ASÍ HE VISTO LA COMPARECENCIA DE FEIJOO SOBRE LA DANA

Cuando esta mañana Feijóo acudió a la comisión de la DANA, el Congreso ya parecía estar cansado, como si de una oficina de reclamaciones se tratase. Lo digo porque todos sabíamos que nadie saldría de allí con lo que venía a buscar. El espectáculo estaba escrito desde hacía semanas y la única incógnita era el número de veces que el compareciente pronunciaría la expresión “emergencia nacional”.

Feijóo apareció con expresión de solvencia ofendida de un director general cuando los pillan amañando la contabilidad.  Estaba más molesto por tener que dar explicaciones, que preocupado por los doscientos treinta muertos que habían justificado su presencia. Era como si la tragedia solo fuera un inoportuno contratiempo en la agenda de un líder destinado a cosas más importantes y  elevadas.  Se sentó, respiró con profesionalidad de actor y empezó a desgranar el relato que ya traía ensayado de ante la jueza, cómo quien recita una lección que no se cree, pero le ha dado el resultado que buscaba: hacer ruido para no tener que dar cuentas de nada. 

El genio gallego ha explicado que la DANA no era una simple catástrofe regional, sino una “emergencia nacional” de manual, en ese tono doctoral de los políticos cuando sospechan que la realidad no les acompaña.  Según su reconstrucción, el verdadero fallo no residía en la Generalitat, ni en el Consell de Mazón, ni mucho menos en el partido que gobernaba la Comunitat, sino en “el Estado”, que lo mismo le sirve para justificar un recorte que para esquivar una responsabilidad.  La Confederación Hidrográfica del Júcar y la AEMET según Feijoo son los villanos de la función, unos señores que tenían la capacidad de arruinar la gestión de cualquier gobierno.

Y no se olvidó del ventilador al afirmar que ninguna administración estuvo a la altura, en un alarde de generosidad abstracta, pero olvidando que algunas fallaron más que otras. Por supuesto que, para él, eran siempre las mismas.  La frase, pronunciada con solemnidad, tenía la ventaja de parecer autocrítica, pero sin rozar en ningún momento al compareciente.  En resumen, un brochazo de culpa universal, seguido de una minuciosa relación de errores siempre ajenos.

Ahí fue cuando apareció Mazón (no en persona), y  Feijóo lo presentó como “el único que asumió responsabilidades”, un mártir que, por el noble gesto de renunciar a medias, quedaba milagrosamente “reconciliado con los hechos”.  La dimisión parcial la elevó a la categoría de sacrificio heroico, mientras sugería, con la técnica impecable de un contorsionista moral, que el verdadero pecado residía en la resistencia de Sánchez a dimitir por todo, incluida la DANA, la gota fría y las marejadas del Cantábrico.

La operación del PP era para la galería: se entregaba una pieza autonómica menor, se blindaba al líder nacional y se apuntaba con el dedo acusador al adversario de turno.  El resto solo eran detalles administrativos, tan prescindibles como las 240 víctimas, que sólo aparecían en forma de cifra redonda cuando era conveniente.  Cuando algún diputado se empeñaba en recordar que la gestión de la emergencia era esencialmente autonómica, Feijóo respondía con una mezcla de fastidio y condescendencia con la gestión mazonica.

Feijoo ha mentido varias veces en la comisión cómo al afirmar: que la Confederación Hidrográfica del Júcar no dio información al Cecopi; que falló la información para tomar las decisiones en el momento oportuno; que el Gobierno fue contra la Generalitat Valenciana desde el primer instante; se han dejado caducar las obras del barranco del Poyo, cuando el estudio de impacto ambiental caducó con Rajoy; que el Gobierno no se puso al mando del operativo cuando debería saber que solo se puede poner al mando de una emergencia cuando se declara una emergencia de situación 3. Pero sigue empeñado en su falso relato.

Pero para mí, espectador, lo más llamativo no ha sido el contenido, sino el contraste con aquel Feijoo que, al llegar a la presidencia del PP, proclamó que venía a “hacer política con mayúsculas”.  Entonces hablaba de moderación, de institucionalidad, de seriedad frente a la crispación, como si se supiera de memoria los artículos del Código Civil.  En aquel discurso inicial pronunciaba menos sus tres compromisos: asumir responsabilidades propias, reconocer errores de los gobiernos amigos y no usar el dolor ajeno como munición de campaña. La comparecencia de la DANA se encargó de tachar los tres.  Ni rastro de autocrítica real, ni un atisbo de incomodidad al describir la actuación del Consell de Mazón, ni un momento de pausa para admitir que quizá la Generalitat, con sus competencias y sus presupuestos recortados a mayor gloria de la bajada de impuestos, podría haber hecho algo más que mirar al cielo.  

En lugar de eso, la “emergencia nacional” se convirtió en una expresión solemne para envolver el desastre en el celofán patriótico de la derecha y repartir la culpa en cómodos plazos entre Madrid, las confederaciones, los meteorólogos y, si se tercia, el cambio climático. Bajo la capa de retórica institucional, la lógica era bastante más de a pie: proteger al bloque territorial del PP.  La frase “Mazón actuó con la información que tenía” es el salvoconducto moral para el máximo responsable, mientras que con el “falló la información del Estado” juega su comodín acusador.  Comprensión y exculpación para el aliado autonómico; exigencia máxima y reproche implacable para el adversario estatal.

