No, señores de la judicatura, no. No habrá una causa general contra la justicia española, como en sus comunicados ustedes dan por hecho. Ni los jueces, ni ningún poder del estado, pueden exigir a los ciudadanos que confíen ciegamente en ellos. Menos en una democracia. Sus señorías serán almas delicadas y sensibles, pero deben soportar las criticas como cualquier servidor público. Nadie debería tener total impunidad. Nuestra Constitución consagra la separación de poderes, pero todos tenemos asumido que algunos jueces, religiosos, militares, o periodistas disponen de un poder, que les permite tomar decisiones políticas que no les corresponden.
Las asociaciones de los miembros de la judicatura se han lanzado en tromba contra el acuerdo Psoe-Junts. Ese acuerdo incluye una amnistía, pero no dice que el Parlamento vaya a investigar las decisiones judiciales adoptadas desde el referéndum de independencia de 2017. Se expresa literalmente en su texto lo siguiente: “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura”. Serán dos comisiones, una que investigará las maniobras de la policía política de Fernández Diaz contra el independentismo (de las que hemos conocido muchos documentos publicados en distintos medios) y otra sobre el espionaje programa Pegasus, algo investigado por el Parlamento Europeo y que ha sido reconocido por el propio CNI.
El acuerdo recoge que las conclusiones de ambas comisiones serán tenidas en cuenta para aplicar la ley de amnistía. Y ahí aparece el término “lawfare”. En ningún párrafo dice que el Parlamento vaya a revisar decisiones judiciales, entre otras cosas, porque no puede hacerlo. Sin embargo, se nos olvida, que también el concepto se podría aplicar, al contrario, cuando son los magistrados quienes hacen declaraciones de tipo político tanto sobre partidos como sobre leyes.
Pongamos ejemplos de una y otra forma de entender la judicialización de la política o la politización de la justicia: el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, relacionó al PCE y a Podemos con los nazis; el PP afirmó que, en el caso Villarejo, la investigación judicial relacionada con la Gürtel fue un montaje del Ministerio de Interior de un Gobierno socialista; García Castellón ha tenido guardada en un cajón por cuatro años la causa contra Tsunami Democràtic y hace unos días la saca a la palestra, y la Fiscalía le acusa de indicios insuficientes y escasa motivación para hacerlo; ese mismo juez intentó convertir el caso del robo de un teléfono móvil a una secretaria de Pablo Iglesias en una causa contra el líder de esa formación; el gobierno de Rajoy utilizó a la cúpula de la policía, para impulsar investigaciones judiciales contra sus adversarios políticos, conocida como operación Kitchen, en la que está implicado el anterior ministro del Interior buscando hacer desaparecer las pruebas que implicaban el PP en el caso Bárcenas; se promovieron actuaciones policiales y judiciales contra Unidas Podemos por corrupción; el caso del juez Salvador Alba, hoy en prisión por la persecución de la diputada Victoria Rosell; el caso de Alberto Rodríguez; el caso de Mónica Oltra, que aún sigue imputada; el montaje contra Monedero; ayer comenté lo de Miguel Tellado del PP menospreciando al Tribunal Constitucional, y fuera de la política el caso de Sandro Rosell y Besolí. Mantenidos en prisión dos años para luego declararles inocentes. Se puede continuar el listado, pero todos estos casos llevan a la misma conclusión: podrá existir o no lawfare, pero todo este listado es una vergüenza para nuestra democracia, y ninguna asociación judicial dijo esta boca es mía, ni que se estaba ante la quiebra del Estado de derecho.
Esto se solucionaría si casa veredicto o sentencia, que se demostrase luego injusta, tuviese un coste profesional, lo que ahora no ocurre, porque si alguien les juzgara debería ser el CGPJ o el TS. En cualquier caso, quien menos lecciones puede dar de separación de poderes o de independencia de la justicia es precisamente el PP.
El independentismo usa el termino lawfare para decir que son inocentes, pero si lo fueran, no tendrían que exigir una amnistía, porque el indulto no decía tampoco que fuesen inocentes injustamente condenados. Para el PP parece que los tribunales solo no son legítimos si no están ocupados por personas de su ideología, y parecen molestos con los mecanismos de la democracia sino son sus afines ideológicos quienes los interpretan. Las asociaciones judiciales y el CGPJ pueden sentirse molestos, pero, antes deberían cuidarse de meterse en asuntos políticos, y mucho menos hacer una declaración en la que suscriben punto por punto los argumentos de la derecha. La mujer del Cesar no solo debe serlo, sino aparentarlo que se dice.
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