En este muro he defendido la necesidad reformar la legislación respecto al delito de sedición, una reminiscencia franquista en nuestro Código Penal que no existe como tal en los demás países europeos. Cosa muy diferente es la reforma del delito de malversación. De nuevo tenemos un tema de debate, y lo peor, que se debate sobre premisas a todas luces falsas y mintiendo al dar por hecha una reforma que ni siquiera se ha iniciado.
Personalmente la considero una reforma innecesaria, que ni nos la exige Europa, ni la necesita el juez para tener claro quien choricea lo público. Malversar es hacer un mal uso de los fondos públicos por parte de un funcionario o de un alto cargo. Si además se aprovecha personalmente, el delito tiene ese hecho como una agravante del delito. Es por tanto un delito muy claro, y querer con su reforma hacer que lo importante sea si el chorizo se lo lleva en beneficio propio o no, es desvirtuar el concepto de malversar.
Y si se trata de cumplir un compromiso por parte del gobierno, mejor se llama a quien se le comprometió y se le explica que se ha pensado mejor y no se hará. Si se hace esa reforma se corre el riesgo de que quien malverse para otro, aparezca como impune. Cuando se persigue la malversación como delito no se busca castigar el enriquecimiento ilegal, si no el mal uso de lo público. Gastar una partida presupuestaria en un fin distinto al que tiene, es malversar. Según lo que se pretende reformar, solo será delito si, además, no se gasta en algo público y se lo lleva alguien.
A lo largo de la historia de nuestra democracia unos se lo llevaron y otros no, pero todos colaboraron en que funcionara el sistema que saqueo nuestras instituciones. El delito de malversación nos protege de ellos, y en ningún caso su reforma puede entenderse como moneda de cambio de nada y con nadie.
Si una condena es injusta, el gobierno puede indultar al condenado, porque tiene la potestad de corregir lo que entiende como una injusticia, pero no necesita cambiar la tipificación de un delito para hacerlo. Afrontar esta reforma a meses de unos comicios, puede pasar al gobierno una factura que debe valorar si está dispuesto a pagar.
Afirmar lo anterior no es óbice para que resulte impresentable que medios, que se consideran informativos, ya den por aprobada una reforma que aún está pendiente de que se presente una enmienda para debatirla. Esos medios no informan, sencillamente mienten en favor de la ideología de quien los sustenta.
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