LO DEL ALCALDE M. SERRANO

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha declarado persona non grata a Pedro Sánchez en una decisión tan simbólica como lamentable, orquestada por PP y Vox en pleno arrebato partidista. Pregúntense cuanto tiene que ver esta iniciativa con el interés general, porque es pura revancha política y odio sectario. El alcalde, muy cómodo amparándose en los votos ultras, se suma a un espectáculo bochornoso que desacredita a una institución democrática, puesto que la utiliza para el linchamiento público de un presidente legítimamente elegido.

Es la puesta en práctica del sectarismo por bandera. Las acusaciones para justificar el veto a Sánchez son las clásicas: pactar con “herederos de ETA”, corrupción “crónica”, degradar la democracia. No sólo son inconsistentes, sino que encubren una hipocresía de fondo. Vox y PP buscan debilitar la legitimidad de sus adversarios usando instituciones locales para la escenificación de sus soflamas, apoyándose incluso en propuestas de concejales expulsados de Vox y conocidos por lucir simbología franquista. Declarar persona non grata a un presidente en ejercicio por razones de disenso político marca un preocupante retroceso en la cultura democrática.

Es parte del olvido selectivo del PP-CLM. Resulta grotesco el cinismo cuando PP y Vox nunca impulsaron la figura de "persona non grata" contra cargos del PP. Ejemplo claro: Arturo García-Tizón, histórico dirigente del PP y ex presidente de la Diputación de Toledo, condenado por malversación y prevaricación; los impulsores del fallido aeropuerto de Ciudad Real; los responsables de la trama Gürtel que operaron en Castilla-La Mancha. Pero, claro, la vara de medir del actual alcalde y su corte ultra parece depender únicamente del color político del retratado.

Este tipo de declaraciones ni resuelven los problemas de la ciudadanía ni representan el sentir real de Albacete. Son un instrumento de acoso y derribo contra el adversario político y degradan la convivencia democrática. Son un insulto a la pluralidad democrática. Sectores sociales y otros partidos han denunciado, con razón, que el uso partidista del “persona non grata” supone un ataque inaceptable a las instituciones y un pésimo ejemplo para la tolerancia y el pluralismo democrático.

Los ciudadanos de Albacete merecen debates honestos y gobiernos preocupados por sus problemas reales, no una caza de brujas alentada por quienes, ayer mismo, callaban o vitoreaban a los corruptos de su propio bando. La dignidad institucional y el respeto a la democracia no puede depender del turno ni de la consigna del partido de turno.

LO DE ÁBALOS

La entrada en prisión de Ábalos ha supuesto un terremoto de consecuencias políticas y mediáticas que el PSOE trata de contener. Ábalos fue en su día uno de los rostros más visibles del rechazo socialista a la corrupción, protagonista de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa tras el caso Gürtel. No le va a ser fácil al PSOE conseguirlo, porque el pasado vuelve como un boomerang, y cada declaración o revelación de Ábalos se convierte en munición para una oposición dispuesta a exprimir el caso para desgastar al gobierno.

Desde Ferraz y la Moncloa la consigna parece clara: marcar distancia con el exministro y recalcar que ya no forma parte ni del partido ni del Gobierno. El PSOE insiste, en que actuó con tolerancia cero y transparencia, expulsando a todos los implicados cuando saltó el escándalo. Desde Presidencia subrayan que la legislatura sigue su curso y que no existe temor a lo que Ábalos pueda revelar, pues sostienen que no hay evidencias que impliquen directamente al presidente ni a su círculo familiar.

Pero  mal harían con engañarse. El daño reputacional es intenso y difícil de contener. La entrada en prisión de Ábalos y Koldo García ahonda la inquietud en el PSOE. El partido sufre el descrédito de tener a uno de sus exsecretarios de organización en la cárcel, y la oposición aprovecha cada nueva acusación o insinuación para vincular al Gobierno actual con las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. A esto se suman los reproches internos de figuras como García-Page y Felipe González reclamando mayor responsabilidad y autocrítica en la gestión política y partidaria.

Las reacciones de la oposición han sido inmediatas: PP y Vox han exigido explicaciones y comparecencias, mientras que otros señalan la “vergüenza internacional” que supone este episodio para la política española. Los partidos rivales insisten en que el caso no puede resolverse simplemente con la expulsión de Ábalos, sino que debe aclararse hasta el último extremo la posible implicación de altos cargos gubernamentales.

Y como no podía ser de otra manera, la prensa a sueldo de las instituciones gobernadas por el PP, hoy recupera discursos y entrevistas en las que Ábalos se mostraba tajante contra la corrupción, reclamando firmeza y transparencia cuando era la oposición quien afrontaba casos judiciales. La paradoja resulta evidente y el PSOE ve cómo sus antiguos argumentos se revierten en su contra, mientras la sociedad y los medios examinan cada paso del partido en la gestión de la crisis, con la memoria colectiva regresando a frases como “no basta con pedir perdón”.

El reto para los socialistas es lograr que el “caso Ábalos” no contamine la acción de gobierno ni contenga efectos expansivos más allá de los ya depurados por la expulsión y el distanciamiento. Un desafío que exige máxima diligencia institucional para restablecer la confianza pública.

LA MUJER DEL CESAR

La imparcialidad no solo se tiene, también se demuestra. En este caso el FG el Poder Judicial ha descuidado gravemente esa apariencia que sostiene la confianza pública en la justicia. En el caso de la condena al FG, uno de los magistrados del Supremo que admitió la causa y firmó la sentencia, fue director de tesis del abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la pareja de Ayuso. La defensa de la tesis y la decisión de abrir la causa coincidieron en fecha, y en la propia tesis el doctorando agradece la “sabia guía” de su director, expresión que refleja una relación de tutela académica intensa. 

La jurisprudencia que he revisado para este comentario distingue entre imparcialidad subjetiva (la ausencia de prejuicio interno del juez) e imparcialidad objetiva (la existencia de garantías externas suficientes para disipar dudas razonables). Y luego vemos cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado reiteradamente que “la justicia no solo debe hacerse, sino parecer que se hace”, precisamente porque lo que está en juego es la confianza ciudadana en los tribunales. 

También merece la pena leer lo que la LO del Poder Judicial tipifica cómo “amistad íntima o enemistad manifiesta” como causa de abstención, pero aquí la Ley no menciona expresamente vínculos académicos como la dirección de una tesis. Sin embargo, muchos catedráticos que han escrito estos días sobre este asunto, describen esa relación como un vínculo “cualificado de confianza”, donde la carrera del doctorando y el prestigio del director quedan mutuamente entrelazados, lo que excede una mera relación profesional episódica. 

Es posible que, en una interpretación estrictamente literal, la relación director–doctorando no encaje sin más en la “amistad íntima” que exige la LOPJ para la abstención. Pero desde la perspectiva de la imparcialidad objetiva, la coincidencia de juez del caso y mentor académico del letrado acusador genera una duda razonable difícil de explicar a cualquier ciudadano mínimamente exigente con los estándares éticos. 

En este contexto, la decisión de no apartarse del asunto lo que refleja es una cultura de autodefensa corporativa, pero ninguna voluntad de proteger la apariencia de neutralidad. Si el listón de la imparcialidad se coloca siempre en el mínimo que marca la ley y nunca en el máximo que nos indica la ética, el resultado siempre va a ser una sensación de injusticia, como sucede en este caso concreto. Pero sobre todo es causa de una erosión lenta y peligrosa de la legitimidad del propio sistema judicial., se pongan cómo se pongan sus señorías.

ALBERTO, NO HAGAS EL RIDÍCULO Y ESTATE A LO IMPORTANTE

A colación de las algaradas de Vito Quiles en las universidades, un tuit de Nuevas Generaciones de Madrid calificaba de “gentuza” a los manifestantes en contra de su presencia no autorizada en Barcelona y a la vez exaltaba a “patriotas universitarios” que aplaudían al tal Vito, frente a “hordas de radicales”. El texto  de NNGG iba acompañado con simbología nacionalista agresiva. 

Lo primero y más importante es que este discurso no procede de un individuo aislado sino de una estructura orgánica del principal partido de la oposición,  y lógicamente tiene un grave significado político en estos tiempos que vivimos.

Los datos del CIS muestran un aumento notable del apoyo juvenil, sobre todo masculino, a la extrema derecha, con porcentajes de intención de voto a Vox cercanos a la suma del PP y PSOE entre los jóvenes y aún mayores entre los varones. Añadamos a eso que encuestas recientes reflejan una desafección democrática y una inquietante relativización, aunque mejor lo llamamos por su nombre "exaltación" del franquismo entre sectores juveniles.

El uso de términos como “gentuza”, “hordas” o “patriotas” con la lógica de la confrontación y la violencia simbólica, recuerda cómo el nazismo en Alemania acabó por moldear la forma de pensar a través del lenguaje. No hay que llegar a calificar de nazis a los jóvenes del PP, pero la similitud de ciertos giros y frases de sus publicaciones, muestra el peligro de trivializar esa deriva verbal en la que llevan tiempo embarcados.

El caso de Nuevas Generaciones no es una anécdota, sino un síntoma del deslizamiento del PP hacia posiciones de ultraderecha, alimento recogido también del estilo agresivo de figuras de su partido como Ayuso. 

Feijoo puede restar importancia a estos hechos o actuar, pero si sigue compitiendo en dureza con Vox y tolerando este lenguaje, se arriesga no solo a una radicalización de su partido, sino a su propia “decapitación” interna, si no logra sacarlo de la atonía y de la desesperación y agresividad en la que lo ha metido.

Pero lo peor de todo, es que Feijoo, cegado en hacer una oposición de ruido, en la que intentando hacerse el simpático siempre acaba haciendo el ridículo, no parece ser consciente de que esta radicalización juvenil. El mimetismo del PP con la extrema derecha no solo oscurecen el futuro político de Feijoo,  que mejor se vuelve a su Galicia, sino que son una amenaza seria para la calidad democrática en España. 

Por si el gallego no se ha dado cuenta, estos hechos no auguran  buenos tiempos para  la estabilidad de nuestro sistema democrático.

Buenos días.

EL 25 N FUE AYER

Pero he preferido escribir hoy sobre este tema, una vez conocido el éxito de las marchas que ayer recorrieron todo el país. 

Y además hacerlo desde la óptica del medio rural. Porque lo queramos o no, la violencia machista es más intensa y silenciosa en el medio rural puesto que aquí se combina con aislamiento, falta de recursos y una dependencia económica y social que aprisiona a las mujeres. No se confundan los lectores, no estoy afirmando que el pueblo “fabrique” más machistas que la ciudad, sino que las condiciones del territorio hacen que el maltrato dure más, se oculte o esconda mejor y sea mucho más difícil de romper. 

