La migración de menores de edad en nuestro país comenzó a considerarse un problema a partir de los años noventa. La mayoría de esos chicos proviene de Marruecos, tienen entre dieciséis y diecisiete años y principalmente son varones. En ese grupo humano encontramos tres factores que definen su vulnerabilidad: ser menores, estar solos y ser migrantes. Y si son niñas, debemos sumar el factor de genero cómo otro elemento agravante de esa vulnerabilidad.
Al perfil de los menores, hay que sumarle la falta de una buena coordinación entre administraciones. Perfil y descoordinación transforman el problema inicial en un reto de difícil solución, agravado porque cada Comunidad Autónoma establece sus propios criterios de abordaje. El acogimiento familiar tendría que ser el modelo prioritario de tutela porque en España no se establece ninguna diferencia por razones de nacionalidad, pero en la práctica esto no es así, y la contradicción entre las leyes de protección a la infancia y las leyes de extranjería dificulta el proceso de acogimiento familiar de los menores migrantes.
Ejemplos de esa diferente interpretación del marco legal hemos asistido a varios en la última década. El más reciente de 2023, en que doce comunidades no recibieron a ninguno de los menores migrantes que pactaron con el Estado acoger, pese a los 20 millones de euros de fondos concedidos que sí recibieron. El sistema era de reparto voluntario, pero solo se acogieron 67 menores por las CCAA. Pese a esa realidad, hoy de nuevo el PP gobernante en la mayoría de CCAA pide más dinero para que estas acepten acoger a los menores, pese a que hoy desbordan la capacidad de acogida de Canarias donde cogobierna.
No se quedan ahí, e incluso en el PP piden que de nuevo la acogida sea voluntaria y no obligatoria, olvidando (o no queriendo admitir), que ese mecanismo hasta hoy no ha funcionado. Los datos son tozudos y nos dicen que la mayoría de las comunidades autónomas no acogió ni a un solo niño en base a dicho pacto no vinculante, que solo lo hicieron Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra), pero ni siquiera estas cumplieron con las plazas comprometidas. No ocurrió solo en las gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha (PSOE) tampoco acogió a los 20 menores que dijo recibiría. Estas cifras deberían ser conocidas por los ciudadanos y el gobierno haría bien en difundir esa información, porque la realidad contradice al portavoz del PP Borja Semper, que se permite mentir al afirmar que las CCAA del PP han cumplido.
Pero no es una cuestión de discurso ideológico, porque si esto sucede, es por la falta de auditorías y normas de transparencia sobre esos fondos. Un fondo finalista no es para lo que el responsable de turno decida, sino para el fin al que está vinculado, y usarlo para otro fin es malversarlo. Las CCAA que así han actuado deberían devolver esos fondos y si no lo hacen, los siguientes repartos de esas ayudas solo ir a las CCAA que paralelamente a su otorgamiento si realizan las acogidas. No es de recibo que sean diligentes para pedir el dinero y lentas para hacerse cargo de los menores, pero cómo actuar así no ha tenido consecuencias, todas las que lo hicieron ahora miran para otro lado, cuando deberían devolver los fondos recibidos y no utilizados para el fin concreto al que se concedieron.
Convencer al conjunto de las autonomías no parece sencillo, y especialmente difícil hacerlo con las gobernadas por el PP, partido cuyo discurso en esta materia cada vez es más próximo a los postulados de Vox, al que cuando no le secunda con su discurso xenófobo, juega con la ambigüedad. Pero por suerte para el PP, pocos esgrimen el “quien te ha visto y quien te ve”, porque hoy vivimos en una sociedad desmemoriada y que solo recuerda lo ocurrido ayer, la semana pasada es parte de la prehistoria.
La crítica constante al gobierno puede entenderse, pero no que se ignore que además de un acuerdo adoptado en la UE, existe una sentencia del Tribunal de Luxemburgo por la que los países miembros de la UE no pueden expulsar a menores no acompañados si no tienen una familia de acogida adecuada en sus países de procedencia, porque deben tener en cuenta el interés del niño en todo el procedimiento y hace prevalecer la protección del menor con independencia de que tenga o no permiso de residencia.
Pero tampoco se puede obviar que la acogida en familias no se promueve por ninguna administración, y que hay una serie de factores que contribuyen a desincentivan a las familias a acoger menores migrantes: la edad de estos menores, que esos menores tienen una serie de particularidades y necesidades específicas, y la complejidad del propio sistema de acogida de menores migrantes con unos plazos temporales excesivamente largos para cada uno de estos trámites. Todo esto desincentiva a las familias a acoger.
Quienes solo ven en este asunto la vertiente económica, olvidan la humana, porque la mayoría de estos chavales durante su periplo migratorio han presenciado asesinatos, violaciones de sus madres, a niñas violadas o que se han prostituido para sobrevivir, o niños que han sido reclutados cómo soldados. No se puede negar que necesitan cuidados especiales, ni que nuestros centros de acogida no están preparados para ello, pero la solución pasa por adecuar esos centros a esas necesidades y no por ignorar el problema. El gran obstáculo es que tampoco hay voluntad por los gobiernos autonómicos para resolver la situación de un número reducido de menores.
Y luego para entender cada vez menos la respuesta de las CCAA, está la posición de Castilla La Mancha. Page, tras la decisión del gobierno de llevar a cabo el reparto, ha anunciado que está pendiente de un informe para recurrir ante el Constitucional el real decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados, que el pasado jueves fue convalidado en el Congreso. Considera que ese reparto es un atropello a la autonomía, y que la solidaridad no puede imponerse. Y luego aparece también la pugna interna en el PSOE, cuando afirma que el Estado hace un “yo invito y tú pagas” y que “el problema es la masa de migración que viene, que nadie sabe ni cómo pararla ni dónde va a acabar”. Define el acuerdo como “insultante”, que la norma estatal es “cualquier cosa menos progresista”, y que “vamos a ser solidarios, tontos no”.
Visto lo que está ocurriendo con los menores, poco podemos esperar que esos gobiernos sean capaces de asumir en su conjunto el complicado y triste asunto de la inmigración, que no es solo la consecuencia de guerras internas en los países de origen sino también de un desfase cultural y económico, fruto del colonialismo al que les han sometido durante años las empresas occidentales. Lo cierto y verdad es que asistimos a una ola de ceguera insolidaria por parte de quienes con esa frialdad actúan ante un problema de todos que afecta a menores. No quieren darse cuenta de que el problema no es un exceso de menores no acompañados, sino una pésima distribución y un reparto no equitativo.
No es comprensible que, si tenemos una carencia de población en edad laboral en Europa, nos parezca lógico cerrar la puerta. Vienen porque hay un trabajo de por medio, y aunque sea ilegal, prefieren ocuparlos. Claro que es más fácil revestirlo cómo obra de caridad, de proselitismo eclesiástico, o sencillamente para convertirlos en vagabundos condenados al hurto para comer. Bien harían las administraciones, estatal y autonómicas, en sancionar a quienes se aprovechan de esa mano de obra oficialmente inexistente, pero que todos vemos en nuestros campos, en la limpieza de las casas, o empujando la silla de ruedas de nuestros mayores. Claro que eso igual resta en lugar de dar votos. La memoria de cuando éramos los españoles los que íbamos a Suiza o Alemania, ha debido desparecer de nuestro currículo nacional.
Aunque seguramente la cuestión no es que vivamos en un país desmemoriado, sino que mientras unos ciudadanos solo ven personas, otros solo ven diferentes colores de piel. El Estado tiene la facultad y la obligación de regularizar lo ilegal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario