RESIDENCIAS DE MAYORES, BIEN PERO MEJORABLES

La situación de las residencias de mayores en España, y en particular en Castilla-La Mancha, sirve para ilustrar las tensiones existentes y los desafíos a los que ha de hacer frente, un modelo de cuidados en plena transformación, que viene marcado por el envejecimiento demográfico, por la desigualdad territorial existente y por la tensión entre lo público y lo privado. Para entender la situación, es imprescindible analizar no solo los datos y las políticas, sino también las implicaciones sociales y culturales del actual sistema.

Si analizamos cobertura y financiación, vemos cómo Castilla-La Mancha destaca al situarse como la segunda comunidad autónoma con mayor cobertura de plazas residenciales para personas mayores, puesto que en nuestra comunidad se ofrecen siete plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, superando ampliamente la media nacional de cinco plazas. Con estos datos se sitúacerca de Castilla y León, que es la que lidera esa oferta con 7,73 plazas por cada cien mayores de 65 años. Este esfuerzo de cobertura es relevante, pero no está exento de problemas estructurales.

Si miramos la financiación, nos encontramos que dos de cada tres plazas en nuestra región cuentan con financiación pública, que en números absolutos supone más de 19.000 de las casi 28.000 plazas disponibles, yademás, de ellas más de 11.700 son estrictamente públicas. Si miramos los mismos datos a nivel nacional, veremos que aproximadamente el 67% de las plazas residenciales para mayores son de financiación pública, mientras que el 33% restante son privadas. Al igual que sucede con la cobertura, la financiación pública, aunque es mayoritaria, se distribuye de forma desigual, y el acceso a una plaza depende en gran medida del territorio y del nivel de renta, pese a los discursos institucionales que proclaman la igualdad de oportunidades.

Se puede afirmar sin miedo a equivocarnos que la variabilidad regional existente en nuestro país, tanto en los criterios de acceso cómo en las tarifas, genera situaciones de falta de equidad y refuerza la brecha entre Comunidades Autónomas.

Analicemos ahora los costes y la sostenibilidad del actual modelo. La reciente subida del precio concertado por plaza y día para personas con grado III de dependencia (de 55 a 60 euros) en Castilla-La Mancha es la respuesta de la administración regional a la presión inflacionista y al aumento de los costes operativos. Pese a ese esfuerzo, las entidades del sector encabezadas por ARTECAM consideran que esta subida sigue siendo insuficiente, puesto que su reclamación erad de alcanzar un precio de 67,67 euros por usuario y día, y a la vez denuncian que los servicios prestados no varían significativamente entre grados de dependencia. La consecuencia de esa no equiparación de ingresos y costes es la demostración de la fragilidad financiera de muchas residencias privadas concertadas, lo que al final se traduce en la base para argumentar dificultades para garantizar una atención de calidad, puesto que no considerar percibir una financiación adecuada y estable.

El sistema de copago obliga a los usuarios a aportar entre el 65% y el 85% de sus ingresos tanto en residencias públicas cómo en concertadas. Esto plantea interrogantes sobre la equidad y la sostenibilidad social del actual modelo. Para quienes no acceden a una plaza pública o concertada, el coste íntegro de una residencia privada suele resultar inasumible, y en muchos casos obliga a la familia a recurrir a productos financieros como por ejemplo la hipoteca inversa, o la pensión vitalicia, mecanismos que trasladan la carga económica a las familias y que a lo que contribuyen es a reforzar la mercantilización de los cuidados.

Se deben afrontar unos desafíos sociales y culturales si queremos mejorar el modelo. Sociológicamente resultafundamental señalar que la residencia no es solo un recurso asistencial, sino que también siempre debe ser un espacio de socialización, identidad y pertenencia. Aunque el discurso oficial subraya el papel de las residencias como motores económicos y generadores de empleo estable, y especialmente no deslocalizable en zonas rurales y despobladas, olvida que institucionalizar la vejez siempre suele estar asociada con la pérdida de autonomía y con la ruptura de vínculos con la comunidad, a pesar de los esfuerzos por promover el envejecimiento activo y la atención integral.

Curiosamente  en el informe del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida, se sitúa a las personas mayores de Castilla-La Mancha entre las más felices de España, con una puntuación de 7,87 sobre 10, por encima de la media nacional. Lógicamente este dato habla a favor de las políticas públicas, que muy al contrario de que el mismo le lleve a morir de éxito, les invita a reflexionar sobre cómo se puede mejorar la percepción de los factores cualitativos que inciden en el bienestar: la proximidad familiar, la calidad de la atención, el respeto a la autonomía y la participación social.