Un dato incómodo. Desde 2020, alrededor de un tercio de las víctimas de violencia de género y casi la mitad de las víctimas de violencia vicaria vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes, a pesar de que en ellos reside solo en torno al 17% de la población.  Esta sobrerrepresentación revela que el medio rural no es un paisaje idílico, sino un territorio donde la violencia se concentra y permanece, aunque apenas ocupe espacio en el debate público. El medio rural solo interesa a los medios cuando se habla de precios agrarios y de lo perjudicial que es la PAC o la Agenda 2030 para avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a las personas, al planeta y a la prosperidad hasta el año 2030.

La geografía condiciona la vulnerabilidad, y esa afirmación se ilustra con el dato de que, en Galicia, diez de las dieciséis mujeres asesinadas desde 2020 vivían en municipios pequeños, una proporción bastante alta. La estadística confirma lo que muchas mujeres rurales llevan años diciendo en voz baja: en el pueblo, la violencia de género existe, pero se tapa, se niega o se relativiza. 

El silencio reina siempre en los pueblos pequeños. En las aldeas y municipios pequeños el anonimato no existe porque todo el mundo se conoce, y ese conocimiento se convierte en un arma de control social. La víctima sabe que, si denuncia, no solo se enfrenta a su agresor, sino al juicio de vecinos, familiares, incluso de quienes deberían protegerla y que quizá comparten sobremesas con su maltratador. 

Los datos muestran que casi seis de cada diez mujeres rurales conocen directamente algún caso de violencia, pero menos de la mitad de esos casos llegan a denuncia, por miedo a perder a los hijos, dependencia económica, vergüenza y miedo a no ser creídas. Este cóctel resulta explosivo en un contexto donde la palabra “qué dirán” pesa tanto como una sentencia judicial. 

En buena parte del medio rural ni siquiera existe un Centro de Información a la Mujer, y las víctimas dependen de desplazamientos largos para encontrar asesoría, refugio o simplemente un espacio seguro para contar lo que les pasa. Sin transporte público frecuente y con la obligación cotidiana de sostener explotaciones agrarias, los cuidados de la casa y familia, y trabajos invisibles, muchas mujeres acaban atrapadas en relaciones de maltrato, que en algunos casos pueden prolongarse décadas. 

A menudo, el primer y único contacto institucional es un cuartel de la Guardia Civil o un puesto policial donde todos se conocen y donde la víctima teme ser cuestionada, no creída o, directamente, disuadida de denunciar. El otro lugar es la consulta médica, donde o hay muestras de ese maltrato físico, y entonces el profesional debe cumplir con su obligación y denunciar el caso, o si el maltrato es psicológico, puede que la mujer dude hasta de comentarlo por temor también ser cuestionada. Mientras tanto, muchos ayuntamientos están convencidos de que actúan, cundo en realidad reducen su “política de igualdad” a campañas puntuales el 8M o el 25N, con actos simbólicos que al problema apenas le rasca en la superficie.

Y luego está la trampa real, la económica, porque la dependencia económica es el gran elefante en la cacharrería, pero que aquí está en mitad de la plaza del pueblo. Solo tres de cada diez explotaciones agrarias están lideradas por mujeres y la cotitularidad sigue siendo residual, pese a que la mayoría trabaja a la par del maridos muchas más horas que él, y sin reconocimiento ni derechos propios. 

Hay unos datos que dan muestra de esto. Por cada veintiuna personas en la presidencia de cooperativas agrarias, solo una es mujer, lo que significa que ellas sostienen el trabajo, pero rara vez deciden sobre el futuro de las explotaciones y los recursos. Menos de la mitad de las agricultoras cotiza por su trabajo y, cuando lo hacen, a menudo se las da de alta solo unos años antes de la jubilación, consolidando una vida entera en la economía sumergida de los cuidados y de la ayuda “familiar”. 

El rural se merece otra política. Las asociaciones de mujeres rurales son muchas veces la primera línea real de protección: tejen redes, acompañan a las víctimas, las esconden si hace falta y ponen palabras feministas donde antes solo había resignación. Pero no deja de ser en cierta forma voluntarismo, porque el asociacionismo no puede sustituir a una red pública de servicios que incluya atención social y sanitaria cercana, transporte, recursos especializados en violencia de género y justicia accesible y rápida. Eso corresponde a las administraciones, por muy distante que esté una localidad o su población sea escasa.

Todo es hablar de la lucha contra el despoblamiento rural, pero si España quiere que la gente joven vuelva al campo, no es suficiente con hablar de relevo generacional y de fondos europeos; hay que garantizar que una mujer pueda separarse sin tener que abandonar su pueblo, su familia, sus animales y su trabajo. La medida de la salud de un territorio no son solo sus hectáreas cultivadas ni sus indicadores económicos, sino el grado de libertad real de las mujeres que lo sostienen, día tras día, a menudo en silencio

La medicina de precisión sí, una medicina de privilegiados, no

“Siempre nos surgen las mismas dudas. ¿Cuánto tardarán estas pruebas en estar disponibles en la sanidad pública? ¿Se aplicarán en centros pequeños o quedarán restringidos a los grandes hospitales oncológicos? Como médico de familia, me preocupa que la velocidad de la innovación no vaya acompañada de una distribución equitativa”

La noticia sobre la mejora en el tratamiento del cáncer de vejiga mediante una biopsia líquida es una de esas señales alentadoras que, como médico de familia, invitan a reflexionar sobre lo mucho que está cambiando el modo en que entendemos y abordamos la enfermedad oncológica. Durante décadas, la práctica médica se ha sostenido en un equilibrio difícil entre la prudencia y la agresividad terapéutica. Tratar para no dejar escapar el cáncer, pero sin someter al paciente a tratamientos innecesarios o devastadores. Pero este avance me sugiere una reflexión.

Un estudio presentado en Berlín y publicado en The New England Journal of Medicine da un paso crucial en esa dirección: la prueba de ADN tumoral circulante permite identificar, tras una cirugía de cáncer de vejiga, a los pacientes que aún conservan la enfermedad residual, aunque las pruebas radiológicas no lo muestren. En otras palabras, la ciencia comienza a oír lo que antes no podíamos ni ver.

Para los que trabajamos en atención primaria, esta línea de investigación tiene una repercusión ética indiscutible. Cada día acompañamos a pacientes que temen una recaída, que se enfrentan a tratamientos duros de llevar y que, al mismo tiempo, necesitan saber qué resultado esperan de su cuerpo y de la medicina. Una prueba como esta ofrece la posibilidad de evitar tratamientos innecesarios a quienes no los necesitan y de intensificarlos allí donde el riesgo es real. Esto permite dar a cada persona el tratamiento que necesita, ni más ni menos.

Puede parecer que tales avances pertenecen a un mundo lejano y distante, a grandes congresos y revistas científicas que poco implican al médico rural que atendemos a un paciente con hematuria o a un anciano al que se le han realizado unos estudios de control. Pero no es así. Cada vez que una investigación como esta logra individualizar el tratamiento, cambia también nuestra manera de acompañamiento a estos pacientes. Porque personalizar el tratamiento no solo es una cuestión que afecte solo al laboratorio, sino también a la planificación del seguimiento, en la esperanza que puede ofrecerse al paciente con un dato sólido en la mano.

Siempre nos surgen las mismas dudas. ¿Cuánto tardarán estas pruebas en estar disponibles en la sanidad pública? ¿Se aplicarán en centros pequeños o quedarán restringidos a los grandes hospitales oncológicos? Como médico de familia, me preocupa que la velocidad de la innovación no vaya acompañada de una distribución equitativa. La medicina de precisión, si no se cuida, corre el riesgo de convertirse en una medicina de privilegiados. Y la justicia sanitaria exige que estos avances, como la biopsia líquida, acaben llegando con la misma naturalidad con que pedimos hoy una analítica rutinaria.

Este ensayo sobre el uso de atezolizumab guiado por ADN tumoral me recuerda que la medicina avanza cuando la biología molecular, la tecnología y la clínica se entienden entre ellas. Pero también cuando esos avances se traducen en una mayor confianza para el paciente. Si logramos incorporar estas herramientas sin perder la dimensión humana de la medicina de familia, entonces sí que la medicina del futuro será verdaderamente personalizada, no solo por sus algoritmos sino por su utilización en todos los niveles.

Desde una consulta de medicina rural, donde la ciencia llega a veces más despacio, pero siempre es bienvenida, esta noticia no solo nos habla de un tumor de vejiga, también de un nuevo modo de entender lo que significa curar, que no es otra cosa que entender mejor la vida de un paciente que intenta seguir adelante.

Un currículum impecable frente a una crítica zafia

Hay que tener mucha desfachatez, y carecer de una mínima formación (hasta en buenas maneras), para atreverse a zarandear públicamente el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado desde la pura ocurrencia y el exabrupto. 

Frente a una fiscal de carrera, con décadas de trabajo a sus espaldas y una especialización reconocida en violencia de género, el PP envía al escaparate a dos portavoces cuya principal aportación al debate público es encadenar tópicos, insinuaciones y simple ignorancia. 

Resulta casi entrañable, si no fuera tan dañino, comprobar cómo Tellado y Muñoz, en lugar de discutir el currículum de Peramato, se refugian en el “supuesto”, en el chisme político y en la consigna de partido más hueca  y vacía que un mitin de madrugada. No hablan de su trayectoria, de sus resoluciones, de su solvencia técnica, porque sencillamente les da igual. 

Lo único que necesitan es llenar el vacío de ideas, propuestas y programa con una sarta de tonterías que ya cansa, joder. La ignorancia, efectivamente, es muy atrevida; pero en este caso roza la temeridad institucional. 

Lo más grotesco es que ni siquiera parecen conscientes de a quién fortalecen con esta estrategia de demolición sistemática. Cada vez que reducen el debate a una orgía de descalificaciones, quien recoge el fruto es Vox y su caudillo de sueldo fácil, que lleva años viviendo del grito, la caricatura y el odio en bruto.  

¿De verdad que estos dos personajes no se preguntan si merece la pena ganarse la vida así, haciendo de ariete contra cualquier profesional que se interponga en su relato, aunque tenga una trayectoria infinitamente más respetable que las suyas? 

Cuesta entender cómo alguien puede simpatizar, y ya no digamos votar, a quienes exhiben en público ocurrencias que ni el cuñado más pasado de copas se atrevería a soltar en una cena de Navidad. La diferencia es que, mientras el cuñado se queda en la sobremesa, estos personajes cobran un sueldo público por convertir esas ocurrencias en discurso político oficial. 