Al terminar, Feijóo se levantó con la misma arrogancia con que había entrado, convencido de haber demostrado, una vez más, su talante de hombre de Estado incomprendido y el país siguió contando muertos y reparando casas. En alguna carpeta, ya amarillenta, tendrá guardado aquel lema de “política con mayúsculas”, ese que trajo para adornar sus discursos.

EN FAMILIA

En las comidas de Navidad de la familia Gómez Gómez se habla, y mucho, de sanidad. Marciano Gómez Gómez es el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana y un experimentado empresario del sector. Su hermano, Juan David Gómez Gómez, es gerente de la conocida Clínica Benidorm, recientemente incorporada a Ribera Salud por 120 millones de euros, y su pareja, Sonia Hernández, es desde 2021 directora financiera de Ribera Salud, a su vez concesionaria del hospital público privatizado del Vinalopó (Elche-Crevillente).

Sonia Hernández es la persona que negocia con la Generalitat Valenciana las liquidaciones de la concesión privatizada, justo frente al departamento que dirige su cuñado, Marciano Gómez.

Una relación que, a tenor de la cercanía familiar, podría hacer presumir algún tipo de incompatibilidad. Pero no, debe ser casualidad.

La guerra que perdimos en la paz

Hay cosas que uno lee y le hacen pensar cuantas cosas se pueden decir para disfrazar algo. Dicen que, en España, a la guerra civil la perdimos todos. Y hasta esa errata suena a programa político, porque aquí, donde se entierra tan bien a las personas, se cultiva mejor el rencor que la memoria sino el rencor, y esa siembra da una cosecha que nunca se acaba.

En la situación en que tenemos el patio patrio, organizar unas jornadas para hablar de la guerra y de sus ecos, es añadir al ambiente esa historia que sigue oliendo a cunetas, pero también a naftalina en los despachos. Por muy encuentro académico que lo definiese, por muchas palabras educadas y domesticadas que dijese, este país que presume de libertad no tardó un minuto en abalanzarse sobre un escritor por ejercerla diciendo “no voy”. Davis Uclés, eligió no sentarse en la mesa. Le han llamado de todo los guardianes de la pureza, soldados ideológicos que confunden discrepar con traicionar y ser crítico con realizar un acto de herejía.

Hay quien ve la historia desde el otro lado, y respondió con rabia en nombre de las víctimas y de la historia. Hablar de que “la guerra la perdimos todos” suena a truco de prestidigitador, a poner una frase brillante en el cartel, pero a la vez letal para la memoria. Solo los vencedores tuvieron desfiles, misas, placas y dictadura, porque los vencidos lo que tuvieron fueron fosas, silencio y miedo. Poner todo en un mismo saco es como decir que el verdugo y la víctima comparten una mala experiencia. La equidistancia es un maquillaje que sale barato, porque no cura las heridas, solo las disimula para que no se noten en la foto. 

No es solo la guerra lo que se discute, es el modo en que hablamos de ella. Unos invocan la libertad de expresión como un salvoconducto pero olvidan que las palabras también hieren cuando con ellas se blanquea la injusticia. Otros enarbolan la memoria como escudo y olvidan que recordar no significa prohibir que el otro hable, sino escuchar para responder mejor. El resultado es un debate de sordos donde cada cual grita para su propia hinchada y nadie se toma el trabajo de entender al rival, ni siquiera para rebatirlo con precisión.

Mientras que la plaza pública se llena de espectadores. Algunos celebran entre risas la retirada de un humorista cansado, Héctor de Miguel, como si cada cansancio no fuera también una derrota del espacio común donde aún se podía dudar, exagerar y equivocarse sin que ardiera el cielo. Aplauden la renuncia como quien aplaude un gol en propia puerta, sin saber que el partido lo pierden ellos. El humor y la comedia se retiran, mientras el odio anuncia una nueva temporada.

Vivimos ahogados en la exuberancia de la miseria. Hay tanto desprecio circulando que cada polémica es un escaparate donde se expone lo peor de cada uno, el insulto fácil, la sospecha continuada, el ajuste de cuentas hasta con desconocidos. La guerra terminó hace décadas, pero el negocio del odio es hoy una tienda abierta 24 horas.

En el fondo, las jornadas son lo de menos, porque no nos engañemos, da igual si se celebran o se suspenden, si se corrigen los errores o no. Lo importante es ver en los medios cómo hemos convertido el acto en un examen de pureza, la no asistencia en deserción, cualquier matización en una herejía. Y así, mientras discutimos si la guerra la perdimos todos, perdemos los pocos lugares donde todavía era posible conversar sin acabar sacando la navaja.

La pregunta no es quién perdió la guerra, sino quién está perdiendo la paz. Porque la paz es la presencia de palabras que no buscan matar. Y en este país que entierra tan bien, seguimos excavando cada día nuevas fosas para enterrar las dudas, la complejidad y la frágil posibilidad de escucharnos sin tener que destruirnos.

