FEIJOO, DE OCA EN OCA, METIENDO LA PATA EN TODO LO QUE TOCA

No sabemos qué es peor: sí que en el PP no sepan qué hacer con Juan Carlos I o que, tengan una brillante idea. La última de Feijóo ha sido convertir la desclasificación de 153 documentos del 23F en una jugada de billar a tres bandas: castigar al Gobierno, exhibirse como el gran defensor de la monarquía y reclamar el regreso definitivo del rey emérito. El resultado conseguido fue el contrario: un desmentido de la Casa del Rey que le deja en evidencia. 

Alberto se cree el paladín de la corona y pidió que Juan Carlos volviera “para quedarse” y señaló a Sánchez como responsable de que siga en su residencia de lujo en Emiratos. El mensaje que quiere lanzar es que el héroe del 23F, ha salido reforzado por los papeles desclasificados, y que estaría sufriendo una especie de destierro político promovido por el Gobierno. Es el monarquismo tardío en su versión más torticera, buscando convertir la intervención del rey la noche del golpe en un salvoconducto vitalicio frente a cualquier reproche, ya sea moral, político o fiscal.

Sin embargo, en Zarzuela ya no compran esa versión nostálgica: “Don Juan Carlos puede volver a residir en España cuando él quiera”, siempre que, para “salvaguardar su imagen y reputación” y la de “la Corona como institución”, recupere su residencia fiscal en España. Nunca ha habido veto de Moncloa, nunca esto ha sido un destierro, no ha existido una conjura socialista bolivariana. Lo que no hay duda es de que existe una fortuna en el extranjero, que el emérito ha hecho regularizaciones a la carrera y que tiene un problema con Hacienda que el PP pretende ocultar bajo su “gran papel” en la Transición.

Durante años, el juancarlismo ha sido el pegamento sentimental del régimen del 78: la foto de Tejero en el Congreso, el rey como salvador de la democracia y una narrativa que convertía el 23F en un certificado que le legitimaba para todo. Pero los hechos posteriores han ido destrozando ese mito, empezando por la destrucción de archivos del franquismo que ordenó Martín Villa, las sombras en torno a la caída de Suárez, las amistades peligrosas del emérito y, finalmente, la fortuna opaca y las regularizaciones fiscales. Que en 2026, Feijoo quiera apelar al “héroe del 23F” para no hablar de millones que tiene en Suiza no se sabe si suena más a coartada que a cinismo de un desmemoriado consciente.

La maniobra de Feijóo tiene, además, un problema institucional, puesto que al exigir que el Gobierno se pronuncie a favor del regreso del emérito, coloca al Ejecutivo en la posición de aparentar que puede ordenar, sugerir o influir sobre una decisión que la propia Casa del Rey define como una decisión personal de Juan Carlos. El partido que se proclama garante de la monarquía empuja así al jefe del Estado al barro de la política de trincheras que practica el PP mientras dice querer evitarlo.

A ello hay que sumar el relato de una parte de la derecha mediática que insiste en el supuesto “destierro” del emérito, ignorando tanto los comunicados de Zarzuela como el hecho elemental de que “puede regresar cuando él quiera”. Con ese  negacionismo la derecha no protege a la Corona, la convierte en un juego propio de niños, puesto que al hacerlo lo que nos está diciendo es que el rey firma todo lo que le dicta el Gobierno. Dicho más claro, que la institución no es capaz ni de gestionar su propio pasado.

La paradoja final es tan contundente que no se sabe si reír o ahogarse en lágrimas: el PP se reivindica como el partido de la monarquía mientras actúa como su principal riesgo. Defender el regreso de Juan Carlos sin exigirle transparencia fiscal no es lealtad institucional don Alberto, es defender la impunidad. Si la Corona quiere sobrevivir a la crisis que supone la situación de Juan Carlos I necesita más ejemplaridad y más democracia adulta, lo que es tan simple cómo poner en práctica que ningún rey puede estar por encima de las reglas.

Manual para una guerra injusta

Hace días que se esperaba el ataque. Hoy, los mapas que estudiamos en los colegios e institutos nos engañan. Sobre el papel, Irán es un país lejano, al este de un mar con nombre de golfo, atravesado por rutas de petróleo.  Esta mañana, sin embargo, en las pantallas de TV, Irán es un blanco móvil: una diana luminosa donde dos aliados se reparten el derecho de apretar el gatillo y luego llamar a eso “defensa”, “libertad” o “orden internacional”.

