Si algún año ha estado marcado por una feroz politización del sistema judicial en España ha sido 2024. Los tribunales se han convertido en los primeros protagonistas del debate político. El papel de los jueces en la confrontación política ha sido constante, y la consecuencia ha sido que la mitad de los ciudadanos califica como “mala” o “muy mala” la independencia judicial.
La nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dijo en su primer discurso que era necesario preservar la independencia judicial, y pedía que se evitaran ataques injustificados a la judicatura. Sin embargo, vimos las protestas de jueces en 2023 contra acuerdos políticos que mencionaban el "lawfare" y que culminaron en críticas a la ley de amnistía destinada a cerrar el capítulo del procés.
Esa ley de amnistía se ha enfrentado con una férrea resistencia judicial. Su aprobación se retrasó debido a investigaciones impulsadas por magistrados como Aguirre y García-Castellón, que buscaron acusar a líderes independentistas de delitos excluidos de la amnistía. Además, el Tribunal Supremo bloqueó parcialmente la aplicación de la ley, promoviendo cuestiones de inconstitucionalidad y desafiando la postura de la Fiscalía, lo que exacerbó divisiones internas en este organismo.
La derecha y la ultraderecha han instrumentalizado las causas judiciales para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las estrategias utilizadas destacan querellas basadas en pruebas débiles, como la presentada contra el PSOE por supuesta financiación ilegal, y casos judiciales contra familiares del presidente, como su esposa y su hermano. En el caso de la mujer, la investigación se ha ampliado sin pruebas concluyentes, alimentando la confrontación política y mediática.
El juez Peinado, encargado del caso de Begoña Gómez, ha tomado decisiones controvertidas, como reactivar la investigación en plena campaña electoral, desafiando la práctica de evitar interferencias judiciales en esos periodos. Las acciones judiciales han ido alineadas con objetivos políticos lo que ha generado preocupación por el impacto en la percepción pública de la justicia.
Sectores de la ultraderecha han encontrado como aliados a ciertos jueces que les han permitido promover su agenda, como ha ocurrido en el caso del del fiscal general del Estado investigado sin pruebas concluyentes por la supuesta filtración de un correo electrónico, lo que está siendo un intento de atacar al Gobierno a través de procesos judiciales.
Pronto se van olvidando los medios de los cientos de muertos y de los miles de damnificados de la Dana, pero no lo harán de los correos del fiscal general del Estado y de los cursos de Begoña Gómez. El tiempo que le dedican es directamente proporcional al que le haga falta a la novia del defraudador. Les interesa perseguir al fiscal general, aunque saben que lo que tenían que estar investigando son los contratos con la Quirón, el ático de dudosa procedencia, la deuda Fiscal del churri, los bulos que salen de su entorno y a ella misma por los protocolos de las residencias.
Resulta absurdo que se investigue al fiscal por un supuesto delito de filtración, cuando esa información estuvo en manos de decenas de personas ¿Por qué no se investiga a todas esas otras personas? No nos olvidemos que esta causa empezó con la aclaración de un bulo que publicó el propio entorno de González Amador. El ¿por qué? lo sabemos todos. El objetivo es atacar al ejecutivo y salvar al churri. Que aún no tiene ni fecha para su declaración, y que se permite el lujo de poner querellas a todo lo que se mueve.
Todo el mundo ha perdido el foco en este asunto, la guerra contra el fiscal del estado es solo un daño colateral, que si cuela, perfecto, porque el objetivo de todo esto es conseguir anular la causa contra el churri de Ayuso.
En resumen, el panorama judicial en 2024 revela un creciente activismo político entre la magistratura, lo que ha erosionado la percepción de independencia y neutralidad de los tribunales. Se ha estado instrumentalizando la justicia como herramienta de confrontación política lo que es una amenaza tanto para la imagen, como para el normal funcionamiento del sistema judicial en España.
Esto ha generado una fuerte crítica hacia el poder judicial en España, acusado de politización y de actuar como un "golpe de Estado judicial" para interferir en la democracia y la política. Muchos ciudadanos denuncian su influencia en el sistema democrático, así como la continuidad de estructuras heredadas del franquismo y la falta de reformas en el sistema judicial. Pero hay que decir que el PSOE tiene una responsabilidad histórica por su actuación frente a estos problemas. Existe un descontento con la judicialización de la política, con el papel de ciertos partidos y con la falta de soluciones estructurales para garantizar la independencia del poder judicial.
No parecemos un estado de derecho, sino un estado de la derecha. Dos ejemplos. Uno: Los insultos del juez Ruiz de Lara, que denigra su profesión, deben ser sancionados. Ni en la Judicatura ni en ninguna institución se pueden permitir estas actitudes. El respeto y la educación son las bases de la Democracia y de la separación de poderes. Dos: ¿Por qué el juez Hurtado no le pide también el teléfono a Ayuso como a los demás? Sería interesante por sus comunicaciones con Miguel Ángel Rodríguez, su mail manipulador, el reconocimiento del fraude del novio…¡Basta ya!
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