Insultan al presidente del gobierno

Señora Navarro Cañete, cuando una representante pública del Partido Popular insulta al presidente del Gobierno en un acto democrático, no hiere solo a una persona, sino a la propia dignidad institucional que usted juró respetar. El insulto es el refugio de quien carece de razones y la negación más explícita de la política como servicio público.

Quien se sienta en una corporación municipal tiene la obligación de dar ejemplo de respeto, no de agitar el odio que tantos años nos costó desterrar de la vida pública. No hay discrepancia ideológica que justifique la grosería ni la agresión verbal. La crítica política debe sostenerse en argumentos, no en exabruptos.

Por eso, su comportamiento exige algo más que disculpas: necesita una reflexión profunda del Partido Popular sobre qué valores está transmitiendo cuando ampara o silencia este tipo de actos. Porque, como en la vida, no todo vale en política

Residencias, liderazgo y propaganda: presumir con nuestros mayores

El presidente de Castilla-La Mancha se felicitaba estos días: asegura que estamos entre las comunidades con más plazas de residencias de mayores financiadas con dinero público. Debe ser uno de esos días, que toca reforzamiento del departamento de propaganda: liderazgo social, compromiso con los mayores, orgullo de región puntera. Pero, antes de aplaudir, conviene preguntarse qué hay detrás de esa palabra mágica, “liderazgo”, y cuánta realidad cabe en el eslogan.

Los datos son buenos, nadie lo discute. La Asociación de directoras y gerentes en Servicios Sociales sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad que más plazas de financiación pública aporta, sumando tanto las plazas netamente públicas como las concertadas pagadas con dinero del sistema público. Lideramos el ranquin de Autonomías en este indicador y, además, somos la segunda comunidad de España en número total de plazas residenciales, sólo por detrás de Castilla y León. Es decir: si miramos solo la foto fija del número de camas, salimos favorecidos.

También las ratios nos acompañan. Informes recientes señalan que la región supera la clásica referencia de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años y se coloca en torno al 6,4%, por encima de la media estatal. Sobre el papel, motivos hay para que los castellanomanchegos nos felicitemos. En un país que envejece rápido y mal, donde cada plaza cuenta, no es un logro menor haber escalado posiciones en la tabla.

Si miramos el conjunto del Estado, la foto se amplía: aproximadamente 7 de cada 10 plazas residenciales para mayores tienen financiación pública, en torno al 69,6%. Y, dentro de ese mapa, Castilla y León y Castilla-La Mancha aparecen como las comunidades que encabezan la cobertura de plazas financiadas públicamente. Aquí suele colarse una trampa semántica: se mezclan “titularidad” y “financiación” como si fueran lo mismo. No lo son. Titularidad es quién es dueño del centro; financiación es quién paga la plaza.

En Castilla-La Mancha, una parte importante de esas plazas “públicas” están en centros de titularidad privada, pero concertadas y pagadas con fondos públicos. Eso hace que el peso de la financiación pública sea alto, aunque la red siga siendo mayoritariamente privada en manos de empresas. El ciudadano oye “plaza pública” y piensa en una residencia pública; la consejería dice “plaza pública” y se refiere a una factura pública en una cama privada. No es un matiz menor.

¿Respalda todo esto el famoso “liderazgo social” que se atribuye Page? El presidente proclama que Castilla-La Mancha es “la primera que encabeza el ranquin de comunidades autónomas que financian plazas públicas para residencias de mayores” y que contamos con el mayor volumen de plazas sostenidas con fondos del servicio público. Y, en términos estrictos, los datos le dan la razón: encabezamos el listado en plazas financiadas con dinero público y somos segundos en plazas totales. De hecho, cuando dice que estamos “entre las regiones con más plazas públicas” se queda corto incluso respecto al indicador que maneja.

El problema no está en el dato, sino en la lectura que se hace de él. Convertir un buen indicador en certificado de “liderazgo social” es una pirueta política arriesgada. Una comunidad puede tener muchas plazas y, aun así, funcionar con un sistema de cuidados lleno de grietas. Y eso es precisamente lo que no aparece en los discursos, ni en las notas de prensa, ni en las celebraciones institucionales. Lo afirmo con conocimiento de lo que afirmo, porque he trabajado varios años cómo médico de residencias de mayores.

Por eso sé, que mientras Page presume de liderazgo, persiste un déficit global de plazas residenciales en España: se calculan cerca de 90.000 plazas faltantes para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 mayores en el conjunto del país, con algunas regiones muy rezagadas. Que Castilla-La Mancha salga bien en la foto no borra el resto del paisaje. Y, sobre todo, no basta con contar camas: hay que entrar en las habitaciones.

Nada de esto nos hablan esas cifras triunfalistas: ni de la calidad asistencial ni de las condiciones laborales de quienes cuidan; ni de la dispersión rural y las distancias para acceder a una plaza; ni de los tiempos de espera de las personas dependientes y sus familias; ni de si el modelo residencial que se está sosteniendo con dinero público encaja (o choca de frente) con la estrategia, tantas veces invocada, de desinstitucionalización y apoyo a la vida en el entorno.