Washington y Tel Aviv se consideran a sí mismos la cima del mundo.  Uno se sabe imperio y el otro frontera armada hasta los dientes. Uno perdió hace tiempo la inocencia y el otro la reclama como coartada permanente.  Juntos convierten en realidad su viejo sueño, el país más fuerte, la fortaleza más segura, el tránsito más vigilado de petróleo y mercancías. Para ello necesitan un presente de sirenas, misiles y que sirios, libaneses, gazatíes, e iraníes aprendan el idioma universal del miedo.

Las guerras de hoy no empiezan con un disparo sino con una frase.  Ayer fueron las “armas de destrucción masiva” en Irak, un fantasma químico agitado como espantajo ante las cámaras.  Hoy es la “capacidad armamentística” de Irán, ese monstruo que siempre está a punto de ser destruido del todo, pero nunca lo suficiente como para tener que dejar de bombardear.  Con la palabra preparan el terreno, los titulares empiezan a excavar las trincheras, y el experto militar del plató nos pone la venda antes de la herida.

Hace un momento, el genocida  que sigue de presidente israelí y el americano presidente premio Nobel de la guerra,  proclamaban que las bombas caerán para liberar al pueblo iraní, si alguien muere son daños colaterales para alcanzar un bien mayor.  Se les promete libertad desde la cabina del avión que no verá nunca sus rostros, ni sus mercados, ni sus escuelas, ni sus hospitales. Es triste comprobar que la libertad les llegue en forma de explosivo inteligente, que siempre sabe muy bien a quién mata y a quién deja sin luz ni agua. Irán ha respondido, y ya algún tertuliano ha vuelto con las frases que ya conocemos de memoria: “Israel tiene derecho a defenderse”, “nuestro aliado ha sido injustamente atacado”, “la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado”. ¿Os suenan?

Mientras tanto, la comunidad internacional mira hacia el lado de siempre, hacia el otro.  Bruselas convoca ya sus reuniones urgentes, redacta esos comunicados equilibrados y equidistantes, y distribuye silencios siempre desiguales.  La Unión Europea, Canadá, los socios ejemplares de la OTAN repiten ese catecismo incumplido del derecho internacional, del orden basado en normas, de la necesidad de no premiar al agresor.  Pero cuando el agresor lleva su firma, su escudo, su industria, las normas se vuelven flexibles y el derecho se archiva en una carpeta en la que se puede leer cómo título “circunstancias excepcionales”.

En la otra cara del mapa, allí donde no llegan los drones, se dedican a hacer sus encuestas.  En Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos no quiere una guerra con Irán, pero su opinión es ignorada por su industria armamentista, los planes se afinan igual, los portaaviones se colocan frente a las costas adecuadas, los escenarios se ensayan como si fueran películas de acción con presupuesto infinito.  Primero ataca Israel; luego, Estados Unidos acude “en su ayuda”, como si no hubiera escrito el guion desde el principio.  La muerte siempre tiene una buena coordinación diplomática.

Galeano decía que el mundo al revés premia al revés, educa al revés, vive al revés. En este mundo al revés, las guerras se venden como operaciones de paz, los bombardeos como manuales de derechos humanos, los ejércitos como soldados en misiones humanitarias, pero con uniforme de camuflaje.  Al petróleo se le llama “seguridad energética”, al estrecho de Ormuz le llaman “arteria del comercio mundial”, pero los muertos no tienen nombre porque estorban en los gráficos del PIB americano.

Queda la pregunta, tan vieja como nueva ¿dónde termina la patria de los que mandan y dónde empieza el país de los que mueren?  Seguro que en algún despacho ya se firma la próxima fase de la ofensiva, mientras en alguna casa de Teherán, de cualquier barrio anónimo, una madre revisa la despensa y calcula cuántos días podrá mantener a sus hijos sin jugarse la vida saliendo a buscar alimentos.  Seguro que a esa madre no se le pasa por la cabeza que ella es parte de una “estrategia geopolítica”, pero ni falta que le hace. A ella le basta con escuchar el cielo lleno de ruido. A mí me basta con un mapa lleno de mentiras.

