Ya sé, que para muchos de los que puedan leer este muro, lo de la renovación de los órganos de gobierno de los jueces, les parecerá un asunto de juristas, y algo que al ciudadano de a pie ni le va ni le viene. Pero craso error, porque es un asunto trascendental o al menos así lo veo.
En una democracia, tener a uno de sus tres poderes bloqueados (el poder judicial), es sinónimo de que tener nuestra democracia bloqueada. Da igual culpar de ello a unos u a otros, aunque no parece equiparable el grado de responsabilidad en la actual situación, porque en este asunto no hay equidistancias,. El bloqueo se produce por el interés de unos privilegiados y de sus siervos, porque servil es la actitud de algunos partidos que colocan el carro delante de los bueyes, sus intereses partidistas delante de los intereses generales. Demuestran que el pueblo es el último mono en una forma de gobierno, la democracia, que en teoría es el gobierno del pueblo.
Es tal el daño que se está haciendo a las instituciones democráticas, que lo natural es que fuesen los propios jueces quienes provocasen el desbloqueo de esta situación. Pero no se atisba ninguna salida y menos que parta de los propios jueces. Y luego los partidos políticos. Por un lado, Feijóo afirma que no existe la menor posibilidad de que acepte una nueva negociación con el PSOE, y tampoco nadie pone sobre la mesa una iniciativa que acabe con este dislate. Supongo que los miembros conservadores del CGPJ esperan a que se celebren las próximas elecciones a ver si cambia el gobierno y la mayoría de los órganos bloqueados sigue en sus manos. Son los adalides del inmovilismo. Y si vuelve a ganar la izquierda en las generales ¿Otros cuatro años más? Tan constitucionalistas todos, pero incumpliendo el mandato constitucional.
La historia es larga porque el CGPJ debió renovarse el 4 de diciembre de 2018., pero aún permanecen los vocales nombrados en diciembre de 2013 con la mayoría absoluta de Rajoy. Solo se van los que se jubilan y alguno que dimite. Como para renovarlo hace falta una mayoría cualificada de tres quintos, tanto en el Congreso como en el Senado, esa renovación es imposible sin un acuerdo entre socialistas y populares. El PP ha puesto sobre la mesa todo un repertorio de excusas para no negociar. La principal, que quiere cambiar la forma de elección de los vocales del Consejo, apoyándose en la indicación de la UE. Pero la realidad es que el Tribunal Supremo se acerca a las 20 vacantes sin cubrir, la cuarta parte del Tribunal.
En junio pasado expiraba el mandato de cuatro magistrados del Constitucional sin posibilidad de ser sustituidos, y optaron por pasarlos a ejercer en funciones. La renovación de este tribunal es vital para el Gobierno, porque supone un cambio del equilibrio por la salida de tres conservadores y la entrada de tres progresistas. Hasta el Comisario de Justicia de la UE ha intentado acelerar el proceso sin conseguirlo, proponiendo renovar el CGPJ y cambiar el sistema de elección después, proponiendo que una parte del órgano la elijan los jueces.
Es una propuesta para salir del paso, porque ese mismo comisario no exige algo similar en los casos de Polonia o Hungría donde la situación no es de bloqueo sino de incumplimiento de la legislación europea. La última excusa del PP para no desbloquear la situación es la reforma de la sedición, que muchos se olvidan que fue una promesa de investidura de Pedro Sánchez. Feijóo rompió la negociación en el último momento, cuando la renovación del CGPJ se daba por hecha. Un intento por avanzar respecto al Tribunal Constitucional, pero con polémica, al aprobar el Consejo de Ministros los nombramientos de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y de Laura Diez, ex directora general del Ministerio de Presidencia como nuevos magistrados del TC. Aún no han tomado posesión.
¿Qué cómo hemos llegado hasta aquí? Pues porque todo es tan solo una lucha de poder que propicia el deterioro institucional y que ampara la corrupción. Hay atavismos de la dictadura en nuestra justicia, porque durante el franquismo la justicia estuvo sometida al poder político, y eso es lo que se pretende perpetuar hoy. La propuesta del Consejo de Europa de una elección mixta trata de corregir ese sesgo existente en muchos estados de la UE, proponiendo que al menos la mitad de los vocales sean designados por los propios jueces, y la otra mitad por los parlamentos. Que todos los vocales se designen por los jueces limita la democracia, pero que todos lo sean por el parlamento también porque politiza la justicia.
Si tanto quieren en el PP que la designación del CGPJ sea al completo por los jueces ¿por qué hasta hace dos días seguían negociando la renovación con las cuotas partidistas que siempre se han utilizado? La respuesta es sencilla, lo único que se busca es el control de la justicia por intereses de partido, y no por cumplir la propuesta europea. Son los mismos intereses por los que tenían bloqueados los nombramientos de Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas, y que continúan para el Tribunal Constitucional. Tampoco el PSOE ha actuado con diligencia porque se comprometió a crear una comisión de expertos para valorar los méritos de los candidatos que no se ha constituido. Y así seguimos.
Lo nuestro no ha sido una transición modélica de la dictadura a la democracia. Nuestra Constitución no es tan fuerte como nos la quieren pintar porque hay quien hace con su capa un sayo. Hay que cambiar aquello que no sirve hoy, aunque fuese útil ayer. Mantener el inmovilismo actual es un lastre que las próximas generaciones van a pagar en perdida de derechos. El actual CGPJ se constituyó en 2013 con Gallardón de ministro, y su composición responde a los intereses partidistas del momento. En 2018 tendría que haber cesado. El propio PP llevaba en su programa electoral la modificación con arreglo a la propuesta del Consejo de Europa y la incumplieron con mayoría absoluta.
No queda otra que aplicar la ley vigente y desbloquear la renovación. No hay tiempo en esta legislatura para cambiar el sistema, pero eso no es motivo para incumplirse la ley en cualquier Estado de Derecho. Pero siguen ahí preguntas sin respuesta ¿Por qué no renuncian los miembros que creen que la Constitución Española es perfecta? O ¿Por qué no renuncian los Magistrados o presidentes de todos los Tribunales de España? La única respuesta posible la dio mi paisano Gongora: Ande yo caliente…
Y vuelvo al principio. Debe importarnos esta situación porque los más perjudicados somos los ciudadanos. Pero los ciudadanos estamos callados y parece que a ninguno nos preocupa la situación y por eso nadie reclama una organización judicial apropiada para una democracia europea avanzada. Pero una justicia bloqueada, es una justicia retrasada en el tiempo, con juicios aplazados y sentencias que llegan cuando llevar razón ya carece de importancia. Una justicia tarde no es justicia.
Si esto nos pasa con un gobierno progresista, no quisiera pensar en que la que nos espera si se produce un cambio de gobierno en las próximas elecciones.
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