Es aquí donde el “liderazgo social” empieza a parecerse más a un eslogan que a una descripción fiel de la realidad. Liderar no es sólo financiar más plazas en términos cuantitativos. Liderar sería revisar a fondo un modelo que sigue aparcando a los mayores en macrocentros, externalizando cuidados y precarizando plantillas, mientras se llenan titulares con cifras récord. Liderar sería poner en el centro la dignidad y la autonomía de las personas mayores, no la foto del presidente cortando la cinta.

Que Castilla-La Mancha haya avanzado en número y financiación de plazas es una buena noticia. Que el gobierno regional lo convierta en medalla de “liderazgo social” sin hablar de lo que falta, de lo que duele y de lo que no funciona, ya es otra cosa. Una cosa más cercana a la propaganda que a la rendición de cuentas.

AYUSO LA GRAN GOBERNANTE

Si se revisa el informe de la asociacion de directoras y gerentes de servicios sociales los datos que en el auguran sobre Madrid son los siguientes Dependencia: datos a 31 de diciembre de 2025

 • 258.167 personas en lista de espera de dependencia (limbo + pendientes de valoración).

 • 109.260 personas esperando ser valoradas (pendientes de resolución de grado).

 • 148.907 personas con derecho reconocido pero sin prestación ni servicio efectivo (limbo de la dependencia).

 • 32.704 personas fallecieron en 2025 estando en lista de espera (unas 90 al día, una cada 15 minutos).

 • El informe subraya que sigue sin haber datos completos sobre revisiones y solicitudes sin grabar, lo que infravalora la magnitud real de la espera.

Ejemplo ilustrativo: una persona mayor dependiente puede pasar casi un año desde que solicita la valoración hasta que recibe efectivamente ayuda a domicilio o plaza residencial, si llega a recibirla.

Pero no es solo Ayuso, Índice DEC 2025 “Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales” servicios sociales de las CCAA)

 • Cerca de 20 millones de personas (42% de la población) viven en CCAA con servicios sociales calificados como «débiles o irrelevantes» según el Índice DEC.

QUE NO TE DEN GATO POR LIEBRE

En España se calcula que entre unas 390.000 y 500.000 personas viven en situación administrativa irregular, muchas de ellas ya trabajando en agricultura, construcción, hostelería y cuidados, pero en negro y sin derechos.

Mientras no tienen papeles, es más fácil pagarles por debajo de convenio, no darles de alta en la Seguridad Social y amenazarles con despidos o denuncias si reclaman algo. Sindicatos y ONG llevan años denunciando que esta vulnerabilidad no es un “fallo del sistema” sino una característica buscada por quienes se benefician de esa economía sumergida.

La derecha y, sobre todo, la extrema derecha justifican su rechazo a la regularización con el “efecto llamada”, el miedo a que haya más llegadas, o el supuesto coste para el Estado, pero rara vez hablan del corte de suministro de mano de obra explotable que eso supondría. Dirigentes de la ultraderecha han sido señalados explícitamente por aprovechar trabajo de personas migrantes en el campo y en el hogar, al tiempo que se oponen a que esas mismas personas tengan derechos plenos; por ese doble rasero se puede afirmar que “prefieren esclavos, es más barato”.

La regularización desenmascara el conflicto de intereses que hay detrás del discurso “humanitario” o “de orden” de la derecha, porque no se trata solo de fronteras o identidad nacional, sino del mantenimiento de un modelo productivo que necesita personas sin papeles para seguir siendo rentable.�

Aprobar la regularización deja de ser una cuestión de compasión y pasa a ser una disputa centrada en qué tipo de mercado laboral y de sociedad queremos.

El voto de la vergüenza

Hay fracasos que, más que del Gobierno, son del país entero. Que un paquete de medidas sociales, todas necesarias, todas dignas, todas urgentes, caiga en el Congreso no es sólo un traspié parlamentario, sino una radiografía de quién puede esperar algo del poder y quién no puede esperar nada. Porque en esa votación no se discutían tecnicismos ni estrategias, sino el grado de miseria que todos y cada uno de los grupos parlamentarios están dispuestos a consentir.

Las derechas, tan rápidas siempre para citar la Constitución cuando les conviene, olvidaron en ese instante de la votación de su primer artículo: la defensa de la dignidad humana. Prefirieron una pequeña victoria táctica, como pieza de caza que exhibir al día siguiente, con el titular que insinúa que el Gobierno “fracasó”. Pero seamos claros y trasparentes, lo que fracasó no fue una fórmula ómnibus ni una ingeniería legislativa estrambótica. Fracasó la decencia parlamentaria, la que debería obligar a votar sí sin mirar quién propone si el propósito es aliviar el hambre o el frío de los más pobres.

Porque invertir el argumento y decir que la subida de las pensiones debía ir sola, que cada ayuda merecía su debate aparte, no es más que una coartada, una forma elegante de lavarse las manos. Es como si el formato fuera más ofensivo que el fondo del asunto, como si los estómagos pudieran esperar al procedimiento adecuado.

No, la vergüenza no es del Gobierno por juntar las medidas, sino de quienes decidieron castigarlo sin pensar a quién castigaban. Votaron contra los que más les urge porque lo necesitan, contra los pobres de solemnidad, contra quienes ya no esperan milagros ni promesas, sino apenas una tregua. Así, la política se reduce a un teatro, puro teatro, donde unos juegan al ajedrez y otros, los de abajo, ponen el cuerpo de las fichas.

