Mañana se cumplen ochenta y siete años de un 18 de julio, en el que se puso en marcha un plan para derribar a un gobierno constitucional y democrático. Se acabaron de un plumazo todos los avances sociales que la república había puesto en marcha en favor de todas las clases sociales, que no solo de las populares. Ese golpe derivó en una guerra civil. Según Franco no era un golpe, sino una cruzada para liberar a España del comunismo.
La realidad es que la contienda implicó que se asesinaran sin piedad a todos los republicanos que se le pusieron a tiro a los golpistas. Contó con la ayuda de más de cincuenta mil nazis de Alemania, casi noventa mil fascistas italianos, y un ejército de cien mil soldados marroquíes mercenarios, que se dice pronto, vencieron militarmente al gobierno electo constitucional y democráticamente de la segunda república. La que no es cuestionable es que no se trató de una pelea de abuelos como decía hace unos días Feijoo.
Ha pasado casi un siglo de eso, pero aún seguimos en otra guerra, la del relato. Para lograr que su versión parezca creíble, necesitan que todo lo acontecido desde 1936 a 1952 sea considerado como parte de una guerra civil y las barbaridades consideradas como las consecuencias colaterales de ese enfrentamiento. Pero lo cierto es que siguen hablando de guerra civil, para que nadie recuerde que la realidad es que fue un golpe contra un gobierno constitucional y democrático. Claro que todos los españoles celebramos el fin de la contienda, no porque ellos vencieron, sino porque el final del dolor todo el mundo lo celebra.
Y en eso continúan hoy PP y Vox, empeñados en su negacionismo histórico, al amparo de la libertad de expresión que les otorga nuestra democracia, y que les permite mentir descabelladamente. Olvidan que no se reconcilia quien niega el dolor del otro. Que ellos no nos han descubierto la libertad. Que con Franco ya tomábamos cerveza en libertad, pero que eso no era libertad. Libertad es lo que hoy tenemos, poder decir lo que quieras y manifestarte sin que se baje del atril un mitinero de extrema derecha para partirte la boca.
La ley de Memoria democrática quiere corregir ese falso relato, por eso en los acuerdos del PP y Vox, lo más prioritario es su derogación. Se olvidan que las víctimas tienen todo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. La equiparación de ambos bandos, diciendo que todos hicieron barbaridades, puede ser verdad, pero en su boca no es más que un intento por eludir su responsabilidad moral y judicial. Ellos, los mismos que afirman que ninguna vulneración de la ley puede quedar impune, que hasta defienden la pena de muerte para algunos delitos, no quieren ni pueden asumir, que la ley actual no se hico por un capricho, sino que es una cuestión de respeto a los derechos humanos.
Y el colmo de los colmos es leer o escuchar a gente joven, que ni había nacido siquiera en la dictadura, afirmar que se siente orgullosa del franquismo, algo que conoce por lo que le han contado, como si les importase más el ruido que al contenido, y sin llegar a cuestionarse que todo es del color del cristal con el que se mira, y que las verdades no son infalibles ni tan siquiera en la ciencia, cuanto menos en la historia. Parecen ignorar que con muchas palabras vacías se pueden construir grandes discursos, pero serán vacíos. Aún no es tarde para reconocer que no hemos sabido educar a nuestros jóvenes, para que sean prudentes y no se crean todo lo que se les cuenta por unos o por otros.
Les molestó desde el principio. Mariano Rajoy derogó de facto la primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, al no dotarla con recursos económicos. La actual legislación contiene exigencias que desde hace años Naciones Unidas hace a España, y sin embargo, les molesta tanto, que pueda cambiar su relato, que un ayuntamiento en el que gobierna PP con Vox, hasta ha suspendido una obra de teatro de un maestro republicano fusilado.
Proponen sustituir la ley actual por una de “concordia” que “fomente la reconciliación” pero lo que en realidad quieren promover es el desconocimiento histórico. Su discurso oficial es que los españoles se reconciliaron en la Transición, pero la transición no acabará mientras una parte siga queriendo imponer a la otra su relato, y menos si es contrario a los acontecido.
Así que cuando se acuda a votar, también se votará eso, legitimar su relato. La actual ley no divide, pero dividirá derogarla, y seguiremos con una herida sin cicatrizar.
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