Esa naturalidad con la que escupen disparates revela una peligrosa normalización de lo zafio, porque lo que ayer era un chascarrillo vergonzante hoy se convierte, en boca de estos portavoces del PP, en “posición política” respetable. 

Y lo peor, que todo esto no es una mera anécdota, sino un síntoma de algo peor. La moda, en las derechas y ultraderechas españolas, es promocionar personajes ridículos, gesticulantes, carentes de inteligencia política y sobreactuados hasta la caricatura. Ahí están Nogueras, Millán, Ayuso, Muñoz, Tellado… un ramillete que va de lo grotesco a lo directamente repulsivo, pasando por la pena y la vergüenza ajena.

Cuando la dirección de un partido se acostumbra a hacer casting de garrulos con gracejo de plató en lugar de seleccionar cuadros solventes, el resultado es el que es: un “nivelazo” político tan deprimente que convierte en blanco de ataque a una fiscal impecable solo porque su profesionalidad estorba a su relato. 

Simplemente penoso.

¿Debería ir Feijoo a declarar como testigo?

UN CINICO NOS QUIERE GOBERNAR

Aquí va un listado sintético de las principales declaraciones públicas de Feijóo sobre la DANA, con fecha aproximada y fuente principal para que puedas ir a la hemeroteca o al vídeo original. Junto a cada declaración te anoto el número de la referencia  de hemeroteca para que puedas comprobarlo por ti mismo. Hago dos bloques de declaraciones.

Octubre–noviembre 2024: primeros días

- 29/10/2024 (tarde-noche).  

Publica un mensaje en X asegurando que ha contactado con Mazón y otros presidentes autonómicos afectados y trasladando su apoyo, cuando ya se conocía la gravedad de la situación en Valencia. [1]

Verificación de AFP Factual sobre la agenda de Feijóo ese día. [1]

- 31/10/2024 (mañana, primera visita a Valencia).  

Desde el CECOPI de L’Eliana habla de “emergencia nacional”, afirma que los protocolos en la Comunitat Valenciana se han cumplido y carga contra el Gobierno por la gestión y por la información que ofrece a la Generalitat. [2][3][4][5]

Newtral (cronología de la visita del 31 de octubre), vídeo de su declaración en el CECOPI y crónica de El País sobre ese discurso. [2][4][5]

- 31/10/2024 (misma visita, declaraciones junto a Mazón).  

En sus palabras públicas, presenta a Mazón como un gestor que ha estado “al pie del cañón”, respalda su actuación y utiliza la visita para insistir en que el Gobierno central no ha estado a la altura en información y coordinación. [3][5]

crónica política sobre la visita y rueda de prensa sin preguntas. [3][5]

- 04/11/2024.  

En una declaración desde la sede del PP, reclama por primera vez de forma explícita que el Gobierno asuma el “mando único” de la gestión de la DANA, habla de “emergencia nacional” y dice que su partido respalda esa medida aunque Mazón no la haya pedido. [3] noticia de elDiario.es sobre su declaración institucional. [3]

2025: apoyo matizado y giro sobre Mazón

- 29/07/2025.  

Tras reunirse con la Asociación de afectados por la DANA L’Horta Sud, reconoce que la Generalitat “no estuvo acertada” el 29 de octubre, pero añade que el Gobierno central tampoco, y vuelve a defender que se debería haber declarado la emergencia nacional. [6] Cadena SER Comunitat Valenciana, crónica de la reunión con afectados. [6]

- 03/03/2025 (referencia retrospectiva).  

En la reconstrucción de Newtral sobre la primera visita de Sánchez y Feijóo a Valencia, se recogen sus declaraciones del 31 de octubre de 2024, subrayando que llegó la misma mañana que Sánchez y que, en su comparecencia, insistió en la idea de emergencia nacional y en las críticas al Ejecutivo central. [2]

pieza de contexto y verificación de Newtral. [2]

- 28/10/2025.  

En declaraciones a la prensa, afirma que Mazón “tendrá que responder a todas y cada una de las preguntas” sobre lo que hizo el día de la DANA cuando comparezca en las Cortes Valencianas y en el Senado, marcando distancia y remitiendo la responsabilidad al president autonómico. [7]

crónica de Infobae sobre el desayuno informativo de Forum Europa. [7]

- 28–29/10/2025.  

En otras intervenciones en esos días, sostiene que hay que dedicar la energía empleada en “politizar” la DANA a la reconstrucción y vuelve a pedir más implicación del Gobierno central, mientras sigue evitando pedir directamente la dimisión de Mazón. [8][9][10][11]

RTVE (pieza de contexto sobre la relación PP–Mazón), cobertura de Europa Press y análisis sobre el primer aniversario. [8][10][11]

Claves para tu revisión de hemeroteca

- Declaraciones clave “en caliente”:  

31/10/2024 en el CECOPI (vídeo y textos de RTVC/LaSexta/El País) y la declaración del 04/11/2024 en la sede del PP. [3][4][5]

- Declaraciones de “apoyo crítico” posteriores:  

Reunión con afectados (29/07/2025) y posicionamientos en el primer aniversario (finales de octubre de 2025), donde introduce la idea de que Mazón debe dar explicaciones detalladas. [7][6][9][11]

Con estas fechas y cabeceras tienes un mapa bastante claro para localizar las piezas completas y los vídeos originales en la hemeroteca y contrastar exactamente las frases y matices. [8][12][11]

Fuentes

[1] Feijóo, líder del Partido Popular español, no estuvo en ... https://factual.afp.com/doc.afp.com.47JD6NP

[2] La primera visita de Feijóo y Sánchez a Valencia tras la dana https://www.newtral.es/sanchez-feijoo-visita.../20250303/

[3] Feijóo pide que el Gobierno asuma la gestión de la DANA mientras ... https://www.eldiario.es/.../feijoo-pide-gobierno-asuma...

[4] DANA: FEIJÓO acusa al GOBIERNO DE FALTA DE ... https://www.youtube.com/watch?v=_XV0r9izQPM

[5] Feijóo arremete contra el Gobierno en plena emergencia ... - EL PAÍS https://elpais.com/.../feijoo-arremete-contra-el-gobierno...

[6] Feijóo contesta a las víctimas de la DANA que no puede ... https://cadenaser.com/.../feijoo-contesta-a-las-victimas.../

[7] Feijóo pide a Mazón que dé respuestas sobre qué hizo el ... https://www.infobae.com/.../feijoo-afirma-que-mazon.../

[8] Del respaldo de Feijóo a la caída de Mazón por la dana https://www.rtve.es/.../del-respaldo.../16797688.shtml

[9] Feijóo insta a enfocar en la reconstrucción la energía ... https://www.democrata.es/.../feijoo-insta-enfocar.../

[10] Feijóo acusa a Sánchez de "excluir a Mazón" de su visita a Valencia ... https://www.europapress.es/.../noticia-feijoo-acusa...

[11] las muestras de apoyo de Feijóo a Mazón hace un año se ... https://www.eldiario.es/.../orgullosos-silencio-muestras...

[12] Lo que tapan las mentiras de Mazón: ¿alguien se acuerda ... https://www.huffingtonpost.es/.../lo-tapan-mentiras-mazon...

[13] Mazón no habló con Feijóo el día de la dana hasta las ... https://elpais.com/.../mazon-no-hablo-con-feijoo-el-dia...

[14] Mazón y la grieta valenciana de Feijóo https://agendapublica.es/.../mazon-grieta-valenciana-feijoo

[15] Mazón: “Nadie sabía que había gente que se estaba ... https://www.laregion.es/.../mazon-nadie-sabia-habia-gente...

[16] Mazón sobre la tarde de la dana: "Nadie sabía que ... https://rtvc.es/mazon-dana-nadie-sabia-gente-ahogando-17.../

[17] Feijóo aprovecha su visita a Valencia por la crisis de la DANA para ... https://www.lasexta.com/.../feijoo-aprovecha-visita...

[18] Mazón: “Nadie sabía que había gente que se estaba ... https://www.atlantico.net/.../mazon-nadie-sabia-habia...

[19] La jueza de la dana cuestiona la versión de Mazón en el ... https://www.rtve.es/.../jueza-dana.../16820754.shtml

[20] “Nadie sabía que la gente se ahogaba”. Este ha sido uno ... https://www.tiktok.com/@elpais/video/7573722650875317526

Si después de oir ver y leer, aun alguien sigue pensando que aquí la responsabilidad es del gobierno central que se lo haga mirar. Esto al final es muy parecido a lo del caso del Fiscal, que uno miente y los medios afines le ayudan a convertir la mentira en verdad. Aquí ,Mazón miente ,y todo el PP encabezado por el que. nos quiere gobernar  le apoya con más mentiras.

Pregunta ¿Debería ir Feijoo a declarar como testigo?

La dimisión de un fiscal decente

En un país donde, para despegar a los cargos del sillón hace falta usar el agua fuerte, la renuncia del fiscal general es un suceso paranormal: un alto cargo público que, tras una condena, dimite sin atrincherarse en tecnicismos, sin hacerse el mártir y sin acusar a “oscuros poderes” de sus males. Tela.

Un fiscal que se marcha hablando de deber, de servicio público y de respeto a los jueces es, en estos tiempos, casi un personaje de novela del siglo XIX, que se ha equivocado de siglo. García Ortiz comunica por carta que deja el cargo tras ser condenado por el Tribunal Supremo, y lo define como un “acto debido” a la Fiscalía y a la ciudadanía. No lo presenta como su sacrificio heroico, ni como venganza en diferido, sino como la conclusión lógica de alguien que entiende que la institución está por encima de la biografía de turno. Su apego a la decencia suena provocadoramente subversivo.  

Ese mismo escrito reivindica algo insólito en la fauna política: la vocación de servicio público, el sentido del deber y la lealtad institucional, no como eslóganes de campaña sino como hoja de servicios. El fiscal no discute el fallo ni amaga con trincheras, sino que expresa su “profundo respeto” por la decisión judicial, como quien sabe que la autoridad no se defiende a gritos, sino cumpliendo las reglas incluso cuando le perjudican.  Chapeau que diría un francés.

Y eso que la crónica del caso habla de bulos, de exclusivas y un desenlace en forma de condena, una cadena bien conocida en la España. Entre tanto estrépito, la Fiscalía aparece como esa figura discreta que intenta seguir hablando en prosa jurídica mientras a su alrededor se grita en titulares. Que el máximo representante del Ministerio Público responda al ruido con una renuncia sobria es pura y simplemente pedagogía democrática. En un tiempo en que la palabra “dimisión” se conjuga en tiempo verbal de futuro hipotético, el comportamiento del fiscal suena a un error de imprenta en el guion político habitual. Alguien condenado que no se declara víctima de una conjura, que no encargará un libro de memorias desmintiendo el sumario y que decide asumir consecuencias, bordea la excentricidad cívica. 