En el fondo, lo que se rechazó no fue un paquete de medidas sino una idea de país. Una donde la solidaridad no es un cálculo electoral ni un gesto de caridad, sino una obligación civil. Y ésa, por lo visto, es todavía una idea que muchos no están dispuestos a votar.

EL PP y el voto emigrante

La regularización de inmigrantes que impulsa el Gobierno es necesaria y razonable Lo más criticables es que llega tarde, y lo que la derecha puede reprochar es que detrás de ella hay un intento por recomponer mayorías parlamentarias y negociar con otros partidos, que es lo que realmente les fastidia.

Frente a esa apreciación, hay otra que tampoco es discutible: la crítica de Feijóo y del PP a esta regularización es profundamente incoherente e hipócrita, ya que apoyaron la medida hace menos de dos años, Feijoo la defendió en público y ahora la demonizan por puro cálculo electoral. 

Cuando se analizan las principales objeciones de la derecha (colapso de servicios públicos, manipulación del censo para 2027) es evidente que son falsas, porque estas personas ya viven, trabajan y usan los servicios públicos, y regularizarlas mejora su protección laboral y aumenta los recursos fiscales.

Feijoo se olvida de cómo el PP gallego ha explotado, desde que empezó la democracia en nuestro país, el voto de la emigración gallega en América Latina (la “quinta provincia”) con sus redes de influencia. Ahora lanzan un bulo sobre el aumento del censo electoral, cuando ellos sí que hicieron crecer de forma artificial el censo exterior con personas que nunca estuvieron en España, mientras que hoy se le niega el voto a quienes sí viven y pagan impuestos aquí. 

Si esto no es una contradicción moral de calado en un país que fue masivamente emigrante y que olvida esa memoria para tratar con recelo y dureza a quienes hoy buscan en España el mismo futuro que buscaron fuera de España nuestros abuelos, que venga su dios y se lo explique. Aunque igual no quieren que venga porque les impondría penitencia seguro.

Rosalía, Palestina y el pánico escénico de la derecha española

En España, a la derecha se le da históricamente bien enfadarse con los artistas, pero lo de Rosalía en el Sant Jordi pro-Palestina ha tenido un punto de tragedia: bastó que apareciera unos minutos en el escenario para que medio ecosistema conservador empezara a arder. De pronto, la cantante que hasta ayer algunos intentaban presentar como producto global neutro se convierte en una peligrosa activista internacional.  

El contexto ayuda poco a la digestión ideológica: un concierto explícitamente político, coordinado por Act x Palestine, con el genocidio en Gaza nombrado sin rodeos y la recaudación destinada íntegramente a proyectos culturales en Gaza y Cisjordania. No era un festival benéfico difuso, sino un acto absolutamente explicito. Si además el lugar es Barcelona, que para la derecha española funciona como decorado de todos los desórdenes morales, el cuadro se completa solo: Palestina, Cataluña y una estrella del pop global en el foco.

Rosalía salió como el clímax dramático de la noche: irrupción sorpresa, Sant Jordi lleno con unas 16.000 personas, y esa sensación de que, después de meses de silencio sobre Palestina y reproches, ha decidido elegir bando. No hizo falta un gran mitin, con el gesto bastó. Para la derecha, que lleva años perdiendo posiciones en el campo cultural, ver cómo una figura de ese tamaño refuerza un relato que ellos asocian a la izquierda y al nacionalismo catalán es como comprobar que el tablero estaba amañado desde el principio.

Vox, por su parte, jugaba con ventaja. Hace tiempo que utiliza a Rosalía como diana favorita desde que la cantante osó tuitear contra el partido y declarar su rechazo frontal a la extrema derecha. En la iconografía voxiana, ella encarna todos los males contemporáneos: élite cultural progre, catalana, feminista y, para colmo, exitosa. Que aparezca en un acto pro-Palestina no altera el guion, simplemente ofrece material nuevo para su película: más “propaganda”, más “antisemitismo de la izquierda”, más estrellas pop que blanquean causas sospechosas. El hecho de que el concierto además se vincule con el independentismo catalán cierra el círculo: tres monstruos en uno. 

La extrema derecha no necesita molestarse en matizar qué se dijo, qué se recaudó o qué se hizo exactamente en el Sant Jordi. Le basta con la fórmula mágica: Rosalía + Palestina + Barcelona. A partir de ahí, cualquier intento de explicación se percibe como superfluo. El símbolo funciona mejor que los hechos, y además cabe en un tuit, en un vídeo corto y en la tertulia radiofónica matinal, que al final es donde se libran sus pequeñas batallas culturales cotidianas.

En cambio, el PP y el conservadurismo más institucional prefieren el tono bajo, la ceja arqueada y el gesto resignado. No entran con la estridencia musical de Vox, pero integran el episodio en un relato ya muy rodado: Cataluña como escenario de “activismo radical” pro-Palestina, un mundo artístico colonizado por la izquierda y una derecha obligada a soportar, estoicamente, la hegemonía cultural ajena. Rosalía, por tamaño e influencia, se convierte en una pieza más de esa evidencia incómoda: no sólo pierden elecciones en determinados territorios, también pierden festivales y portadas de revistas.