La presión demográfica, el aumento de la dependencia y la desigualdad territorial exigen una revisión profunda del sistema, que vaya más allá de la mera ampliación de plazas o la subida de precios concertados. El reto real pasa por construir un modelo de cuidados que garantice la dignidad, la autonomía y la participación de las personas mayores, evitando la segregación social y territorial, y reconociendo el valor de los cuidados como un bien común. La apuesta por los servicios públicos, la coordinación sociosanitaria y la innovación en modelos residenciales (como las viviendas colaborativas o los cuidados en el hogar) son caminos imprescindibles para afrontar el reto del envejecimiento en una sociedad democrática y cohesionada.

MIGRANTES EN UN PAÍS SIN MEMORIA

La migración de menores de edad en nuestro país comenzó a considerarse un problema a partir de los años noventa. La mayoría de esos chicos proviene de Marruecos, tienen entre dieciséis y diecisiete años y principalmente son varones. En ese grupo humano encontramos tres factores que definen su vulnerabilidad: ser menores, estar solos y ser migrantes. Y si son niñas, debemos sumar el factor de genero cómo otro elemento agravante de esa vulnerabilidad. 

Al perfil de los menores, hay que sumarle la falta de una buena coordinación entre administraciones. Perfil y descoordinación transforman el problema inicial  en un reto de difícil solución, agravado porque cada Comunidad Autónoma  establece sus propios criterios de abordaje. El acogimiento familiar tendría que ser el modelo prioritario de tutela porque en España no se establece ninguna diferencia por razones de nacionalidad, pero en la práctica esto no es así, y  la contradicción entre las leyes de protección a la infancia y las leyes de extranjería dificulta el proceso de acogimiento familiar de los menores migrantes. 

Ejemplos de esa diferente interpretación del marco legal hemos asistido a varios en la última década. El más reciente de 2023, en que doce comunidades no recibieron a ninguno de los menores migrantes que pactaron con el Estado acoger, pese a los 20 millones de euros de fondos concedidos que sí recibieron. El sistema era de reparto voluntario, pero solo se acogieron 67 menores por las CCAA. Pese a esa realidad, hoy de nuevo el PP gobernante en la mayoría de CCAA pide más dinero para que estas acepten acoger a los menores, pese a que hoy desbordan la capacidad de acogida de Canarias donde cogobierna. 

No se quedan ahí, e incluso en el PP piden que de nuevo la acogida sea voluntaria y no obligatoria, olvidando (o no queriendo admitir), que ese mecanismo hasta hoy no ha funcionado. Los datos son tozudos y nos dicen que la mayoría de las comunidades autónomas no acogió ni a un solo niño en base a dicho pacto no vinculante, que solo lo hicieron  Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra), pero ni siquiera estas cumplieron con las plazas comprometidas. No ocurrió solo en las gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha (PSOE) tampoco acogió a los 20 menores que dijo recibiría. Estas cifras deberían ser conocidas por los ciudadanos y el gobierno haría bien en difundir esa información, porque la realidad contradice al portavoz del PP Borja Semper, que se permite mentir al afirmar que las CCAA del PP han cumplido. 

Pero no es una cuestión de discurso ideológico, porque si esto sucede, es por la falta de auditorías y normas de transparencia sobre esos fondos. Un fondo finalista no es para lo que el responsable de turno decida, sino para el fin al que está vinculado, y usarlo para otro fin es malversarlo. Las CCAA que así han actuado deberían devolver esos fondos y si no lo hacen, los siguientes repartos de esas ayudas solo ir a las CCAA que paralelamente a su otorgamiento si realizan las acogidas. No es de recibo que sean diligentes para pedir el dinero y lentas para hacerse cargo de los menores, pero cómo actuar así no ha tenido consecuencias, todas las que lo hicieron ahora miran para otro lado, cuando deberían devolver los fondos recibidos y no utilizados para el fin concreto al que se concedieron.

