Acaba el año y nadie investiga las residencias

Los casos de víctimas de residencias que no estén en manos de la justicia prescribirán entre marzo y abril al cumplirse cinco años de las 7291 muertes en geriátricos de Madrid y los casos que no estén judicializados ya no podrán ser objeto de denuncia. Mientras, los familiares esperan que los fiscales que todavía estudian su última macro denuncia por discriminación aceleren el proceso en estos tres meses.

Que alguien nos explique cómo no va a existir una fuerte crítica hacia el sistema de justicia en España. Esto invita a pensar que la justicia española está corrupta, politizada y que protege a los poderosos, particularmente al Partido Popular (PP), que se vanagloria de su control de jueces y fiscales. En este asunto, la responsabilidad por la negligencia y falta de atención en las residencias es de Ayuso, a lo que hay que añadirle su falta de empatía y su responsabilidad en la implementación de un "protocolo asesino". Los familiares temen que el caso prescriba debido a la inacción de jueces y fiscales, por lo que muchos sospechan la existencia de un pacto político para proteger a dirigentes de diferentes partidos. La negligencia no solo ocurrió en Madrid, sino también en otras comunidades autónomas gobernadas por diferentes partidos, lo que implicaría a múltiples actores políticos.

Esta situación es como una continuación del franquismo, con un sistema judicial que protege a los "delincuentes de cuello blanco" mientras castiga a los más vulnerables. Hay una mezcla de frustración, impotencia y rabia, porque nadie da la orden de investigar y poder responsabilizar a los culpables. Se palpa una fuerte polarización política, acusaciones de corrupción judicial, y un sentimiento de descontento generalizado con el sistema de justicia y las instituciones públicas en España.

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