En las tertulias y en la prensa conservadora el malestar se verbaliza en dos aspectos; la crítica a la “politización” de la música, como si los himnos patrióticos, los festivales patrocinados por grandes empresas del Ibex o los conciertos benéficos de ocasión fueran brotes espontáneos de neutralidad ideológica; y la acusación de doble rasero: artistas muy enfáticos con Gaza, muy discretos con otras violencias. La conclusión de manual es conocida: la izquierda manda en la cultura y selecciona causas a la carta, de acuerdo con sus simpatías geopolíticas.

Mientras tanto, en el otro lado del campo, el recibimiento ha sido diametralmente opuesto. Buena parte de la prensa progresista y del activismo pro-Palestina lee la aparición de Rosalía como una victoria en la batalla cultural: una gran estrella, hasta ahora tibia o silenciosa, se suma, aunque sea brevemente, a un acto central del calendario pro-palestino. No importa tanto lo que canta ni cuánto tarda en irse del escenario, sino que se hace visible una alineación pública que antes no existía. Cada segundo en el Sant Jordi vale, en ese marco, como un voto de confianza.

Ese contraste explica casi todo: para la derecha, la noche del Sant Jordi confirma que la cultura de masas juega en campo contrario; para la izquierda, demuestra que esa hegemonía, lejos de ser abstracta, puede traducirse en gestos con nombre propio. Entre unos y otros, Rosalía sigue haciendo lo que mejor se le da: cantar, aparecer cuando nadie lo espera y dejar que el resto del país discuta, a gritos, qué demonios significa que una cantante de pop se suba cinco canciones a un escenario en Barcelona. 

Estrategia planificada

La empatía no es universal ni coherente, sino selectiva y utilitaria, y depende mucho de quién gobierna y a quién conviene señalar.  Hablar de residencias, Angrois, Yak‑42, 11M o metro de Valencia, es poner un espejo: hubo muertos, hubo familias rotas, pero no hubo la misma coreografía de misas de Estado, exigencias de dimisión en bucle ni campañas emocionales sin descanso. Lo que entonces se pedía era pasar página, no hacer “política con los muertos”, respetar los tiempos judiciales y no “instrumentalizar el dolor”.  

La derecha se presenta como propietaria de las víctimas cuando el marco le favorece, pero tiende a expulsar del espacio público a las víctimas que interpelan sus propias responsabilidades. Hay víctimas que sirven para exhibir luto y otras que resultan incómodas porque obligan a hablar de recortes, negligencias, guerras o decisiones tomadas por los suyos.  

El duelo se convierte en un campo de batalla simbólico donde no se discute tanto cómo evitar futuras tragedias como quién se hace primero la foto, quién impone el relato moral y quién acusa a quién de frialdad o de cobardía. El resultado es devastador: la jerarquía entre víctimas ya no la marcan los hechos, sino la utilidad que tengan para reforzar un bloque político, y castigar al contrario.

En Huelva se acordó que los cargos públicos no se acercarían a las familias durante la misa‑funeral por Adamuz para evitar la escena clásica de los pésames en fila y preservar un espacio de duelo no colonizado por la política. Sin embargo, Juanma Moreno relató después que “volvió a saludar” a algunos familiares, rompiendo de facto ese marco de contención institucional que el propio PP andaluz decía defender frente a la “política sucia” alrededor de la misa.

En términos estrictamente simbólicos, el movimiento es claro: se fija un protocolo para no convertir el funeral en pasarela de poder, y el presidente andaluz decide que él sí puede franquear la barrera para abrazar, saludar y dejarse ver cerca del dolor. Ese desajuste entre la norma pactada (contención, distancia, respeto) y la práctica real (acercamiento selectivo, cámara mediante) es precisamente lo que transforma un gesto humano legítimo en capital político.

En redes y en parte del ecosistema mediático conservador, la escena se ha enmarcado como si hubiera dos bandos: un Gobierno “ausente” o “cobarde” que se parapeta en el protocolo y un presidente andaluz “valiente” que se atreve a cruzar la línea para estar “con las familias”. El mismo acuerdo que se invocó para vetar el funeral laico y ajustar la presencia del Ejecutivo acaba utilizándose después como arma: cuando lo respeta el Gobierno es frialdad institucional; cuando lo rompe Moreno, es cercanía heroica.

Lo que sucede en Huelva es un capítulo más de la batalla de marcos que ya vemos desde Adamuz: cada decisión técnica (tipo de homenaje, formato laico o religioso, niveles de representación) se reescribe como prueba moral a favor o en contra de cada bloque. Primero se tumbó el acto laico presentándolo como imposición fría del Gobierno, luego la misa se elevó a “misa de Estado”, y ahora el simple hecho de respetar el perímetro pactado se convierte en sinónimo de falta de empatía. 

En ese contexto, el quebranto del acuerdo de no acercarse a las víctimas no es un desliz improvisado, sino un recurso perfecto para la agenda de aprovechamiento  del duelo: si te quedas en tu sitio, eres distante; si atraviesas el límite que tú mismo ayudaste a definir, eres el político “valiente” que se atreve a abrazar el dolor ajeno. Lo crudo no es solo que se juegue con esa puesta en escena, sino que se use la misa (que las familias pidieron precisamente para escapar del espectáculo) como plató en el que medir quién se arriesga más al plano corto con las lágrimas de fondo.