Lo sorprendente no es que se marche; lo gravemente revelador es que ese gesto nos parezca extraordinario. Tal vez su mayor lección no resida en los detalles del caso, sino en que rehabilita que la honorabilidad del cargo exige algo más que aguante ante la crítica, exige saber retirarse a tiempo para no convertir la institución en coartada personal. Al dar prioridad a la Fiscalía y a la ciudadanía por encima de su continuidad, el fiscal ha demostrado que la verdadera integridad política no necesita marketing; le basta con un folio, una firma y la coherencia de marcharse cuando el deber, no el cálculo, llama a su puerta.

Si a alguien se le cae la cara de vergüenza, avisen, que será tan paranormal que igual lo sacan en la 4.

¿JUSTICIA A LA ESPAÑOLA?

¿JUSTICIA A LA ESPAÑOLA?

La reciente condena impuesta por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, por un supuesto delito de revelación de secretos, creo que exige una reflexión política, que no jurídica porque no se conocen los argumentos jurídicos, sobre el estado actual del poder judicial en España.  Esa reflexión se recoge en estos nueve puntos: 

1. Este episodio, más allá de su dimensión legal, revela un patrón de arbitrariedad, desprecio por la verdad y servilismo ante intereses políticos, que amenaza la credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones judiciales.

2. Esto es Justicia a la española, dicho de otra manera, espectáculo y desprecio institucional. Así lo acredita el momento escogido para la publicación del veredicto, nada menos que un 20 de noviembre, lo que trasluce una preocupante búsqueda de impacto mediático y simbólico, en vez del rigor jurídico que debería regir las decisiones judiciales. Hubieran evitado cualquier filtración, si es lo que querían lograr, dándola a conocer el 19 o el 21.

3. No es solo la fecha lo que resulta pintoresco, porque igual de pintoresco es que la sentencia se anuncia sin el respaldo de pruebas sólidas ni el redactado argumentativo que la sostenga, presentando al público un “spoiler” oficial filtrado por el propio tribunal.

4. Los actores políticos, no solo el gobierno, se han lanzado en una carrera de declaraciones incendiarias y acusaciones mutuas. Mientras Isabel Díaz Ayuso utiliza el caso para avivar la confrontación institucional y Feijóo denuncia conspiraciones interminables, el gobierno respeta pero no comparte, y el Supremo, lo pretenda o no, se ha enredado en una dinámica en la que la justicia parece estar al servicio de los intereses de un solo partido, y no de los principios democráticos.

5. La ausencia de pruebas, el desprecio por el testimonio de los periodistas y la precipitación mediática de la condena, nos muestran un modelo judicial más cercano a una performance política, @que al ejercicio honesto de la justicia. 

6. Ya ni se pretende emular la función notarial, sino que los jueces nos venden sentencias prefabricadas, que al no estar argumentadas, lo que hacen es que legitiman el castigo por motivos ajenos a las leyes, a la ética y a la decencia institucional.

7. Este veredicto sin argumentación y sin pruebas, lo quieran ver los jueces o no, marca un antes y un después en la percepción ciudadana de la justicia española. 

8. La impresión es que la arbitrariedad se eleva a doctrina oficial, el desprecio por la verdad a consigna de Estado y el servilismo institucional se convierte en la regla. 

9. La justicia, en vez de ser garante de derechos y libertades, se nos exhibe como un instrumento de destrucción de la reputación del fiscal, como un abuso de poder, y entregada a la propaganda y la manipulación.

¿Así queremos vivir hoy en España? Nos vemos humillados por un poder judicial que, lejos de cumplir su función, puede perpetuar el castigo de una condena sin argumentos. 

Urge reclamar, desde la sociedad civil y la opinión pública, un cambio profundo en nuestras instituciones, devolviéndoles la dignidad, la imparcialidad y el rigor perdido. 

Porque sin justicia decente, no hay democracia. Y sin democracia, nos quedaremos bajo el poder desnudo y miserable de unos pocos.

Esperemos que, al menos los argumentos de la sentencia, no se hagan públicos el 18 de julio, porque ya sería demasiado para el cuerpo.

Tragicomedia de jueces, partidos sabidos y dictadores inquietos

Hoy me he levantado más amante del teatro de lo habitual. Quizás por eso, esta mañana os ofrezco un relato teatral que conjuga ironía, crítica política y humor sin renunciar a describir una triste realidad. 

Buen sábado. 

Titulo: Tragicomedia de jueces, partidos sabidos y dictadores inquietos

En España, como es bien sabido, los existen días neutros ni neutrales, ni siquiera en el calendario, y los jueces, en cuanto te descuidas, acaban organizando una  partida de ajedrez donde ahora el rey ya no es el que lleva corona, sino que es el de la toga. El 20 N, con toda su carga simbólica, amaneció este año cómo un recordatorio para el actual gobierno: si vosotros desenterráis cadáveres incómodos de Cuelgamuros, nosotros desentiérranos gobiernos como se desentierran las patatas.  Así avanzamos, con el rigor más propio de un grupo de prestidigitadores y la elegancia de los nazarenos en la procesión de su cofradía.

También es muy importante la velocidad de todo el proceso. Acostumbrados a una justicia que avanza, bastante más que despacio, e incluso a veces en dirección contraria, este veredicto contra el fiscal general podemos considerarlo meteórico: aún no había comenzado la siesta y ya estaba dictada la condena. Han querido presumir de eficaces y en este caso, no es por presumir, primero nos dan a conocer el resultado y después, ya se preocuparan de estudiar cómo se disfrazan los argumentos. Quien espere motivación jurídica, que coja número cómo para cualquier consulta, que ya tiene lista de espera seguro; la Constitución dice que todas las sentencias deben estar motivadas, pero aquí, la realidad es otra, fluida e inconstante, cómo si la Constitución, fuera la carta de vinos de un restaurante, que al final solemos preguntar ¿Cuál me recomienda?

Cinco jueces, se han transformado en los árbitros supremos, y así nos demuestran que son ellos quienes deciden cómo, cuándo y hasta con quién puede uno sentarse a comer, siendo fiscal general del Estado. No nos confundamos, porque más que un  gesto de poder, lo que nos han dado ha sido un elegantísimo aviso: “Aviso: se informa al distinguido público, que cualquier autoridad que no sea del agrado de los señores inquisidores mayores del reino, ya puede empezar a recoger los trastos. Avisados quedan alcaldes, concejales e incluso los porteros de comunidad con ínfulas democráticas”. Por si no nos hemos enterado aún, la potestad más que pender de un hilo, pende de una toga, y tu ciudadanos debes saber que eres más frágil que un residente en un centro de mayores machado por los años y las enfermedades. 

Ha sido un fallo que no falla, tan escueto como la respuesta del señor al que no le gustaba hablar, y le preguntaron ¿de qué ha muerto tu padre? Y él respondió: de repente. Estamos ante la versión judicial del "porque lo digo yo", algo que más que a una sentencia, se parece a un ajuste de cuentas, toda una operación más de ingeniería política por mucho que pretendan disfrazárnosla de mecánica jurídica. Porque es evidente que la lógica la han dejado para mejor ocasión, y quieren que el razonamiento lo confiemos a su estado de ánimo futuro. 

Y si curiosa la prisa y el no argumentar la decisión, no lo es menos la condena: multa y dos años de inhabilitación, algo que está milimétricamente calculado. Corta para no permitir que el fiscal entre en prisión, pero suficiente para expulsarlo del cargo antes de que se termine la legislatura. Lo bastante ingenioso, para no llegar a escandalizar a los jueces díscolos que todavía creen en que la sala Segunda del Supremo imparte justicia, y de paso, se evitan la rebelión espontánea de algunos compañeros de profesión, que siempre resultan incómodas.

Y donde se asiste al colmo de este delirio es en la acusación: una revelación de secretos, pero sin secretos. Debe de tratarse de una nuevo versión judicial de esa trama de película de un asesino invisible, donde todos intuyen que se ha cometido un crimen, pero nadie sabe el móvil, ni el botín que se perseguía, y ni siquiera si el robo se ha producido realmente. Pera he te me aquí, que, para investigar semejante misterio, llaman a la UCO, la policía judicial, que opta por el registro completo del despacho del fiscal sin hallar nada. Pero nada de nada, aunque eso  da igual, porque a falta de pruebas, buenas son las sospechas.

Rebusquen en todo el proceso e intenten encontrar esos elementos denominados garantías procesales. ¿Garantías procesales? Espero que sus señorías nos permitan unas sonrisas sin que se consideren amenazados, pero si les va a molestar, entonces permítanme que me ría para adentro. El proceso no ha sido garantista, ni largo, ni previsible.  Y a pesar de toda la parafernalia montada alrededor por tratarse del fiscal, porque no estamos ante un crimen, sino ante un delito menor, de esos que duermen el sueño de los justos en los archivos de cualquier juzgado de nuestra piel de toro, hasta que un día alguien se los encuentra por casualidad, y decide leerlos para ver de qué se trata. Pero aquí, de repente, el juzgado se ha convertido en una picadora de carne con turbo: ni comparecencias, ni debate, ni prudencia. Cualquier jurista, por muy ayusista que sea, te comenta su absoluta  perplejidad.

En la era de las comunicaciones y donde hasta a los bebes los vemos en Tik Tok, el Tribunal Supremo ha puesto todo su empeño en evitar la retransmisión televisiva del juicio, quizá para que nadie haga negocio con la audiencia, y quien quiera ver el partido que lo pague, con ello cualquier sorpresa queda reservada para la prensa matutina. Así no vemos el partido, o lo vemos sabiendo el resultado con antelación, algo así como ver Titanic, sabiendo que Leonardo muere ahogado, mientras seguimos esperando un final feliz.

Pero no creáis que lo veo todo negro. Permítidme una mínima esperanza, solo un pequeño resquicio: que algún día termine tanta impunidad. Que la soberbia y el desprecio por la honradez y la verdad, ese patrimonio que este juicio si ha transmitido, y que llevan haciéndolo generación tras generación desde ciertos ambientes, acabe teniendo consecuencias. Porque, si algo nos enseña la historia de España (mi patria, aunque a alguno le joda que lo escriba), es que quienes se creen por encima de todos los demás, un día terminan metiendo el pie en la zanja.