Convencer al conjunto de las autonomías no parece sencillo, y especialmente difícil hacerlo con las gobernadas por el PP, partido cuyo discurso en esta materia cada vez es más próximo a los postulados de Vox, al que cuando no le secunda con su discurso xenófobo, juega con la ambigüedad. Pero por suerte para el PP, pocos esgrimen el “quien te ha visto y quien te ve”, porque hoy  vivimos en una sociedad desmemoriada y que solo recuerda lo ocurrido ayer, la semana pasada es parte de la prehistoria.

La crítica constante al gobierno puede entenderse, pero no que se ignore  que además de un acuerdo adoptado en la UE, existe una sentencia del Tribunal de Luxemburgo por la que los países miembros de la UE no pueden expulsar a menores no acompañados si no tienen una familia de acogida adecuada en sus países de procedencia, porque deben tener en cuenta  el interés del niño en todo el procedimiento y hace prevalecer la protección del menor con independencia de que tenga o no permiso de residencia.

 Pero tampoco se puede obviar que la acogida en familias no se promueve por ninguna administración, y que hay una serie de factores que contribuyen a desincentivan a las familias a acoger menores migrantes: la edad de estos menores, que esos menores tienen una serie de particularidades y necesidades específicas, y la complejidad del propio sistema de acogida de menores migrantes con unos plazos temporales excesivamente largos para cada uno de estos trámites. Todo esto desincentiva a las familias a acoger. 

Quienes solo ven en este asunto la vertiente económica, olvidan la humana, porque la mayoría de estos chavales durante su periplo migratorio han presenciado asesinatos, violaciones de sus madres, a niñas violadas o que se han prostituido para sobrevivir, o niños que han sido reclutados cómo soldados. No se puede negar que necesitan cuidados especiales, ni que nuestros centros de acogida no están preparados para ello, pero la solución pasa por adecuar esos centros a esas necesidades y no por ignorar el problema. El gran obstáculo es que tampoco hay voluntad por los gobiernos autonómicos para resolver la situación de un número reducido de menores.  

Y luego para entender cada vez menos la respuesta de las CCAA, está la posición de Castilla La Mancha. Page, tras la decisión del gobierno de llevar a cabo el reparto, ha anunciado que está pendiente de un informe para recurrir ante el Constitucional el real decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados, que el pasado jueves fue convalidado en el Congreso. Considera que ese reparto es un atropello a la autonomía, y que la solidaridad no puede imponerse. Y luego aparece también la pugna interna en el PSOE, cuando afirma que el Estado hace un “yo invito y tú pagas” y que “el problema es la masa de migración que viene, que nadie sabe ni cómo pararla ni dónde va a acabar”. Define el acuerdo como “insultante”, que la norma estatal es “cualquier cosa menos progresista”, y que “vamos a ser solidarios, tontos no”. 

Visto lo que está ocurriendo con los menores, poco podemos esperar que esos gobiernos sean capaces de asumir en su conjunto el complicado y triste asunto de la inmigración, que no es solo la consecuencia de guerras internas en los países de origen sino también de un desfase cultural y económico, fruto del colonialismo al que les han sometido durante años las empresas occidentales.  Lo cierto y verdad es que asistimos a una ola de ceguera insolidaria por parte de quienes con esa frialdad actúan ante un problema de todos que afecta a menores. No quieren darse cuenta de que el problema no es un exceso de menores no acompañados, sino una pésima distribución y un reparto no equitativo. 

No es comprensible que, si tenemos una carencia de población en edad laboral en Europa, nos parezca lógico cerrar la puerta. Vienen porque hay un trabajo de por medio, y aunque sea ilegal, prefieren ocuparlos. Claro que es más fácil revestirlo cómo obra de caridad, de proselitismo eclesiástico, o sencillamente para convertirlos en vagabundos condenados al hurto para comer. Bien harían las administraciones, estatal y autonómicas, en sancionar a quienes se aprovechan de esa mano de obra oficialmente inexistente, pero que todos vemos en nuestros campos, en la limpieza de las casas, o empujando la silla de ruedas de nuestros mayores. Claro que eso igual resta en lugar de dar votos. La memoria de cuando éramos los españoles los que íbamos a Suiza o Alemania, ha debido desparecer de nuestro currículo nacional.  

Aunque seguramente la cuestión no es que vivamos en un país desmemoriado, sino que mientras unos ciudadanos solo ven personas, otros solo ven diferentes colores de piel. El Estado tiene la facultad y la obligación de regularizar lo ilegal. 

