Si alguno pensaba que no hablaría del fallo sobre los ERES en Andalucía, es que no me conoce bien. No necesito mensajes punzantes para hacerlo. Y es algo extenso, porque el tema tiene muchos ángulos.
Los ciudadanos debemos exigir la condena absoluta para aquellos que vulneren la ley, pero con la misma vara de medir. Afirmo eso porque, a diferencia de otros casos en los que queda acreditado que se ha cometido un delito, unos son condenados y otros campan por sus fueros. Como ejemplo de esto, hace una semana conocíamos la noticia de que la fiscalía rechazaba acusar a Esperanza Aguirre e Ignacio González por falta de pruebas de que existiera una implicación directa de ellos, porque no tomaron las decisiones directamente, y acusa a mandos intermedios porque ellos tomaron esas decisiones. Debe ser que la justicia también está transferida a las CCAA, porque en Andalucía esa misma situación en el asunto ERES, se aplica de manera diferente a como lo hace la justicia en Madrid.
Y todo lo anterior no está reñido con que el caso de los EREs, que ya dura algo más de diez años, sea un castigo y un vía crucis para el PSOE andaluz, y es un asunto que nunca debería haberse producido. Pero no por ello deja de ser a la vez, gasolina para el PP en su intento de pegar fuego al socialismo donde sea y como sea. A partir de ahora, cada vez que se sentencie al PP por algún delito, su defensa será hablar de los EREs para que el ruido impida oír sus sentencias.
A los chicos de Feijoo les da igual que la financiación de los ERES no sea una decisión del gobierno, sino del Parlamento andaluz que es el que debate y aprueba los presupuestos de la Comunidad, y no es una aprobación del gobierno, por eso es una decisión parlamentaria y no gubernamental. Eso no es algo exclusivo de Andalucía, sino que es aplicable a cualquier administración: el gobierno propone y el pleno aprueba. Y si no existe esa aprobación por el Parlamento andaluz de una partida específica para los EREs, estos no existirían.
No soy jurista, pero que unos magistrados vean, que existe responsabilidad penal en quien ejerce una responsabilidad política, sin probar que sus decisiones se han materializado en un acto administrativo concreto, me resulta difícil de entender. Dicho lo anterior, el que la haga que la pague. Pero que quede meridianamente claro que lo ha hecho.
Ya saldrá la sentencia en su momento, pero ahora nos espera un PP cocinando a fuego lento el asunto para sacarle el máximo rendimiento político. Lógico, pero sucio. Saben que no es una sentencia unánime, y que no acusa a los expresidentes andaluces de haber robado, pero es que consideran que ha llegado su momento, que deben aprovechar el resultado electoral de Andalucía y las encuestas que señalan a Feijoo por delante de Sánchez, y este fallo es su gran oportunidad. No les interesa la verdad, sino el rédito electoral.
El procedimiento de los ERES no ha sido un dechado de virtudes, lo que era priorizar soluciones a las crisis de muchas industrias, no se hizo bien. Pero quienes se han aprovechado del sistema son un listado de individuos que luego saldrán a la luz con todas las piezas separadas del caso. Pero eso importa poco en Génova y al gallego de los ojos vidriosos, Feijoo, le ha faltado tiempo para lanzarse a tumba abierta a calificar los EREs como el caso más grave de la democracia, y pedir que Sánchez depure responsabilidades, cuando sabe que los ahora condenados se dieron de baja del PSOE en 2016, que están fuera del gobierno, y ninguno ejerce responsabilidades políticas.
Pero el fallo resulta curioso. Que se anuncie el contenido del mismo antes que la sentencia, que conoceremos dentro de como poco mes y medio, lo es. Que ya se de todo por acreditado, sin conocer los votos particulares de dos de los cinco magistrados, que consideran que deberían haber sido absueltos de malversación, también. Parece que pocos piensan en que han convertido, sobre todo a Griñán, en un chivo expiatorio, sin entrar en lo democráticamente más importante y algo mucho más escandaloso: que el caso de los ERES es la prueba palpable de que en nuestro país, una parte de la elite política y empresarial se ha acostumbrado a hacer de su capa un sayo, con la inestimable colaboración de una parte del estamento judicial.
