañeros de viaje. Hoy se ha convertido en un personaje del circo parlamentario español. 

Se merece una pequeña reflexión o consejo: señor Tellado, ser agresivo nada tiene que ver con tener talento. No debe olvidar nunca, que quien argumenta es porque razona, y el que no lo hace, no argumenta, escupe. No imite a los chulos de pacotilla que se crecen cuando tienen coro, porque son los decentes quienes no necesitan coros, porque saben pensar. Recuerde que esa es la diferencia entre el bufón de palacio y el caballero de la corte.

UNA JUSTICIA DE CHICHA Y NABO

La investigación dirigida por el magistrado Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado por la supuesta filtración de información sobre la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso empieza a ponerse en duda. Según el juez, el fiscal general habría filtrado a los medios la información sobre la confesión de Amador, porque la Fiscalía habría enviado el correo con la confesión a la Moncloa, y de ahí al PSOE de Madrid y a un medio digital. Pero ahora resulta que se han descubierto dos documentos distintos con la misma confesión, un  correo electrónico enviado por Amador a Fiscalía y el otro una carta con el mismo contenido, pero diferente formato.

Esta revelación complica la versión del juez Hurtado porque multiplica los posibles filtradores del documento y cuestiona que la Fiscalía entregara directamente el correo al Ejecutivo. Los hechos son que Pilar Sánchez Acera, ex asesora de la Moncloa, confirmó que envió la confesión de Amador a Juan Lobato, pero en formato carta, no correo electrónico; que el fiscal Julián Salto declaró que varias personas tenían acceso al correo de Amador en la Fiscalía. Esto apoya la versión del fiscal general y la fiscal jefa de Madrid sobre múltiples posibles filtradores, a la vez que cuestiona la teoría de Hurtado sobre la filtración exclusiva por parte de la Fiscalía y que sugiere que Moncloa y Fiscalía manejaban la misma información en formatos distintos, lo que podría indicar fuentes diferentes. Estos hallazgos ponen en duda el relato del juez Hurtado y complican su investigación.

Personalmente considero indignantes y vergonzosa la actuación del juez Hurtado y cómo ha manejado este caso, para empezar porque invita a cualquiera que lea los documentos a cuestionar su imparcialidad y profesionalidad como juez. Pero es más pregúntense si esto es así ¿estamos ante un caso de prevaricación y de un juez con una agenda política? Es evidente que el juez está ignorando deliberadamente evidencias que no apoyan su tesis, y por lo tanto hace que se ponga en cuestión la calidad y objetividad de la justicia en España.

Si se ven en conjunto todos los acontecimientos de estos últimos años relacionados con nuestro sistema judicial poco se puede dudar de que existe una supuesta herencia franquista. Es cuestionable cómo ciertos jueces llegan a altos cargos como el Tribunal Supremo. Y luego esta el asunto del tiempo y dinero público invertido en este caso y en otros similares. Todo apunta a una posible manipulación política del caso.

Si esto es así, lo mínimo que debería hacer el CGPJ es investigar y adoptar medidas para impedir que esto se repita. Si esto no hace evidente que tenemos necesidad de una reforma del sistema judicial, pocos casos lo ponen más a la luz.

UNA TABERNA, NO UN PARLAMENTO

Menuda semanita de comportamiento más propio de una taberna que de un parlamento nos han dado la derecha y la ultraderecha española. Parecen niños enfadados porque no pueden salirse con la suya. Aún no han asumido la frustración que les provocó la derrota electoral y hoy continúan en un estado de ansiedad excesiva por alcanzar el poder a toda costa. Esa ansiedad les lleva a una irresponsabilidad manifiesta, a algunos hasta a demostrarnos una falta de educación impropia de un representante público. 

Cómo sanitario me duele que en ese todo vale para derribar a este gobierno, hayan impedido la aprobación de la creación de la Agencia Española de Salud Pública, desde hace tiempo demandada por los profesionales sanitarios y los científicos. No es comprensible que la pelea política nos prive de un organismo para luchar para frente a epidemias. Por si no se han enterado aún, al hacerlo están poniendo en riesgo la salud y la vida de los españoles.

La habían apoyado en la Comisión de Sanidad, pero llegado el momento los de Feijoo sumaron sus votos a la ultraderecha española y Junts y lograron lo único que les importa, provocar  una derrota al Gobierno. Pero al hacerlo no han tenido en cuenta que más que al Gobierno de España han arriesgado nuestra salud: Crear esa Agencia de Salud Pública fue una de los acuerdos parlamentarios  tras la pandemia de la COVID-19, y su promotora fue la exministra de Sanidad Ana Pastor del PP, y el objetivo era prevenir enfermedades y coordinar estrategias y recursos ante una próxima epidemia. Lo que han hecho es un ejercicio de irresponsabilidad inmenso solo por tacticismo y revanchismo político. Debieron acordarse de que, si fueron capaces de bloquear la subida de pensiones, esto también podían hacerlo. Esto es ir contar el interés general por puro interés partidista.

