jueves, 21 de agosto de 2025

El incendio que siempre quema al otro

 En España, todo arde menos la ironía. Montañas, pinares, pueblos enteros… pero lo único que se mantiene fresco es la habilidad de nuestros políticos para intoxicar con humo sin mancharse jamás de ceniza. El fuego es devastador, pero más devastadora aún resulta esa coreografía de culpas voladoras que, como las chispas, cambian de dirección con el viento del poder.  

El Partido Popular tiene un doctorado honoris causa en este arte: lo suyo es la piromanía política. No hará falta retroceder demasiado para comprobarlo. Guadalajara, julio de 2005: un excursionista en plena barbacoa desata el infierno. La sentencia fue clara: el responsable, aquel hombre con cerilla fácil. Pero, para el PP, aquello no bastaba. No: lo importante era que el Gobierno autonómico socialista también ardiera. Se exigieron dimisiones, se asedió mediáticamente a la consejera de Medio Ambiente, se gritó en plazas y mítines que la Junta de Comunidades tenía la culpa. El incendio lo provocó un excursionista, pero la hoguera se cebó en los despachos. Y aun cuando años después los jueces confirmaron que la gestión técnica fue correcta, ya estaba hecho el trabajo político: la ceniza arrasó a Barreda y el PP recogió los frutos en 2011.  

Todo un éxito, no de extinción, sino de combustión mediática. Porque es curioso. Avancemos en el calendario y cambiemos la brújula del poder. Hoy en Galicia, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, gobierna el PP. Y como los incendios no entienden de siglas, los bosques vuelven a arder. ¿Quién tiene ahora la competencia según la Ley de Montes? Exacto: las comunidades autónomas cómo las tenían en 2005. Pero, ay, resulta que esta vez el relato ha mutado. Lo que antes era responsabilidad autonómica indudable ahora es culpa de Pedro Sánchez, de un Estado que abandona, de una Moncloa incapaz de enviar hidroaviones al primer chisporroteo.  

Cómo cambia la geografía de la culpa cuando cambian también las llaves del despacho. Lo que pasó en Guadalajara no es pasado: es una parábola. Entonces el PP agitaba pancartas de ¡dimisión inmediata!, hoy prefiere pancartas de ¡culpa del centralismo!. Ayer se exigía responsabilidad personal a políticos autonómicos, hoy se alude al Gobierno central como si la UME pudiera aterrizar en cada aldea con antelación profética, antes incluso de que se encendiera el fuego.  

Es tan evidente el doble rasero que uno empieza a preguntarse si no deberíamos replantear los dispositivos de emergencia. Hasta ahora tenemos retenes forestales, bomberos, hidroaviones y la UME. Propongo crear un nuevo cuerpo: la UEH, Unidad de Extinción de Hipocresías. Se desplegaría en platós de televisión, ruedas de prensa y mítines, con sirenas cada vez que alguien culpe a Sánchez de un fuego en su propio monte. Sería caro, sí, pero infinitamente más barato que mantener una España ardiendo cada verano al ritmo de la propaganda.  

Mientras tanto, los vecinos siguen oliendo a ceniza, los brigadistas expulsan humo de pulmones, y los alcaldes de esos pueblos carbonizados se hacen pequeños al lado del fuego. Y, como siempre, la gente corriente vuelve a ser el material inflamable de turno. Desde el manipulado “solo el pueblo salva al pueblo”, en lugar de decir la verdad de que “solo lo público salva al pueblo”, hasta el todos son iguales porque en esa equidistancia pesca una ultraderecha que solo sabe arrojar gasolina diciendo que es agua.

Porque en este país parece que lo único que no se extingue con agua es la política del doble rasero. Los pinares caen, las casas se consumen, la coherencia cruje como madera seca. Y sin embargo, la pirotecnia de culpas ajenas arde siempre brillante, lista para el telediario de la noche.  

Al final, tal vez habría que escribir el siguiente texto en el Boletín Oficial: “Si el incendio sucede en tu autonomía y gobierna el PP, la culpa es de Sánchez. Si sucede en la del vecino y gobierna el PSOE, la culpa también es de Sánchez. Y si algún día prende fuego el mismísimo diablo, tranquilos: Pedro Sánchez será llamado a declarar.”  

Porque, en el fondo, no estamos solo ante incendios forestales. Estamos también ante incendios narrativos. Y lo que verdaderamente aterra no es que España arda… sino que, aun apagado el fuego, siga habiendo tanto político dispuesto a soplar las brasas con tal de avivar titulares.  



Cuando no tienes vergüenza, puedes mentir todo lo que quieras.


Polémica gestión de la Junta de Castilla y León durante la oleada de incendios más grave de lo que va de siglo en España. Ahora nos enteramos que, ocho días después de declarados los fuegos, la Dirección de Patrimonio Natural y Política Forestal de CyL, decidió pedir de forma “urgente” que se reincorporara el personal que estaba de descanso o vacaciones, después de llevar dos semanas escuchándoles exigir al gobierno del Estado que enviara más recursos , pero sin declarar la emergencia 3 porque entonces debían ceder el mando operativo, dicho de otra forma, jugando a ser  el perro del hortelano, que ni come ni deja. Conocer esta circunstancia ha generado gran indignación entre los equipos ya exhaustos, puesto que prácticamente no había personal disponible libre de servicio durante esos días.  

Si se revisan las declaraciones de muchos ciudadanos y miembros de esos equipos, está muy claro que todo el operativo ha estado marcado por el cansancio, la falta de previsión y descoordinación. Un ejemplo de eso es como el Ejército llegó a instalar bases logísticas en Bembibre y Cistierna con capacidad para dar relevo a los brigadistas, pero estas permanecieron vacías, lo que provocó malestar en los mandos militares.  

Mientras tanto, el presidente de la Junta, defendió que el operativo era “suficiente” y que los acuerdos alcanzados tras la tragedia de 2022 habían funcionado en años posteriores “ Pero las críticas de vecinos, brigadistas y oposición han sido intensas. En León se produjeron protestas reclamando las dimisiones de Mañueco, el consejero Quiñones y Arranz, principal arquitecto del modelo de extinción privatizado y temporal que está  vigente desde 2007.  

Tratan de que no se sepa que paralelamente, el Gobierno central desplegó más de la mitad de sus medios estatales en Castilla y León en los días más críticos, con 149 intervenciones aéreas en lo que va de año, lo que pone de relieve la magnitud de la catástrofe.  

Pero esa realidad que demuestran los datos no parece ser aceptada por los dirigentes del PP nacional, y de las comunidades autónomas afectadas por los fuegos, que se han empeñado en seguir al pie de la letra el manual "Mazón", que consiste en pedir, mentir y echar la culpa de todo al gobierno central.

El PP ha salido en defensa de la Junta de Castilla y León tras la polémica por la no utilización de medios logísticos instalados por el Ejército y la portavoz popular en el Senado, ha justificado lo ocurrido alegando retrasos en la llegada de recursos solicitados por Mañueco y responsabilizando al Gobierno central de la gestión tardía y deficiente.  Sin embargo, las bases militares sí fueron reclamadas por la propia Junta, aunque se quedaron vacías, lo que ya he dicho que provocó malestar en los mandos del Ejército, y el Ejecutivo autonómico ha acabado disculpándose. La portavoz defendió también que las decisiones sobre medios no las toman los presidentes sino los técnicos, y acusó al Gobierno Sánchez de infrautilizar fondos europeos para prevención de incendios y de haber reaccionado “tarde y mal”.  

El PP repite su estrategia: culpar al Gobierno central para así intentar eximir de responsabilidad a sus presidentes autonómicos, mientras opositores y afectados cuestionan la tardanza y la insuficiencia de la respuesta inicial de la Junta. Pero no se quedaran ahí, sino que el PP solicitará comparecencias extraordinarias en el Senado de varios ministros para dar explicaciones sobre el operativo estatal.  

La directora de Protección Civil, ante las críticas del PP sobre la gestión de la ola de incendios de agosto, defiende la actuación del organismo estatal, asegurando que se actuó con anticipación y que existen informes y datos que lo prueban, frente a quienes tratan de “reescribir la historia”.  Por ejemplo, el 15 de agosto se pidió a las comunidades información sobre medios aéreos disponibles para poder redistribuirlos a las más afectadas (Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia), porque las CCAA tienen la responsabilidad de anticiparse en su propia gestión y además a ese retraso, se ha sumado la falta de coordinación en algunos territorios.  

Son las comunidades quienes deciden activar a los voluntarios de protección civil y que las medidas estructurales, como la formación de personal en zonas de riesgo, deben adoptarse en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil.

Y la última acaba de conocerse: Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno.


Y más fuego

Ha dicho ese señor que nunca en su vida ha dicho una mentira, me refiero a Rafael Hernando del PP: "El gobierno de Pedro Sánchez tiene menos medios aéreos para combatir los incendios que el año pasado, por no aprobar los presupuestos. Hay 5 aviones menos".
Pero si se compara en el presupuesto del Estado resulta que la partida este año se ha modificado y está dotada un 30% más en 2025 y alcanza los 110 millones de euros para extinción.
Los servicios contra incendios cuentan con 56 aeronaves, y no 42 como dice Feijóo. Seguro que lo ha dicho por error, ya que se equivocó cuando estuvo contándolos.

Otra.
Castilla y León para prevención de incendios ha pasado de 10,3 millones de presupuesto en 2009 a 1,4 este año, lo que representa un recorte en prevención de incendios de un 90%.
Siendo la prevención de incendios una competencia completamente autonómica, queda absolutamente claro que el culpable es Pedro Sánchez que no quiere a los castellanos ni a los leoneses. No puede negarlo.

El gobierno de Extremadura (PP) ha destinado en sus presupuestos 490.000 euros a la Tauromaquia y 82.000 euros para prevención de protección contra los incendios.
Está muy claro que la culpa de lo que ocurre con los fuegos en la región extremeña es de Sánchez.
Está tan claro, que resulta indiscutible que toda la responsabilidad no es del gobierno extremeño, que es de otros.

Fuego

La norma se convierte en “papel mojado” mientras la realidad laboral de los bomberos forestales sigue deteriorada.  No hay equidistancias de responsabilidad en la situación, pero todas las partes tienen la suya

- Ninguna comunidad autónoma ha aplicado la norma, pese a estar aprobada y publicada en noviembre de 2024.  

 - La situación muestra desinterés o falta de voluntad política para dignificar la profesión.  

 - Calificable de “caótica” porque cada autonomía regula y gestiona a los bomberos forestales a su manera, sin criterios unificados.  

 - Hay desigualdades entre territorios en sueldos, contratos, condiciones laborales y reconocimiento profesional.  

 - De resaltar que los bomberos forestales carecen de un marco que garantice estabilidad, seguridad en el trabajo y derechos básicos.  