Y mientras aquí seguimos, incrédulos, por saber ya la conclusión de la serie antes de haber visto el primer capítulo. Pero incrédulos también de ver  cómo la realidad se pliega con sorna, ante los jirones de una justicia que pretende ser el gran espectáculo, pero que el Constitucional o la justicia europea nos acabará demostrando que solo era una tragicomedia.

la condena al fiscal

El Tribunal Constitucional en España puede dictar la suspensión temporal de la condena al fiscal mientras resuelve el recurso de amparo. 

Esta medida es excepcional y requiere justificar que, de ejecutarse la condena, se ocasionaría un perjuicio irreparable que haría perder la finalidad del recurso de amparo.

El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la interposición de un recurso de amparo no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia, aunque el Tribunal sí puede conceder la suspensión si:

 • La ejecución produce un perjuicio que haría perder la finalidad del amparo.

 • Se acreditan circunstancias que justifican un riesgo serio o irreparable para los derechos fundamentales afectados por la condena.

En el caso concreto de condenas penales como la de inhabilitación del fiscal, el Constitucional puede acordar la suspensión cautelar si se demuestra que la ejecución antes de resolver el recurso causaría un daño de imposible o muy difícil reparación.

¿Puede recuperar su cargo de fiscal general? No, por lo tanto la condena le causa un daño de imposible o muy difícil reparación.

Tramite

 • El interesado (en este caso, el fiscal condenado) debe solicitar expresamente la suspensión cautelar al Tribunal Constitucional al interponer el recurso de amparo o en cualquier momento antes de que se dicte sentencia sobre el recurso.

 • El TC evaluará la petición considerando balance entre el interés general de ejecutar las resoluciones judiciales y los derechos fundamentales comprometidos por la condena.

 • Es frecuente en causas de inhabilitación o penas cortas que el TC conceda la suspensión cautelar si la ejecución puede dificultar la reversibilidad del daño una vez resuelto el amparo.

En la situación del fiscal general Álvaro García Ortiz, varias fuentes han confirmado que podrá solicitar al TC la suspensión cautelar de su condena para evitar la ejecución mientras se estudia el recurso de amparo, lo que le permitiría continuar ejerciendo su cargo hasta la decisión del Constitucional.

Por tanto, aunque no es automático, el Tribunal Constitucional tiene competencia para suspender provisionalmente la ejecución de la condena al fiscal mientras resuelve el recurso, siempre que lo solicite y acredite la posible pérdida de la finalidad del amparo.

Si el fiscal general no pide esa suspensión cautelar, es porque tenía decidido dejar el cargo desde antes, aunque hubiera salido absuelto.

Que alegría cuando me dijeron, hemos ganado los fans de Feijoo

Que alegría cuando me dijeron, hemos ganado los fans de Feijoo

Ah, queridos lectores y sin embargo amigos. Cuanto bueno podemos ver hoy en los medios tras la condena al fiscal general… ese acontecimiento que, milagrosamente, nadie vio venir, pero que todos lo sospechaban desde antes de que se celebrara el juicio.  

Hoy podemos contemplar a los tertulianos que defienden a la justicia poniendo cómo ejemplos resoluciones magnificas del TS cómo la de la Amnistía. Y luego, los estrellas de la tele cómo Risto baboseando en su programa, junto a la reina de la charca de invitada, y a Susanita convertida en tertuliana visionaria. 

Y cómo no, la política de altos vuelos, la novia del novio, mostrándose multiorgásmica frente al plotter que le había escrito su guionista favorito, ese mentiroso confeso que tiene cómo jefe de gabinete, para que ella intente lucirse leyendo palabras y frases grandilocuentes, que ni sabe ni necesita saber que significan porque lo suyo es leerlo. 

¿Qué harán cuando sepan los motivos jurídicos por los que han declarado culpable al fiscal? ¿qué dirán?

Cómo observador de esta fauna política, creo que la consecuencia de la decisión del TS es necesariamente múltiple:

-Institucionalmente, se ha abierto un agujero del tamaño de una catedral en la credibilidad del sistema democrático. Nos dicen que “las instituciones funcionan”, pero curiosamente solo funcionan cuando ya no les queda otra.

-Políticamente, los partidos se apresuran a fingir sorpresa. Desde el gobierno dirán que “respetan la Justicia” pero con cara de funeral, y desde la oposición celebrarán, sin entonar demasiado alto el “ya lo decíamos”, no sea que mañana les toque a ellos, o la sentencia sea anulada.

-Mediáticamente, los tertulianos van a cambiar de tema favorito, porque dejarán descansar a Puigdemont y tendrán para semanas con “la caída del fiscal”.

-Socialmente, la gente normal, esa que paga impuestos, espera una cita médica y que ya no cree en nada, confirmará que el poder judicial y la política comparten más vasos comunicantes que los bares de los alrededores del Congreso.

La condena no es tanto una crisis, como una revelación: una especie de “spoiler” institucional que destruye la ficción de neutralidad. 

Pero tranquilos amigos, que pronto habrá otro escándalo y todos fingiremos que no pasó nada.

La justicia del ayusismo

Cuando el hermano de Ayuso pegó el pelotazo de las mascarillas, el primero en caer fue el líder del PP, Pablo Casado. Con el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, el primer condenado ha sido el fiscal general. 

Es parte de una larga tradición. El primer condenado por el caso Gürtel fue el juez Baltasar Garzón.

Las decisiones judiciales deben acatarse porque como nuestro sistema es garantista, otro tribunal pondrá las cosas en su sitio. Y entonces Casado, que es cesado pero no condenado, estará en una multinacional, el fiscal general ya no podrá ser repuesto a su cargo y Garzón ya no será juez. 

Pero luego, cundo se anulan estas sentencias, nos dirán que se ha hecho justicia. Y mientras un mentiroso compulsivo sigue cobrando un sueldo público, y la pareja de España ya tiene dos áticos. 

Un sistema muy garantista, si señor, pero siempre para los mismos.¿habrán pensado en si estas decisiones alimentan el odio al sistema democrático? Igual hasta eso es lo que se persigue,

“golpe judicial”

Hay que denunciar el “golpe judicial” contra el Gobierno tras la condena del Fiscal General del Estado

La condena al Fiscal General del Estado es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político abierto contra el Gobierno democrático de España. 

Lo ocurrido constituye un grave precedente para la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que debe estar orientado a garantizar la convivencia, no a orientar el rumbo político del país.

La sentencia del Tribunal Supremo se apoya en indicios débiles y carentes de pruebas directas de filtración, como recogen las principales crónicas del juicio, y no ha sido aprobada por unanimidad, sino por mayoría, con dos votos particulares favorables a la absolución. 

Se trata de un intento de interferir en la vida democrática, más aún cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado han reiterado la falta total de pruebas objetivas que apuntaran al Fiscal General.

Este caso reviste una gravedad institucional absoluta. Lo que hemos presenciado es un auténtico golpe judicial: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones señaladas incluso en los votos particulares de dos magistradas. 

No podemos aceptar que el Estado de Derecho se utilice para desestabilizar a un Gobierno legítimo y para criminalizar el funcionamiento básico de nuestras instituciones democráticas.

Mientras tanto, 

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoció durante el propio juicio haber difundido un bulo. 

El entorno de la presidenta fue responsable de la primera versión falsa, mientras la pareja de Ayuso, procesado y con reconocimiento de delitos fiscales en sus comunicaciones, buscaba un pacto para evitar la cárcel. 

Hoy se condena y se ataca a quien desmintió esa mentira, no a quienes la fabricaron y la aprovecharon políticamente.

Resulta especialmente grave que este proceso haya puesto bajo sospecha el trabajo del periodismo. Varios profesionales acreditaron ante el tribunal que conocieron el contenido antes de que llegara al Fiscal y se acogieron al secreto profesional para proteger sus fuentes, una garantía básica de cualquier Estado democrático de derecho, reflejado en las crónicas judiciales.

Criminalizar a la Fiscalía es injusto. Criminalizar el periodismo es autoritario. Los ciudadanos debemos estar siempre del lado de la democracia, la verdad y la defensa de las instituciones públicas frente a cualquier intento de desestabilización.

50 años después de la muerte de Franco

Hoy, 50 años después de la muerte de Franco, resulta fundamental recordar las razones históricas y éticas que hacen absurda cualquier añoranza del franquismo. Una dictadura que fue responsable de una represión masiva y sistemática, con más de 100.000 personas desaparecidas entre 1936 y 1977, 150.000 asesinatos registrados, 2.800 fosas comunes, medio millón de exiliados y hasta 300.000 presos políticos en los primeros años del régimen militar, no merece añoranza sino desprecio y condena.

El franquismo privó a varias generaciones de españoles de su libertad y retrasó la democracia, mediante la instauración de un sistema político basado en el miedo, la censura y la negación sistemática de derechos humanos básicos. Aún hoy persisten discursos y símbolos que banalizan estos crímenes, con los que algunos intentan blanquear la dictadura; sin embargo, no pueden ocultar que franquismo significa golpe de Estado, violencia institucionalizada y persecución política, algo radicalmente contrario a cualquier sociedad justa, libre y democrática.

Sentir nostálgica de esa etapa, es ignora el sufrimiento de miles de víctimas y supone un desprecio a la memoria colectiva y a los valores constitucionales que hoy sostienen nuestro país. Recordar la verdad nos obliga a señalar con claridad: la añoranza del franquismo solo puede sustentarse en la negación del dolor y del derecho a la justicia, de la reparación y de la dignidad de quienes más sufrieron ese oscuro periodo de nuestra historia.

Medicamentos: privilegio o derecho

“Los ciudadanos deben saber que estamos ante una encrucijada histórica: o el medicamento vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser, uno de los derechos humanos, o estaremos condenados a asistir al agravamiento de una injusticia que condena, cada año, a millones de ciudadanos y familias a la exclusión terapéutica”

Defender que todos los ciudadanos tengamos un acceso justo al medicamento y denunciar una realidad, que nuestro sistema sanitario está sometido a presiones oligopólicas y políticas ineficaces, han centrado el acto celebrado este fin de semana en Noblejas con motivo de la entrega de los III Premios de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM) 2025.

El drama de millones de vidas truncadas por la imposibilidad de acceder a terapias esenciales evidencia una crisis estructural que ningún discurso institucional puede maquillar: el medicamento se ha convertido en una mercancía, yo diría que incluso en un privilegio, cuando la dignidad exige que sea derecho universal. Actualmente, 2.500 millones de personas en el mundo continúan sin acceso a los medicamentos necesarios, y cada año mueren diez millones por no poder pagar tratamientos vitales.