Han convertido los plenos de control al gobierno en un relato de descalificaciones e insultos al gobierno, y lo que beneficie a los ciudadanos en su conjunto no está entre sus preocupaciones. El PP no acepta una mayoría legitima cuando no le beneficia. Basta mirar cómo actúa en el Senado, que no es una cámara de representación, sino que hoy se ha convertido en un instrumento del PP para obstaculizar la labor legislativa del gobierno, aunque actúen contra la doctrina del Tribunal Constitucional, y ahora han propuesto una reforma de su Reglamento, para impedir que el Gobierno cumpla con su obligación, cómo si el gobierno residiera en el Senado y no en el Consejo de ministros. Todo les parece adecuado para entorpecer el trabajo parlamentario en favor de los derechos de ciudadanía. Si esto es lo que entienden por un comportamiento democrático, no me quiero imaginar lo que será de nuestra democracia si alcanza el gobierno una coalición de derecha y ultraderecha.

Esto no es hacer política, es hacer anti-política. La mejor anti política es el populismo, y en eso son maestros.

GENOCIDIO

Hace unos días leí una frase de Albert Camus, que me hizo cuestionarme el silencio cómplice que practicamos contra el pueblo palestino. Decía así "Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más grande: impedir que el mundo se deshaga". Hoy escribo esto. 

Solo tiene un calificativo posible: intolerable. Las acciones recientes del Estado de Israel en Gaza y la respuesta internacional a estas no pueden consentirse. Recientemente, Israel rompió una tregua con Hamás, matando a más de 400 personas, incluyendo muchos niños, pero la tibia respuesta internacional, en especial la de UE limitándose a lamentar lo sucedido, o la de la ONU declarando solo que estaba "conmocionada" ante lo acontecido, deberían avergonzarnos a toda la humanidad, si es que ese calificativo de “humanidad” para los habitantes del orbe es aún hoy el adecuado.

Netanyahu ha reanudado los ataques solo por motivos de política interna, sabe que el pueblo palestino está desarmado, y por eso es más frustrante aún la indiferencia global ante lo que es a todas luces un genocidio que prosigue día a día, y sin atisbo de que vaya a producirse una intervención internacional, aunque solo sea de palabra, ya no pido ni siquiera que sea contundente. El Estado de Israel merece una condena urgente por su actuación, y sus acciones desproporcionadas y desmedidas deberían tener consecuencias.

Existen una fuerte indignación y condena sociales hacia las acciones de Israel en Palestina. Pocos dudan que estamos asistiendo a un genocidio con el beneplácito de las potencias mundiales en especial de EE. UU. El Estado de Israel merece una rotunda condena, porque no se combate a los asesinos con asesinatos, ni al terrorismo actuando cómo un  "estado terrorista”. No es el pueblo israelí el que merece esos calificativos, es el gobierno israelí y quienes lo apoyan. Estamos asistiendo con frustración e impotencia a esta situación por el silencio y la pasividad por parte de la comunidad internacional. Especialmente hiriente ver cómo la ONU posee unas fuerzas de paz que en esta situación resultan un instrumento inútil; o ver a Estados Unidos mostrarse cómo el principal apoyo de Israel; o a una Unión Europea que mira para otro lado y mantiene relaciones con Israel; o  por lo que más nos afecta, ver una España que aún vende armas a Israel y mantiene relaciones diplomáticas con ese Estado.

Nadie dice que la política internacional sea fácil, pero la pasividad que sufrimos no es de recibo. No es cuestión de responder con sangre a la sangre, pero se pueden romper relaciones diplomáticas, económicas y culturales con Israel, o  aplicar un trato similar al que se dio a Sudáfrica durante el apartheid, o boicotear los productos y empresas israelíes, o impedir la participación de Israel en eventos deportivos y culturales internacionales. Todo menos la indiferencia, y nada de eso se ha hecho ni se plantea. La situación actual es muy similar a la acontecida en la Alemania nazi, porque muchos ciudadanos israelíes fingen no saber lo que está ocurriendo, cómo sucedía con los alemanes durante el Holocausto. Es irónico que las víctimas del Holocausto ahora permitan que se perpetren atrocidades similares.

Y por si esa mirada internacional hacia otro lado, o el silencio de parte del pueblo israelí son aún poco irritantes, mucho más vomitivo resulta cómo en los medios y en nuestra sociedad española se ha normalizado el conflicto, contribuyendo con ello a que la gente siga con su vida cotidiana, mientras se transmite en directo un genocidio. No es raro encontrar cómo en los medios ya no es una prioridad la información sobre el conflicto, y vemos cómo progresivamente se relega a posiciones secundarias en los noticieros.