 - La ley de 2024 pretendía resolver estas precariedades.  

 - A pesar de tener competencias, el Ministerio tampoco aplica las mejoras previstas en el estatuto.  

 - La gestión está externalizada a través de Tragsa en el caso de las BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), lo que perpetúa la falta de avances.  

 - Señalar la contradicción: existe una ley publicada que mejora la situación, pero no se cumple en la práctica.

Y una pregunta ¿sabéis porque no se ven pulseritas abanderadas extinguiendo los fuegos?

A VER SI NOS ENTERAMOS DE UNA VEZ. NOS TOMAN POR TONTOS


Lo hicieron con la Filomena, cuando era Sánchez el que tenía que limpiar las calles de Madrid. LO volvieron a hacer con el volcán de La Palma, donde Sánchez debería estar barriendo la ceniza y cavando una zanja para que no avanzara la lava. Lo vimos en la DANA donde el que comía en el Ventorro mientras la gente se ahogaba no tenía culpa de nada, sino que era Sánchez por permitir que lloviese tanto. Y lo vemos ahora donde Sánchez no  está con la manguera y la pala apagando el fuego, para que un consejero vaya a  comer a Gijón o los presidentes están de vacaciones en Miami o donde les de la gana. Cuando a ellos les tocó el Prestige  de cacería, solo eran unos hilillos sin importancia.

El PP se aprovecha de la ignorancia general entre los ciudadanos de lo que jurídica y estructuralmente representa tener un Estado con Autonomias. Ahora quieren convencer a todo el mundo, con la colaboración inestimable de sus medios afines cómo El Mundo que ayer publicaba un artículo bochornoso repleto de mentiras y falsedades, de que la responsabilidad es del gobierno, cuando en esta materia, la prevención, gestión forestal y extinción de incendios, la competencia de conformidad con la Ley de Montes, al Real Decreto Ley 15/2022 y al artículo 148 de la Constitución, corresponde EN EXCLUSIVA a las COMUNIDADES AUTÓNOMAS, y no al gobierno central.  Claro que el gobierno central debe colaborar cómo lo hace, o es que la UME no es del ministerio de Defensa que es el Gobierno del Estado. No. Quieren reconocer que el discurso de bajamos impuestos y la necesidad de recursos para tener unos servicios públicos de prevención y extinción de incendios son incompatibles, que para disponer de unos servicios públicos eficientes necesitan de financiación. Mientras se queman Extremadura, Castilla León o Galicia, decidles a vuestros ciudadanos y a vuestros bomberos autonómicos con salarios precarios y contratos temporales, que es que no teníais dinero para eso.

Pero la ultima idea genial es la de la vicesecretaria del PP doña Carmen Fúnez, que no sabemos si es que ha debido golpearse en la cabeza, o es más mala que un dolor de noche. Esta genio de la política, ha conseguido una nueva pirueta al afirmar que  las dificultades en la lucha contra los incendios forestales se deben a la falta de aprobación de los Presupuestos Generales por parte del Gobierno central. No hace tantos días han sido miles de millones los transferidos por el Estado a las Comunidades. Todo vale para lo dicho al principio, no admitir que la gestión de los incendios es competencia de las comunidades autónomas, y las más afectadas hoy están gobernadas por el propio P. Asistimos a cómo continúan con la misma estrategia, todo es culpa del gobierno de Sánchez.

Repito para que se enteren:

1. la prevención y extinción de incendios es competencia de las comunidades autónomas, incluyendo la dotación de medios y personal. El PP gobierna en muchas de las autonomías afectadas, pero responsabiliza al Gobierno central para eludir su propia negligencia.

2.  Las bajadas de impuestos, especialmente a los sectores más acomodados, reducen los presupuestos disponibles para servicios públicos esenciales como bomberos, prevención de incendios, sanidad o educación, y luego se lamenta la falta de medios.

3. El PP sigue su patrón histórico, el de utilizar crisis (incendios, riadas, DANA, etc.) como arma política contra el Gobierno central, en lugar de centrarse en resolver los problemas. Esto se denomina “electoralismo” sistémico.

4. El  PP vota en contra de los presupuestos generales del Estado y de otras medidas, y posteriormente justifica sus cagadas de gestión responsabilizando a la “falta de presupuestos” del Gobierno central, pese a que sus comunidades sí aprueban sus propios presupuestos.

5. Entérense los ciudadanos, aunque algunos se resistan a hacerlo, de que, allí donde gobierna, el PP recorta plantillas y recursos (como en bomberos forestales) y a veces privatiza servicios, deteriorando la capacidad de respuesta ante emergencias.

6.  Ver a algunos líderes populares (bronceados de vacaciones, actos públicos banales en medio de crisis, gestos simbólicos absurdos), para lo único que sirven es para demostrar su desconexión con la gravedad de las situaciones.

7. Hagamos un llamamiento a la coherencia y a la rendición de cuentas, porque si una comunidad autónoma reconoce que no tiene medios suficientes para sus competencias, debería explicitarlo en su presupuesto y pedir ayuda formal, en vez de culpar a otro nivel de gobierno. 

Supongo que lo expuesto solo será válido para los ya convencidos de que cada palo debe aguantar su vela, pero el electorado debería recordar esta gestión a la hora de votar. Pero seguro que los tertulianos a sueldo capaces de defender lo indefendible y argumentar lo inargumentable, más los periodistas  con artículos cómo el antes comentado, consiguen convencer al respetable de que fue Sánchez fue Sánchez el que empitonó a Manolete en la plaza de Linares.



Un controvertido plan de biometano en Castilla-La Mancha

Un plan ambicioso con polémica en su gestación que nace con sombra de dudas sobre el procedimiento y el interés público ¿por qué? Pues porque el Plan Regional de Biometano 2024-2030 de Castilla-La Mancha llega rodeado de controversia. Su objetivo de transformar residuos agroganaderos en energía renovable, alineando la región con políticas de descarbonización y economía circular, podría convertir a esta comunidad autónoma en referente nacional. Sin embargo, el proceso de elaboración del plan y su tramitación han levantado serias críticas y generado dudas legítimas sobre la transparencia y la ética administrativa con que se ha gestado.

Uno de los aspectos más preocupantes ha sido la adjudicación directa, sin concurso público, de la redacción del plan y del estudio ambiental a una empresa con intereses directos en el sector del biometano. El coste del contrato, 30.000 euros repartidos en dos partes iguales, recae sobre una firma cuyo presidente es también líder de la Asociación Española de Biogás, representante clara de los intereses económicos del sector. Este solapamiento de roles y la ausencia de competencia pública naturalizan el conflicto de intereses y siembran dudas fundadas sobre la imparcialidad y objetividad del plan, alimentando el malestar de colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas.

Falta de transparencia y competencia en la adjudicación, más un redactor del plan y estudio ambiental con intereses en el propio negocio evaluado, y un marco normativo al dictado de actores privilegiados, son tres motivos suficientes para que el plan nazca ya cuestionado. El rechazo social es palpable. La ‘Plataforma Ciudadana Stop Biometano Stop Planta de Residuos Médicos Peligrosos’ de Socuéllamos, algunos ayuntamientos y colectivos ecologistas han manifestado ya una clara oposición. La inquietud no sólo reside en lo procedimental sino también en la dimensión real del proyecto: se planea implantar cerca de cien plantas en toda la región para tratar 15 millones de toneladas de residuos, con trámites urgentes al haber sido declarados proyectos prioritarios.

Son varios los riesgos y aspectos negativos del Plan  como son la concentración de plantas* y el consiguiente riesgo de sobreexplotación del territorio rural y efectos ambientales acumulativos; el tratamiento de grandes volúmenes de residuos con los problemas asociados a la gestión de purines, subproductos ganaderos y agrícolas. Aunque el plan promete mejoras, un mal manejo podría agravar la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de las zonas donde se ubiquen. Y tampoco parece correcta la escasa interlocución con ayuntamientos afectados y organizaciones ciudadanas independientes.

Los supuestos beneficios ¿son suficientes ante los posibles riesgos? Depende de muchos aspectos que es lógico que se planteen dudas sobre ello. El gobierno regional defiende el plan argumentando su potencial para reducir el uso de gas natural fósil y la emisión de gases de efecto invernadero, estimando un ahorro superior a medio millón de toneladas de CO2. También promete combatir la contaminación hídrica por nitratos y crear empleo rural mediante la valorización de residuos orgánicos, alineándose con la economía circular y las metas de transición energética. La valorización de residuos reduciría, además, la presión sobre vertederos. Señala con aspectos positivos del Plan 

El aprovechamiento de residuos para energía renovable, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y sustitución de combustibles fósiles, así como la mitigación de contaminación hídrica y generación de empleo rural.

Puede ser un paso adelante, pero ¿a qué precio? Mientras no se aclaren muchos otros aspectos colaterales al proyecto, la ambición del Plan Regional de Biometano de Castilla-La Mancha se verá empañada por la opacidad del proceso, la ausencia de garantías de imparcialidad y la falta de una consulta pública real. A pesar de los supuestos beneficios ambientales y económicos, los posibles impactos negativos y el procedimiento poco transparente justifican plenamente la preocupación social y la severa crítica hacia un proyecto que, en su forma actual, se percibe menos como un avance colectivo y más como una oportunidad de negocio para actores ya privilegiados.

Incendios forestales: causas y claves para la prevención

España arde, pero no por casualidad. El combate contra el fuego empieza mucho antes de que brote la primera llama, y necesita, junto a políticas de gestión y recursos públicos, de una ciudadanía responsable, crítica y activa. Porque defender nuestros montes es defender la vida y el futuro colectivo, porque donde hay igualdad y solidaridad, el fuego no avanza solo. La dramática oleada de incendios de este verano en nuestro país con hectáreas arrasadas, miles de personas evacuadas y varias víctimas mortales, pone de manifiesto la urgencia de analizar sus principales causas y plantear medidas de prevención eficaces, enmarcando el problema en un contexto marcado por el cambio climático, la despoblación rural y la gestión del territorio.

El presupuesto anual en España para incendios forestales ronda los 1.100 millones de euros, pero aproximadamente el 60%-70% se dedica fundamentalmente a la extinción, no a la prevención. Existe falta de transparencia y diferencias de criterios autonómicos que dificultan un análisis detallado sobre el gasto preventivo, y muchas acciones catalogadas como "prevención" en realidad son de apoyo logístico a la extinción más que preventivas a escala territorial.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace advierten de que con una inversión real de 1.000 millones anuales en auténtica prevención podrían ahorrarse hasta 99.000 millones en extinción, citando que cada euro en prevención reduce en 100 euros el gasto en extinción. Sin embargo, tanto el Tribunal de Cuentas de la UE como otros expertos señalan la ausencia de evidencia sobre la sostenibilidad y el impacto de estas inversiones, ya que suelen centrarse en actuaciones a corto plazo, sin continuidad cuando termina la financiación europea.