   

MEDICOS, RUIDO Y NUECES

Hace unos días se celebró en Madrid la manifestación de los profesionales médicos contra la propuesta de Estatuto Marco presentada por el Ministerio de Sanidad, convocados por diferentes organizaciones sindicales de este colectivo en Madrid. 

Son varios los principales motivos por los que el personal facultativo considera rechazable la propuesta de Estatuto: en primer lugar, que las modificaciones propuestas para aprobación por el Ministerio no suponen ninguna mejora en las condiciones laborales actuales de los facultativos; un segundo motivo, que consideran que declarar la incompatibilidad de los médicos en los 5 años siguientes a terminar su formación, o en el caso de los jefes de Servicio, puede provocar una fuga de profesionales en un momento cómo el actual de falta de médicos; tercero, la creencia de que existe una discriminación de los facultativos, no sólo respecto al resto de categorías sanitarias, sino también respecto al resto de trabajadores en cuanto a la regulación de la jornada laboral, puesto que a los médicos se les podría imponer una jornada máxima mucho mayor, de hasta 48 horas en cómputo cuatrimestral, mientras se trabaja por reducir la jornada laboral a 35 horas semanales para otros trabajadores.

También hay otros motivos no menos importantes, cómo que existe un desacuerdo total a que esta propuesta iguale en el mismo grupo a profesionales con diferentes niveles de formación, y eso podría conllevar un aumento retributivo para otros profesionales, pero no para los médicos y facultativos. Los sanitarios solicitan tener un mayor protagonismo en la elaboración de esta normativa, buscando un nuevo “Estatuto propio del Médico”, por considerar que, tras dos años de negociaciones, no se les ha tenido en cuenta. 

Cómo otros temas estrella están solicitar la eliminación de la obligatoriedad de la jornada de guardia, un aumento retributivo equiparado al resto de países de Europa para evitar la fuga de profesionales, el reconocimiento de la medicina como profesión de riesgo, la posibilidad de acceder a una jubilación voluntaria y flexible, una mayor estabilidad en el empleo, sin movilidad forzosa y con permanencia en los destinos adjudicados, y la creación de una nueva clasificación profesional que englobe a los médicos, considerando su grado de responsabilidad y requisitos de formación. En principio, todo son cuestiones razonables a primera vista.

Por parte del Ministerio, y según declaraciones recientes de la ministra Mónica García, se justifica la elaboración del Estatuto Marco argumentando que el actual Estatuto, que regula las relaciones laborales desde 2003, está "obsoleto", que con su reforma se busca mejorar las condiciones de los profesionales, que con el borrador del nuevo Estatuto Marco se busca poner fin a la precariedad y a la inestabilidad en el sistema sanitario refiriéndose a interinos y eventuales. A grandes rasgos afirma, que esta reforma protege a los médicos y profesionales sanitarios de los recortes y que el estatuto es una legislación básica, aunque señala, que la reivindicación sobre mejoras retributivas no se incorpora en este borrador porque este aspecto es una competencia de las Comunidades Autónomas. Parece claro que el objetivo del Ministerio es cambiar el marco regulatorio para aprobar un nuevo texto que ponga fin a las guardias de 24 horas con una nueva regulación de la jornada laboral, que puede compartirse o no. 

La ministra ha expresado su "máximo respeto" a las movilizaciones y ha recalcado que desde el Ministerio siguen trabajando "en permanente diálogo con todos aquellos que quieran realmente llegar a un texto consensuado". Hay dos datos a destacar: que el texto actual es solo un borrador, y que en el Ministerio están abiertos a propuestas.

Hasta aquí los dos posicionamientos aparentemente enfrentados. Desde mi perspectiva como médico de familia, considero que son más los puntos de encuentro que las discrepancias, y me explico. En primer lugar, podrían existir puntos de encuentro si se abordaran las preocupaciones específicas del colectivo médico dentro del marco de un estatuto renovado, empezando porque  existe implícitamente en ambas posturas, un consenso implícito en que el Estatuto Marco de 2003 necesita una revisión y actualización para adaptarse a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. Y un segundo aspecto no menos importantes es que ambos planteamientos tienen como objetivo, terminar con la precariedad laboral, aunque los mecanismos para lograrlo y su impacto en la estabilidad de las plantillas médicas creo que deben ser cuidadosamente considerados tanto por el Ministerio para proponerlos, cómo por los sindicatos médicos que ahora rechazan la propuesta. 

