sábado, 22 de agosto de 2015

22 de agosto.- LA ASISTENCIA UNIVERSAL NO ES CUESTIONABLE



Que por decidir prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, el gobierno  amenace a las CCAA con posibles sanciones a  nuestro país por parte de la UE, podría valer como argumento de un sainete. Pero que esto lo haga el mismo gobierno cuyo ministro de sanidad se comprometió hace cinco meses a devolver la atención primaria a los inmigrantes en situación irregular, y que a  vez es el mismo gobierno que retiró el derecho a la sanidad universal en 2012 (con excepción de las embarazadas, los menores y la asistencia en urgencias), son incongruencias concatenadas que rozan el esperpento.

Establecer la sanidad universal es dar cumplimiento de uno de los derechos humanos fundamentales. El supuesto "ahorro" que se consigue en principio al restringir la asistencia universal, se ve incrementado exponencialmente, si no se detectan precozmente enfermedades fácilmente tratables, y posteriormente hay que abordar su tratamiento (prevención). En respuesta a la promulgación de la ley 16/12, que retiraba la asistencia universal, el 29 de Enero de 2014 el Consejo de Europa, a través del Comité de Derechos Sociales, realizaba un reproche a España por incumplir los artículos 11 y 13 de la Carta Social Europea, la noticia decía "Europa avisa a España de que incumple sus normas al dejar a los sin papeles sin la sanidad". Que ahora el gobierno diga que Europa amenaza con multas millonarias por cumplir esos artículos, resulta una amenaza chusca.

Todas estas declaraciones de los voceros del PP, están en la línea del mensaje "o nosotros o el caos", y nos anuncian catastróficas consecuencias, demostrando una vez más su carácter poco democrático y su baja catadura moral al tomarnos por imbéciles. ¿Cuándo se ha visto que transgredir una norma estatal, puede ser sancionada por la Unión Europea? Estamos ante un intento más de manipulación, que busca encizañarnos a los ciudadanos unos contra los otros, convencidos de que mientras nosotros los españoles de a pie nos dediquemos a despotricar contra los inmigrantes, los amigos del gobierno pueden continuar sacando pingues beneficios en las privatizaciones sanitarias, aprovechando para ello la ley, pero pervirtiendo para ello el espíritu de la propia ley.

Si cumpliesen la promesa del ministro de dar asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales, no garantizarían con ello una atención normalizada, y mucho menos cuando a estas alturas del partido ese compromiso es de un gobierno asustado y casi convencido de que tras las elecciones deberá coger las de Villadiego. Todo hace pensar que en Moncloa no quieren enterarse de que en muchas CCAA se ha producido un cambio político y ya no pueden continuar con el ordeno y mando al que estaban acostumbrados. Los nuevos gobiernos autonómicos actúan en el pleno ejercicio de sus competencias, y ahora se unen a los que, pese a la legislación estatal, continuaron prestando esa asistencia sin ser sancionados.

Una revisión de las cifras del propio ministerio, tampoco dan la razón a los alarmistas por las consecuencias de retornar a una cobertura universal de nuestro sistema de salud. Lo acreditan datos como que en 2013 nuestro gasto sanitario total ha vuelto a descender en casi 3.600 millones de euros, con lo que el dinero público destinado a sanidad ha caído en dos ejercicios un 9% de lo que se le aporta vía impuestos desde 2011 que el PP llegó al gobierno central.

Lo que el gobierno nos oculta es que de ese dinero público, gran parte se ha trasvasado a las empresas privadas de la sanidad, ni que los ingresos de las sociedades privadas por regentar hospitales públicos, más el importe de los conciertos para pruebas diagnósticas e intervenciones se mantuvieron estables en casi 10.000 millones. A eso se deben añadir otros 2.000 millones de euros de las residencias privatizadas que son más de la mitad, y que gestionan las mismas empresas.

Decidida la universalización no es cuestión de improvisar, sino de que cada Comunidad Autónoma redacte sus propias normas para regular esta situación, pero el ministerio no puede hacerles actuar bajo amenazas, y debe ser el primero que entienda que no atender a los inmigrantes en situación irregular es poner en riesgo la salud de toda la población del Estado. No es una cuestión de que lo hagamos por caridad con los inmigrantes, sino por seguridad sanitaria para todos.

Frente a la decisión, las CCAA se van a encontrar a quienes argumentan que no puede universalizarse la asistencia en España teniendo seis millones de parados, y un mercado de trabajo saturado. Si se mira a quienes representan esas voces discrepantes, veremos que son los mismos que se han olvidado cuando utilizaban a los inmigrantes ilegales para el servicio doméstico o agrícola o de la construcción sin darles de alta, ni cotizar por ellos a la SS. Para ellos los inmigrantes son buenos mientras les sirvan para mantener y realimentar sus negocios, y malos cuando requieren de los recursos públicos. El término “hipócrita” define bien su posicionamiento.

Como médico entiendo que la sanidad debe ser universal, y me resulta indignante pretender separar a los pacientes por categorías cuando estos acuden a consulta. La argumentación del PP vulnera nuestra Constitución al anteponer los intereses económicos a la salud, no sólo de los inmigrantes, sino que ha llegado a hacerlo con los propios españoles retirándole la tarjeta sanitaria a los parados de larga duración, aunque luego rectificara por la presión social.  Esta nueva amenaza provocará el efecto contrario al que pretende, por ser una incoherencia que vulnera un derecho y aumenta el riesgo de epidemias en nuestro país.


En lugar de adoptar esta postura, la Administración Central debería haber hecho sus deberes y proveer un fondo de compensación interterritorial,  en los precoces Presupuestos Generales de 2016 para haber acabado de una vez con una situación absurda y peligrosa.. Si no lo ha hecho es porque para quienes hoy gobiernan,  debemos estar hablando solo de seres humanos, y no de potenciales consumidores. Si lo fueran entonces si serían merecedores de su interés.

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