Hoy toca hablar de jueces y juezas. Por un lado la Unión Progresista de Fiscales y Jueces y Juezas para la Democracia han pedido la dimisión del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hoy que cumplen cinco años con el mandado caducado por el bloqueo del PP. Estas asociaciones afirman que con su proceder sus miembros han contribuido al desprestigio de una institución que se encuentra en franca descomposición. Son Fiscales y Jueces los que lo dicen, no yo. Acusan a los miembros del caducado CGPJ de mantener una situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial pese a que están obligados “a garantizar el cumplimiento de ambas y del ordenamiento jurídico”, y les reprochan que “Prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno”.
Y luego aparece predicando el moderado Semper, don Borja, tan pringado ya en el radicalismo como los demás compas designando por Feijoo. Hoy el moderado dice que no se sentarán a negociar la nueva composición del CGPJ si antes no se modifica la ley que determina como se eligen sus miembros. Afirma textualmente “Si no hay reforma no hay renovación” “Si no hay reforma en los términos que queremos, no hay posibilidad”. Vamos demostrando que son ellos los que gobiernan.
Solo para que lo pensemos. Veamos, nuestra Constitución en su artículo 1.1 dice “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y en el 1.2. dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Muy bien, interpretemos que significa.
No hace falta ser jurista para entender que lo que dice es más amplio que lo que ocurre en la realidad. Resulta que, si los poderes emanan del pueblo, y hay tres poderes (legislativo, Ejecutivo y Judicial,) los tres deben ser elegidos por el pueblo soberano. Sin embargo, en la realidad, el único poder que los ciudadanos elegimos directamente con nuestros votos es el Legislativo. Después este, elige y controla al Ejecutivo. Pero contrariamente a lo que dice ese artículo, tanto el PP como los propios jueces, quieren que el poder judicial no esté bajo el control de la soberanía popular, sino bajo el suyo.
El Poder Judicial debe ser elegido por el pueblo soberano o, como se hace con el Ejecutivo, por sus representantes. Lo que está pasando con el Poder Judicial es como si unos diputados, tras cuatro años de mandato, continuaran en su cargo sin pasar por las urnas, o que el presidente y los ministros, no convocaran elecciones y así pudieran seguir en sus cargos sine die. Pues eso exactamente es lo que están haciendo los miembros del CGPJ con la connivencia del PP.
Para más inri, hoy que se cumplen cinco años de la caducidad de ese CGPJ, solo hace unas horas, conocemos la noticia de que la Comisión Europea reitera que España debe proceder de manera inmediata a la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo. Y además, es el comisario de Justicia, Didier Reynders, ese amigo de Feijoo, quien ha insistido en que esa debe ser la prioridad antes de cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Mientras Feijoo y el PP, a estas horas, ni saben ni contestan, porque están organizando otra manifestación que es lo que ahora les mola.
Pero dicho lo anterior, lo que no parece lógico, es que llevemos cinco años así, y que ni la Constitución ni las leyes, contemplen una fórmula que impida a una minoría, bloquear el sistema como está ocurriendo por parte del PP. Si no existe esa fórmula, es el Parlamento, que nos representa a todos y todas, el que debe buscar una solución. Y ya están tardando.
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