Pero considero que hay dos cuestiones sobre las que se necesita y se debe profundizar el dialogo: la primera sobre la regulación de la jornada laboral y la reducción las guardias de 24 horas que puede servir cómo punto de partida para un acuerdo, siempre y cuando la nueva regulación tenga en cuenta las particularidades de la atención médica continua y no se traduzca en una sobrecarga asistencial en otros formatos, teniendo en cuenta que el acuerdo sobre cómo se computan las horas de descanso post guardia es crucial; la segunda cuestión que hay que debatir para acercar posturas es, que aunque de inicio el Ministerio parece reacio a un estatuto propio para los médicos, podría haber margen para incorporar en un Estatuto Marco común, secciones o anexos que reconozcan las especificidades de la profesión médica en términos de formación, responsabilidad y riesgos. Quizás la vía de convergencia esté en buscar una clasificación profesional diferenciada dentro del sistema.

Pero, no nos engañemos. Para que los puntos de encuentro se materialicen, debe existir voluntad de acuerdo en ambas partes. Es fundamental que el Ministerio de Sanidad profundice en la escucha activa de las demandas de los sindicatos médicos y esté dispuesto a negociar aspectos clave como la regulación específica de la jornada, la diferenciación profesional, las incompatibilidades y la participación de los médicos en la elaboración del texto definitivo. Pero también lo es, que los sindicatos convocantes demuestren que su voluntad es ante todo resolver los problemas de los profesionales, no solo de los colectivos, dentro de esos profesionales, a los que representan. Partiendo de que ya en la propia convocatoria de huelga se señala por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que es urgente abordar todas estas cuestiones de fondo para evitar un mayor conflicto y garantizar una atención sanitaria de calidad, y que desde el Ministerio se quiere evitar el conflicto, la conclusión sería que mañana ya es tarde para iniciar el dialogo.

La experiencia enseña que el primer impedimento para un acuerdo se crea, cuando se recurre a ejercer presión sobre el otro, por ejemplo, mediante una manifestación, porque hay un principio inamovible en política: que nadie admite negociar bajo condiciones impuestas, porque entonces no hay negociación. Y tampoco estratégicamente parece acertado, que, si se quiere alcanzar un acuerdo con el Ministerio, en lugar de exigirle que convoque a negociar con día, hora y lugar para sentarse a buscar una solución, veamos cómo las organizaciones convocantes, lo que hacen es reunirse con representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, cómo han hecho la  Comisión Permanente de la CESM y el presidente y el secretario general del Sindicato Médico Andaluz (SMA). Repito, estratégicamente esto es un error de bulto, porque mientras no se demuestre lo contrario, la oposición te va a dar la razón, porque ni tiene capacidad de negociar cómo si la tiene el Ministerio, ni va a negociar. Más de un medio de comunicación ve en esa maniobra una busqueda de desgaste político del Ministerio, que una muestra de voluntad por solucionar los problemas de los profesionales.

Y luego hay dos aspectos de las reivindicaciones expuestas que para muchos son cuestionables, cómo lo es no asumir la incompatibilidad que exige una dedicación exclusiva en la pública para jefes de sección y otros cargos de responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, estar en misa y repicando; y un segundo elemento, que en una sociedad que dice buscar la igualdad, se rechace frontalmente y sin plantear alternativas, el hecho de que el borrador presentado iguale a los médicos con otras categorías profesionales con requisitos distintos. Los facultativos no somos iguales en responsabilidades, pero si lo somos cómo trabajadores. Mejor reivindiquemos esa responsabilidad, sin necesidad de ningunear a otros colectivos con también tienen sus responsabilidades, aunque diferentes.

Los médicos castellanomanchegos también han asistido a manifestarse en Madrid, hasta se ha contado con el apoyo de los colegios que han facilitado el desplazamiento, cómo no podía ser de otra manera, puesto que la Confederación de Colegios de Médicos respalda a los sindicatos médicos en la reivindicación de un estatuto propio. Pero los colegios no deberían olvidar que las retribuciones de los facultativos es una competencia autonómica y el Ministerio no era el lugar de esa reivindicación, que tienen diecisiete consejerías ante las que demandar esas mejoras salariales. Y ya puestos todos a buscar soluciones al problema que sufren sus colegiados, no estaría mal que fuesen esos colegios médicos de nuestra región, los primeros en exigir la convocatoria de una mesa de diálogo, sin ruido, solo en busca de soluciones, tanto con el Ministerio cómo con todas las CCAA. 