Es un buen momento para recordar a Martin Niemöller "Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”

EL DÍA DE LA PATRIA ANDALUZA

Andalucía llega a su día grande con el ruido de las sirenas todavía resonando en la memoria, entre hierros retorcidos en Adamuz, pueblos anegados por las lluvias y un gobierno que parece más pendiente del decorado que del guion.  Hay algo brutalmente incoherente en ese contraste entre los discursos solemnes que se escucharan el 28 de febrero y la vida concreta de una Andalucía que madruga para encajar listas de espera, alquileres imposibles, aulas saturadas y una corrupción que siempre promete haber sido la última.

La víspera del Día de Andalucía también es un buen momento para recordar que la patria andaluza tiene una fosa común como una de sus direcciones más precisas.  Que el cuerpo de Blas Infante posiblemente repose en la Fosa Monumento del cementerio de Sevilla y que el Ayuntamiento se haya negado a abrirla por pactos con una extrema derecha negacionista ,dice mucho de quién manda sobre la memoria y de quién prefiere dejarla bajo tierra.

La bandera que hoy se exhibe en balcones institucionales la tejieron las manos de las hijas y la esposa de Blas Infante, y nació al calor de una lucha por estatuto, dignidad, tierra y libertad.  Costó vidas concretas, nombres y apellidos que rara vez se mencionan en los discursos oficiales.  En cada pueblo andaluz hay fusilados y fusiladas por soñar una Andalucía más justa, y sin embargo los honores del 28F siempre se reservan a una lista de premios, medallas y reconocimientos incapaces de incomodar a nadie.

El Día de Andalucía no debería ser, solo un desfile de banderas verde-blanca y verde, himnos con piel de gallina y discursos complacientes sobre lo mucho que hemos avanzado.  Lo que se celebra es aquel referéndum que quiso que Andalucía fuera más que una región de segunda, que reclamó autonomía plena, igualdad con las demás comunidades históricas y una promesa de derechos que hoy sigue en periodo de prueba.

Lo que muchas veces se olvida en la sede de San Telmo es que el 28F no conmemora la habilidad de un gobierno concreto para hacerse fotos, sino la obstinación de un pueblo por no resignarse a ser la periferia empobrecida, la mano de obra barata, un paisaje para turistas o la simple reserva de votos.  Cuando un gobierno regional presume de Andalucía mientras recorta la sanidad, deja que los jóvenes emigren por falta de vivienda y empleo digno, tolera desigualdades educativas y mira para otro lado ante la corrupción, no está celebrando el Día de Andalucía: está celebrando el día de sí mismo.

Quizás, cómo haría Mario Benedetti, habría que decir que este 28F no necesita más himnos, sino más coherencia: menos patrioterismo de balcón y más patriotismo de centro de salud, de colegio público, de vivienda asequible y de memoria abierta, incluso cuando duele.  Porque Andalucía será realmente de todos cuando no haga falta esperar años para una operación, ni meses para volver a casa tras una inundación, ni décadas para sacar a sus muertos de las fosas.  

Solo entonces el Día de Andalucía dejará de ser una fecha en el calendario para convertirse en lo que prometía ser: un proyecto compartido de dignidad cotidiana.

La salud de un presidente

Federico Jiménez Losantos y Cayetana Álvarez de Toledo han decidido llevar la política un paso más allá en la pendiente del barro, convirtiendo la salud de Pedro Sánchez en munición, difundiendo o amplificando un rumor sobre una supuesta enfermedad cardiovascular que el propio presidente y el Gobierno han calificado abiertamente de bulo. No es solo una indecencia política; es un choque frontal con uno de los núcleos duros de nuestro Estado de Derecho: el derecho a la intimidad, y muy en particular a la intimidad sanitaria.

La Constitución no es ambigua en esto. El artículo 18.1 protege la intimidad personal y familiar, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reiterado que los datos médicos se sitúan en la esfera reservada y revelarlos sin consentimiento vulnera derechos fundamentales, incluso cuando la información es veraz. El legislador europeo y el español han ido más lejos, y el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 consideran la salud una “categoría especial” de datos, cuyo tratamiento está prohibido salvo excepciones tasadas o consentimiento explícito, con sanciones que pueden llegar a 20 millones de euros. No es una broma, ni un formalismo jurídico: es una muralla levantada precisamente para que nadie pueda usar la enfermedad como arma de control, discriminación o linchamiento público.

