Este
verano han sido muchas las cortinas de humo utilizadas por el PP para tratar de
ocultar la imagen de un partido sumido en la corrupción (Gurtel o su derivación en el caso
Bárcenas). Para eso todo vale, desde
reflotar el problema de Gibraltar, la posible guerra de Siria, o dar por
hecho obtener los Juegos Olímpicos. Todo les ha sido útil en ese empeño. Pero
fundamentalmente han utilizado el mensaje de fondo más nocivo para la democracia: la corrupción
es generalizada y es equiparable en todos los partidos, y afecta a todos
los políticos.
Con
esa “táctica ventilador” el PP busca su autoprotección, pero no es menos
cierto que desde los demás partidos se le ha facilitado que su mensaje pueda
calar en la ciudadanía. Son hoy tantos los casos individuales y los partidos
afectados, que ante los ciudadanos la imagen de la política ha quedado
seriamente dañada, y la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones
es hoy un hecho indiscutible.
Por eso, quienes creemos que
la mejor forma de gobierno es la democracia, estamos en la obligación de fortalecer los mecanismos legales para
combatir la corrupción política. Y no valen simulacros como los
instrumentos de la llamada Ley de Transparencia que ahora a toro pasado
pretende imponer el partido popular, sino que urge plantear una serie de medidas que puedan devolver la confianza
perdida por los ciudadanos en el sistema.
Esto es exigible a todos los demócratas, pero sobre todo somos los socialistas quienes debemos demostrar que no
somos iguales al PP, poniendo sobre la mesa una serie de propuestas capaces
de llevar al ciudadano al convencimiento
de que realmente estamos no solo contra los casos del PP, sino contra cualquier
tipo de corrupción incluidos los ERE andaluces.
Solo lo lograremos si somos
capaces de liderar esa lucha, y si el nuevo proyecto socialista va a surgir de la próxima Conferencia Política a
celebrar en noviembre, este es un asunto
que debe quedar meridianamente claro, para que nuestro posicionamiento se
visualice de manera contundente.
Podrían ser muchas las
propuestas realizadas desde el socialismo en esta lucha, pero si la corrupción es una transgresión de la
conducta que los electores esperan de sus elegidos, o del papel que esperan
desempeñen las instituciones públicas, parece
obvio que se elabore un código de conducta como primera medida a adoptar.
Debe ser aplicable en todo el territorio del Estado, y a todos los representantes de los
ciudadanos, y definir claramente las funciones y competencias de cualquier cargo
público para que su ejercicio sea al servicio de la sociedad. Y una vez elaborado
ese código de conducta, se necesita una
figura encargada de garantizar su cumplimiento, y esa figura debe ser electa
por todos los ciudadanos y no depender su nombramiento del gobierno
de turno.
Esto puede complementarse a
nivel interno de los partidos regulando estatutariamente los órganos o figuras
encargadas de este menester internamente. En el partido socialista hay una serie de premisas que a nivel interno
deberían ser evaluadas para aplicarse: ¿debe dimitir un imputado del cargo que
ejerce? ¿Debe cesar en su militancia? ¿Debe facilitarse defensa jurídica la
institución o el partido? No es cuestión de expresar uno u otros
posicionamientos personales, es la oportunidad de adoptar en la Conferencia Política
un posicionamiento como organización, y hacerlo democráticamente.
Lo
que parece no discutible, ante la posibilidad de que los corruptos se vayan
de rositas si ha transcurrido un tiempo, es la opinión de la gran mayoría
de ciudadanos de que es necesario
legislar que estos delitos no prescriban en tan corto plazo como lo hacen
ahora, y endurecer las penas por delitos de corrupción,
tanto para el que instiga a la corrupción como al que se corrompe, y debería reformarse
el Código Penal para posibilitarlo.
Las dudas sobre financiación
de los partidos, muestran que deben
ponerse en marcha nuevos mecanismos para fiscalizar sus cuentas porque el
Tribunal de Cuentas se ha mostrado inoperativo para ello. No es solo
ineficaz por falta de medios, que también, sino porque en su composición carece de representación ciudadana, y sus miembros están
designados por aquellos a los que deben fiscalizar. En esa composición
debería primar la independencia, la capacidad, los méritos técnicos y
la especialización. Nadie entiende que la sociedad no tenga capacidad
de control y mayor participación en un órgano de control.
Continuando con los órganos
anticorrupción, parece lógico también aplicar
este requisito al Fiscal General del Estado y al Fiscal Anticorrupción, y que a
ambos se les eligiera por sufragio universal secreto, libre y directo de la
ciudadanía, y no como se hace actualmente. Con ello se respaldaría su representatividad
en nombre de los ciudadanos, mientras que la actual designación (sin poner en duda
su capacidad y merito profesionales), no deja de ser una fórmula que en si
misma les hace cuestionables.
Y para completar la
independencia del sistema, también la
figura del Defensor del Pueblo debe ser reforzada en sus competencias y su
designación también realizarse mediante sufragio universal, en voto libre y
secreto, como los anteriores. Con estas
modificaciones se facilitaría que la sociedad pueda, porque debe, saber en todo
momento qué hacen o plantean sus representantes, y para ello la
transparencia debe ser un principio exigido y practicado por cualquier cargo e
institución pública, porque el poder
debe ser transparente y compartido, y nunca poder ser utilizado en
beneficio personal.
Para los socialistas, la
Conferencia Política es una oportunidad para que los socialistas hagamos estas
propuestas, y a la vez reivindiquemos la eliminación
de aspectos que por los ciudadanos se consideran privilegios ligados al
cargo institucional. No es llamarse socialistas, sino vivir como socialistas
Si tanto preocupa a la clase
política la llamada desafección de los ciudadanos, parece necesario reafirmar
que la política y los políticos solo
recuperaran el crédito perdido con hechos y actuaciones. Hoy más que nunca
es válido el aforismo de que las palabras se las lleva el viento. Ejemplos de que
esta afirmación forma parte de cómo debemos entender el socialismo, hay muchos
en nuestra historia como partido, y si alguien los desconoce puede leer a Pablo
Iglesias.
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