sábado, 22 de febrero de 2025

TRUMPISMO EN EL TS


El fiscal general del Estado recuerda al naufrago que tras nadar y nadar acaba por morir en la orilla. Todo hace pensar que ya antes de que presentaran la querella contra él, ya estaba juzgado y sentado en el banquillo. Se ha convertido en un gran objetivo para la derecha, y lo que debemos pensar es que, seguro que, si cae se marcarán un objetivo nuevo. Toda esta situación es una muestra de que el trumpismo también tiene su aplicación judicial, un escenario donde puede ser aún más nefasto que en la economía mundial. Nuestros jueces se han vuelto imitadores del sheriff pelirrojo y disparan contra todo lo que les suene a woke. Parece, como dicen sus seguidores, que ya tenemos un nuevo emperador planetario, porque ni la oposición demócrata en EE. UU. se mueve contra él, ni aquí protestamos contra estos aplicadores togados de esa ideología. Gloria al rey, gloria al imperio carcamal.
Muchos esperábamos que la renovación del CGPJ supusiese un avance en neutralidad de los jueces y una mayor equidad a la hora de impartir justicia, pero ha sido un error hasta pensarlo. Ver a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, permitirse pedir respeto “a los tiempos y las razones de los jueces” o afirmar que “sin confianza en las instituciones no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes”, es, como poco, para recordarle a esta señora que la confianza de las instituciones se la ganan ellas con su forma de actuar y proceder, lo que no está ocurriendo con al Poder Judicial que por su forma de actuar se merece las críticas totalmente fundadas por como ejercen su función jurisdiccional sus jueces y magistrados.
Volviendo al fiscal general, lo único que le queda ahora es el Tribunal Constitucional. Pero viendo como incluso su presidente y otros de sus integrantes, han sido amenazados por el Supremo, que se plantea imputarlos por prevaricación, no debe quedarle mucha confianza en poder llegar a la orilla vivo. Al Supremo parece no importarle que el Constitucional sea el único intérprete supremo de la Constitución, y que debe actuar con independencia de los demás órganos del Estado, sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Por eso el discurso de la presidenta del CGPJ resulta avergonzante para un sistema democrático y ralla lo patético. Para esta señora los ciudadanos debemos ser ignorantes y serviles, y debe pensar que no tenemos derecho a criticar las actuaciones que están llevando a cabo sus señorías porque pensemos que son erróneas o como poco carentes de neutralidad ideológica. No parece recordar ya aquel principio de que todos somos iguales ante la ley, o aquel otro de que el poder reside en el pueblo y que su toga es para aplicar las leyes que emanan de ese pueblo, y no para retorcerlas con su interpretación. La honorabilidad se gana no se hereda.
Solo se puede pensar en que en el TS reina el cinismo, porque argumentar que solo hay una manera de investigar un posible delito de filtración de datos personales por email o WhatsApp, es allanando un despacho y requisando el teléfono del fiscal general, es cinismo puro. Mientras no les parece que deban actuar contra que se hayan filtrado datos mucho más graves de fiscales, policías o periodistas. Eso solo invita a pensar eso de los miembros de ese tribunal, que parecen más empeñados en proteger al novio de Ayuso, que en conocer la verdad y el origen del asunto. Seguro que en el Club de la Comedia vemos guiones menos atractivos que el de esta trama donde el delincuente es el bueno y la justicia los malos.
Mientras no consideran digno de su atención que en el Senado permita al abogado de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado, ser a la vez asesor a tiempo completo de una senadora del PP, pese a que las normas internas de las Cortes Generales no lo permitan. El tribunal Supremo debería ser el garante de que se cumplan las normas que garantizan el juego limpio, y no debería estar permitiendo que algunos de sus miembros jueguen sucio mientras cobran de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.

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