Si, además, lo que se difunde es falso o se construye sobre datos apoderados sin consentimiento, entran en juego las figuras de injurias y calumnias, con un plus de gravedad cuando el objetivo es el presidente del Gobierno. Aquí no hablamos de crítica política ni de legítimo escrutinio: hablamos de jugar con la vida privada, verdadera o inventada, para erosionar la imagen de una persona hasta despojarla de su condición de ciudadano con derechos.

Es cierto que los cargos públicos, y más aún un presidente, están sometidos a un mayor nivel de transparencia y control social. La libertad de información del artículo 20 CE permite, y debe permitir, que se analicen sus decisiones, su coherencia, sus posibles conflictos de intereses, incluso determinados aspectos de salud cuando exista un interés público real, definido y proporcionado. Pero otra cosa es convertir un rumor sin base en un espectáculo, pedir en sede parlamentaria la “desclasificación” de un historial médico y presentar el morbo como democracia avanzada. Ahí la balanza entre libertad de información e intimidad se rompe, porque falta el requisito esencial: veracidad y relevancia para el interés general.

Lo llamativo es que, mientras se agita la supuesta cardiopatía de Sánchez, buena parte de quienes participan de este linchamiento han digerido sin indigestarse un caso como el de Eduardo Zaplana, cuyo diagnóstico de “enfermedad terminal” se ha prolongado durante años en libertad. No se trata de cuestionar su situación clínica, sino de señalar la hipocresía: la enfermedad se protege o se exhibe según convenga al relato de cada cual. Para el adversario, cualquier sospecha es excusa para la deshumanización; para los propios, la misma enfermedad se blinda como asunto casi sagrado.

Es aquí donde el debate jurídico se cruza con algo aún más preocupante: la normalización de la deshumanización política. Cuando se pasa de llamar “hijo de puta” a un presidente en sede parlamentaria a especular sobre si su corazón funciona o no, el mensaje subyacente es el mismo: no se discuten políticas, se intenta despojar al otro de su condición de igual, reducirle a objeto de burla, sospecha o compasión forzada. Los bulos sobre salud encajan a la perfección en la “máquina del fango”: degradar al adversario hasta que todo valga, también saltarse las defensas legales que protegen lo más íntimo.

Por eso es importante insistir en algo que debería ser obvio: defender la intimidad sanitaria de Sánchez no es una causa “sanchista”, es una línea roja democrática. Si hoy aceptamos que el historial médico del presidente sea moneda de cambio en la batalla política, mañana lo será el de cualquier ciudadano con cierta exposición pública, y pasado mañana el de cualquiera que incomode al poder mediático o económico de turno. El derecho a la intimidad, y en particular a la privacidad sobre la salud, existe precisamente para que ningún Federico ni ninguna Cayetana puedan decidir qué entra o no en la historia clínica pública de nadie.

Cuando los árboles no dejan ver el bosque.

Los detractores de Díaz por la izquierda hoy optan por calificativos de traidora, o sencillamente ensalzan a Montero y Belarra. Pueden que sin saberlo alejen a votantes de esa posición ideológica. En la derecha respiran aliviados por considerar que ya tienen un obstáculo menos. Allá ellos y su forma de entender la política. Me preocupa más lo que está por venir. Veamos.

Díaz anuncia que no será candidata en 2027, pero no abandona el Gobierno ni la política institucional de inmediato, lo que deja un periodo de transición en el que puede intentar “amortiguar” el golpe y contribuir a una recomposición. Para la derecha, este tiempo se interpreta como una prórroga de un Gobierno debilitado que conviene desgastar, no derribar: cuanto más llegue la izquierda a 2027 con el relato de división y agotamiento interiorizado, más fácil será construir una mayoría alternativa sólida. La renuncia de Yolanda Díaz cierra un ciclo de liderazgo personal en la izquierda confederal y reabre en serio la disputa por la hegemonía a la izquierda del PSOE, al tiempo que consolida el marco de “fin de ciclo” que la derecha lleva tiempo explotando para deslegitimar al Gobierno de coalición, y al que parte de la izquierda contribuye a sabiendas.

La renuncia de Yolanda Díaz no es solo un gesto personal (como no lo fue la renuncia de Iglesias en su día), sino un punto de inflexión en la estructura de competencia del sistema de partidos español. Para la izquierda, obliga a redefinir liderazgo, formas organizativas y estrategia de unidad; para la derecha, ofrece munición narrativa y una oportunidad estructural para que la fragmentación ajena se traduzca en poder institucional propio. 

