Un comisario de policía, Villarejo, le dice “Tengo un tema de la hostia contra Podemos"; Una secretaria general del PP (ese partido del que se siente orgulloso presidente el señor Feijoo) y además abogada del Estado, la señora Cospedal le responde: “Es una bomba. Yo eso sí lo quiero".
Hoy el diario El País desvela las conversaciones del comisario y la entonces secretaria general del PP en mayo de 2017. Hablan sobre el denominado 'informe PISA' (Pablo Iglesias S. A.), un documento fabricado por la 'policía patriótica' y filtrado para divulgar la idea falsa de que el dirigente de Podemos había recibido dinero ilegal de Irán.
Si esto lo hacen un alto Comisario y una Abogada del Estado, con un dirigente de un partido, ¿que no serán capaces de hacernos al común de los mortales si lo deciden? ¿Estado de derecho? Del dicho al hecho…un trecho. Y con Feijoo, el trecho multiplicado por dos.
Como los dirigentes del PP aman a España casi tanto como los de Vox y, por supuesto, mucho más que los vendepatrias del resto de los partidos (los vivos, quiero decir, no me refería a Ciudadanos), estarán deseando que los pronósticos económicos más pesimistas no se cumplan. Pero como los dirigentes del PP, además de amar al país, también quieren hacerse con su Gobierno, quizá no les importe mucho que el otoño sea tan negro como muchos analistas anticipan.
Esta semana hemos empezado a escuchar del mismo Gobierno socialista (el presidente y las dos vicepresidentas), que tras el verano festivo y hedonista, con la llegada del frío y de continuar la sequía en el Sur, podrían venir meses de alta inflación y de escasez energética. El escenario podría conllevar incómodas restricciones en el uso de la electricidad y de los combustibles. En tales circunstancias, ya se sabe, de poco sirve atribuir el origen a una ya casi cronificada guerra en Ucrania o a las autoridades europeas. El primer “culpable” de esas penurias ciudadanas será siempre en primer lugar el presidente del Gobierno. La situación económica es a menudo el mejor predictor de un resultado electoral.
Luis Arroyo
Precios disparados, inflación del 10%; el mundo sin cereal porque Rusia y la Ucrania invadida aportan un tercio del total; incendios, sequías, granizadas en julio y el anticiclón expandiéndose; séptima ola de covid; derogación del aborto en EEUU que 25.000 ultras claman en Madrid que se derogue también aquí; 37 asesinatos en la frontera de Melilla justificados por el presidente socialista, el Europarlamento apoyando la energía nuclear lo que agravará el ecocidio y España rendida a esa OTAN que abandona Afganistán condenando a niñas de 8 años a matrimonios forzados, España duplicando el gasto militar porque lo dice EEUU. Las plagas del Apocalipsis dan ganas de reír con sus ranas, sus moscas y sus langostas.
“¡Y lo peor por llegar!”, “¡Ya verás en otoño!” se oye por todas partes. Quien puede veranear piensa: “Disfrutemos antes del colapso”. El propio Pepe Álvarez, de UGT, ha mandado a “hacer puñetas” a quienes quieren amargar a los trabajadores las bien ganadas vacaciones. Pero bajo esta presión, fuerte y creciente, vamos atolondrados, pastoreados por profetas de la catástrofe como Núñez Feijóo que vaticina el Armagedón mientras se frota las manos. Bajo tanta presión apenas pensamos. Y hay cosas complejas cuyo análisis abruma, pero otras son sencillas: cuando el PP da becas de estudio a rentas altas que no lo necesitan, nos roba a la mayoría.
Así que la Comunidad de Madrid, de la visionaria presidenta Ayuso, sube el umbral de renta para recibir becas desde los 10.000 euros anuales que había en el curso 21-22 a 35.913, 100.000 y hasta 180.000 en función del número de hijos. Vamos, gente que ingresa de 8.000 a 15.000 al mes. Becas para estudiar solo en colegios privados donde ningún hij@ de currito, por más beca que tenga, se puede permitir pagar la mensualidad. Becas que no son tales porque, para colmo, ¡están desvinculadas del expediente y las notas! Son un cheque-regalo a ricos. ¿Dónde queda la cultura del esfuerzo? ¿Por qué no se señala el clientelismo tan achacado al PSOE andaluz por los subsidios a esta derechona que premia y fideliza votantes con dinero público.
María Iglesias
Ómicron BA.2.75, nueva variante covid con más capacidad para escapar de las vacunas
Todavía hay muy pocos casos confirmados, pero aparte de un grupo más grande en la India, la distribución geográfica ya es internacional (con Australia, Canadá, Alemania, el Reino Unido y Nueva Zelanda depositando al menos una secuencia), lo que descartaría errores de secuenciación. El pronóstico para BA.2.75 es una facilidad aún mayor para superar la barrera de anticuerpos creada por las vacunas o una infección reciente de covid. Sin embargo, la protección que ofrecen las vacunas contra la enfermedad grave sigue siendo sólida.
