La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido anular el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El motivo que no la consideran una jurista de “reconocido prestigio”. Jamás pensé que el prestigio de una persona se lo tenga que reconocer un juzgado, porque prestigio implica la buena opinión que un colectivo tenga sobre alguien, y está claro que si esta señora ha sido cargo publico de un gobierno socialista, es imposible que pueda tener reconocimiento por quienes componen ese tribunal.
Hemos visto a los jueces manifestarse como colectivo, toga incluida, a la puerta de los juzgados contra una ley que se pretende tramitar, sin haberse aún tramitado. Hemos visto como, por primera vez en nuestra democracia, no considera idóneo al Fiscal del Estado propuesto por el gobierno socialista, el mismo que antes si lo era, y eso lo hace un colectivo que lleva cinco años con su mandato caducado en el CGPJ. Hemos visto como esos mismos CGPJ y TS, sin embargo, callan mientras un juez de la Audiencia Nacional deja dormir el sueño de los justo la causa contra Puigdemont, y nada más hablarse de amnistía lo acusa de terrorismo por un muerto por infarto. ¿Esos son los componentes del colectivo que dice quien es prestigioso jurista o quien no?
Y no solo el poder judicial trata de poner palos en la rueda. Hemos visto como un asunto interno de un país, reconocido por la propia UE, es llevado al Parlamento Europeo para hacer todo el ruido posible, sin valorar el propio ridículo personal de quienes fueron a defender el asunto, ni el desprestigio que eso pueda causarnos como país. La derecha acusa del quebrantamiento del estado derecho, mientras demuestran que quienes menos creen en ese Estado de derecho como garante del cumplimiento de las leyes, son esos mismos acusadores de su quebranto.
Separación de poderes sí, pero en el doble sentido, que el poder judicial no intente interferir en las decisiones del legislativo ni del ejecutivo, ni estos en las del judicial. Podrán disfrazarlo como puedan, pero todo apunta a que por tierra mar y aire se pretende frenar la proposición de ley de amnistía, para abrir la puerta a un gobierno PP-Vox, seguramente formado por juristas de gran prestigio jurídico por su imparcialidad como estamos comprobando.
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