A veces me siento como un testigo de una transformación preocupante en el
sistema educativo superior. Ya no se trata simplemente de la eterna discusión
entre lo público y lo privado, sino de algo más profundo: si el objetivo primordial
de una universidad es formar estudiantes con una meta clara, o si la formación
se ha convertido en un mero negocio.
La universidad pública, siguiendo una trayectoria similar a la sanidad pública, se
ha ido deteriorando, y, paradójicamente, se favorece a ciertos centros privados
donde la calidad, me temo, ocupa un lugar secundario entre sus prioridades.
Para muchos de estos últimos, su único fin es ser competitivos y favorecer a una
élite con recursos económicos que pueda acceder a puestos de trabajo
diseñados para ellos. En sí mismo, esto no estaría mal, pero la alarma surge
cuando este modelo es propiciado por las propias Comunidades Autónomas e
incluso el Estado, cuya obligación debería ser la defensa de lo público.
No son pocos los casos en que, algunas de estas entidades privadas son
auténticos montajes que no cumplen los estándares académicos; donde parece
importar más lo que se paga que lo que realmente se enseña. Lo vemos
claramente con el auge de ciertos másteres, como el habilitante para ser
docente. Las universidades públicas ofrecen plazas limitadas a precios
asequibles y con exigencia académica, mientras que las privadas proliferan con
una oferta a medida, pero con costes que pueden ascender a miles de euros. Y
lo más grave es que, en muchos casos, impartidos por personas sin una
experiencia docente suficientemente acreditada, que convierten lo educativo en
un fin económico.
La falta de suficientes plazas en la universidad pública para estos másteres
fuerza a muchos estudiantes a recurrir a las privadas, donde el aprendizaje no
suele ser presencial, y con exámenes cuestionables por superficiales. Es un
negocio redondo, donde se paga una cantidad considerable por un título,
mientras que las prácticas, en muchos casos, se realizan en centros de
secundaria de la red pública a coste cero para la universidad privada, con tutores
de la pública que solo reciben agradecimientos.
La función primordial de la universidad pública debería ser la de servir de
ascensor social, donde el alumno es un usuario con derechos, mientras que en
la privada es un cliente que paga por una recompensa. Pero con la precarización
de la universidad pública, parece que se está privatizando de facto el derecho a
la educación. La proliferación de la oferta privada es una consecuencia de la
insuficiencia de la oferta pública.
Nada es generalizable, y existen universidades privadas sin ánimo de lucro,
como Mondragón y Deusto, que son excepciones, e incluso proyectos privados
consolidados con prestigio y calidad docente e investigadora. Pero la realidad es
que la iniciativa del gobierno de coalición de intentar frenar este auge
incontrolado de universidades privadas parece más que justificada.
Para contrarrestar este negocio, no basta con endurecer los requisitos para las
privadas. Es imperativo regenerar la universidad pública, dotándola de
profesores bien retribuidos, instalaciones en condiciones y recursos informáticos
adecuados. Solo una universidad pública de calidad podrá competir y ofrecer
una alternativa real. Porque, seamos sinceros, "solo los idiotas no eligen lo
mejor". Y todo esto, mientras vemos cómo ciertas figuras públicas han obtenido
títulos de manera cuanto menos cuestionable en algunas de estas instituciones
privadas. Es un panorama complejo y preocupante porque es incierto el futuro
de la educación superior y su papel social.
No es una cuestión de pública o privada, sino de si el único objetivo es hacer un
negocio de la formación, o si es formar alumnos con un objetivo diferente.
Estamos hablando de cómo se ve afectada la calidad pública o de cómo se
accede a títulos de manera fácil porque se dispone de recursos para ello. Es una
cuestión de si estamos pisoteando el derecho a la igualdad a través de la
formación universitaria.
En Castilla La Mancha no encontramos universidades privadas con sede en
nuestra región, pero no son pocos los castellanomanchegos que cursan
postgrado en universidades privadas online. Esto hace que este problema
también nos afecte, aunque no tengamos ninguna sede entre nosotros.
Hoy la universidad pública se dirige hacia ser intrascendente, y en parte es por
sus propios errores. En la sanidad pública la excusa es que disponemos de poco
tiempo para atender correctamente a los pacientes, y en la universidad pública
la excusa para su deterioro es que no está financiada, pero no la arreglaría solo
más dinero, sino un cambio profundo que evite que ellas también se conviertan
en chiringuitos públicos, en frutos de su propia endogamia, y ese riesgo es real.
No es la dicotomía pública o privada, sino la de conocimiento o negocio.
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