Además, se cuestiona el escaso gasto en investigar las causas de los incendios, el control social sobre actividades de riesgo y la falta de trabajo preventivo ante incendios originados en su mayoría por acción humana. Se insiste en la necesidad de cambiar el enfoque: potenciar la gestión sostenible del territorio, reorientar el sector primario y fomentar paisajes en mosaico más resilientes, más allá de aumentar solo los recursos para apagar fuegos.

Cómo principales causas de estos incendios, empezaremos por el factor humano (95% de los casos). La mayoría de los incendios no son fruto de la fatalidad, sino de la acción y omisión humanas. Se distinguen varias categorías fundamentales:

Los intencionados, motivados por vandalismo, represalias, especulación urbanística o prácticas como la regeneración ilegal de pastos. Representan cerca del 54% de los casos en España; las negligencias y descuidos en las actividades cotidianas que se tornan fatales, cómo las quemas agrícolas fuera de control, barbacoas mal extinguidas, uso indebido de maquinaria, lanzamiento de colillas o basura, especialmente en épocas de alto riesgo. Pero un peso específico de esta problemática es el abandono rural y falta de gestión forestal, porque el abandono del campo, la ausencia de pastoreo y agricultura tradicional dejan áreas llenas de material seco e inflamable, agravando la propagación del fuego; y tampoco otras causas humanas, cómo el trazado de líneas eléctricas, trabajos forestales, tráfico rodado por el monte, entre otros.

Los de origen en causas por naturales (4-5%), aunque los rayos y, en casos muy excepcionales, la actividad volcánica puede causar  incendios, su peso es marginal frente al causado por actividades humanas. Sin embargo, el cambio climático actúa como multiplicador, favoreciendo sequías prolongadas, olas de calor e incremento de temperaturas que convierten el monte en un polvorín.

Pero más importancia aún tienen las medidas de prevención imprescindibles. Porque combatir el fuego exige no solo intervención, sino sobre todo prevención y una ciudadanía implicada:

Empezando por la educación, vigilancia y responsabilidad social: No hacer fuego ni barbacoas fuera de áreas habilitadas, ni en época de alto riesgo; No arrojar colillas, cerillas, botellas ni basura al monte; Denunciar conductas sospechosas y avisar a emergencias (112) ante el menor indicio de humo o fuego; Evitar el uso de maquinaria que produzca chispas en días de riesgo extremo.

Muy importante es una gestión forestal sostenible, y esto pasa por la limpieza y mantenimiento de bosques, creando cortafuegos y zonas de discontinuidad para impedir la propagación; también por una planificación del uso del monte y recuperación de actividades tradicionales de pastoreo, agricultura y silvicultura para evitar la acumulación de biomasa seca. Y por impulsar la repoblación rural y la gestión activa del territorio para reducir el abandono.

La infraestructura y planificación comunitaria, que permite mantener accesos y caminos despejados para los servicios de emergencia. Se deben garantizar depósitos de agua y puntos de abastecimiento cercanos a las zonas rurales y viviendas dispersas. Y todas las poblaciones rurales deben disponer de planes de evacuación y autoprotección para habitantes en zonas de riesgo.

Es imprescindible aplicar  estrictamente la normativa para lo que se deben aumentar los controles y sanciones para quienes incumplen la ley así cómo perseguir y condenar la intencionalidad y la negligencia de forma ejemplar. Promover campañas de sensibilización en colegios, medios de comunicación y zonas rurales. Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la vigilancia y mantenimiento del entorno natural.


Nulo o no nulo, el proceso ya ha cumplido su objetivo.


Manda pelotas cómo funciona este circo que tienen montado. Es una vergüenza. Que la Agencia Valenciana Antifraude investigue y denuncie al excomisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, por supuestamente haber presentado un título universitario falso en su expediente, sin informarle ni darle audiencia, como exige la propia ley de la agencia., no puede tener un nombre diferente al de cacería.

La investigación, que comenzó tras una denuncia anónima, para variar, se realizó en menos de un mes —del 9 de abril al 7 de mayo de 2025— y también involucró a dos funcionarios de la Diputación de Valencia, quienes habrían avalado la documentación de manera negligente.

Lo que se han pasado por el forro de sus caprichos es que según estipula el artículo 10 de la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude, la persona investigada debe ser informada y tener la oportunidad de defenderse y presentar alegaciones antes de que se adopten conclusiones personalizadas. Sin embargo, ni Ángel Batalla ni los funcionarios fueron notificados ni escuchados durante el proceso. Solo al finalizar la investigación, el 7 de mayo, la agencia solicitó un informe para justificar el secreto de la causa y remitir el caso a la Diputación de Valencia, que posteriormente denunció los hechos a la Fiscalía y abrió un proceso para recuperar el dinero presuntamente cobrado irregularmente. Ángel Batalla dimitió 36 horas después de que el caso saliera publicado en los medios.

El informe de Antifraude concluyó que el título era “presumiblemente falso” y señaló posibles delitos administrativos y penales, además de la negligencia de los responsables de recursos humanos. A pesar de que la ley permite investigaciones secretas, la agencia debe garantizar el derecho de defensa y audiencia “en diferido”, pero esto no ocurrió en la práctica. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción está estudiando el caso y tendrá que oír a los implicados antes de proseguir. Dicho de otra manera, muerto el burro la cebada al rabo.

La rapidez del procedimiento y la vulneración del derecho de audiencia demuestran la falta de garantías y transparencia, puesto que la investigación sobre Ángel Batalla se resolvió en pocos días, a diferencia de otros casos similares investigados por la agencia que siguen durmiendo el sueño de los justos.


ALgo similar

Algo similar es la propuesta que aparecío en este muro para facilitar la vivienda en el medio rural. Sus cascos historicos están llenos de viviendas vacías 

 2015 y 2023, el precio del alquiler en Madrid ha aumentado un 95 % y el de la compra de vivienda más de un 70 %, reflejando una grave crisis habitacional que afecta especialmente a los jóvenes.  

Eduardo Gutiérrez, codirector de la ONG Provivienda, sostiene que la solución inmediata no pasa únicamente por construir más casas, sino por movilizar las viviendas ya existentes y vacías, ponerlas en alquiler asequible y rehabilitarlas con criterios sociales.  

La ONG propone aprovechar las herramientas legales actuales, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que permitiría limitar subidas de alquiler y dar incentivos fiscales a propietarios que alquilen por debajo de mercado.  

Provivienda y otras entidades captan viviendas vacías, negocian con propietarios ofreciendo garantías y las destinan a familias que no pueden acceder ni al mercado libre ni a la vivienda pública, actuando como intermediarios sin ánimo de lucro y gestionando fondos públicos o europeos.  

Este modelo se inspira en las *housing associations* de países como Austria, Francia, Países Bajos o Irlanda, donde la colaboración entre entidades sociales y administraciones está mucho más desarrollada que en España.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Representan una deuda pendiente de la humanidad con su historia pasada y su futuro. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la celebración hay que  teñirla de denuncia y urgencia. Lejos de lo que nos dicen en los discursos oficiales y  en los gestos simbólicos, la realidad cotidiana de millones de indígenas a nivel mundial es la de una lucha sorda por su supervivencia, su dignidad y sus derechos fundamentales.

A pesar de los pronunciamientos de organismos internacionales y tratados que, sobre el papel, reconocen sus derechos, los pueblos indígenas siguen siendo los guardianes desprotegidos de territorios amenazados. El avance indiscriminado de la minería, la tala ilegal, la agroindustria y los megaproyectos extractivistas arrasa con bosques y ríos ancestrales. Gobiernos y empresas privadas, a menudo en complicidad, dejan a estas comunidades vulnerables ante la destrucción ambiental y el despojo sistemático.

Los pueblos indígenas no solo defienden la naturaleza, sino que al hacerlo están  defendiendo su propia existencia. La falta de protección legal y física los expone a amenazas, persecuciones, desplazamientos forzados e incluso asesinatos. Líderes indígenas que alzan la voz por sus tierras y culturas sufren hostigamiento judicial y violencia, mientras las autoridades miran hacia otro lado o, en ocasiones, participan activamente en la represión.

Las promesas de justicia territorial rara vez se acaban concretando en algo positivo. Muchas comunidades se enfrentan enormes trabas burocráticas para obtener títulos de propiedad colectiva o acaban siendo víctimas de fraudes y maniobras legales diseñadas para beneficiar a intereses externos. La justicia, en estos escenarios, se vuelve un lujo inaccesible para ellos, y ello se manifiesta en denuncias sin investigar, crímenes impunes, desalojos sin ningún tipo de indemnización y reincidentes y constantes violaciones a los derechos colectivos.

A esta realidad se suma unas políticas que más que poner en valor sirven para la invisibilización de sus culturas, lenguas y cosmovisiones. La discriminación y el racismo persistentes dificultan el acceso a servicios básicos, a la educación intercultural y a sistemas de salud que respeten sus conocimientos y tradiciones. La supervivencia no es solo física, es también cultural, espiritual y lingüística.

Frente a este panorama, la comunidad internacional, los gobiernos nacionales y la sociedad tienen una deuda urgente y profunda que consiste en garantizar protección efectiva, reconocimiento territorial y justicia real para los pueblos indígenas. No se trata de practicar la caridad, sino de hacer justicia y respetar su  derecho a existir, decidir y prosperar según sus propios términos y cultura.

Hoy, 9 de agosto, debe ser más que una conmemoración un grito global para poner fin a la impunidad y al olvido. No ayudan a que divisemos un horizonte optimista ni las políticas de EEUU erigiéndose en policía del mundo, ni el ascenso de la ultraderecha y los ultranacionalismos. Mucho más nos valdría al primer mundo defender que sean respetados, porque aunque parece que unos no quieren y otros no pueden darse cuenta, el futuro de los pueblos indígenas es también el futuro común de la humanidad.

Villamalea: un faro de integración en el corazón de Castilla-La Mancha


En estos tiempos convulsos que corren, donde la crispación y las posturas radicales parecen encenderse en muchos rincones de España, Villamalea, un pequeño municipio rural de Albacete brilla con luz propia como ejemplo de integración y convivencia.
En esta localidad, donde conviven más de 30 nacionalidades y el 27% de la población es de origen extranjero, la diversidad no la viven cómo amenaza, sino cómo riqueza. Villamalea ha sabido construir un verdadero, modelo de integración (seguro que con los problemas que ese reto representa), basado en la solidaridad, el diálogo y el respeto mutuo. La prueba más elocuente la hemos visto en su pleno municipal que aprobó por unanimidad, con el apoyo de todos los partidos y de los colectivos sociales, la Iniciativa Legislativa Popular de regularización extraordinaria de migrantes prevista para 2025. Un ejemplo de consenso y de mirada integradora que contrasta fuertemente con los discursos excluyentes que tratan de abrirse paso en otros escenarios.
Este espíritu de convivencia se plasma en múltiples iniciativas, desde encuentros interreligiosos en los que participan cinco confesiones distintas, a programas de convivencia y formación para jóvenes y mujeres extranjeras, o proyectos pioneros de integración laboral para personas con discapacidad. En las aulas, el profesorado y equipos directivos aplican protocolos y mensajes positivos que refuerzan el sentido de pertenencia y una convivencia pacífica. El resultado es palpable, aquí no han aflorado los conflictos que, por desgracia, sí se viven en otras localidades y regiones.
Villamalea demuestra que la suma de culturas, religiones y orígenes no solo es posible, sino deseable y enriquecedora para todos. La cohesión social, el desarrollo económico y el tejido comunitario son más fuertes cuanto mayor es la inclusión. Por eso, la experiencia de Villamalea debería ser referencia y ejemplo a seguir para toda España y especialmente en Castilla-La Mancha, un territorio que históricamente ha sido cruce de caminos y ejemplo de hospitalidad.
En este contexto, cobran especial relevancia las palabras de quienes rechazan las posturas extremas y discriminatorias, porque no puede haber espacio para discursos radicales como los que defiende Vox en una sociedad castellanomanchega abierta, plural y solidaria. Villamalea lo demuestra día a día, y nos demuestra que el futuro de Castilla-La Mancha solo puede construirse desde la integración y el respeto mutuo.
Villamalea ha puesto la semilla, pero para que el ejemplo florezca en toda la región, el gobierno de Castilla-La Mancha debe asumir un papel activo y valiente en el impulso de políticas que garanticen la inclusión, refuercen los lazos comunitarios y promuevan la convivencia. No basta con aplaudir buenos modelos: hay que replicarlos, apoyarlos y convertirlos en una realidad estructural en cada rincón del territorio. Porque una Castilla-La Mancha justa, cohesionada y diversa necesita del compromiso firme de sus instituciones para que cunda el ejemplo.

EL CASO DE JOSÉ MARÍA ÁNGEL

El caso de José María Ángel se produce en un contexto donde somos muchos los que denunciamos la instrumentalización de procedimientos judiciales como arma política. Esto eleva la tensión institucional y retroalimenta la polarización: cada nuevo caso es percibido por una parte de la sociedad como ejemplo de persecución y por otra como justicia ante privilegios. La gravedad del hecho subraya que los responsables públicos, en ambientes de acoso, exposición y ostracismo, pueden sufrir consecuencias psicológicas devastadoras, lo que abre un debate sobre los límites éticos, la violencia verbal y la necesidad de protección institucional y mediática frente a la estigmatización.

En sociedades polarizadas, los casos de supuesta corrupción o irregularidad, especialmente en figuras pública, se magnifican hasta el extremo, de alimentar narrativas de que cualquier miembro del otro bando es un enemigo moral. Esto genera una presión desmedida, mediática y social, sobre los acusados, a menudo (por no decir siempre) antes de que haya resoluciones judiciales firmes. La presión pública y mediática, sumada a la dinámica anti política y la crisis de confianza en las instituciones, tiende a despojar a los investigados de su derecho a la presunción de inocencia. Esto puede llevar a reacciones individuales extremas, especialmente cuando el señalamiento se acompaña de campañas en redes sociales y medios.

Este caso representa una llamada de alerta no solo para el sistema político, sino también para la sociedad y los medios de comunicación sobre los riesgos de la deshumanización y la violencia discursiva en el espacio público.


Feijoo miente

Feijoo es un mentiroso compulsivo y utiliza la crispación y el insulto como herramientas políticas porque no puede revelar su verdadero programa si llegara a gobernar, sabe que sus opciones de llegar a La Moncloa bajarían mucho. Coloca un escaparate para vender un producto que cree atractivo, con promesas de derogar o revisar si alcanza el poder, la Ley de Amnistía, la financiación autonómica especial y los cambios en los delitos de sedición y malversación. 

Mientras hace esto, Feijoo evita explicar sus medidas, especialmente su política social, para no perder apoyos, ya ha hecho de la mentira su forma de gestionar antes Galicia como ahora en Madrid. Si se le confronta con los datos de verdad Feijooo se indigna.

Quiera o no, empiezan a llegar múltiples procesos judiciales abiertos que afectan al PP, cómo los casos Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen y el caso Montoro, y con el uso sistemático de la mentira desde su partido buscan tapar estos escándalos. Esta práctica se extiende a otros políticos del partido y la aplican con muchas cuestiones de actualidad como la okupación o el cierre de consultorios médicos. Las consecuencias de sus políticas donde gobiernan, no deben conocerse donde no lo hacen, para ver si así la próxima vez les votan.

Es innegable que es así. Tan innegable cómo que a la ciudadanía parece no importarle este fenómeno tanto como debiera.

La crisis climática y las muertes por calor en España


“Cada verano, el Ministerio de Sanidad proporciona a la ciudadanía y autoridades sanitarias información y alertas diarias sobre el nivel de riesgo por altas temperaturas para prevenir sus efectos sobre la salud”

Hay quien es negacionista respecto a si existe o no el cambio climático, pero ya nadie discute la relación entre altas temperaturas y el aumento de la morbilidad y mortalidad, especialmente por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En los últimos años, destacó el impacto de la ola de calor del verano de 2003 en Europa, que evidenció la gravedad de este problema para la salud pública.

Como respuesta, en 2004 se implementó en España el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas Sobre la Salud, con el objetivo de reducir los riesgos sanitarios asociados al calor extremo. A lo largo de los años, el plan ha incorporado mejoras y ha demostrado ser eficaz.

En su vigésimo año de funcionamiento, sigue siendo relevante, especialmente ante el aumento previsto de olas de calor debido al cambio climático. Cada verano, el Ministerio de Sanidad proporciona a la ciudadanía y autoridades sanitarias información y alertas diarias sobre el nivel de riesgo por altas temperaturas para prevenir sus efectos sobre la salud.

El pasado mes de junio fue el más cálido registrado en España, con una temperatura media de 23,6°C, superando anteriores récords y notablemente por encima de la media histórica. Las altas temperaturas extremas han continuado en julio, con probabilidades superiores al 70% de mantenerse por encima de lo habitual.

La crisis climática ha sido identificada como el principal factor detrás de cerca de 400 muertes (394) en Madrid y Barcelona durante la ola de calor registrada entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2025. El 65% de las muertes atribuibles al calor en grandes ciudades europeas, incluidas estas dos españolas, se vinculan directamente al cambio climático antropogénico, que ha triplicado el riesgo de fallecimientos por calor en dicho periodo.

En toda España, de acuerdo con el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III, hubo 1.180 muertes atribuibles al calor entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025, lo que representa un aumento de más del 1.000% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 70-114 muertes. Según ese sistema de registro, entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025 se han registrado 75 muertes en Castilla-La Mancha atribuidas directamente al calor.

Este número resalta el impacto de las olas de calor de este verano en la región, especialmente en una población mayoritariamente vulnerable, como las personas mayores de 65 años. Pero es mucho más llamativo el análisis comparativo, ya que, durante el mismo periodo de 2024, apenas se habían producido ocho muertes, y en 2023 fueron 25, mostrando el fuerte aumento de 2025. En 2022, uno de los años más duros en registros recientes, se alcanzaron 109 fallecimientos entre mediados de mayo y mediados de julio, mientras que el verano completo terminó con 339 muertes por calor en la región, la cifra más alta de la serie reciente.

La gran mayoría de las víctimas (alrededor del 95%) eran mayores de 65 años y un 59% eran mujeres, reflejando su vulnerabilidad por edad avanzada y factores fisiológicos. En la ola específicamente analizada en ciudades europeas, las personas mayores de 65 años representaron el 88% de las muertes.

Las olas de calor afectan de forma desproporcionada a personas en situación de pobreza y a quienes no pueden mantener su vivienda fresca, lo que incrementa el riesgo especialmente en ancianos, menores y personas con discapacidad. Todo apunta a que, si la tendencia climática no cambia, las olas de calor letales y las muertes asociadas seguirán aumentando en los próximos años.

Para reducir los riesgos sanitarios asociados al calor extremo, el citado Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas Sobre la Salud establece una serie de recomendaciones y medidas dirigidas especialmente a los grupos más vulnerables (mayores, embarazadas, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o hacen ejercicio al aire libre).

Estas son algunas de las medidas preventivas que se consideran clave:

• Mantente bien hidratado bebiendo agua frecuentemente, aunque no tengas sed. Evita bebidas alcohólicas, muy azucaradas o con cafeína.

• Permanece en lugares frescos para lo que debes buscar zonas climatizadas, a la sombra o ventilar tu casa por la noche. Usa cortinas y persianas para evitar el sol directo durante el día.

• Limita la exposición al sol y el ejercicio físico intenso reduciendo la actividad física, sobre todo entre las 12:00 y las 17:00 horas, que son las más calurosas del día.

• Cuida tu alimentación y vestimenta optando por comidas ligeras (frutas, verduras) y usando ropa holgada, ligera y de colores claros. Protege tu cabeza con sombrero o gorra y usa gafas de sol.

• Aplica protección solar usando protectores solares adecuados en las zonas expuestas.

• Atiende de forma especial a los más vulnerables como niños, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas que requieren especial vigilancia y apoyo.

• Nunca dejes a nadie dentro de un coche estacionado y cerrado.

• Consulta los mapas y avisos que ofrece el Ministerio de Sanidad y suscríbete a los avisos de riesgo para tu provincia según la “zona Meteoalerta” de AEMET.

• Consulta al médico si aparecen síntomas relacionados con el calor cómo fiebre alta y persistente, confusión, calambres, dolor de cabeza o malestar general requieren atención médica inmediata.

• Adapta tus horarios y tareas si trabajas al aire libre para evitar las horas de más calor y toma descansos frecuentes en zonas frescas.

Estas recomendaciones están vigentes entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre, aunque la vigilancia puede extenderse si las temperaturas extremas continúan. Además, el Plan nacional utiliza nuevas zonas Meteoalerta para alertar con precisión a la población y, en general, la información se actualiza y difunde diariamente para una mejor prevención.


