Primero fue con los Fondos europeos, luego admitiendo la necesidad de emitir deuda conjunta, ahora es la intervención del mercado e impuestos a las empresas energéticas. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, la UE ha ido dando la razón a las propuestas del gobierno de España mientras el PP le ponía todas las zancadillas posibles.
No les importan ni les preocupa, si las medidas que adopta el gobierno benefician al conjunto de los españoles. Para ellos solo existe un objetivo económico social y ambiental: alcanzar el gobierno a cualquier precio.
Se celebró la manifestación de familiares de mayores en residencias. Había mucha indignación. Se respiraba tristeza. Decepción. Puede que fuese porque no se pedían recursos económicos, sino simplemente dignidad, y cuando no hay un trato digno todo es triste.
Del trato indigno que puedan recibir nuestros mayores, no son solo responsables las empresas que gestionan las residencias, sino que lo somos todos. Incluso los que miran hacia otro lado porque piensan que ellos nunca se verán en uno de esos centros, o porque carecen del suficiente raciocinio para ser conscientes que esto es un problema de toda la sociedad y no de una parte de ella. Los más responsables de todos, quienes quieren pasar página de lo acontecido sin mejorar lo que hay por delante.
Si la salud no puede concebirse como un negocio más, la atención a los mayores tampoco. Admitirlo sin supervisión estricta de las administraciones públicas, es alimentar la desigualdad, y es aceptar el nefasto aforismo de que quien menos tiene, menos vale. Justicia y derechos humanos se vulneran si la supervisión y gestión desde la administración no se ejercen desde la honestidad. No es de recibo tolerar la falta de personal, ni sus bajos salarios, ni la falta de inspecciones, ni que la asistencia médica del residente se cobre por un facultativo de primaria que, en la inmensa mayoría de los casos, ni tan siquiera conoce al residente. Dicho sea también, que es necesario revisar el precio de los conciertos para conjugar las demandas de mejoras imprescindibles con los recursos disponibles. La calidad asistencial tiene un coste y hay que asumirlo.
Ha existido un acuerdo entre Gobierno y Comunidades Autónomas, pero ahora son estas últimas las que deben concretar sus normativas. Deben cambiar, si o si, el actual modelo que no puede ser vejatorio como ocurre en algunos lugares. Escuchen al residente del Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes ¿no nos abochorna oírle?
Debemos cambiar el rumbo. Otro modelo residencial es posible, y en esto, como en todo en política, la peor decisión es la que no se adopta.
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