Los migrantes y la derecha: manual de hipocresía.

Hay gente que cree firmemente en la ley y el orden. Claro, siempre que la ley se aplique al vecino y el orden consista en que nadie mueva nuestra sombrilla en la playa. Con los migrantes pasa algo parecido: se les quiere lejos, pero disponibles; invisibles, pero a mano; sin derechos, pero con horario de trabajo. Para eso está el PP y Vox, su primo de zumosol, que han convertido el miedo en programa político y el desprecio al otro en su discurso institucional, todo ello envuelto en celofán patriótico y lacito de valores occidentales, muy cristianos ellos, pero sin pasarse con lo del prójimo.

El comportamiento humano es una falsificación de nuestra personalidad, cuando pensamos una cosa y hacemos la contraria. La derecha económica bendice la mano de obra barata que recoge la fresa, les limpia el hotel y cuida a su abuela, mientras que la derecha mediática llena tertulias denunciando la invasión, el efecto llamada y la pérdida de las esencias nacionales, que al parecer estaban guardadas en un bar de carretera y las han robado unos subsaharianos en chanclas. Resulta admirable lo coordinadas que están ambas, y así vemos cómo el mismo empresario que paga en negro al jornalero extranjero escucha, con gesto compungido, cómo le explican que los migrantes colapsan los servicios públicos que él lleva décadas intentando desmantelar pagando en negro.

Nos tragamos los bulos. Uno escucha que los refugiados vienen con paga bajo el brazo, móvil de alta gama y agenda oculta para sustituir a los autóctonos en la cola del consultorio, y se queda tan ancho. Luego resulta que ese migrante trabaja de noche, duerme en un chamizo y reza para no ponerse enfermo porque no sabe si el próximo control de identidad va a ser en el metro, en la calle o en la sala de espera del centro de salud. Pero el relato oficial es otro: son ellos los que abusan, llegan en masa y exigen, como si las pateras fueran cruceros de lujo con pulsera de todo incluido.

Vemos a la emprendedores del top manta, y los miramos con un desprecio repleto de avaricia. Aquí la derecha hace un triple salto mortal ideológico: por un lado, defiende la sagrada libertad de empresa; por otro, pide mano dura contra esa competencia desleal que vende bolsos a diez euros en una manta que vale más que el stock completo del vendedor; y, de propina, convierte al mantero en símbolo de la degradación urbana. De los mayoristas que importan el género, de las marcas que fabrican en condiciones infames en otros continentes y de los ayuntamientos que toleran el chanchullo, mejor no hablar, que eso ya entra en el terreno delicado de la economía real y hasta puede restar votos.

Nos gusta disimular para agradar a quienes nos rodean, y en eso la derecha es alumna aventajada. En los foros internacionales se exhibe como defensora de los derechos humanos, la democracia y la legalidad, mientras en nuestra casa impulsa leyes para encerrar, expulsar y silenciar a quienes sobran en la foto oficial. Se comprende a los otros, pero lo nuestro es más importante, sobre todo cuando hay elecciones cerca y conviene señalar a un culpable con acento extranjero. El truco es viejo: convertir el miedo inconcreto en enemigo concreto, preferiblemente pobre, moreno y sin derechos. 

La desgracia de los desafortunados siempre nos cae lejana, salvo cuando nos la muestran en el telediario en un cayuco a la deriva o cómo un cadáver en una playa turística. Entonces se convoca un minuto de silencio, se pronuncian palabras graves sobre la tragedia humana y se pasa inmediatamente a discutir si no habrá que reforzar un poco más las fronteras, por responsabilidad, por seguridad y por esa cosa llamada sentido común, que siempre coincide con lo que dice el tertuliano más gritón. Lo que no se refuerza nunca es la memoria de cuando nuestros abuelos cruzaban fronteras huyendo del hambre o de la guerra, y la de cuando éramos nosotros los que llamábamos a la puerta de otro país con una maleta de cartón y cara de no saber dónde meternos.

Se diseñan sistemas opacos, se externalizan fronteras, se pagan terceros países para que hagan el trabajo sucio y se proclama, con gesto solemne, que todo se hace conforme a derecho. Mientras tanto, se multiplican los CIE, los vuelos de deportación, las redadas selectivas y los controles aleatorios que nunca son tan aleatorios como dicen. Y, por si alguien duda, se recuerda que no seríamos el primer inocente en ir a chirona por un pequeño malentendido, de esos que se llaman error administrativo cuando afectan al ciudadano de bien y delito cuando afectan al que no tiene papeles.

En el tema de los migrantes y la derecha, la apariencia es un muro, que separa a los que mandan de los que estorban. Se oculta tras discursos sofisticados de seguridad, identidad y soberanía lo que, en el fondo, es una mezcla de miedo, cálculo electoral y comodidad de clase. El migrante sirve como espejo en el que se refleja lo que no queremos ver de nosotros mismos: nuestra avaricia, nuestra fragilidad y nuestra facilidad para tragarnos cualquier bulo siempre que confirme que el problema es del otro, nunca nuestro.