Esta cifra ilustra el fracaso de los sistemas sanitarios y la perversión de la lógica de mercado aplicada a bienes esenciales. En España, el gasto público en medicamentos representa aproximadamente el 3,4 % del gasto público total, según los datos más recientes disponibles para 2023 y 2024. Esta cuota ha permanecido relativamente estable en la última década, aunque ha bajado respecto a los valores históricos de los años 90 y 2000. Además, dentro del gasto sanitario público total, la partida destinada a farmacia y productos farmacéuticos oscila entre el 22 % y el 24 %, lo que evidencia el peso significativo de los medicamentos dentro del sistema sanitario español, pero cerca de la mitad de ese coste termina sufragado directamente por los ciudadanos, generando desigualdades profundas en el acceso efectivo. El sistema de copago, aunque modulado por rentas, sigue afectando especialmente a pacientes crónicos y familias vulnerables.

Las intervenciones de los distintos premiados han coincidido en señalar la influencia desproporcionada de la industria farmacéutica sobre las normas, la fijación de precios y la formación médica. La preservación de patentes y el sobreprecio de los medicamentos amenazan la sostenibilidad del sistema público y constituyen una hipoteca para futuras políticas de salud. El Colegio de Médicos de Toledo ha reclamado independencia científica frente a intereses comerciales, mientras que la prensa crítica como El Salto ha denunciado la opacidad institucional sobre los precios y la connivencia política, desafortunadamente avalada incluso por el sistema judicial.

La crisis sanitaria también se refleja en la atención primaria, marcada por la inestabilidad laboral de los profesionales, las listas de espera crecientes y la prescripción excesiva e ineficaz. La Confederación Salud Mental España, también entre los premiados, resaltó, además, el grave problema de la sobre medicación en salud mental y pidió una atención digna, multidisciplinar y libre de estigmas. Las consecuencias de la mercantilización del medicamento son directas para la población: agravamiento de la pobreza sanitaria, discriminación por rentas y pérdida de equidad en el tratamiento de enfermedades raras o crónicas.

Con el acto celebrado en Noblejas, la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento aspira a visibilizar la lucha de quienes trabajan por transformar el modelo sanitario y restituir el valor primordial del acceso universal a tratamientos eficaces. La denuncia social y el análisis técnico convergen en una reivindicación: replantear las reglas del juego, desmercantilizar el medicamento y reforzar políticas públicas basadas en la evidencia científica y en la ética. Se precisa una evaluación rigurosa de coste-efectividad, innovación farmacéutica planificada y estrategias específicas para apoyar a los colectivos más vulnerables.

Los ciudadanos deben saber que estamos ante una encrucijada histórica: o el medicamento vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser, uno de los derechos humanos, o estaremos condenados a asistir al agravamiento de una injusticia que condena, cada año, a millones de ciudadanos y familias a la exclusión terapéutica y a un sufrimiento evitable. Siempre afirmo que la peor decisión política es la que no se adopta, y se requiere esa decisión política, conjuntamente a la aplicación de criterios técnicos y suficiente valentía institucional para revertir un modelo que se evidencia insostenible.

Todo se resume en un principio que deberíamos compartir todos: el negocio nunca puede anteponerse a la vida. Por eso la lucha de esta asociación merece el apoyo de todos, porque un día podemos vernos sin poder acceder a fármacos que necesitaremos.

Un Estatuto del siglo XXI para Castilla‑La Mancha, esa región que se nos escapa

“La región necesita menos solemnidad y más propósitos. Un Estatuto que devuelva a los ciudadanos la sensación de que su autonomía sirve para algo, para defender derechos, para fortalecer la democracia y para impedir que alguien nos haga perder el alma cómo ya casi sucedió”

Ahora que el nuevo Estatuto de Castilla‑La Mancha ha entrado en el Congreso, conviene detenerse un momento antes de que vuelva a oxidarse en el trámite parlamentario. Las reformas estatutarias, siempre tienen algo de reliquia, porque aparecen cada dos décadas, envueltas en tanta solemnidad que uno teme tocarlas, no sea que se deshagan en polvo constitucional. Pero en este caso no se trata de una curiosidad jurídica, sino del espejo en el que se mira una comunidad que quiso existir y, a ratos, parece dudar de su propia existencia.

Castilla‑La Mancha nació, literalmente, por ley. El fruto de un parto administrativo al amparo de la Constitución del 78, una matrona improvisada. Aquellos primeros diputados de Cuenca en 1977 representaban más una esperanza que una muestra de poder, puesto que apenas aspiraban a que alguien les dijera: “Sí, también vosotros sois región”. Pero, de pronto, lo fuimos. De aquella precariedad preautonómica, pasamos a las primeras Cortes de 1983, y después al esplendor burocrático de los años noventa, cuando tuvimos himno, bandera, universidad y hasta Defensor del Pueblo. Luego vinieron otras épocas, menos luminosas, con  ajustes, recortes, desapariciones y silencios. La Cospedal  (con perdón) nos dejó el Estatuto en carne viva y las instituciones tiritando. Desde entonces, vivimos entre restauraciones parciales y diversos compromisos sin fecha.

Hoy, el nuevo texto se presenta con aires de modernidad, aunque es inevitable que su estructura continue oliendo a boletín oficial. La sociedad ha cambiado y el Estatuto merece adaptarse a esos cambios sociales. En teoría, mejorará los derechos sociales y medioambientales, e introduce la novedad, que ya era hora, de proteger el medio rural y el agua, pero no concreta una apuesta decidida por reforzar el modelo de agricultura familiar que la raíz de supervivencia de nuestros pueblos.

Una ausencia en el Estatuto que es un tema fundamental y un clamor hoy día, garantizar el derecho a una vivienda digna como un bien básico, no cómo un bien de mercado. Y un hueso duro de roer que permanece: seguimos con solo 33 diputados. Somos, estadísticamente, la región con menos representación democrática del Estado, lo que no es precisamente una marca de eficiencia, aunque algunos lo quieran vender así. Por defecto profesional yo lo entiendo cómo anemia democrática.

Una ausencia en el Estatuto que es un tema fundamental y un clamor hoy día, garantizar el derecho a una vivienda digna como un bien básico, no cómo un bien de mercado. Y un hueso duro de roer que permanece: seguimos con solo 33 diputados. Somos, estadísticamente, la región con menos representación democrática del Estado

Aumentar el número de diputados no es una extravagancia parlamentaria, sino una cuestión de voz. No se trata de dar espacio a más partidos, sino de devolver voz a comarcas históricamente silenciadas. ¿Cómo se representa una región tan extensa, tan dispareja, con un puñado de escaños amontonados en Toledo? Si en los años ochenta cabían 44, ¿por qué no ahora? Lo sensato sería recuperar esa pluralidad y, ya de paso, abrir las ventanas del edificio a más cuestiones: presupuestos participativos, consultas ciudadanas, o iniciativas populares con menos burocracia. No es una petición disparatada, porque así lo que hacen en Europa regiones cómo Baviera, o la Emilia‑Romaña, tampoco es magia, solo es poner en práctica la democracia.

Pero el auténtico examen de modernidad de un Estatuto está en los derechos sociales. No basta con proclamarlos, hay que blindarlos. Sanidad, educación, vivienda, dependencia, igualdad, introducir a colectivos invisibilizados como LGTBIQU+, garantizar el derecho al aborto por la sanidad pública. La historia nos ha demostrado que todas las conquistas en derechos que un día lo dimos por logradas, vimos cómo se tambalearon al primer empujón de “estabilidad presupuestaria”. El Estatuto debería decir con claridad que aquí los servicios públicos no son un gasto, sino una obligación constitucional, más aún en una región donde el hospital, la escuela o el transporte son la última frontera antes del abandono.

Mención aparte merece el agua, esa vieja herida que sufre toda la sociedad castellanomanchega. Habría que convertirla en un derecho estatutario con nombre y apellidos, lo que no es tan difícil si se da prioridad para consumo humano, sostenibilidad y solidaridad entre cuencas. Semejante medida no nos haría más ricos, pero sí más respetados. Y, sobre todo, evitaría que el Tajo siga convertido en una autopista líquida hacia levantes cercanos pero ajenos.

El Estatuto debería decir con claridad que aquí los servicios públicos no son un gasto, sino una obligación constitucional, más aún en una región donde el hospital, la escuela o el transporte son la última frontera antes del abandono

En materia institucional, el Estatuto pide cirugía fina. El Defensor del Pueblo, que desapareció entre recortes presupuestarios, debe resucitar. Y también nos convendría crear una Oficina de Evaluación de Políticas Públicas, aunque solo fuera para saber por qué algunas nunca se cumplen. Tampoco estaría de más endurecer el régimen de incompatibilidades y acabar con la vieja costumbre de repartir cargos como quien entrega regalos en una fiesta, pero que los han pagado otros.

Castilla‑La Mancha necesita mirarse mucho más al espejo europeo. No por vanidad, sino por supervivencia. Es urgente entender que la autonomía no consiste en que te transfieran competencias, sino en que las sepas administrar de manera inteligente. Un título dedicado a la acción exterior (cooperación interregional, innovación rural, energías verdes) no es un lujo, sino una herramienta estratégica.

Es urgente entender que la autonomía no consiste en que te transfieran competencias, sino en que las sepas administrar de manera inteligente

Y por último, la identidad. Ese asunto tan discutido y dejado de la mano de un dios menor. Castilla‑La Mancha tiene mucha más historia de la que se la presume y más cultura de la que se protege. El nuevo Estatuto debería reconocerlo, no para hacer turismo de archivo, sino para entender, de una vez por todas, quiénes somos.

Esta reforma es una buena noticia si se toma en serio. La región necesita menos solemnidad y más propósitos. Un Estatuto que devuelva a los ciudadanos la sensación de que su autonomía sirve para algo, para defender derechos, para fortalecer la democracia y para impedir que alguien nos haga perder el alma cómo ya casi sucedió. Porque, y bien lo sabemos, las regiones son cómo las personas, que pueden morir por muchas cosas, también de desidia.

 

Mantenella y no enmendalla

Juan Francisco Pérez Llorca, sucesor designado de Carlos Mazón, un perfil ideal para candidato a serlo.

Pérez Llorca mantiene vínculos activos con un hotel familiar en la Vila Joiosa, en conflicto judicial con su socio hispanorruso por una gestión “opaca” y el reparto desigual de beneficios. 

Reside en una vivienda de Finestrat construida en suelo no urbanizable, con piscina, parking y cenador ilegales, levantados cuando ya era alcalde.

Posee participaciones en dos empresas familiares que gestionan un patrimonio inmobiliario estimado en más de cuatro millones de euros, con ocho viviendas, garajes y terrenos no declarados en su ficha de bienes ante las Corts Valencianes. 

Menuda “mochila” antes de su investidura como president de la Generalitat.

