El primero es un informe de Comisiones Obreras que revela como España es uno de los países europeos con mayor segregación escolar. Especialmente se segrega en Madrid, donde la separación del alumnado se basa en la renta. Euskadi y Catalunya, por su parte, segregan según el origen de los estudiantes, tanto nacionales como inmigrantes. Es estas CCAA los alumnos no eligen centro, sino que son los centros los que deciden que alumnos admiten. Si se quiere lograr una representación equitativa en los centros educativos, se estima que uno de cada tres alumnos debería cambiar de escuela. La segregación afecta la cohesión social y perpetúa desigualdades, limitando la capacidad de la educación para ser un espacio inclusivo.
El mismo estudio también destaca las diferencias significativas existentes entre comunidades, con Madrid liderando la segregación y otras como Cantabria y Castilla-La Mancha mostrando niveles mucho más bajos. Además, se identifican factores que contribuyen a esta segregación, como la existencia de escuelas concertadas y la falta de recursos en colegios públicos. Los autores proponen 71 medidas para solucionar este problema, incluyendo la planificación de la oferta educativa y la creación de distritos escolares más diversos. En resumen, el informe subraya la necesidad de políticas integrales para reducir la segregación y mejorar las oportunidades educativas para todos.
El segundo lo han emitido los letrados de la Asamblea de Madrid y en él han rechazado la propuesta del PP para modificar la normativa y evitar que la sede del Gobierno regional, que fue la antigua Dirección General de Seguridad, sea declarada lugar de memoria democrática, como busca el Gobierno de Pedro Sánchez. El equipo jurídico argumenta que las enmiendas del PP no son pertinentes y podrían ser inconstitucionales, ya que no se relacionan con el contenido original de la ley en cuestión.
Este conflicto surge tras el intento del Ministerio de Política Territorial de declarar la sede como lugar de memoria, lo que ha llevado al Gobierno de Ayuso a utilizar "todos los recursos legales" para oponerse. El PP presentó una enmienda a una ley existente para "proteger" la sede, pero los letrados señalan que esta modificación no se ajusta a la jurisprudencia parlamentaria. A pesar de las críticas de la oposición, que considera que se están vulnerando derechos políticos, el PP defiende que su enmienda es válida y necesaria para preservar la neutralidad de la sede. Además, el Gobierno de Ayuso planea presentar un requerimiento para anular la declaración de la sede como lugar de memoria, lo que podría llevar el asunto al Tribunal Constitucional. La realidad es que ese edificio fue un centro de torturas y muerte. Por más vueltas que le den y traten de maquillar las cosas fueron así. Qué se lo pregunten a los que lo sufrieron.
La conclusión de ambos informes es que muchas CCAA se saltan la legislación en vigor a su capricho, y que el caso de la de Madrid empieza a ser parte del delirio persecutorio que sufre su presidenta, para quien los técnicos no están facultados para opinar sino le dan la razón a lo que su sesgo ideológico le señala. Mejor que tanto hablar de defensa de la Constitución, debería empezar por cumplirla, y aceptar que la legislación estatal está para su cumplimiento, y si no le parece bien, cuando esté en su mano modificarla que lo haga, pero mientras eso no ocurra su obligación constitucional es cumplirla.
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