Para contrarrestar las consecuencias de la renuncia, la izquierda tiene que convertir un “fin de ciclo personalista” en un inicio de ciclo organizativo y estratégico, y eso exige actuar a la vez en tres planos: liderazgo, arquitectura de unidad y relato político.

Se debe reordenar el liderazgo sin guerra de sucesión. Aplazar el casting de nombres y fijar primero el “perfil” de liderazgo que se necesita con anclaje territorial y solvencia programática (economía, clima, servicios públicos). Quien lidere debe  ser producto de un proceso acordado (primarias pactadas, mecanismo de designación colegiada), no de una pelea mediática Sumar vs Podemos vs IU, porque cada semana de guerra de sucesión alimenta el marco de división que interesa a la derecha.

Se debe pasar del personalismo al proyecto confederal serio. Acelerar lo que ya se estaba gestando: una coalición estable entre IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, con órganos comunes, reglas de decisión claras y reparto de responsabilidades conocido, y puertas abiertas a otras fuerzas. Convertir esa coalición en un sujeto político reconocible para 2027, no solo una etiqueta electoral de última hora: portavoces reconocidos, presencia continuada en conflicto social (vivienda, sanidad, clima) y estructura territorial funcional “barrio a barrio, calle a calle y municipio a municipio”.

En tercer lugar, se tiene que resolver la cuestión de la unidad electoral. Tomar en serio el diagnóstico de Rufián y de buena parte de la demoscopia: con el sistema electoral y las encuestas actuales, la dispersión a la izquierda del PSOE regala escaños a PP y Vox. Trabajar desde ya en escenarios de unidad escalonada:  mínimo: Sumar + Podemos reeditando coalición en 2027; intermedio: suma confederal (Sumar, Podemos, ERC, BNG, Bildu) por circunscripciones; máximo: frente plurinacional amplio en provincias pequeñas y medias. Cada nivel exige método, calendario y “líneas rojas” explícitas para no llegar a última hora repitiendo 2023.

Se ha de reconstituir el relato: de “agotamiento” a “segunda generación”. Romper el marco de “agotamiento del 15M” con una narrativa de “segunda generación”: no negar el fin de un ciclo, sino presentarlo como paso a una izquierda que aprende de errores (hiperpersonalismo, conflictos públicos, débil implantación local) y corrige rumbo. Centrar el discurso menos en la épica identitaria de sigla y más en el conflicto material: salarios, alquileres, listas de espera, emergencia climática, con propuestas claras y medibles, y apropiarse sin complejos de los logros de gobierno (laboral, SMI, permisos) como patrimonio colectivo de la izquierda y no solo de Díaz.

Se debe diseñar una estrategia frente al PSOE y frente a la derecha. Con el PSOE: combinar lealtad de bloque frente a PP–Vox con diferenciación programática nítida (fiscalidad progresiva, vivienda, clima, modelo territorial) y exigir acuerdos que refuercen la visibilidad de la izquierda confederal en el Gobierno y en el Parlamento. Frente a la derecha: unificar mensaje en torno a dos ideas fuerza: el giro de bloque a la derecha es resultado directo de la fragmentación y la abstención progresista; solo un bloque progresista cohesionado puede frenar una mayoría absoluta que los propios sondeos ya anticipan como verosímil si nada cambia.

Si la izquierda quiere que la renuncia de Díaz marque un “punto de inflexión” sin convertirse en preludio de derrota, necesita disciplinar su competencia interna, construir un sujeto confederal real y ofrecer una narrativa de segunda generación que explique para qué sirve aún una izquierda alternativa en un escenario de derechización social que estamos sufriendo.

Los agravios e insultos no ayudarán.

¿Para esto vino Feijoo?

El PP ha elaborado un decálogo para su negociación con Vox. El decálogo es un documento “único, vinculante y de aplicación en toda España” para todos los pactos con Vox, lo que convierte la alianza con la extrema derecha en arquitectura estable de poder y no en una solución táctica coyuntural. Las claves formales son “unidad nacional”, “marco constitucional”, respeto a las instituciones y coherencia programática del PP, subrayando que solo se podrá “ampliar” su programa, nunca contradecirlo; es decir, Vox puede tensionar hacia la derecha, pero nunca moderar ni matizar posiciones. Se exige a Vox el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos autonómicos de la legislatura, lo que convierte a estos pactos en coaliciones de facto, con estabilidad garantizada para un proyecto común de derechización institucional.