CARACTERISTICAS DEL FASCISMO

Umberto Eco definió los síntomas del fascismo, lo que llama “Ur-Fascismo” o fascismo eterno, a través de 14 características clave. Estas no tienen que darse todas al mismo tiempo, pero la presencia de algunas ya configura una alerta significativa:

Los 14 Síntomas según Eco

 • Culto a la tradición: idealización del pasado y rechazo de todo lo que suponga novedad o progreso.

 • Rechazo del modernismo y de la Ilustración: predomina el irracionalismo y la desconfianza ante la razón crítica.

 • Culto de la acción por la acción: desprecio por el pensamiento crítico; actuar es más importante que pensar.

 • Rechazo al pensamiento crítico y desacuerdo: el desacuerdo se percibe como traición; la cultura intelectual es sospechosa.

 • Miedo a la diferencia: tendencia racista y exclusión de quienes son distintos.

 • Apelación a clases medias frustradas: el fascismo busca captar a los sectores resentidos por crisis o humillaciones sociales.

 • Nacionalismo exacerbado y obsesión por el complot: convierte la nacionalidad en privilegio y ve enemigos internacionales en todas partes.

 • Envidia y miedo al “enemigo”: crea un enemigo interno o externo cuya derrota se convierte en finalidad central.

 • Principio de guerra permanente y antipacifismo: fomenta la confrontación perpetua y desprecia la paz.

 • Elitismo: desprecio por los débiles, creencia en la superioridad de una élite.

 • Heroísmo y culto a la muerte: el heroísmo es el valor supremo, se glorifica la violencia y la disposición a morir por la causa.

 • Transferencia de la voluntad de poder a la sexualidad: machismo, hostilidad hacia sexualidades y géneros no normativos, fetichización de la virilidad.

 • Populismo cualitativo: justificación del liderazgo tratando de encarnar la “voluntad popular” única, desprecio hacia dirigentes parlamentarios y pluralismo.

 • Neolengua: empobrecimiento del lenguaje, uso de consignas y lemas para evitar el pensamiento complejo.

Estas señales funcionan como una especie de lista de alarma ante cualquier movimiento político o social que cumpla varios de estos puntos. Eco no habla de fascismo solo como fenómeno histórico, sino como un mal persistente y adaptable.

¿Qué partidos españoles presentan muchos de estos síntomas?

Pues ya sabes que calificación merecen

Episodio inédito en el TS

Episodio inédito en el Tribunal Supremo, donde el teniente coronel Antonio Balas, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señaló directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como responsable de la filtración de datos del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.  

Balas sostuvo ante el tribunal que solo la fiscalía general del Estado tenía en su poder la información que luego se publicó en los medios, y sugirió que el fiscal general controlaba todas las decisiones dentro del organismo. Sin embargo, la defensa recordó que cientos de personas tenían acceso a esos documentos, debilitando la acusación.  

Durante la vista, Balas defendió que su investigación se centró en la cúpula de la FGE y no en todo su personal. Entre tanto, García Ortiz negó haber filtrado nada y afirmó que su actuación se limitó a proteger la reputación de sus fiscales frente a ataques políticos. Reconoció, además, que eliminó de su nota de prensa datos personales y referencias políticas para evitar dañar a terceros.  

El juicio se encuentra en su fase final, con las conclusiones de las partes previstas para el jueves. La clave será si el tribunal considera que las deducciones de Balas son suficientes para demostrar la responsabilidad penal del fiscal general o si la falta de pruebas directas mantiene su presunción de inocencia.

SALVAR AL SOLDADO AYUSO.

La presunción de inocencia, los dilemas morales de los periodistas y el principio de parsimonia en la interpretación de la justicia, están siendo cuestionados.

El principio de parsimonia en el análisis de fenómenos judiciales dice que  la explicación más simple suele ser la más probable y, por tanto, la más justa. Aquí los ámbitos judiciales se han complicado muchísimo la vida y han generado tramas de responsabilidades colectivas y encubrimientos, en lugar de asumir responsabilidades individuales o afrontar los hechos con sencillez. Mediante un relato ficticio, ironizan sobre prácticas internas de la fiscalía, le atribuyen culpas, tienen miedo a la transparencia y anteponen a la verdad el cálculo político, lo que pone en evidencia la dificultad de asumir responsabilidades. 

Vemos cómo la presunción de inocencia se diluye, y cómo la gestión mediática sustituye a la transparencia y al rigor procesal. Parece que la justicia tiene escaso interés en esclarecer la verdad porque su prioridad es protegerse institucionalmente. Si quisieran hay una solución simple y garantista que pidan a los periodistas que aporten la documentación ante notario y así garantizan la instrucción, y preservarían tanto la garantía judicial como la confidencialidad necesaria. 

Asistimos a cómo el enredo burocrático y la autocensura institucional erosionan la legitimidad de la fiscalía y de la justicia. Aquí la presunción de inocencia se banaliza y su prioridad es evitar daños reputacionales internos. Lo único que consiguen es que la confianza en las instituciones se resienta. 

Ante la falta de pruebas, después de sentar al fiscal general en el banquillo, deben estar calculando el impacto que puede tener una sentencia judicial en la percepción ciudadana, porque para quienes creen en la culpabilidad del FG seguirán creyéndolo tras una absolución, y quienes creen en su inocencia lo mantendrán incluso si es condenado. Pero saben que la absolución puede tener un doble efecto sociológico: evitar equiparar imputación con culpabilidad, y aliviar a los demás casos aledaños al gobierno acusados injustamente. 

A eso es a lo que tienen miedo los que han montado esta trama para salvar al novio de España, antes de que se vaya del país o se suicide, claro.

LA RETORICA Y LOS NÚMEROS NO COINCIDEN

La evolución del gasto privado y de los conciertos sanitarios en Andalucía entre 2021 y 2025 muestra un crecimiento sostenido en ambas partidas, con fuerte expansión del aseguramiento privado y de los fondos públicos destinados a conciertos.

Gasto Privado en Sanidad (Andalucía, 2021-2025)

- 2021: El gasto privado se situó cercano a los 1.400 millones de euros; alrededor del 26,7% del gasto sanitario total.

- 2023: Las compañías aseguradoras privadas alcanzaron 1.502 millones de euros en primas en Andalucía, con un 25% de crecimiento respecto al inicio del periodo.

- 2025: Se mantiene la tendencia de crecimiento, con casi dos millones de personas con seguro privado (26% de la población), y gasto medio de 672 € por asegurado.

Gasto en Conciertos Sanitarios (Andalucía, 2021-2025)

- 2021: Destinados 488 millones de euros a conciertos (3,9% del gasto sanitario público).

- 2022: La partida presupuestaria de conciertos aumentó a unos 540 millones de euros.

- 2023: Alcanzó 558 millones de euros.

- 2024: Subió a 579 millones de euros.

- 2025: La cantidad para conciertos privados estimada en cerca de 685 millones de euros, incluyendo transporte sanitario (aprox. 4,2% del gasto público sanitario).

Estos datos nos indican que:

1 El gasto privado aumentó un 25% en cinco años y el número de ciudadanos con seguro privado alcanzó el 26% de la población.

2 El gasto en conciertos ha subido un 40% entre 2021 y 2025, y representa alrededor del 4-4,2% del gasto público sanitario andaluz, con una parte relevante destinada a servicios hospitalarios y transporte.

Esta evolución señala un refuerzo progresivo tanto del sector privado sanitario como del ámbito concertado, configurando una sanidad andaluza con mayor peso del aseguramiento privado y del modelo mixto público-privado.

¿PERO DE QUÉ PP ME HABLÁIS ALBERTO Y JUANMA?

Finalizado el congreso de Andalucía, la actitud de aplaudir al que saben maximo responsable de la tragedia de la DANA en Valencia ,y el cinismo con el que se piden elecciones en España mientras se hace el calculo político de lo que sería perder una moción de censura, es como para que sus votantes se quitasen de una vez la venda de los ojos. Claro que quienes vivimos en pueblos sabemos que la derecha es de voto fiel, aunque tengan que votara a los responsables de la muerte de un familiar, sabemos que lo harán sin ningún tipo de remordimientos. Pero la realidad es la que es.

El actual rumbo del Partido Popular solo puede merecer una crítica profunda y urgente. Bajo una táctica marcada por la polarización, el discurso del miedo y la connivencia con la extrema derecha, el PP parece más preocupado por las maniobras políticas que por afrontar los verdaderos problemas de la sociedad española.

Lejos de proponer soluciones de fondo, el PP recurre al alarmismo: fomenta el miedo al otro, al inmigrante y al diferente, recurriendo a teorías conspiranóicas y narrativas que dividen a la sociedad en bandos antagónicos, una táctica heredada del franquismo más excluyente. De este modo, transforman el debate público en una batalla de enemigos mortales, anestesiando cualquier posibilidad de consenso y diálogo real.

La dirección de Feijóo ha cedido repetidas veces ante los postulados de sus socios ultraderechistas y de una élite interna cuyo único horizonte es el oportunismo, olvidando cualquier atisbo de liderazgo propio. Esta peligrosa deriva no solo mina la credibilidad democrática del PP, sino que está fracturando la convivencia social de manera irresponsable.

El partido de Feijoo ha optado por disfrazar lo reaccionario de revolucionario para captar a una juventud descontenta, haciéndole creer que solo una cruzada contra un sistema “sin valores” puede salvar el mundo, generando así un caldo de cultivo para el cinismo y la desinformación. El resultado es una juventud manipulada, temerosa y envenenada por el relato del desastre inminente.

No se trata únicamente de narrativas. Las tramas de corrupción, con líderes nacionales y autonómicos implicados y dinero negro como ingrediente habitual, no son ataques externos al PP, sino males endémicos de la formación. Esto da cuenta de una degeneración ética crónica que, lejos de superarse, se enquista bajo nuevas caras con viejas mañas.

El PP se enfrenta así a una urgencia: o renueva profundamente su planteamiento político, o continuará siendo rehén de los peores vicios de su pasado y presente, cada vez más alejado de los problemas reales y de la pluralidad de la sociedad española. Y lo peor, rehén de Vox, que quiere arrastrarnos a todos en esa deriva a la intolerancia y el autoritarismo más absolutos.

La carrera profesional

“El verdadero problema de la sanidad en Castilla-La Mancha no está en más aulas ni en levantar nuevas facultades, sino en la mejora de las condiciones laborales que son las que están corroyendo el sistema público y generando la indignación entre sus profesionales”

Manifestantes portan pancartas durante la manifestación con motivo de la huelga de médicos del pasado 3 de octubre.

En una conversación ayer, mi interlocutor me planteaba la necesidad de que aumentaran el número de plazas de médicos en las facultades o incluso que se hicieran más facultades de medicina.

