La situación de los jueces y fiscales en España

La situación de los jueces y fiscales en España en relación con la ley de amnistía es inconcebible en un estado democrático con división de poderes. Que la aprobación, incluso ya el anuncio de su redacción generó un notable descontento en el ámbito judicial, es un hecho constatado. Ya hace más de un año que pudimos ver a los miembros de la judicatura en manifestaciones contra la ley. Desde su inicio han mostrado una postura crítica que hoy en día no ha cambiado, aunque ya no se manifiesten públicamente como hicieron antes. Esa falta de comprensión a la necesidad que entendía el ejecutivo de aplicar una amnistía al procés, hoy la vemos cada día encarnada en la resistencia de algunos jueces hacia el Gobierno que la impulsó. Ese momento fue clave, porque, aunque el odio que han conseguido generar contra el gobierno de Sánchez arrancó con la moción de censura a Rajoy, no se ha aplacado con las elecciones generales, donde el PP y sus seguidores se veían alcanzando la Moncloa, ha sido la propuesta de la ley de Amnistía la que ha venido a derramar el vaso, y la clave para entender el contexto político que actualmente vivimos en España.

Esa resistencia a cumplir las leyes que han emanado de un ejecutivo al que tanto la oposición como gran parte de la judicatura han considerado desde su constitución como ilegitimo, la hemos podido ver en varios casos concretos que nos deben servir para constatar que esa resistencia judicial a aplicar las leyes es una realidad. Vimos al juez Manuel García Castellón, acusando a Puigdemont de terrorismo, porque ese era un delito que no podía ser amnistiado, pero se equivocó en el cumplimiento de los plazos legales de la investigación y fracaso en su intento por lo que el proceso que inició acabó, archivado. La manipulación que hizo de la legislación fue muy grave, pero nadie levantó la voz contra su actuación.

Luego vino el juez Joaquín Aguirre, que intentó frenar la amnistía acusando a Puigdemont de traición, pero con una investigación irregular que fue desestimada por la Audiencia Provincial, pero al juez le dio lo mismo la consideración de la Audiencia y continuó con su intento por imputarle, hasta que hace unos días la Audiencia de Barcelona lo desacreditó e incluso le llamó la atención.

Pero donde se han apretado los machos haciendo una interpretación torticera, no solo de la legislación sino del diccionario de la RAE ha sido en el Tribunal Supremo, que ha sido donde se ha situado el verdadero obstáculo para la aplicación de la ley. El Supremo debería haber planteado un recurso de inconstitucionalidad, pero eso no hubiera impedido que Puigdemont se beneficiara de la amnistía, por lo que optó por otra fórmula. Consideró que la solución era acusarle por un delito de malversación relacionado con el procés que no es amnistiable, aunque para hacerlo, decidió que había un propósito de enriquecimiento, al ahorrarse Puigdemont el costo del referéndum, pese a que no aumentó su patrimonio. Esta interpretación seguramente sea rechazada por el Tribunal Constitucional, y si no la recurrirán y será anulada por la justicia europea. Sin embargo, al actuar así, los jueces han conseguido el objetivo que perseguían: frenar la aplicación de la ley.

Lo de la mujer de Sánchez, lo de su hermano, lo del fiscal general, son solo pequeñas muestras de que quien puede hacer hace, para intentar desalojar al ejecutivo que obtuvo una mayoría parlamentaria para serlo. Caso distinto es el de las corrupciones con indicios sólidos como el caso Koldo, que deben ser esclarecidos y que quien lo haya hecho lo pague. Pero la forma de actuar del tercer poder del estado solo refleja una lucha entre ese poder judicial y el legislativo en España, donde los jueces han logrado, a pesar de que la ley esté vigente, impedir su aplicación, y las consecuencias de ese incumplimiento las estamos viendo estos días, en forma de palos en la rueda, colocados por Junts contra el gobierno que no puede aplicar algo que los jueces le impiden. Además de una coincidencia ideológica de ambos partidos en la derecha, esta no aplicación de la amnistia a Puigdemont, es la verdadera justificación del acercamientos desde Junts al PP y las votaciones en contra o a favor, pero en el último instante de los de Puigdemont. Aunque nos lo quiera Feijoo vender como una demostración de que él ya habla catalán en la intimidad, lo que vemos no deja de ser una maniobra de chantaje de Junts al gobierno por aquello de “que hay de lo mío”.

Si esto no es una forma de remar por parte de los señores de la toga a favor del PP y en contra del poder ejecutivo, cuando su papel es cumplir las leyes que emanan del Parlamento y no el de cuestionarlas, que venga dios y lo vea.