Mucho ruido llama la atención, pero nunca fue sinónimo de abundancia en nueces, y a los profesionales (y más a los rurales), nos sobra ruido y nos faltan nueces. 

QUITATE TU QUE ME PONGA YO

Si se analizan las distintas declaraciones de sus representantes, y las diferentes publicaciones aparecidas en los medios de nuestro país, la conclusión es clara: la situación actual de la izquierda española se enfrenta a varios errores de planteamiento que dificultan su unidad. Claro que esta percepción la hace alguien que considera esa unidad el objetivo fundamental para poder hacer frente electoralmente a la creciente ola de conservadurismo que nos ahoga, Al menos ese es un objetivo que parece discursivamente compartido por diferentes actores.

Creo que el primero de esos errores reside en la premura y el enfoque en la designación de candidaturas y la discusión sobre listas electorales. Es prematuro hablar de listas electorales, y mucho más de quien las debe encabezar, cuando aún resta tiempo, puede que años, para finalizar la actual legislatura. Esta insistencia en que a cualquier propuesta la acompañen nombres propios, solo ayuda a desviar la atención del objetivo de poder construir un proyecto político común, además de contribuir a exacerbar las tensiones internas. Esto no es política, es otra cosa muy diferente. 

En segundo lugar, está la priorización de una "izquierda autónoma" que siempre se adereza con la desconfianza hacia otras fuerzas, en especial hacia el PSOE, a la que ahora se añade la afirmación de que Sumar representa un nuevo obstáculo. Que la lideresa de Podemos, abogue por una izquierda que tome decisiones "al margen" del PSOE, olvidándose que el gobierno actual se sostiene en la mayoría de ese partido, es no querer asumir la dimensión electoral de Podemos hoy. Detrás de este planteamiento solo hay una búsqueda de conservación de la identidad de Podemos, que no me parece negativa, pero siempre que esa visión de una autonomía absoluta, no dificulte la construcción de un frente amplio necesario para confrontar a la derecha. Dos espacios divididos a la izquierda del PSOE es la muerte de cualquier idea de gobierno de izquierda.

Un tercer error fundamental es la persistente confrontación pública y la falta de una "tregua" en el eterno cainismo de las diferentes fuerzas de izquierda. Parece que la realidad electoral de la izquierda hoy, no se quiere asumir cómo el fruto de la traiciones y heridas  del pasado, y de las que no pasar página lo que nos lleva es a imposibilitar  reconstruir alianzas. Las críticas constantes y los intentos por acabar con el otro solo aumentan la desconfianza  y pone palos en la rueda para cualquier intento de acercamiento. Siempre se dijo que en boca cerrada no entran moscas, y que algunos  y algunas están más guapos callados.

Cómo cuarto error están los egos, en especial la incapacidad de aparcarlos un momento para superar los errores de un pasado reciente. Puede que este hoy sea el mayor impedimento clave. En la izquierda real, los egos sobran, y si hay egos no hay izquierda. No estamos para competir, sino para colaborar. En una izquierda dividida todos pierden, y la historia es tozuda en eso. Mientras no se cambie el sistema electoral actual la división está condenada al fracaso. Además de que la división de la izquierda solo contribuye a la desafección de sus votantes, da imagen de ineficacia y desmotiva y contribuye a despolitizar a la gente. 

Mi sensación es que en el ámbito estatal hay una falta de voluntad real para buscar salidas que lleven a la izquierda a confluir. La cerrazón a discutir mecanismos de unidad más amplios es un error estratégico si lo que se quiere es aumentar la representación y con ella la capacidad de influencia de la izquierda.  Pero superar estos errores requiere de un enfoque más estratégico para construir un proyecto político compartido, de la voluntad de estar dispuestos al diálogo, de alcanzar compromisos para cumplirlos, y priorizar que el objetivo común es transformar la sociedad, no hacer grandes a los partidos y mucho menos contribuir a los personalismos que nos han traído donde hoy estamos. Las declaraciones del coordinador de Movimiento Sumar en Castilla La Mancha Jesús Plaza van más en la línea de la unidad y eso es de agradecer.

FORMACIÓN: ¿CONOCIMIENTOS O NEGOCIO?

A veces me siento como un testigo de una transformación preocupante en el

sistema educativo superior. Ya no se trata simplemente de la eterna discusión

entre lo público y lo privado, sino de algo más profundo: si el objetivo primordial

de una universidad es formar estudiantes con una meta clara, o si la formación

se ha convertido en un mero negocio.