Se lo rebatí, convencido de que el verdadero problema de la sanidad en Castilla-La Mancha no está en más aulas ni en levantar nuevas facultades, sino en la mejora de las condiciones laborales que son las que están corroyendo el sistema público y generando la indignación entre sus profesionales. No creo que se trate de cuántos futuros médicos seamos capaces de formar, sino de cuántos estamos perdiendo porque nadie escucha lo que ocurre en los pasillos, en los contratos y en los salarios bloqueados.

En Castilla-La Mancha hoy la carrera profesional médica lleva más de trece años suspendida, negando cualquier incentivo económico a quienes acumulan mérito, experiencia y formación, mientras el resto de las autonomías sí retribuyen a sus facultativos por este concepto. Este agravio, lejos de ser simbólico, tiene consecuencias claras: en la región trabajan cerca de 9.450 médicos en activo, pero la tasa de médicos por cada 100.000 habitantes, realmente reveladora de la precariedad, es de apenas 446, una de las más bajas de todo el Estado.

La gravedad aumenta al observar los datos por provincias. En Cuenca hay tan solo 420 médicos por 100.000 habitantes; en Ciudad Real, 435; en Guadalajara, 455; en Toledo, 460; y la mejor situada, Albacete, solo alcanza los 470. Todas están muy por debajo de comunidades limítrofes y de la media nacional, que se sitúa actualmente en 568 médicos por 100.000 habitantes. Madrid, la comunidad vecina, cuenta con 671; Castilla y León, 606; Extremadura, 569; Andalucía, 509; y la Comunidad Valenciana, 464. Sólo Ceuta y Melilla están más atrás que Castilla-La Mancha.

Estas cifras tienen consecuencias directas en el día a día de los médicos y pacientes. Hablamos de plazas sin cubrir, sobrecarga asistencial y agotamiento emocional. Especialmente en zonas rurales, la dificultad para mantener equipos estables es ya una verdadera emergencia. Cada médico que abandona, cada vacante sin cubrir supone más presión para quienes siguen, y una merma para la calidad de la atención sanitaria, que pierde referentes y humanidad.

Mientras tanto, se sigue hablando de más campus, más plazas universitarias y más “sueños”, postergando lo fundamental: garantizar condiciones dignas e incentivos reales para que los médicos no opten por colgar la bata y marcharse. La raíz del problema no está en formar más, sino en cuidar mejor; no hacen falta más batas blancas en los pasillos, sino motivos para que sigan en ellos y no acaben buscando futuro en otro aeropuerto.

La dificultad para mantener equipos estables es ya una verdadera emergencia. Cada médico que abandona, cada vacante sin cubrir supone más presión para quienes siguen, y una merma para la calidad de la atención sanitaria, que pierde referentes y humanidad

Castilla-La Mancha necesita dejar de mirar a otro lado y apostar decididamente por la estabilidad, el reconocimiento y el cuidado de sus médicos. Reactivar la carrera profesional sería solo el primer paso para reparar una deuda histórica. Porque el futuro de la sanidad pública, y la protección de nuestras comunidades, depende de que los médicos encuentren razones para quedarse, y no terminen siendo otra cifra en esa estadística de la huida. Y esto no se arreglará con días de huelga y manifestaciones en la fachada del ministerio, sino con una verdadera voluntad de negociación con todas y cada una de las comunidades autónomas, y en el caso de la nuestra, ya se está tardando.

PP Andalucía

“¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora?�

¿Qué miran los poetas andaluces de ahora?�

¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora?�

Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres?�

Cantan, y cuando cantan parece que están solos.�

Miran, y cuando miran parece que están solos.�

Sienten, y cuando sienten parece que están solos.�

¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie?�

¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie?…”

Este poema de Alberti refleja el dolor y la soledad de Andalucía, así como la percepción de que se ha perdido algo esencial, tanto en lo humano como en lo cultural. Y viene a colación con el discurso que acabo de oír a su presidente en el Congreso del PP.

Andalucía es una comunidad que enfrenta grandes desafíos sociales y políticos, enmarcados en una realidad marcada por la memoria histórica, la emigración y los problemas cotidianos que afectan a la población. 

Moreno Bonilla hace un retrato de Andalucía muy curioso. Todo lo positivo se debe a su gobierno, todo lo negativo es culpa del gobierno del Estado. La realidad es que una tierra rica en historia y cultura hoy está marcada por tensiones políticas, promesas incumplidas y una gestión gubernamental que no satisfacen las demandas sociales más urgentes.

Que los mensajes políticos de un congreso sean expresiones como “Andalucía nos cuida” o “hemos estado a la altura de la bandera andaluza”, que son frases propias de un chorra y no de unos gobernantes, solo muestran un agotamiento de sus ideas, lo que tratan de tapar con discursos vacíos y titulares, pero  que no abordan los problemas reales. El reflejo de esa forma de gobernar, un sentimiento de frustración, con declaraciones públicas que no se corresponden con acciones de gobierno que beneficien realmente a la ciudadanía. 

Sus líderes se presentan en el congreso como defensores del pueblo, pero el día a día de los ciudadanos no ha mejorado sustancialmente. Entre los problemas están las deficiencias en sanidad, la inseguridad, y la falta de respuestas efectivas ante situaciones como el cáncer de mama no diagnosticado, plagas en colegios y suciedad urbana.

La narrativa política actual es idéntica a la que vivimos durante los últimos años del franquismo, donde se tergiversaban los adversarios políticos y se utilizaban etiquetas negativas. Solo un comentario para que lo penséis, hoy muestran preocupación por la inmigración,  y les hago una pregunta ¿Conocéis alguna comunidad que haya enviado más migrantes dentro y fuera de España que Andalucía? Poca memoria y mucho cinismo político. Claro que eso solo se soluciona con una alternativa creible.

SOS rural

No se quien los cría, pero es seguro que ellos se juntan. El lobby agrario SOS Rural reunirá en el Hotel Mandarín Oriental Ritz un evento bajo el lema “El campo se planta en Madrid”. Aquí os pongo quien es quien en ese conclave y vosotros sacar cada uno las deducciones que queráis.

SOS Rural: Lobby agrario español. Inspirado en el movimiento neerlandés BBB (BoerBurgerBeweging, Movimiento Campesino Ciudadano), de orientación populista agrarista. Ha mantenido vínculos con Vox y entornos ultraconservadores, aunque intenta proyectarse actualmente como apartidista. Promueve campañas contra las energías renovables con mensajes alineados con la derecha rural y la extrema derecha.

Fundación Ingenio: Fundación agraria del Campo de Cartagena (Murcia). Principal impulsora técnica y financiera de SOS Rural. Asociada a regantes murcianos y a grandes exportadores agrícolas. Vinculada a campañas de desinformación contra políticas ambientales y ecológicas del Gobierno central, identificadas con el entorno político de Vox y PP. Recibió el “Premio Atila” de Ecologistas en Acción por su impacto ambiental negativo.

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena: Entidad agraria. Aliada de la Fundación Ingenio y SOS Rural. Tradicionalmente cercana a los gobiernos del Partido Popular murciano.

Felipe González: Expresidente del Gobierno (PSOE). Históricamente socialista moderado. Actualmente muestra sintonía con posturas tecnocráticas y empresariales, y simpatías hacia SOS Rural en materia energética. Defiende la energía nuclear y ha criticado políticas de renovables promovidas por gobiernos progresistas.

Susana Díaz: Expresidenta de la Junta de Andalucía (PSOE). Exdirigente socialista andaluza. Se ha distanciado del PSOE actual, representando el ala más conservadora del PSOE. Participa en eventos organizados por lobbies empresariales agrarios.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra: Expresidente de Extremadura (PSOE). Representante del socialismo tradicional y crítico con las políticas de transición ecológica. Afín a una visión ruralista y productivista del sector agrícola.

Soraya Sáenz de Santamaría: Exvicepresidenta del Gobierno con el PP. Figura destacada del Partido Popular. Actualmente vinculada a Cuatrecasas y Moeve (antigua Cepsa). Defensora de intereses empresariales energéticos y de arbitrajes internacionales contra España por políticas de renovables.

Manuel Lamela: Exconsejero madrileño del PP. Miembro del Partido Popular; antiguo colaborador de Esperanza Aguirre y José María Aznar. Lobbista en Bruselas vinculado a la minera australiana Berkeley y al bufete Equipo Económico (fundado por Cristóbal Montoro). Representa intereses empresariales en minería y energía, alineados con los sectores liberales del PP.

Miguel Arias Cañete: Excomisario europeo de Energía y ex ministro de Agricultura (PP). Figura del Partido Popular europeo (PPE). Promotor de políticas agrarias favorables a grandes regantes y al sector agroindustrial.

Cristóbal Montoro: Exministro de Hacienda (PP). Figura económica clave del PP. Fundador de Equipo Económico, despacho investigado por tráfico de influencias. Representa el ala neoliberal del partido.

Iker Jiménez: Periodista y presentador televisivo. Figura mediática asociada a la pseudociencia y al discurso antiinstitucional. Ha intervenido en foros ultraliberales y de la derecha mediática española. Público simpatizante en sectores próximos a Vox.

Juanma Castaño: Periodista deportivo de la COPE. Vinculado a entornos mediáticos conservadores ligados a la Conferencia Episcopal Española. Ha emitido declaraciones públicas afines a narrativas de la derecha sobre conflictos internacionales y terrorismo.

Natalia Corbalán: Portavoz nacional de SOS Rural y consejera delegada de Fundación Ingenio. Figura central del entramado comunicativo de los lobbies agrarios murcianos. Ha difundido mensajes de contenido antiambiental y xenófobo. Su discurso coincide con ideología nacionalista agraria conservadora.

Javier Poza: Secretario general de SOS Rural desde 2024. Antiguo asesor en el Parlamento Europeo vinculado a Renew Europe y Ciudadanos. Representa una línea liberal agraria europeísta y tecnocrática.

Lucía Parro: Portavoz adjunta de SOS Rural y concejala del PSOE en Pantoja (Toledo). Militante socialista. Ejemplo de transversalidad aparente dentro de SOS Rural, pese a su sesgo conservador dominante.

Víctor Viciedo: Ex portavoz de SOS Rural y presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos. Exmilitar con trayectoria en actos públicos organizados por Vox. Promotor de teorías conspirativas sobre energías renovables (Soros, Bill Gates). Representa la facción ultra dentro del movimiento agrario.

Asociación de Agricultores Independientes Valencianos: Entidad agraria liderada por Víctor Viciedo. Cercana a Vox y movimientos nacionalistas agrarios. Promueve discurso anti-renovable y antiambientalista.