Solo puedo expresar sentimientos de vergüenza e impotencia inmensas ante esta situación, y la dificultad para actuar individualmente frente a un problema tan grande. De ahí la importancia de una acción colectiva, del boicot a productos israelíes, a firma de peticiones para un alto el fuego permanente, y ruptura de relaciones con Israel "cueste lo que cueste".

PARECE QUE NOS VAN A COMER LOS LOBOS

El Congreso de los Diputados ha aprobado una enmienda que permite la caza del lobo al norte del río Duero en España, revocando su protección después de cuatro años. Esta decisión se tomó con los votos a favor de PP, Vox, Junts y PNV.

La medida excluirá al lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial en todo el territorio nacional, excepto las manadas al sur del Duero. Para ello se aprobaron tres modificaciones: Cambio del estatus legal de la especie; Aplicación automática de cambios en la normativa europea; Ajuste de las acciones de control a las leyes vigentes. Los defensores de esta decisión argumentan que la medida es necesaria para proteger a los ganaderos y la vida rural, mientras que quienes rechazan la decisión, incluyendo organizaciones como WWF, la califican como "contra la ciencia" y cuestionan su eficacia para resolver el conflicto entre lobos y ganadería.

Lo cierto es que tampoco este asunto escapa a nuestra realidad de hoy, y sobre el lobo se han propagado varios bulos, incluyendo su supuesta explosión demográfica y el peligro para los humanos. Los científicos argumentan que los lobos prefieren presas silvestres sobre el ganado y que la caza no es efectiva para reducir los daños. Sin embargo, la decisión se tomó antes de tener datos actualizados sobre las poblaciones de lobos, que se esperan para junio o julio de 2025. La medida ha sido celebrada por sectores ganaderos y cinegéticos, y fuertemente criticada por ecologistas y científicos que la consideran injustificada y perjudicial para la conservación del lobo en España.

La decisión ya está tomada, pero nadie se ha preguntado ¿cuánto dinero se paga en España al año en indemnizaciones por ataque de lobos al norte y al sur del Duero? ni ¿cuánto dinero cobran por las ayudas ambientales ligadas a la PAC los ganaderos que a su vez han sido indemnizados por ataques? Resulta que es un pilar de la PAC el que suelta todo este dinero a unos ganaderos que presionan sin renunciar a las ayudas. Es la compatibilidad del sector agrario con la conservación.

Aunque sabemos que el único poderoso caballero es don dinero, no se puede obviar que el lobo es salud ambiental para los ecosistemas, que los ganaderos que protestan son los mismos que reciben miles de euros de la PAC para convivir con el medio ambiente y por tanto el lobo, la mayoría son ganaderos que ya no trabajan recogiendo y cuidando a su ganado. Creo que deberíamos dejar de subvencionar la carne en intensivo, que es un gran problema medioambiental, y deberíamos subvencionar la extensiva (pero bien gestionada) valorando el servicio ecosistémico del ganado. Claro que muchos ataques en realidad son de lobos, pero tan claro, cómo que otros son simplemente fraude, atribuyendo muertes por ataques que en realidad tienen otras causas.

Cualquier persona que entienda la naturaleza cómo una cuestión de equilibrios, puede obviar la necesidad de depredadores mayores para la salud de los ecosistemas; incluso el ganado, sin presión depredadora, puede ser perjudicial, mientras que con esa presión se convierte en un potenciador de los mismos. Con esta decisión se reduce la biodiversidad. Con el lobo lo que puede ser un problema se convierte en la mejor manera de proteger el medio ambiente. hay que reaprender a gestionar la amenaza del lobo para los rebaños. Antes a los rebaños se les acompañaba, se adiestraba a perros (y burros). Hoy el problemas está en que si queremos biodiversidad, los consumidores tenemos que acostumbrarnos a pagarla, a la vez que se debe reducir nuestro consumo de carne.

Hoy día, causan más daños en el campo jabalíes y venados que los lobos por existe una la sobrepoblación por falta de predadores, y cuando en  unos años el lobo esté otra vez en vías de extinción y los jabalíes causen daños en cosechas y accidentes en carretera, protestarán los mismos y habrá que destinar nuevos fondos millonarios para solucionarlo. 

Parece que de quienes opinan a favor de esta decisión, ninguno tiene miedo de pasear por las grandes ciudades, ni de que les atropelle un coche o de que te den un golpe conduciendo y por la discusión te den una paliza. 

Señores de PP, Vox, Junts y PNV, me han dejado claro que los lobos no están en el monte sino en el Congreso.