La universidad pública, siguiendo una trayectoria similar a la sanidad pública, se

ha ido deteriorando, y, paradójicamente, se favorece a ciertos centros privados

donde la calidad, me temo, ocupa un lugar secundario entre sus prioridades.

Para muchos de estos últimos, su único fin es ser competitivos y favorecer a una

élite con recursos económicos que pueda acceder a puestos de trabajo

diseñados para ellos. En sí mismo, esto no estaría mal, pero la alarma surge

cuando este modelo es propiciado por las propias Comunidades Autónomas e

incluso el Estado, cuya obligación debería ser la defensa de lo público.

No son pocos los casos en que, algunas de estas entidades privadas son

auténticos montajes que no cumplen los estándares académicos; donde parece

importar más lo que se paga que lo que realmente se enseña. Lo vemos

claramente con el auge de ciertos másteres, como el habilitante para ser

docente. Las universidades públicas ofrecen plazas limitadas a precios

asequibles y con exigencia académica, mientras que las privadas proliferan con

una oferta a medida, pero con costes que pueden ascender a miles de euros. Y

lo más grave es que, en muchos casos, impartidos por personas sin una

experiencia docente suficientemente acreditada, que convierten lo educativo en

un fin económico.

La falta de suficientes plazas en la universidad pública para estos másteres

fuerza a muchos estudiantes a recurrir a las privadas, donde el aprendizaje no

suele ser presencial, y con exámenes cuestionables por superficiales. Es un

negocio redondo, donde se paga una cantidad considerable por un título,

mientras que las prácticas, en muchos casos, se realizan en centros de

secundaria de la red pública a coste cero para la universidad privada, con tutores

de la pública que solo reciben agradecimientos.

La función primordial de la universidad pública debería ser la de servir de

ascensor social, donde el alumno es un usuario con derechos, mientras que en

la privada es un cliente que paga por una recompensa. Pero con la precarización

de la universidad pública, parece que se está privatizando de facto el derecho a

la educación. La proliferación de la oferta privada es una consecuencia de la

insuficiencia de la oferta pública.

Nada es generalizable, y existen universidades privadas sin ánimo de lucro,

como Mondragón y Deusto, que son excepciones, e incluso proyectos privados

consolidados con prestigio y calidad docente e investigadora. Pero la realidad es

que la iniciativa del gobierno de coalición de intentar frenar este auge

incontrolado de universidades privadas parece más que justificada.

Para contrarrestar este negocio, no basta con endurecer los requisitos para las

privadas. Es imperativo regenerar la universidad pública, dotándola de

profesores bien retribuidos, instalaciones en condiciones y recursos informáticos

adecuados. Solo una universidad pública de calidad podrá competir y ofrecer

una alternativa real. Porque, seamos sinceros, "solo los idiotas no eligen lo

mejor". Y todo esto, mientras vemos cómo ciertas figuras públicas han obtenido

títulos de manera cuanto menos cuestionable en algunas de estas instituciones

privadas. Es un panorama complejo y preocupante porque es incierto el futuro

de la educación superior y su papel social.

No es una cuestión de pública o privada, sino de si el único objetivo es hacer un

negocio de la formación, o si es formar alumnos con un objetivo diferente.

Estamos hablando de cómo se ve afectada la calidad pública o de cómo se

accede a títulos de manera fácil porque se dispone de recursos para ello. Es una

cuestión de si estamos pisoteando el derecho a la igualdad a través de la

formación universitaria.

En Castilla La Mancha no encontramos universidades privadas con sede en

nuestra región, pero no son pocos los castellanomanchegos que cursan

postgrado en universidades privadas online. Esto hace que este problema

también nos afecte, aunque no tengamos ninguna sede entre nosotros.

Hoy la universidad pública se dirige hacia ser intrascendente, y en parte es por

sus propios errores. En la sanidad pública la excusa es que disponemos de poco

tiempo para atender correctamente a los pacientes, y en la universidad pública

la excusa para su deterioro es que no está financiada, pero no la arreglaría solo

más dinero, sino un cambio profundo que evite que ellas también se conviertan

en chiringuitos públicos, en frutos de su propia endogamia, y ese riesgo es real.

No es la dicotomía pública o privada, sino la de conocimiento o negocio.