Que por decidir prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, el gobierno
amenace
a las CCAA con posibles sanciones a nuestro país por parte de la UE, podría valer
como argumento de un sainete. Pero que esto lo haga el mismo gobierno cuyo ministro de sanidad se comprometió hace cinco meses a devolver
la atención primaria a los inmigrantes en situación irregular, y que a vez es
el mismo gobierno que retiró el derecho a la sanidad universal en 2012 (con
excepción de las embarazadas, los menores y la asistencia en urgencias), son incongruencias concatenadas que rozan el esperpento.
Establecer la sanidad universal es dar cumplimiento de uno de los derechos humanos
fundamentales. El supuesto "ahorro" que se consigue en principio al
restringir la asistencia universal, se ve incrementado exponencialmente, si no se
detectan precozmente enfermedades fácilmente tratables, y posteriormente hay
que abordar su tratamiento (prevención). En respuesta a la promulgación de la ley 16/12, que retiraba la asistencia universal, el 29 de Enero de 2014 el Consejo de Europa, a través del
Comité de Derechos Sociales, realizaba un reproche
a España por incumplir los artículos
11 y 13 de la Carta Social Europea, la noticia decía "Europa avisa a
España de que incumple sus normas al dejar a los sin papeles sin la
sanidad". Que ahora el gobierno diga que Europa amenaza con multas
millonarias por cumplir esos artículos, resulta una amenaza chusca.
Todas estas
declaraciones de los voceros del PP, están en la línea del mensaje "o nosotros o el caos", y nos
anuncian catastróficas consecuencias, demostrando una vez más su carácter poco
democrático y su baja catadura moral al tomarnos por imbéciles. ¿Cuándo se ha visto que transgredir una norma estatal,
puede ser sancionada por la Unión Europea? Estamos ante un intento más de manipulación, que busca encizañarnos a los ciudadanos unos contra los otros,
convencidos de que mientras nosotros los
españoles de a pie nos dediquemos a despotricar contra los inmigrantes, los
amigos del gobierno pueden continuar
sacando pingues beneficios en las privatizaciones sanitarias, aprovechando para
ello la ley, pero pervirtiendo para ello el espíritu de la propia ley.
Si cumpliesen
la promesa
del ministro de dar asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales, no garantizarían con ello una atención
normalizada, y mucho menos cuando a estas alturas del partido ese
compromiso es de un gobierno asustado y casi convencido de que tras las
elecciones deberá coger las de Villadiego. Todo hace pensar que en Moncloa no quieren enterarse de que en
muchas CCAA se ha producido un cambio político y ya no pueden continuar con
el ordeno y mando al que estaban acostumbrados. Los nuevos gobiernos autonómicos actúan en el pleno ejercicio de sus competencias,
y ahora se unen a los que, pese a la legislación estatal, continuaron prestando
esa asistencia sin ser sancionados.
Una revisión de las cifras del propio ministerio, tampoco dan la razón a los
alarmistas por las consecuencias de retornar a una cobertura universal de
nuestro sistema de salud. Lo acreditan
datos como que en 2013 nuestro gasto
sanitario total ha vuelto a descender en casi 3.600 millones de euros, con
lo que el dinero público destinado a sanidad ha caído en dos ejercicios un 9%
de lo que se le aporta vía impuestos desde 2011 que el PP llegó al gobierno
central.
Lo que el gobierno nos oculta es que de
ese dinero público, gran parte se ha trasvasado a las empresas privadas de la
sanidad, ni que los ingresos de las sociedades privadas por regentar
hospitales públicos, más el importe de los conciertos para pruebas diagnósticas
e intervenciones se mantuvieron estables en casi 10.000 millones. A eso se deben añadir otros 2.000 millones de euros de las residencias privatizadas que
son más de la mitad, y que gestionan las mismas empresas.
Decidida la universalización no es cuestión de improvisar, sino de que cada Comunidad Autónoma redacte sus
propias normas para regular esta situación, pero el ministerio no puede
hacerles actuar bajo amenazas, y debe ser el primero que entienda que no atender a los inmigrantes en situación
irregular es poner en riesgo la salud de toda la población del Estado. No
es una cuestión de que lo hagamos por caridad con los inmigrantes, sino por seguridad sanitaria para todos.
Frente a la decisión, las CCAA se van a encontrar a quienes argumentan que no puede universalizarse
la asistencia en España teniendo seis millones de parados, y un mercado de
trabajo saturado. Si se mira a quienes representan esas voces discrepantes,
veremos que son los mismos que se han
olvidado cuando utilizaban a los inmigrantes ilegales para el servicio
doméstico o agrícola o de la construcción sin darles de alta, ni cotizar por
ellos a la SS. Para ellos los inmigrantes son buenos mientras les sirvan
para mantener y realimentar sus negocios, y malos cuando requieren de los
recursos públicos. El término “hipócrita”
define bien su posicionamiento.
Como médico entiendo que la sanidad debe ser universal, y me resulta indignante pretender separar a los
pacientes por categorías cuando estos acuden a consulta. La argumentación del PP vulnera nuestra Constitución
al anteponer los intereses económicos a la salud, no sólo de los
inmigrantes, sino que ha llegado a hacerlo con los propios españoles retirándole
la tarjeta sanitaria a los parados de larga duración, aunque luego rectificara
por la presión social. Esta nueva amenaza provocará el efecto contrario al que
pretende,
por ser una incoherencia que vulnera un derecho y aumenta el riesgo de epidemias
en nuestro país.
En lugar de adoptar esta postura, la Administración Central debería haber
hecho sus deberes y proveer un fondo de compensación interterritorial, en los precoces Presupuestos Generales de 2016
para haber acabado de una vez con una situación absurda y peligrosa.. Si no lo
ha hecho es porque para quienes hoy
gobiernan, debemos estar hablando solo de
seres humanos, y no de potenciales consumidores. Si lo fueran entonces si
serían merecedores de su interés.
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