Lo que se debería esperar de una sentencia de un juez, en un caso de tanta importancia, es que antes de buscar rédito político para el partido que le colocó en su cargo, ese juez piense en los ciudadanos y busque que la justicia resplandezca. Después de más de diez años de caso, sacar ahora solo el fallo, dejar la sentencia con sus argumentos para después del verano, y permitir con ello que se pueda especular todo lo que se quiera al respecto, no es velar por la justicia sino por echar leña a la guerra partidista. Recuerdo lo que ocurrió con el presidente socialista de Castilla León Demetrio Madrid, al que se apartó de su cargo para allanar el camino a don José Mari, aunque después la supuesta gran ilegalidad se quedará en ruido y pocas nueces, pero entonces les salió la jugada y ya no hubo marcha atrás. Ahora esperan que suceda lo mismo. Aquí no se juzgaba a ladrones, pero la forma de hacer público el fallo sin la argumentación jurídica del mismo los convierte en eso y sin posibilidad de defensa. Basta una mirada en redes y medios afines al PP.
Los Tribunales han entrado en la dimensión política que es lo nunca debería hacer un tribunal y mucho menos si es el Supremo. Muchos podemos preguntarnos ¿Por qué no se ha condenado a todo el Parlamento andaluz? ¿Qué tendrá que ver esto con la no renovación del CGPJ? ¿Qué pinta en este asunto el señor Lesmes, con sus palos en la rueda en esa renovación? Pero otros no se preguntarán nada y darán por bueno lo que los indas o marhuendas de turno les cuenten.
Y además, cuando se escucha a los creadores de opinión televisivos, a sueldo de sus amos, parecen intentar transmitirnos que estos señores se han llevado a su casa (para su buchaca), más de 600 millones de euros, cuando la realidad es que se han gastado en los ERES 600 millones, pero que de esos, unos 580 millones se aplicaron con total legalidad, porque quienes los cobran eran trabajadores prejubilados y que hoy lo siguen cobrando legalmente. Poco les importa concretar que solo están cuestionados unos 20 millones que efectivamente acabaron en manos de quienes no les correspondía, pero no de los ahora condenados. La sentencia no dice nada sobre la ideología política de esos trabajadores beneficiados, que seguro los hay de todos y cada uno de los partidos. Se celebrarán juicios y serán condenados, pero el ruido mediático se produce si son cargos públicos, que es lo que llena páginas y cabeceras de informativos. Nadie se atreve a decir lo que en realidad insinúan: que los expresidentes hayan repartido dinero entre los suyos.
Tampoco me gusta la defensa a ultranza que se hace desde el PSOE de los expresidentes. Decir solo que no se han llevado dinero, es no asumir que no se hicieron las cosas todo lo bien que se debía. Puede ser lógico, pero es hora de que se empiece a asumir que cuando las cosas no se hacen bien o se hacen mal, un responsable público no sólo está para las inauguraciones, sino también para pagar los platos rotos. Un político, sea del partido que sea, debe tener asumido que si la hace la paga. Pero a la vez hay que decir en voz alta, que no se puede condenar a alguien por algo que no está previsto como delito, y en mi opinión estamos ante eso.
Feijóo, el mismo que hoy pide responsabilidades políticas, dijo hace cuatro años que lamentaba la sentencia, y que consideraba a Griñán “una víctima” e incluso afirmó con rotundidad que no era una persona corrupta. En política nunca se llevan buenos compañeros en el viaje, y hoy Feijoo ya no está en esa onda de presidente autonómico, y hoy ya solo piensa en la Moncloa, y no en la justicia. Claro que no debe extrañarnos, porque este es el mismo Feijoo que hace unas semanas apoyaba al entonces Cesar Casado y luego en dos días se cambió al bando de Bruto junto a Agripina.
Cuando las manos se manchan de sangre, siempre acaban delatando al autor. Tiempo al tiempo.
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