 

“ESTA NO ES MI ESPAÑA QUE ME LA HAN CAMBIAO”


El episodio ocurrido en la playa de Castell de Ferro, donde varios bañistas persiguieron, cazan y retienen a migrantes que acababan de llegar tras jugarse la vida en una patera, marca un punto de inflexión gravísimo en la convivencia española y merece una reflexión muy crítica sobre la deriva social y política que lo ha hecho posible. Este suceso no es aislado: representa el síntoma visible de un deterioro profundo del clima social, agravado por la polarización y la normalización del discurso xenófobo a todos los niveles.
Históricamente, España ha sido un país caracterizado por la solidaridad y la capacidad de acogida. Tras décadas siendo país emisor de emigrantes, ganó una sensibilidad social especial hacia quien busca una vida mejor. La llegada masiva de migrantes en las últimas décadas fue acompañada de gestos de acogida social, políticas públicas inclusivas y, sobre todo, un relato dominante de empatía y humanidad. Hoy esa narrativa está asediada.
En los últimos meses y años, la proliferación de contenidos racistas y xenófobos en redes sociales se ha disparado. Solo en junio de 2025, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detectó más de 54.000 mensajes de odio en redes, con un preocupante aumento de un 12% dirigido hacia personas del norte de África. El discurso de deshumanización se expande en internet, pero también en medios y debates públicos, facilitando que actitudes de rechazo o incluso agresión física se conviertan en algo normalizado entre parte de la población.
Este endurecimiento de la opinión pública no puede entenderse sin analizar la responsabilidad política de la ultraderecha y el efecto contagio en el resto de las formaciones de la derecha, especialmente el PP. Vox, con su insistente campaña de demonización del migrante, llegando a emplear términos como remigración o pidiendo deportaciones y referéndums de expulsión, ha hecho del rechazo al extranjero una de sus banderas electorales. Pero el problema se agrava cuando esas ideas salen del margen radical y son asumidas, de manera directa o indirecta, por un partido como el PP que ha integrado decenas de propuestas y mensajes de Vox en sus pactos autonómicos y discursos nacionales, a cambio de apoyos políticos.
Las medidas como restringir las ayudas y derechos de los migrantes, exigir residencia legal para acceder a servicios públicos o eliminar subvenciones a organizaciones de apoyo a migrantes, ya forman parte de acuerdos institucionales en numerosas comunidades autónomas. Estos pactos no solo legitiman el discurso de confrontación, sino que amplifican la idea de que el migrante es una amenaza, fomentando un “o ellos o nosotros” que erosiona el tejido social y la convivencia. Al ocuparse más de combatir el efecto llamada que de proteger la dignidad y los derechos humanos, los partidos que antes abanderaban la integración pasan a disputar el terreno moral de la ultraderecha.
Así, la reacción violenta de algunos bañistas en Castell de Ferro, donde, a diferencia de años atrás, en vez de socorrer a los recién llegados se opta por retenerlos con violencia, tiene una raíz política y mediática clara. Como denuncian colectivos sociales, se delega en la ciudadanía blanca el control social, animada y legitimada por un discurso que criminaliza al migrante.
Las consecuencias de este giro son devastadoras, no solo para las personas directamente afectadas, sino para el conjunto de la sociedad española. La polarización, el miedo, la estigmatización y la judicialización de la convivencia facilitan un entorno donde la xenofobia deja de ser marginal y se convierte en bandera política. El propio Observatorio Español del Racismo y del Gobierno ha alertado del coste económico y social de este fenómeno, cifrado en hasta 17.000 millones de euros al año por discriminación en el mercado laboral y educativo.
Por último, resulta profundamente hipócrita que muchos de los que protagonizan o justifican estos actos de rechazo y violencia hacia personas migrantes se autoproclamen católicos o defensores de los valores cristianos. No puede tener esos valores quienes niegan la compasión, la hospitalidad y la ayuda al prójimo que la religión que dicen profesar exige sin matices. Debe ser que su dios distinguía entre nacionalidades y pedía papeles al marginado, al extranjero, al necesitado. Hablar de profesar cualquier religión como estandarte identitario mientras se actúa desde el desprecio, el miedo y la exclusión no solo es una contradicción sino más bien una perversión. Bajo un falso velo de respetabilidad cultural, en realidad traiciona los fundamentos más elementales la dignidad humana.
Definitivamente la actual ola de racismo y xenofobia en España no es un accidente ni una anomalía momentánea. Es fruto de la irresponsabilidad de quienes, por rédito político o electoral, han sembrado odio y polarización. Es inadmisible y profundamente peligroso que, a cambio de apoyos parlamentarios, se legitime un discurso basado en la exclusión y el miedo al diferente. Urge una autocrítica severa y una reacción institucional y ciudadana que devuelva a España su tradición de acogida, justicia y solidaridad ante la tragedia de quienes se juegan la vida buscando la dignidad que aquí algunos, de manera irresponsable, están devaluando. Esta no es la España por la que muchos peleamos contra la dictadura.

miércoles, 6 de agosto de 2025

JUMILLA O EL ARTE DE CREAR PROBLEMAS DONDE NO LOS HABÍA


El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado la prohibición de celebrar las principales festividades religiosas musulmanas, como el final del Ramadán (Aid el Fitr) y la Fiesta del Cordero (Aid el Adha), en espacios públicos y en instalaciones municipales. La medida fue impulsada por Vox y aprobada con el apoyo del Partido Popular, convirtiendo a Jumilla en el primer municipio de España en aplicar una prohibición generalizada y anticipada de este tipo.

La normativa afecta a actos religiosos en la vía pública y en dependencias municipales, por lo que ya no podrán organizarse rezos colectivos ni celebraciones públicas vinculadas al islam. La enmienda aprobada por el PP restringe el uso de instalaciones deportivas y otros espacios municipales para actividades diferentes al deporte, salvo que sean promovidas directamente por el Ayuntamiento. Estas restricciones únicamente afectan de manera explícita a las celebraciones musulmanas, hecho "xenófobo" e "islamófobo", y que vulnera derechos fundamentales como la libertad religiosa recogida en la Constitución Española. El PP argumenta que la limitación es para "todo tipo de religiones", pero la moción y su justificación se centran en evitar las grandes celebraciones islámicas en espacios públicos. 

La prohibición de celebraciones religiosas musulmanas en espacios públicos en un estado de derecho como el español, choca con argumentos sólidos basados en nuestra Constitución y jurisprudencia. El artículo 16 de la Constitución Española protege la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades, permitiendo su manifestación tanto privada como pública, y solo admite limitaciones cuando son necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. La Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa desarrolla este derecho, reconociendo expresamente la celebración de festividades y actos de culto en público, salvo límites estrictos relacionados con la seguridad, la salud o la moral pública. El artículo 14 de la Constitución prohíbe cualquier discriminación por motivos de religión, lo que implica que una normativa que afecte exclusivamente (o de manera dirigida) a un grupo religioso es contraria a este principio de igualdad y puede declararse nula. El Tribunal Constitucional ha reiterado en varias sentencias que el ámbito de protección comprende tanto la dimensión individual como colectiva y social de la libertad religiosa; restringir las manifestaciones externas de una confesión, si no puede justificarse objetivamente en necesidades de orden público, vulnera el derecho fundamental.

El Tribunal Supremo ya anuló en 2013 la prohibición del velo islámico en instalaciones municipales de Lleida por entender que vulneraba la libertad religiosa, la igualdad y el derecho a la participación en los espacios públicos, subrayando que el ejercicio de tales derechos tiene vocación de ejercerse en público y no debe restringirse salvo necesidades imperiosas y con justificación suficiente. La jurisprudencia aclara que los límites a la libertad religiosa deben interpretarse restrictivamente: solo cabe restricción si existe riesgo real y grave para el orden público, y nunca puede fundarse únicamente en el rechazo social o ideológico hacia una confesión determinada.

El Estado español es aconfesional (art. 16.3 CE) y por tanto no puede favorecer ni entorpecer el ejercicio de ninguna religión mientras se respeten las normas de convivencia. Prohibir únicamente las festividades de una confesión rompe este principio, suponiendo una injerencia estatal inconstitucional. Cualquier afectado puede recurrir la medida tanto ante los tribunales ordinarios por el procedimiento  de protección de derechos fundamentales, como ante el Tribunal Constitucional por vía de amparo, con serias posibilidades de éxito dada la doctrina establecida.

La prohibición específica de celebraciones musulmanas en espacios públicos vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales cómo el de libertad religiosa, igualdad y no discriminación, así como la aconfesionalidad y neutralidad del Estado, salvo que exista una amenaza real al orden público. Difícilmente justificable bajo el marco jurídico del Estado de derecho español.


La normalización de la falta de respeto

 En Castilla-La Mancha, durante 2025, se ha producido un preocupante aumento de agresiones físicas y verbales contra personas LGTBI+, acorde con la tendencia nacional. Más de una cuarta parte de las agresiones registradas tienen lugar en espacios públicos, y el riesgo de ataques es especialmente alto en municipios pequeños o zonas rurales de la región. Casos recientes han sido denunciados públicamente en localidades de Ciudad Real y Toledo. Las personas más expuestas son jóvenes (principalmente de 25 a 34 años), las personas trans y aquellas con menos recursos. El informe ‘Estado del Odio’, elaborado para la Federación Estatal LGTBI+, señala que en municipios de menos de 10.000 habitantes de Castilla-La Mancha, el porcentaje de acoso alcanza el 26,4% y el de agresiones físicas o verbales supera el 20%. 

Hoy veía en los informativos, imágenes bochornosas y de miseria moral. En una playa de Granada, un grupo de bañistas persiguió y retuvo por la fuerza a migrantes exhaustos tras llegar en lancha. Esta respuesta ciudadana refleja un repunte de la xenofobia y la influencia de discursos extremos, alejándose de antiguas reacciones solidarias hacia quienes arriesgan la vida cruzando el mar. La escena evidencia el clima de polarización en torno a la inmigración en España y la normalización de conductas de rechazo y hostilidad.

En la España contemporánea, la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones son valores fundamentales, pero esto no exime a la sociedad de la responsabilidad de evitar que dichas libertades se usen para herir los sentimientos ajenos. Cada día, se pueden observar en distintos ámbitos, desde las redes sociales hasta la conversación cotidiana, comentarios o actitudes que atentan contra los sentimientos de los demás. Estos delitos contra los sentimientos pueden estar dirigidos a cuestiones religiosas, culturales, ideológicas, o, como es especialmente sangrante, a la orientación sexual de las personas.

En Castilla-La Mancha, la reflexión sobre los delitos contra los sentimientos y los discursos de odio hacia el colectivo LGTBI+ no puede sino ligarse al esfuerzo institucional que se está llevando a cabo en los últimos años. A pesar de los avances logrados, con una legislación específica, como la Ley 5/2022 de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI que garantiza la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos de la vida social, educativa, laboral y cultural, la realidad cotidiana aún muestra actitudes y expresiones de desprecio, especialmente en zonas rurales o en contextos públicos y digitales. 

