La Comunidad de Madrid ha desplegado su estrategia: atribuir todo a una conspiración contra Ayuso, mentir sobre la investigación, amenazar a periodistas y difundir noticias falsas. Alberto lo sabe pero calla, teme por su cuello.
A la Agencia Tributaria le saltaron las alarmas cuando comprobaron que una empresa había multiplicado la facturación por seis y al mismo tiempo declaraba un tercio de beneficios. La Fiscalía recibió toda la información en enero de este año y concluyó que había delitos de fraude fiscal y de falsedad documental.
El 2 de febrero, el abogado de Alberto González envía un email a la Fiscalía declarándose culpable de los delitos de fraude y tratando de buscar un acuerdo que reduzca la condena, evite el juicio y, sobre todo, cierre el caso cuanto antes para evitar las consecuencias de que pueda salir a la luz. El 12 de marzo Ayuso atiende a los medios e inaugura su particular estrategia de defensa, alejada de la que ha seguido su pareja frente a la Fiscalía. La presidenta madrileña atribuye la investigación a su novio a la persecución que dice sufrir ella desde hace cinco años por parte del Gobierno y la minimiza asegurando que solo es una inspección fiscal y punto.
Miguel Ángel Rodríguez toma las riendas después de que elDiario.es publicara que el dinero defraudado provenía de comisiones por la venta de mascarillas y que la presidenta madrileña vive en la casa que compró su pareja tras el fraude, decidió amenazar por escrito al medio: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar”.
A medida que el caso se complica, Ayuso eleva el tono. “Yo tengo derecho a dormir en la cama que considere, como persona que soy libre para hacerlo”, dice sobre el piso en el que vive con su pareja. Vuelve a atribuir la investigación a una confabulación de “todos los poderes del Estado” contra ella, y afirma que es falso que Alberto González deba 350.000 euros a Hacienda: “Está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021. Y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”.
falso. Hace más de un mes que su pareja ha reconocido los delitos y la deuda y se ha ofrecido a pagarla. Ni el Gobierno de Ayuso ni ella misma han aclarado si cuando la presidenta hizo esas declaraciones conocía ya la confesión de su pareja. Desde el 13 de marzo la presidenta ya no volverá a referirse a que duerme en la cama que quiere, esquivará todas las preguntas sobre los pisos y empezará a aludir a su pareja como “un particular”. La información falsa difundida en público por Ayuso y las preguntas sin respuesta sobre sus pisos provocan la crisis política.
El martes 19 de marzo, el jefe de gabinete de Ayuso envía a varios medios un mensaje en el que acusa a periodistas de El País de acosar a vecinos de Ayuso para obtener información, y añade que dos redactores de elDiario.es intentaron entrar por la fuerza a su casa, encapuchados. Los apoyos mediáticos del PP dan el mensaje por cierto sin contrastar.
Feijóo en Bruselas y ante la insistencia de los periodistas, que no le preguntan por otro asunto, dice que las amenazas son en una “conversación privada”, aunque da a entender que no está de acuerdo con el tono del jefe de gabinete de la presidenta madrileña. El viernes 22 La jueza que dirige el número 19 de Madrid ha imputado al novio y a los empresarios que le ayudaron con el fraude.
No era una simple inspección fiscal. Nada de lo que ha dicho la presidenta de Madrid ha aguantado una mínima verificación y Ayuso está en el centro del caso, del que aún quedan muchas preguntas sin responder. En pocos días veremos al novio convertido en “esa persona de la que usted me habla”.
Cosas de mafiosos y traficantes de influencias. El caso Koldo es el caso Koldo, pero el caso Ayuso es el caso Ayuso. Se pongan como se pongan los ciegos defensores para los que el problema solo existe en el otro. El principal objetivo de MAR es desviar la atención convirtiendo el debate público en un lodazal al puro estilo de Trump, para que hablemos de él, y no de su jefa.
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