Al final, el gran truco consiste en presentar la defensa de los derechos humanos como una exquisitez progresista que no nos podemos permitir en tiempos difíciles. Como si los derechos fueran un lujo y no el mínimo de decencia para cualquiera que pisa una calle, cruza una frontera o se sube a un autobús. Quizá algún día descubramos que el verdadero problema migratorio no es la gente que llega, sino la gente aferrada a sus privilegios, sus prejuicios y su envase hueco, muy bien envuelto en celofán ideológico. Cuando eso ocurra, si alguna vez ocurre, tal vez dejemos de preguntarnos qué hacen ellos aquí y empecemos a preguntarnos qué demonios estamos haciendo nosotros.

Del duelo a la propaganda

A Ester Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, hoy le han puesto el micrófono para que se explayase sobre el accidente de tren en Adamuz y el rechazo de su partido a la revalorización de las pensiones.

Esta señora mezcla acusaciones muy graves con insinuaciones religiosas y desfigurando hechos comprobables. Pero, sobre todo, ha demostrado su nivel político, no cómo diputada, sino cómo fabricante de titulares. Veamos algunas de sus frases:

Sobre “Sánchez escondido” y la gestión de la tragedia

1. Señora Muñoz, un presidente no “desaparece” porque no salga en primera línea mediática cada hora tras un accidente; la gestión de una catástrofe se articula a través del ministerio competente, los equipos técnicos y los protocolos de emergencia, que siguieron funcionando sin interrupción. Presentar discreción institucional como “estar escondido” es un recurso propagandístico, no un dato.

2. El propio hecho de que fuese el ministro de Transportes quien asumiera tanto presencia pública como explicaciones iniciales prueba que el Gobierno activó los canales ordinarios de responsabilidad política y técnica, justo lo contrario de “parapetarse”.

3. Pedir dimisiones “antes de conocer las causas del accidente” convierte una investigación técnica sobre seguridad ferroviaria en munición partidista. Quien reclama responsabilidades políticas sin esperar a los informes periciales está juzgando sin pruebas.

Sobre la acusación de que Puente “ha mentido”

1. Decir que un ministro “ha mentido” exige señalar con precisión qué dato objetivo dio, qué documento oficial lo desmiente y en qué momento se conoció la información correcta. En la intervención de Muñoz no aparece ni una sola de esas tres cosas, solo una descalificación en bruto.

2. Si el problema es que Adif reajusta la fecha de reapertura del AVE, eso se llama actualización de plazos en función de la obra real, no “mentira”. En cualquier infraestructura compleja, los plazos son previsiones, no promesas juradas ante notario.

3. Anunciar una “batería de preguntas” parlamentarias está muy bien, es exactamente lo que debe hacerse en democracia; lo que es incoherente es presentar esa herramienta normal de control como prueba de una culpabilidad ya decidida de antemano.

Sobre la insinuación religiosa respecto a Sánchez

1. Sugerir que el presidente no acude a una misa “porque las cosas religiosas le gustan poco” no es un dato, es un juicio de intención sin prueba alguna. Además, la representación institucional en la misa estaba garantizada por la presencia de la vicepresidenta y varios ministros, es decir, el Estado no se “ausentó”.

2. Exigir un funeral religioso desde el Gobierno central en “una tierra mariana” ignora que el Estado es aconfesional y que la forma del homenaje debe acordarse con víctimas y familias. Esas familias rechazaron el funeral laico propuesto, lo cual prueba que se les escuchó, aunque a Muñoz no le guste el resultado.

3. Convertir el duelo de unas víctimas en un pulso identitario entre “lo mariano” y “lo laico” es profundamente irresponsable al desplazar el foco de la seguridad ferroviaria y el acompañamiento a los afectados hacia la batalla cultural que más conviene a su partido.

Sobre las pensiones y el “tacticismo político”

1. El “decreto ómnibus” incluía la revalorización de pensiones junto a otras medidas sociales, y fue rechazado en el Congreso. El resultado práctico inmediato de ese voto no es un titular ingenioso: es inseguridad para millones de pensionistas mientras se rehace el texto.

2. Cuando el PP vota en contra de un decreto que garantiza la subida y luego acusa al Gobierno de usar a los pensionistas como “rehenes”, invierte los papeles: quien tumba la norma es quien bloquea la aplicación inmediata de la revalorización.

3. Decir que se apoyaría “un decreto limpio” suena bien, pero llega después de haber usado el voto para bloquear la vía disponible en ese momento. Si se quiere evitar tacticismo, la forma coherente es negociar, proponer enmiendas y asegurar la aprobación, no dinamitar primero y exigir pureza después.

Conclusión política de fondo

1. El hilo común de la intervención de Muñoz es muy claro: usar una tragedia ferroviaria, el dolor de unas familias y la incertidumbre de los pensionistas como palanca de desgaste del Gobierno, sustituyendo los datos por insinuaciones y las investigaciones técnicas por sentencias políticas prematuras.

2. Responderle exige recordar algo elemental: las instituciones no son platós de tertulia. Un accidente se analiza con informes, una supuesta mentira se prueba con documentos y las creencias religiosas del presidente no se pueden usar como arma arrojadiza en pleno duelo nacional.