La manifestación pública del asco ante las prácticas homosexuales tiene consecuencias profundas. No solo hiere individualmente, sino que contribuye a mantener un clima social de intolerancia y discriminación, y muchas veces está en la raíz del acoso escolar, laboral o social. Estas manifestaciones públicas de rechazo o asco ante la diversidad sexual no solo vulneran derechos, sino que propician entornos donde la intolerancia y el sufrimiento ajeno perviven bajo el amparo de falsos debates sobre libertad de expresión. Estas actitudes, aunque muchas veces amparadas en la libertad de expresión o disfrazadas de opiniones “personales”, pueden llegar a constituir delitos de odio en el marco legal español cuando implican incitación a la discriminación o a la violencia.

La misma situación encuentra eco en otros frentes de vulnerabilidad social, como el racismo y la xenofobia, fenómenos que siguen presentes en la región. Distintos organismos, asociaciones y proyectos están trabajando con especial intensidad, sobre todo entre la población joven, para detectar y desactivar los discursos normalizados de odio y exclusión, ya sea contra las prácticas homosexuales, la identidad de género, el origen étnico o el hecho migratorio. Iniciativas como “Desactiva el racismo y la xenofobia” y actividades impulsadas por entidades como Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha buscan precisamente generar espacios de reflexión, sensibilización y convivencia, convencidos de que la discriminación y el odio, cualquiera que sea su víctima, deterioran la cohesión social y lesionan la dignidad humana.

No obstante, los datos y las movilizaciones también revelan que estos delitos y expresiones discriminatorias se producen y, en ocasiones, se ven alentados por discursos políticos que buscan rédito en la polarización, el miedo y la desinformación. Ante ello, resulta fundamental la reacción tanto de las instituciones como de la ciudadanía para rechazar la normalización del insulto y el odio, y promover activamente la integración, el respeto y la empatía.

En Castilla-La Mancha el verdadero reto continúa siendo la batalla diaria contra los discursos y actitudes que niegan la igualdad de derechos y el respeto, ya afecten a la orientación sexual, al origen o al color de piel. La lucha contra la LGTBIfobia, el racismo y la xenofobia es, en última instancia, un compromiso de toda la sociedad castellanomanchega para ser, de verdad, tierra de derechos y dignidad para todas las personas. No se debe exigir al legislador que actué, cuando no somos capaces de empezar nosotros cómo sociedad a actuar en nuestro día a día. Es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad que todos tenemos, no solo de respetar la diversidad, sino de intervenir, aunque solo sea con palabras de apoyo o rechazo, cuando presenciamos expresiones que agreden los sentimientos y la dignidad de otras personas.



EL HONORABLE DEL CORRALIN TELLADO


El señor Tellado, conocido en su partido cómo el Honorable del Corralín (Corral pequeño para animales), vincula a Aitor Esteban con una mafia corrupta basándose únicamente en declaraciones de terceros y en conjeturas. Hasta la fecha (ya se sabe que nada ese puede afirmar con rotundidad nunca), no hay ninguna imputación ni ningún procedimiento judicial abierto contra Aitor Esteban. La relación entre Antxón Alonso y Santos Cerdán, si efectivamente existió, no implica automáticamente al PNV ni a su portavoz. Es peligroso y profundamente irresponsable hablar de mafias sin pruebas jurídicas, contribuyendo a la degradación del debate democrático.

Que Tellado acuse a Esteban de corrupción sin pruebas mientras, cuando en su partido siguen vigentes tramas judiciales aún abiertas como Kitchen, Ayuso y Avalmadrid, o vinculaciones con Vox y fundaciones financiadas desde el exterior...manda pelotas. Él mismo eliminó de su currículum la referencia a una supuesta titulación de periodismo, tras ser cuestionado públicamente. Resulta una doble vara de medir que revela su uso político de la moralidad, validando la máxima 

El Partido Nacionalista Vasco ha demostrado ser, históricamente, un actor pragmático, con ideología propia y sentido institucional. El honorable del Corralín Tellado insulta hoy a Aitor Esteban y al PNV y, en la misma rueda de prensa, les pide apoyo para derrocar al Gobierno. Esto retrata un nivel de incoherencia grave ¿Desde cuándo pedir apoyo empieza insultando al socio potencial? El PP sabe perfectamente que no ganar elecciones en las urnas no les autoriza a manipular desde los platós con acusaciones sin recorrido legal. Cosa diferente es “si lo quieren saber”

El honorable del Corralín apunta sin escrúpulos a personas sin evidencias, buscando titulares y tensionando el clima institucional, porque no utiliza la política para construir nada, sólo para embarrar y destruir reputaciones. Su estilo de sargento chusquero roza la calumnia, y genera una alarma democrática, porque si normalizamos que con insinuaciones, pero sin pruebas, se puede demoler una carrera, nadie estará a salvo del populismo de barro de gentuza cómo esta.

Resulta curioso que Miguel Tellado, que va por la vida repartiendo carnets de ética, tenga que borrar su propio currículum antes de exigir explicaciones a otros. Si con cada cortina de humo que lanza quisiera apagar un incendio, España sería líder en energías renovables.

¿Habrá probado a lavarse la boca alguna mañana?


La expulsión de migrantes, ¿el principio del gran colapso nacional?


Ante el avance de propuestas políticas que abogan por deportaciones masivas y un endurecimiento migratorio, especialmente promovidas por sectores de la derecha y la ultraderecha, España se encuentra ante una encrucijada crítica que puede tener consecuencias devastadoras para su economía y cohesión social.

De aplicarse políticas de expulsión y restricción migratoria, el impacto sería fulminante: la escasez de personal cualificado azotaría sectores claves como la agricultura, la hostelería, la construcción, el transporte y los cuidados. Estos ámbitos, sostenidos en buena parte por manos migrantes, ya enfrentan graves dificultades para cubrir vacantes; en 2024, el país alcanzó un récord de 150,000 ofertas de trabajo sin cubrir, y la gran mayoría, un 88%, pertenecían al sector servicios, seguido por construcción e industria.

¿Quién aceptaría esos empleos? Ni la contundente tasa de paro, que sigue por encima del 10%, está logrando atraer a los trabajadores nacionales a esos puestos. Por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en hostelería corresponde a migrantes, y el campo o los cuidados dependen, casi al completo, de su esfuerzo. Además, los migrantes han ocupado el 90% del nuevo empleo generado desde 2024.

La expulsión masiva significaría compañías funcionando bajo mínimos, incremento de cargas de trabajo para quienes se quedan, y despidos en cascada. El miedo a quedarse sin papeles empujaría a miles a caer en la economía sumergida, lo que supondría menos ingresos para el Estado, mayor precariedad y peores condiciones para todos.

El golpe no sería solo económico: la ruptura de familias, el aumento de la tensión social y el auge de la xenofobia son consecuencias ya vistas en otras sociedades que apostaron por el cierre y la expulsión indiscriminada. Sindicatos y patronal han dado la voz de alarma frente a estos riesgos, y la vulneración de derechos humanos podría acarrear un rechazo internacional sin precedentes.

Adicionalmente, se olvida el mayor reto demográfico de España: el envejecimiento y la falta de relevo generacional. Sin inmigración y con una natalidad en caída libre, cada vez será más difícil sostener el sistema de pensiones, cubrir servicios básicos y mantener viva la economía, condenando a muchos pueblos a la despoblación y el cierre de comercios.

Frente al mito de que “vienen a quitarnos el trabajo”, los datos y la realidad gritan lo contrario: España no encuentra manos suficientes para los empleos que ofrece, y sin migración, el país avanza hacia un escenario de colapso, menos riqueza y menos derechos para todos.

lunes, 4 de agosto de 2025

La conciencia social, una batalla silenciosa

Durante décadas, la educación ha sido considerada una palanca fundamental de justicia social, motor de desarrollo y herramienta de emancipación. En ella florecía el pensamiento crítico, se formaban ciudadanos, no solo trabajadores, y se cultivaban los valores democráticos y la capacidad de cuestionarnos el mundo. Pero en la actualidad, esa función transformadora se encuentra en peligro. Lo que debería ser un espacio de libertad se ha convertido en un campo de batalla ideológico y político.

Durante los últimos años se ha intensificado un proceso de cada vez más tecnocracia en el sistema educativo, donde la lógica de que el objetivo de la formación solo es empleabilidad ha reemplazado a la de una formar para facilitar el pensamiento crítico. En vez de fomentar habilidades de análisis, de argumentación e interpretación, se priorizan las competencias productivas al estilo empresarial. Disciplinas como la filosofía, la historia del arte y la literatura han visto reducido su espacio curricular, debilitando los cimientos del razonamiento autónomo. Como advirtió la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, “una democracia necesita ciudadanos que piensen por sí mismos en lugar de repetir consignas”.

Pero la transformación de los individuos no se da sólo dentro del aula. Los ataques políticos a docentes, sindicatos del sector y figuras intelectuales se han multiplicado, especialmente en contextos de creciente polarización. Se acusa a los profesores de “adoctrinar” o de “politizar” la enseñanza, cuando simplemente ejercen su facultad crítica. Esta criminalización del pensamiento no es casual: cuanto más desconectada esté la educación de la realidad social, más fácil será manipular esa sociedad desde otros frentes discursivos.

Así es como, en paralelo, se construye desde medios de comunicación y redes sociales una narrativa simplista y divisiva, que se alimenta de falsos enemigos: el inmigrante que nos “roba el empleo”, el “vago” que vive de las ayudas sociales, o el “progre” que impone su moralina. Esta fragmentación no es casual, sino estratégica, y busca desarticular la solidaridad histórica entre clases medias y clases populares. Y la verdad es que lo logra, provocando miedo, resentimiento y un repliegue hacia el individualismo.

Mientras tanto, los avances sociales reales se tiene gran interés en que sean invisibilizados o banalizados. Resulta significativo que, en una década marcada por la crisis y el reajuste económico, el Salario Mínimo Interprofesional en España haya pasado de 655€ en 2016 a 1.134€ mensuales en 2025, lo que representa un aumento de más de un 70%, pero sin embargo  eso no ha generado ningún gran titular. Lo mismo ocurre con el desempleo, en nuestro país que ha descendido del 20.8% en 2015 al 10.4% en julio de 2025, una mejora que no encuentra eco en los discursos dominantes. Estos números no son promesas incumplidas, sino indicadores concretos de que algo se ha movido en favor de las mayorías sociales.

Sin embargo, a la derecha no le preocupan los datos, sino que quiere  acceder con el relato, cómo los datos son buenos, no lo disputan en base a los datos. Como explicó el filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés Michel Foucault, quien controla el discurso controla lo que se puede pensar y decir. Hoy, cómo ocurrió durante la dictadura franquista, ese relato está siendo moldeado por quienes temen una ciudadanía informada y libre. Por eso la erosión de la educación crítica es fundamental para un modelo de poder que prefiere súbditos obedientes a ciudadanos activos.