A los ciudadanos se nos engaña como a bobos. Y me explico.
Cuando le interesa a un gobierno regional que la responsabilidad de algo (que considera negativo) sea del gobierno central, le basta con decirlo. Cuando al gobierno central le viene bien que algo no bien valorado sea responsabilidad regional, suelta lastre en sus intervenciones y le endosa la responsabilidad. Ocurre más lo primero que lo segundo, pero en ambos casos ocurre.
Pero quien hasta ahora más le ha sacado rendimiento a que los ciudadanos desconozcan “que es competencia de quien" ha sido el PP como cabeza visible de la oposición. Los de Génova 13, han conseguido que el ciudadano considere responsable de lo malo al gobierno central, aunque la materia de que se trate sea una responsabilidad exclusiva de un gobierno regional ejercido por ese partido. Si a eso le añadimos que para el votante del PP todo lo malo es culpa de Pedro Sánchez, y que el votante de izquierdas es mucho más crítico con los gobiernos de izquierda que con los del PP, porque considera que cualquier gestión nefasta es comprensible en ellos, el resultado final es que, ocurra lo que ocurra, al PP le permite atribuirse lo bueno e imputar al gobierno central todo lo negativo.
El PP tiene la gran virtud de que para todo encuentra un culpable. Verdadero o falso, pero culpable. Primero fue Felipe, luego Zapatero, y ahora es Sánchez. Aznar, según ellos, fue un santo varón con pleno de aciertos en sus años de gobierno, y Rajoy fue un verdadero cerebro de la política, un genio, a pesar de resultar parecer bobo en sus intervenciones.
Hay muchos ejemplos de lo anterior. Uno. Se empeñaron en que las muertes en las residencias de mayores en la pandemia eran responsabilidad de Pablo Iglesias, aunque las competencias en Bienestar Social sean exclusivamente de las CCAA. Quien ordenó que los mayores en residencias de Madrid no fuesen a los hospitales fue Ayuso, pero han repetido tantas veces que no dio esa orden y que el responsable era Iglesias, que muchos madrileños están convencidos de que fue así.
Otro. Cuando el paro baja es gracias a las políticas de empleo de las CCAA, competencia de las que carecen, pero si crece es culpa del Gobierno Central que tiene unas políticas nefastas en empleo, aunque el paro esté en mínimos históricos. El mes pasado el descenso del paro en Andalucía era mérito de Moreno Bonilla, pero tras las elecciones andaluzas, el aumento del paro este mes en Andalucía es culpa del gobierno de Sánchez. Pasadas las elecciones, y con el calor que hace, a pocos andaluces les importa ya quién o qué políticas están detrás de esos números negativos.
Otra. Ayuso anunció que iba a reducir las tasas universitarias en el siguiente Consejo de Gobierno regional de Madrid. Pero la verdad es que estaba obligada a hacerlo por decisión del gobierno central. Para más inri, en la reunión entre gobierno y CCAA, Madrid votó en contra de esa bajada de tasas. Ahora se cuelga la medalla y nadie pregunta gracias a que se ha producido esa bajada.
Y otra que profesionalmente me afecta. España debía cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y adaptar su normativa para impedir el abuso existente de la temporalidad en el empleo público. El gobierno central lo anunció en julio del año pasado, aunque el Consejo de ministros lo ha aprobado ahora. La decisión supone que 67.000 empleados públicos del sector sanitario, pasarán a tener un empleo estable. No es que se contraten 67.000 nuevos sanitarios, aunque sigue siendo necesario que se contraten otros muchos. Puede parecernos bien o mal, pero la decisión la debe tomar el Estado. A las CCAA lo que les corresponde es cumplir con esa decisión y estabilizar a los sanitarios que tenían contratados en condiciones de precariedad, pero no son ellas las que han solucionado la inestabilidad de esos trabajadores, sino la decisión del Tribunal europeo. Poco han tardado las CCAA en atribuirse la estabilización, y ningún profesional sanitario ha aparecido en los medios, agradeciendo ese cambio en su estatus laboral al gobierno central por dar cumplimiento a la sentencia europea.
Habrá que empezar a pensar, que es más importante el anuncio de la decisión, que la decisión en sí. Vivimos esa tendencia, en la que importa más el traje, que el cuerpo que lo luce. Tal vez aprovechan el hecho de que seguimos leyendo sólo los titulares y no el artículo completo. Eso convierte a los medios de comunicación en el elemento más importante para la decisión de los electores. No son ya el cuarto poder, sino el primero.
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