Es una deriva evidente hacia la extrema derecha su contenido. El bloque material del decálogo prioriza rebajas fiscales, desregulación, alivio de trabas al sector primario, política energética “eficiente”, construcción de vivienda, lucha contra la okupación, más control migratorio, impulso a la natalidad, lucha contra el “adoctrinamiento” en las aulas y “cultura del esfuerzo”, todo ello enmarcado en el lenguaje y las obsesiones de la agenda cultural de la derecha radical. La referencia a “distinguir entre personas necesitadas y aprovechadas” y a no “perpetuar un sistema de subsidios” refleja la convergencia con la retórica punitiva de Vox sobre el Estado social y las prestaciones, donde el foco se desplaza del derecho a la sospecha sobre el beneficiario.

La insistencia en el “no adoctrinamiento” y la recuperación de la “cultura del esfuerzo” en la escuela remite al marco discursivo que cuestiona políticas de igualdad, educación afectivo-sexual o memoria democrática, abriendo la puerta a revisar programas y recursos que Vox ha señalado sistemáticamente como “chiringuitos ideológicos”. Aunque el texto incluye la “condena de toda violencia, incluida la machista”, lo hace acompañándolo de la idea de eliminar partidas “inútiles o contradictorias”, lo que encaja con la práctica de Vox allá donde gobierna: mantener la etiqueta general contra la violencia, pero vaciar o reconvertir políticas específicas de género.

El paso clave no es solo el contenido programático, sino la decisión de Génova de pilotar y unificar todos los acuerdos con Vox, lo que asume como política nacional lo que antes se presentaba como excepción autonómica o municipal. Este decálogo llega tras un proceso en el que el PP ha pasado de prometer que no gobernaría con la extrema derecha a “normalizar” y “priorizar” esos acuerdos, especialmente tras las elecciones en Extremadura, donde la dirección ya interpretó el resultado como aval a un “Gobierno de derechas” explícitamente compartido con Vox. La renuncia explícita a buscar la abstención del PSOE y la concentración de la estrategia de poder en el bloque PP‑Vox reconfigura al PP como partido que ya no aspira a ser bisagra de consenso constitucional, sino eje de un bloque conservador radicalizado.

El PP integra así estructuralmente el marco ideológico de la extrema derecha en áreas sensibles (inmigración, políticas sociales, educación, seguridad, memoria), desplazando el centro de gravedad del sistema político hacia posiciones más excluyentes y identitarias. La guía vinculante reduce los márgenes de los “barones” moderados y homogeneiza el partido en torno a una línea dura, lo que debilita las resistencias internas a la ultra derechización y convierte cualquier futura ruptura con Vox en mucho más costosa. En la práctica, este decálogo es la acta notarial de un nuevo PP: menos partido “de Estado” y más partido de bloque, cuya supervivencia institucional pasa por compartir poder, agenda y léxico con la extrema derecha que decía querer frenar.

Pero esta guía también se puede interpretar como un “fraude constitucional” porque nacionaliza las negociaciones autonómicas y desplaza el debate desde los problemas específicos de cada territorio (sanidad, educación, dependencia, infraestructuras) hacia una lógica de bloque estatal PP‑Vox, vaciando de contenido ciudadano la política regional. El PP actúa “a rebufo” de Vox, que seguiría marcando la agenda y condicionando la estrategia popular, mientras que el propio diseño del documento, lleno de generalidades y sin menciones concretas a las necesidades de cada comunidad, refuerza esa nacionalización y aleja la discusión de la gestión del gasto público autonómico, que supone dos tercios del total.

El objetivo del PP es escenificar control de Génova sobre los barones frente a Vox, evitando episodios como el de María Guardiola en Extremadura y tratando de impedir que las direcciones autonómicas se desmarquen de la línea dura fijada por la cúpula nacional en futuras negociaciones. Pero el texto es la constatación de un giro estratégico: Feijóo asume que, si quiere gobernar, debe verbalizar sin ambages que pactará con la ultraderecha, normalizando esos acuerdos en todo el territorio. Ya no valen las caretas, que el carnaval ya ha pasado.