En este contexto, defender la educación como bien público ha dejado de ser una tarea técnica, para convertirse en un acto político. Y urge que eso cambie, porque sin pensamiento crítico no hay democracia real, y sin democracia, solo nos quedará el relato impuesto por quienes ya han conseguido tener primero el control económico, luego el mediático, y ahora también el cultural. Están convirtiendo la sociedad en su cortijo privado, cómo hacen cuando llegan a las instituciones.


domingo, 3 de agosto de 2025

España ante un espejo roto, entre la rabia y la esperanza.

España ante un espejo roto, entre la rabia y la esperanza.

España despierta cada mañana bajo el peso de una crispación que no cesa, como si la herida de sus disputas internas nunca terminara de cicatrizar. Vivimos un tiempo de rabia, de malos sueños que vemos proyectados sobre las pantallas de nuestros móviles y televisores. Nuestra sociedad se ha convertido en una escena tensa donde el enemigo*ya no es un adversario ideológico, sino la encarnación del mal mismo.

Cada día, desde los micrófonos encendidos de los platós hasta los tuits bien calibrados por gabinetes de estrategia política, asistimos a una guerra por el relato. Un relato que ya no busca entendimiento, sino victoria. Es el reinado de la difamación, donde la verdad es secundaria frente al impacto comunicativo. En este circo de sombras, la judicialización de la política se ha convertido en herramienta de desgaste más que en instrumento de justicia, con un uso selectivo que apunta casi siempre en la misma dirección. Hay incluso una connivencia implícita entre ciertos sectores judiciales y poderes invisibles, donde los banquillos se convierten en platós y las imputaciones, en arma política.

Los partidos, atrapados en una espiral creciente de lo que es la antipolítica, han abandonado el diálogo. Su estrategia se reduce a la polarización y la judicialización, aunque muchas veces sin base penal sólida. No se trata ya de gobernar juntos o incluso de competir limpiamente. Se trata de destruir al otro. Convirtieron al adversario en amenaza, en una amenaza sin matices. 

En esta España de hoy, se falsifica la política mientras se multiplica su espectáculo. Las palabras "libertad" e "igualdad" son lanzadas al aire por unos y otros, usadas como proyectiles. Pero ¿en manos de quién están cayendo estos conceptos?, ¿cómo pueden utilizarse para hacer justo lo contrario de lo que representan? ¿Cómo es posible que en nombre de la igualdad se niegue la pluralidad, y en nombre de la libertad se desmonte lo público? La educación parece el único antídoto, y sin embargo es lo primero que se degrada.

Bajo la superficie, en esta dictadura de los ricos disfrazada de democracia representativa, el mercado avanza allí donde el Estado se retira. Vivimos en un proyecto de desmantelamiento sistemático de lo público. Es la lenta liquidación del Estados, sustituido por una pieza más de un puzle que llamamos mundo globalizado, que tristemente está regido por intereses que no votamos y que no rinden cuentas a nadie. Nuestros barrios ven cómo los servicios se evaporan y cómo se vende por unas monedas el despojo de lo que ya está muerto. Como en una escena de película, estamos asistiendo al amanecer de los muertos vivientes, de una política que camina sin alma entre nosotros, solo para aparentar que todo sigue igual mientras nada permanece.

El racismo vuelve a mostrarse sin pudor, sin vergüenza, sin cortinas. La migración africana, uno de los grandes retos del siglo XXI, no se aborda desde la humanidad ni el derecho, sino desde la criminalización y el miedo. No se explican las causas, no se promueve la integración: se agitan los datos, se encienden las cámaras ante la llegada de pateras, se señalan sus rostros, se generaliza la sospecha.

Mientras tanto en paralelo, el feminismo, una lucha histórica por dignidad y reconocimiento, es manipulado y distorsionado. Hay quienes lo utilizan como coartada para políticas excluyentes, y quienes lo desacreditan como si fuera un lastre social. En los extremos, se quiere desgastar una causa colectiva que debería ser patrimonio de todos.

La corrupción política nunca se ha ido del todo, era mayor en el franquismo paro la tan halagada transición no la borró de nuestro día a día; hoy la corrupción ha aprendido a ir más rápido que los titulares. Se camufla entre fundaciones, contratos opacos y discursos incendiarios. Y, como si no fuese suficiente, los discursos de odio crecen al abrigo de una comunicación digital que ha roto cualquier filtro que signifique responsabilidad.

En este contexto de país, la comunicación humana ya es inseparable de sus vinculaciones con las informaciones tecnológicas. Vivimos dentro de algoritmos ajenos que nos dicen lo que debemos pensar y nos aproximan solo a quienes opinan como nosotros. La conversación y mucho más el debate se han agotado. No hay matices, no hay escucha, solo bloques que se repelen entre ellos, y lo que es peor aún, del eco de sus propias certezas.

Y, sin embargo, muy a su pesar de ese pensamiento ultraliberal, hay algo que no se ha perdido del todo cómo es la capacidad de emocionarse. Porque todavía duele ver a alguien injustamente en un banquillo, todavía estremece la imagen de un niño tiritando al alcanzar una orilla, todavía conmueve un cuerpo demacrado por la hambruna, y genera en muchos de nosotros una protesta sincera. Quizás ahí siga latiendo la única semilla que garantice un mañana: la fraternidad. 

Tal vez, precisamente por eso, quienes todavía creemos en el diálogo, en lo común, en la posibilidad de entender al otro, debemos ser más conscientes. La educación crítica, la cultura libre, el pensamiento autónomo son trincheras cívicas que deben resistir esta avalancha de ruido. Porque si ya a duras penas hasta los muertos hablan, al menos que su voz nos recuerde que en algún momento en este país supimos construir algo juntos.

Hoy, España está frente a un espejo roto, uno que refleja fragmentos de verdad distorsionada. Habrá que recomponerlo pieza a pieza, sin negar el d

Radiografía de la desigualdad ante la justicia en España


En España, la percepción de que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad no actúan del mismo modo con todos los ciudadanos ha alcanzado una nueva dimensión con la reciente evolución del caso Montoro. La investigación, que lleva más de siete años activa, pone en evidencia obstáculos estructurales y resistencias internas que han impedido esclarecer completamente las acusaciones contra el que fuera todopoderoso ministro de Hacienda durante el gobierno del PP. Existen unos datos extraídos del sumario que nos hacen  concluir que la igualdad ante la ley se convierte en un espejismo cuando se trata de los poderosos.

El sumario judicial contra Equipo Económico, la consultora fundada por Montoro y uno de sus principales vínculos con el poder político y empresarial, se ha visto obstaculizado por múltiples factores: enfrentamientos en la Fiscalía Anticorrupción, pasividad de la UCO y decisiones judiciales que han frenado las pesquisas más comprometedoras. La fiscal responsable del caso denunció la falta de colaboración de la Guardia Civil y la oposición abierta de sus superiores para profundizar en el uso de información confidencial, señalando posibles delitos de revelación de secretos y obstrucción a la justicia.

Los correos electrónicos incautados por los Mossos d’Esquadra revelaron no solo acciones a favor de empresas gasísticas, sino también un flujo privilegiado de datos reservados hacia Montoro sobre adversarios políticos y periodistas críticos. Sin embargo, la investigación sobre el uso de esa información en beneficio propio fue abortada por una decisión colegiada de fiscales, cerrando la puerta a posibles responsabilidades penales. El propio sumario recoge cómo la fiscal fue sancionada por intentar impulsar la causa más allá de lo autorizado.

Se consolida una narrativa de desconfianza profunda hacia las instituciones. Es difícil no tener la percepción de que existe una corrupción estructural y extendida en las altas esferas políticas y administrativas. Es bastante grave la desconfianza hacia la actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acusada de inacción selectiva y encubrimiento, lo que hace prevalecer el convencimiento de que los altos cargos reciben un trato privilegiado frente a la ley. El rechazo de pruebas clave por defectos formales es una puerta abierta a la impunidad. El asunto obliga a creer en la existencia de redes ocultas que manipulan expedientes e investigaciones dentro de la Administración.

Y luego hay otros aspectos que no resultan menores cómo  la sensación de que existe una protección interna entre fiscales, jueces y agentes. Esto invita a sospechar en la persistencia de un sistema que sigue arrastrando vicios e ideologías autoritarias, lo que conlleva a un sentimiento de impotencia ante la dificultad de regenerar el sistema desde la base, y a asumir que los grandes intereses económicos están alineados para protegerse mutuamente.

Necesitamos un verdadero cambio que garantice igualdad, control democrático y saneamiento institucional. Porque en este contexto, el caso Montoro se convierte en un emblema más de la desigualdad, y nos recuerda que la regeneración democrática y la limpieza institucional siguen siendo tareas pendientes que requieren algo más que simples declaraciones de intención. Que el PP utilice el informe GRECO para pedir la dimisión del presidente, es para recordarles que la decencia bien entendida empieza siempre por uno mismo, y que su gestión al frente de diferentes gobiernos de nuestro país también está siendo valorada en ese informe.



sábado, 2 de agosto de 2025

La memoria puede molestar, pero la verdad no tiene remedio

Hoy he estado escuchando en las redes a gente joven que niega que el franquismo llegó por un golpe de estado, que no fue una dictadura y que no mataron a muchos inocentes. Me ha molestado escucharles, pero no pueden reescribir la historia por mucho que repitan  lo que no es verdad. La ley de memoria histórica, algo que cren innecesario, nos recuerda como la represión con unos, era su manera de imponerse a través del miedo en los demás. A todos esos negacionistas les dedico este relato que tuvo unos protagonistas y un lugar que no nombro para no herir a nadie.

La memoria puede molestar, pero la verdad no tiene remedio

Corría julio de 1936. El aire de aquella mañana ya no era aire: era presentimiento. Todo olía a pólvora, a rabia cocinada a fuego lento, a hueso quebrado antes de oír el disparo, pero nadie huía. Porque hay momentos en que el miedo no empuja a correr, sino que paraliza. Como la mirada del condenado, como la calma enferma de una ciudad que intuye su final y se deja caer.

El comandante entró como entran en un templo sus profanadores. Con la arrogancia blindada de quien ya ha desollado pueblos antes y sale ileso del horror. No hablaba, dictaba. No caminaba, ocupaba el espacio. No llegaba, aplastaba. Era el amo de la muerte, a él nunca le temblaba la mano. La ciudad se rindió antes de resistirse a nada. Ninguna barricada que asaltar. Ninguna bandera alzada que quemar. Solo una llamarada negra al sur, una mordida de humo donde solía haber casas, risas, ventanas. 

Uno a uno, los pueblos caían como fichas cansadas de un domino macabro. Uno de ellos, apenas un punto en el mapa sirvió cómo ensayo de la siguiente  matanza. Una demografía que quedó reducida a un listado de cadáveres con nombre, y de ataúdes sin dueño. Allí quedaron los cuerpos, tendidos como animales, secándose sobre las piedras calientes, mientras el sol los despedía sin que pudieran despedirse.

Pero el verdadero destino del viaje no era ese. El verdadero objetivo era servir para dar ejemplo. Gritar bien alto para hacerse escuchar en el idioma universal del miedo. La caída tenía que retumbar, ser una advertencia de que aquí también puede ocurrir. La tarde del 26 de julio, la plaza ya no era plaza. La habían convertido en una caja de ecos y humo, en un horno de gritos. Juan, el guardia de asalto, cruzaba el empedrado con los pasos de un náufrago, entre dos hileras de cuerpos a las puertas de dejar de ser nombres. Un teniente con la muerte en forma de voz leía en voz alta su inventario trágico: “Éste sí. Aquél también. Ése no verá amanecer”. Todo el calor se reunía en los cañones de los fusiles. Cada balazo era el punto final un escrito hecho sobre carne viva.

Juan no era un héroe, sólo un hombre, lo que, en esos días, ya era casi un milagro. Escondido bajo su uniforme y helado por su miedo, todavía era capaz de reconocer el temblor que causa una mínima esperanza en los ojos de un prisionero. Se acercó con furtiva ternura, la ternura convertida en un acto de resistencia, le lanzó un pañuelo blanco, único pasaporte hacia la vida. “Átalo al brazo izquierdo y sígueme. No corras ni mires atrás.” Salvar a uno, aunque sea apenas uno, contra el río de sangre de la plaza. Contra el estruendo de los brindis en el bar vecino, entre soldados borrachos de victoria, de vino barato y de su impunidad recién estrenada. 

El agua de los lavaderos de la plaza bajaba roja, arrastrando fragmentos de humanidad que ya nadie se atrevería a reclamar. El comandante, ajeno a la contradicción vivida por Juan, se acariciaba la hombrera pulida de su uniforme. No le brillaban los ojos, solo le brillaban las medallas. No era un guerrero, era un contador de cuerpos, un contador de muertes, un clasificador de víctimas. A su alrededor, legionarios y mercenarios curtidos en otras matanzas, muchos de ellos con rostros sin alma, llegados desde otro lugar para enseñar cómo se mata de forma metódica. Ni los falangistas locales podían seguir su compás de crueldad.

La mañana siguiente trajo más de lo mismo. El infierno había decidido quedarse en la plaza del pueblo. Los nuevos detenidos llegaban, aún aturdidos, preguntándose si era cierto lo que sus ojos veían. Los tendían boca abajo, sobre charcos de sangre aún tibios, y los alineaban como se alinea a animales o ganado para sacrificar. Veinte centímetros entre cuerpo y cuerpo, medidos por la regla de la muerte. Y disparaban a uno tras otro, no por odio, no por rabia. Por obediencia, por orden, por rutina. Los cuerpos ya no eran cuerpos sino montones. Apilados como sacos, como las cifras gruesas de un parte de guerra.

Juan volvía a caminar entre ellos, y aún no lloraba, aún no hablaba. Se preguntaba si se puede vivir después de eso, si su vida puede tener un después. Mientras en el bar, sus compañeros reían, él dejaba intacto el vaso de vino. No quería brindis, ni  quería olvido. Al salir, la sangre se mezclaba con el polvo dorado de la tarde. Una despedida sin palabras. No era una pesadilla, era la historia, y apenas acababa de  comenzar.

Los cronistas lo contaron después, pero a medias, con letra temblorosa, como quien escribe y borra a la vez. A la ciudad la quisieron silenciar, pintarla de olvido y limpiar con homenajes el uniforme del asesino. Le dieron calles, escudos, medallas, aplausos y ascensos. Pero el olvido no llega porque la memoria no se rinde tan fácil. Los que vieron, los que vivieron, los que enterraron a sus hermanos y no murieron en el intento, guardaron el fuego bajo la piel. Un fuego lento, que no hace ruido, pero nunca se apaga.

Tuvieron que transcurrir décadas, para que después, en aulas universitarias, en reuniones distraídas, en asambleas medio marchitas, alguien nos decía, en voz baja: “Eso fue lo que pasó en un pueblo, no muy lejos, un 26 de julio, en una plaza.” Y todos se callaban, no por desconocimiento, sino por respeto. Porque nadie recuerda una canción para ese recuerdo. Nadie hizo una marcha solemne ni levantó una bandera. Sólo quieren que quede un silencio. Pero un viento frío recorrió los pasillos de muchas facultades, pero muchos, muchos años después de que callaran los cañones.

Porque la historia de verdad no la escriben los vencedores. La graban los sobrevivientes con la tinta negra del horror, en el corazón abierto de los que aún miran atrás en la historia. Porque no era una pesadilla, era la historia. Aunque pretenden que pienses que nunca ocurrió


¡Qué dimita Sánchez! Es que son tan originales…


Da igual que se trate de una operación a corazón abierto, un incendio, un volcán, una pandemia, todo se soluciona “artomáticamente” para el PP si dimite Sánchez. Hoy ya hasta The Economist, que pone por los cielos la evolución de nuestra economía respecto al resto de las europeas y mundiales, también entra en política (siempre habló de economía) cree que Sánchez debe dimitir. Estoy por pedirlo yo también si mis hijos encuentran casa a precio asequible, ya sea alquiler o compra, pero me huele que no van a regalar las casas cómo parece que ocurrirá si nos ponen otro gallego de presidente, aunque su paisano predecesor no nos trajo casa sino chorizos.

Antes de ayer les tocaba pedirlo por el procesamiento del fiscal general, ayer por el curriculum del delegado para la Dana, y hoy les toca pedir que dimita Sánchez por el informe GRECO. Les da igual el motivo. ¡Cansinos, que sois muuuu cansinos!

El informe GRECO 2025 reitera críticas ya conocidas: España sigue sin aplicar plenamente ninguna de las 19 recomendaciones de la 5ª ronda referentes a la prevención de la corrupción en las altas funciones ejecutivas y las fuerzas de seguridad, aunque sí constata aplicación parcial en la mayoría de ellas y reconoce ciertos avances, como iniciativas de integridad y ética pública o la creación de nuevos órganos y normas orientados a reforzar el control y la transparencia. Sin embargo, persisten déficits notables: falta una regulación efectiva de lobbies, hay carencias en la transparencia de agendas, la figura del aforamiento político no se ha reformado, y la independencia de órganos clave todavía no está asegurada.

Respecto a la reclamación del PP (dimisión del presidente y convocatoria de elecciones por una supuesta “corrupción estructural”), deberíamos poner las cosas en su sitio y los puntos sobre las ies.

Por si Alberto y sus chicos quieren meter el gol por la escuadra sin siquiera chutar el balón, hay que saber que es el informe GRECO.  Es un instrumento de presión y orientación internacional, no coactivo, que sus recomendaciones son valiosas para mejorar la calidad institucional, pero no vinculantes jurídicamente, y que no cumplirlas puede tener efectos en la calidad democrática, pero las consecuencias jurídicas directas son inexistentes salvo que se deriven de la legislación nacional o europea. Esos déficits no suponen, por sí mismos, corrupción penalmente relevante a menos que se materialicen en conductas concretas.

Y algo que el PP parece olvidar, que es imprescindible que todas las formaciones políticas contribuyan a pactos amplios para cumplir las recomendaciones GRECO y garantizar así integridad, transparencia y confianza ciudadana en las instituciones. El debate debe situarse en términos de regeneración institucional, transparencia y mejora de controles internos, alejando la instrumentalización partidista y favoreciendo la asunción colectiva de reformas imprescindibles. Pero ya se sabe que esto con los de Feijoo volcados en una cacería sin cuartel, es algo ya no imposible, sino impensable.

Lawfare: cuando el castigo son el tiempo y la pena del telediario


En los últimos años, el término Lawfare se ha consolidado como un concepto candente en la pugna política y judicial. Convencionalmente se le define como el uso ilegítimo o estratégico de los procesos legales con fines de debilitar, inhabilitar o desacreditar a adversarios políticos o figuras públicas. Sin embargo, en estos tiempos de sobre y desinformación, y de hacer virales en las redes las cosas, urge reformular este fenómeno bajo una nueva óptica: em la Lawfare lo que realmente importa, y constituye el arma de destrucción reputacional, no es tanto la sentencia final, sino el tiempo que transcurre desde la denuncia y su difusión mediática hasta que se produce un fallo definitivo.
En el sistema judicial español, la tramitación de una causa penal puede alargarse meses o años, entre la fase de instrucción (12 a 18 meses o más en casos complejos), las vistas, recursos y, en última instancia, la ejecución de la sentencia. Pero para el denunciado, en lo que a su imagen pública y vida privada se refiere, la condena empieza en el momento en que su nombre aparece en una denuncia, aceptada a trámite por un juez y recogida en titulares de los informativos.
Este lapso, que puede abarcar años de apariciones periódicas en informativos, tertulias y redes sociales, genera lo que se denomina pena de telediario, o dicho de otro modo, un juicio paralelo masivo que somete al acusado a la sospecha social, la cancelación profesional y el desgaste personal, aunque posteriormente resulte absuelto o archivada la causa. La naturaleza prolongada del proceso judicial multiplica los impactos públicos y privados de esta pena mediática.
La pena de telediario es realmente un castigo preventivo con independencia de la culpabilidad o inocencia legal. Los medios, guiados por la inmediatez, por convertir todo en espectáculo, y por la competencia informativa entre ellos, amplifican las acusaciones que todavía no han sido judicialmente probadas, facilitando así que se produzca una condena social anticipada que resulta difícil revertir, incluso en caso de absolución definitiva.
Esta dinámica generada por la presión pública y la agenda mediática trasciende la acción institucional del poder judicial, porque la sentencia absolutoria nunca repara el daño reputacional ya causad. El impacto incluye, en muchos casos, el aislamiento profesional, la destrucción de relaciones personales y la pérdida de confianza social, quedando el acusado marcado en la memoria colectiva más allá del resultado procesal.
Desde esta perspectiva, el Lawfare moderno debería definirse no sólo como el uso político del derecho para neutralizar a adversarios, sino como una estrategia donde el auténtico castigo reside en el periodo de exposición mediática y social al que se ve sometido el denunciado. El proceso judicial deja de ser un camino hacia la verdad y la justicia, para convertirse en un instrumento de desgaste por la vía del linchamiento social sostenido por el tiempo. El verdadero poder de la acusación reside en la penalización previa que recae sobre el acusado durante todo el proceso.
Da igual culpable o inocente, el tiempo de exposición es ya, en sí mismo, la peor condena y en muchos casos la más temida.

El incendio que siempre quema al otro

 En España, todo arde menos la ironía. Montañas, pinares, pueblos enteros… pero lo único que se mantiene fresco es la habilidad de nuestros ...